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Por LaSillaVacia.com · 31 de Agosto de 2020

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El Carmen de Bolívar, municipio del corazón de los Montes de María, una subregión en la que el desplazamiento por la violencia generó una suerte de contrarreforma agraria en la que cientos de víctimas abandonaron más o menos 110 mil hectáreas de tierra entre 1997 y 2012, tiene hoy un alcalde abiertamente antirrestitución.

Se trata de Carlos Torres Cohen, quien dice públicamente que la restitución ha frenado el desarrollo y la inversión agraria de privados en El Carmen, en varias ocasiones ha desestimado hechos de violencia denunciados por la población y hace parte de la lista de terratenientes que compraron a precios más bajos tierras que tuvieron que abandonar sus dueños por amenazas, al punto de haber sido demandado en dos procesos de restitución, uno de los cuales perdió aunque tras seis años de sentencia no ha devuelto el predio.

 

Un mandatario avalado por el Centro Democrático y Cambio Radical, que lidera un grupo local que ha puesto concejales en Cartagena y El Carmen y se ha hecho a la sombra del clan del corrupto exsenador de La U Juan José ‘Juancho’ García Romero. 

Su Gobierno está generando una sensación de inseguridad y desconfianza en muchas víctimas, algunas de las cuales se encuentran en pleno trámite de sus procesos de restitución; como nos lo dijo un líder comunitario con la condición de no ser mencionado por su seguridad: “El Alcalde no dialoga con los líderes ni con las víctimas, no nos tiene en cuenta para los consejos de seguridad. Además tiene un lenguaje intimidante”.

La violencia que no se va y el Alcalde que la desestima 

Además de que muchos habitantes de El Carmen están en sus procesos de restitución de tierras, varios de ellos liderando a sus coterráneos; que el municipio tenga hoy un mandatario abiertamente opositor de esas acciones es especialmente importante porque la violencia causante del desplazamiento sigue golpeando en Montes de María, como lo contamos hace poco. 

Tras un periodo de relativa paz y haberse convertido en un laboratorio del posconflicto, la subregión padece una ola violenta desde mediados de 2018 que se ha acentuado en los últimos meses, especialmente en El Carmen de Bolívar, donde hace dos semanas se produjo el primer desplazamiento masivo en 15 años.

En el territorio hay presencia del Clan del Golfo y, en el último año, un líder social se tuvo que ir del pueblo tras recibir amenazas de muerte, se dispararon los homicidios (pasaron de 11 en el 2018 a 22 en el 2019 y, en lo que va del 2020, ya van 16, cuatro más que el año pasado a la misma fecha), amenazaron a profesores y hace más de un mes aparecieron 20 casas pintadas con las siglas de las extintas AUC.

Un factor de violencia que alertó la Defensoría del Pueblo a comienzos de año es justamente la propiedad de la tierra y, en los últimos meses, fueron asesinadas tres personas relacionadas con procesos de restitución de tierras.

De hecho, el desplazamiento que se produjo en la vereda Caño Negro el 12 de agosto se dio tras cinco homicidios ocurridos entre junio y agosto, entre ellos los de dos familiares de una señora que hizo parte de un proceso de restitución y el del campesino Eduardo Enrique Medina, declarado segundo ocupante en un proceso de restitución. El Tribunal de Cartagena, incluso, después de eso pidió incluir a su familia en el Programa de Protección Especial preventivamente.

En medio de semejante situación, el alcalde Carlos Torres Cohen ha respondido restándole importancia a varias situaciones de violencia, lo que le ha valido críticas de líderes y organizaciones. 

Por ejemplo, en febrero pasado descartó de tajo que las amenazas denunciadas por un grupo de profesores provinieran de grupos armados ilegales, sino que, según él, los autores no eran más que personas comunes que sólo querían meter miedo.

Puntualmente, 25 profesores de la Institución Técnica El Salado (corregimiento de El Carmen, en donde en 2000 se produjo una de las masacres más sangrientas de la historia del paramilitarismo) denunciaron haber sido objetro de amenazas a través de mensajes de WhatsApp que le llegaron a Luis Ángel Velasco, hermano de la líder social y defensora de los derechos de las mujeres Yirley Velasco.

“Los sapos de los profesores lo aceptan en la institución, entonces esos profesores también serán descuartizados en el camino, porque sabemos a qué hora salen y entran”, decía el mensaje. Esto supuestamente por aceptar como estudiante al hermano de Velasco.

Sin mostrar pruebas de sus afirmaciones, el Alcalde respondió lo siguiente, según registró el periódico local El Universal: “La táctica de amenazar a los docentes busca generar temor en la población, solo para que se crea que se trata de grupos armados ilegales y no son más que personas comunes y corrientes”, dijo Torres en la Cumbre de Alcaldes y Gestores Sociales de Bolívar.

Sus declaraciones fueron rechazadas por varios líderes y por la Corporación Sisma Mujer, de la que hace parte Yirley Velasco. 

“Las aseveraciones del Alcalde Torres son perjudiciales frente al proceso investigativo que adelanta actualmente la Fiscalía General de la Nación, primero, al desviar las investigaciones adelantadas para dar con el paradero de los responsables de las amenazas sistemáticas en contra de Yirley Velasco y su familia (...) reproduce la creencia colectiva de que la violencia en contra de las defensoras de derechos humanos es un asunto sin importancia”, reza un comunicado de esa ONG.

Como hemos contado, Velasco tiene más de diez años recorriendo las veredas de El Salado enseñándoles a las mujeres sus derechos e instruyendo a todas las que han sido víctimas de violencia sexual sobre las vías para denunciar.

Para esta historia, esa reconocida líder nos dijo que rechaza las afirmaciones del Alcalde y que siente que los líderes sociales no tienen garantías en su Administración: “Nosotros le hemos dado la pelea al Alcalde, no solo por esta situación, sino porque él dice que las amenazas a los líderes sociales acá en El Carmen son por líos de faldas o situaciones entre familia. Él insistía que acá no había grupos armados al margen de la ley”.

Pero este no es el único episodio que evidencia la cuestionable manera en la que Torres Cohen responde a situaciones de violencia denunciadas en el territorio que gobierna.

Días antes del desplazamiento de Caño Negro a mediados de agosto, el mandatario se refirió de esta manera a los homicidios ocurridos en esa vereda en medios de comunicación locales:

“Estas personas que asesinaron en la parte baja tienen antecedentes, no están diciendo que aquí se asesinaron unos angelitos. Insisto, yo no creo que en la parte baja se vayan a desplazar”, como quedó registrado en este video que La Silla Vacía conoció

Sin embargo, acaso la mayor muestra del talante frente al conflicto de este Alcalde, que paradójicamente también es salaero, que es como se les dice a los nacidos en el corregimiento de El Salado, es la historia de sus relaciones políticas y sus movidas como terrateniente involucrado -como demandado- en dos procesos de restitución.

Los procesos de restitución contra el Alcalde terrateniente 

Según 12 fuentes en terreno consultadas para esta historia, antes de ser alcalde Carlos Torres Cohen era reconocido en El Carmen especialmente por tres cosas: por ostentar su riqueza como terrateniente y empleado de Ecopetrol; por liderar un grupo político local aliado del corrupto Juancho García Romero (hermano del también exsenador Álvaro 'el Gordo' García Romero, condenado como autor intelectual de la masacre de Macayepo, corregimiento de El Carmen); y por, supuestamente, haber amenazado con arma a quien era el alcalde en 2008.

Su papá, Carlos Torres Zabala, pasó de sembrar a comercializar tabaco. Y el hoy mandatario estudió economía y en 1989 entró a la empresa Ecopetrol como operador técnico y fue escalando hasta ser el director de Servicios Administrativos "para la Costa Atlántica" de la petrolera. 

“Antes de meterse en la política su familia no era muy conocida en El Carmen; llegó de Cartagena ostentando su riqueza, se jacta de ser millonario”, nos dijo un político del pueblo sobre la historia de Torres Cohen.

Entre 2006 y 2007, en esa época previa a medirse en lo público, el hoy Alcalde compró dos predios de 62 y 45 hectáreas a dos campesinos de nombre Carlos Plaza y Luisa Castro, respectivamente. En las demandas de restitución que ambos interpusieron ante la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, y que La Silla Vacía conoció, ellos aseguraron que la violencia los desplazó y se vieron obligados a vender sus terrenos a un precio más bajo.

En la sentencia del señor Plaza, del Tribunal de Cartagena, consta que ese campesino salió del pueblo con su familia en octubre de 1999 tras recibir una amenaza de un grupo armado que en su momento se identificó como “el ejército” y en el 2006 le vendió el predio Las Delicias a Carlos Torres por 23.500.000 pesos.

El Tribunal estableció que por la violencia el demandante se vio obligado a desplazarse a Cartagena con su familia para realizar actividades ajenas a las labores agrarias que desempeñaba en el área rural de El Carmen y, a causa de la necesidad, le vendió el predio a Torres a bajo costo. 

Para Torres se trató de un negocio provechoso al punto que el avalúo catastral del año 2013 realizado de Las Delicias establece que su valor es de 83 millones de pesos, tres veces más que el valor pagado. 

El 29 de julio de 2014 el Tribunal de Cartagena ordenó a Carlos Torres Cohen entregar el predio Las Delicias a Carlos Plaza Vargas y a su esposa Idalia Domínguez Mendoza. Sin embargo, el predio aún no ha sido entregado por el hoy Alcalde, como él mismo le confirmó a La Silla, bajo el argumento de que la tierra está rodeada de otros predios de él.

“Si quieren entrar al predio tienen que solicitar una servidumbre (permiso que legalmente entregan los dueños de un predio para que otros transiten por él) con un juez y que tasen cuanto vale”, nos dijo cuando lo llamamos la semana pasada para incluir su versión en esta historia.

Al respecto, Adil Meléndez, defensor de derechos humanos y director de Justicia & Derecho Abogados Asociados, apoderados de varias víctimas en procesos de restitución, nos dijo: “Aunque el Alcalde tiene derecho a la servidumbre, no debería oponerse al ingreso por su predio porque en nuestras comunidades rurales siempre ha sido tradicional que el campesino le facilite al otro campesino amigo el ingreso y salida por su predio. Él debe poner el ejemplo porque representa la institucionalidad, no debería mandar un mensaje de negación de justicia”.

Carlos Torres Cohen le había solicitado también al Tribunal determinar que en caso de reconocer compensación económica a los herederos de Plaza se ordenara dejarlo a él en el predio restituido o en su defecto se le diera una indemnización por el valor del predio restituido. 

Sin embargo, el pasado 12 de agosto el Tribunal rechazó la solicitud de Torres porque “lo que se pretende es que se estudien nuevamente aspectos que ya fueron definidos en la sentencia” del 2014 sin que se agreguen nuevos elementos de revisión.

El 12 de diciembre del año pasado ya le habían negado la solicitud de ser considerado segundo ocupante tras la caracterización socioeconómica realizada por la Unidad de Restitución de Tierras. 

En donde le fue mejor al mandatario, con un fallo a su favor, fue en el proceso de restitución de la señora Castro, la segunda demanda que le pusieron en 2013 y que tuvo sentencia en 2015.

Ahí, la reclamante señaló que abandonó el predio La Lucha en diciembre de 1997 tras recibir una amenaza de un presunto jefe de las Farc y cuatro guerrilleros más y en el 2007 lo vendió a Carlos Torres Cohen por 17.810.000 pesos, pero que esa venta estaba viciada por encontrarse ella en situación de necesidad e indefensión. 

En su momento, un concepto de la Procuraduría señaló que la solicitante fue víctima de la violencia por lo cual se vio obligada a abandonar el predio en 1997 y, posteriormente, venderlo por razones apremiantes. El Ministerio Público tampoco aprobó la buena fe de Torres Cohen en la compra, al asegurar que éste sabía de la condición de vulnerabilidad de Castro.

Pese a esto, el Tribunal de Cartagena estableció que no hay prueba de que Castro se encontrara en el predio en la fecha de la amenaza, existen contradicciones en la fecha reportada del desplazamiento, la solicitante vendió el predio por el interés que tenía de adquirir un inmueble en Barranquilla y que pese al contexto de violencia generalizada no hay prueba de que hubiera afectado al predio o a la solicitante. 

Mientras como terrateniente enfrentaba estos cuestionamientos, Carlos Torres Cohen avanzó en un camino político en el que se cuenta más de una mala compañía y denuncias.

Las relaciones políticas y la supuesta amenaza

La primera ficha que entró a política en el grupo del hoy Alcalde fue su hermana Duvinia Torres Cohen, quien fue concejal de Cartagena del clan García por nueve años (2010-2019) y también trabajó en el Congreso con la otra cabeza de los García: exsenadora de La U en juicio por parapolítica Piedad Zuccardi, esposa de Juancho García.

El año pasado de regionales, Duvinia Torres intentó reelegirse, pero se quemó y actualmente es investigada por irregularidades en la elección de la excontralora de Cartagena Nubia Fontalvo.

En el 2008, cuando Duvinia Torres era directora del Programa Familias en Acción de Bolívar, el entonces alcalde de El Carmen del partido Cambio Radical, Galo Torres, denunció la utilización de ese programa como plataforma política de La U y de Juancho García. 

Días después de esa acusación pública, llegaron a la casa del mandatario el papá y el hermano de Duvinia: Carlos Torres Zabala y Carlos Torres Cohen.

Galo Torres denunció en septiembre de ese año que los dos hombres lo amenazaron de muerte y por eso le envió una carta al entonces presidente Álvaro Uribe pidiéndole protección para que no lo mataran.

“Yo estaba sentado y el señor Raúl Montes (un médico) realizaba procedimientos en uno de mis tobillos, yo estaba literalmente sin capacidad de sostenerme de pie, cuando entran Carlos Torres Cohen y su padre, Carlos Torres Zabala, saca arma de fuego y me grita que me vienen a matar, avanzan hacia mí pero no pudieron lograr su objetivo pues mi escolta asignado de la Policía Nacional, Víctor Díaz, les redujo con su arma”, le aseguró el exalcalde Galo Torres a La Silla Vacía para esta historia. 

En ese momento, Carlos Torres Cohen dio su versión de los hechos a Semana respondiendo que ellos fueron a la casa del funcionario por casualidad porque iban en busca de un notario a quien tenían que cancelar los pagos de unas escrituras y estando allí él le dijo a Galo Torres que "le bajara" el tono a la pelea con su hermana Duvinia y que eso supuestamente exaltó al entonces alcalde. 

La primera participación política de Torres Cohen directamente en El Carmen fue en 2011, cuando le hizo campaña a su primo Saúl Cohen Ortega en su aspiración al Concejo por el Partido de La U, con la que logró sacar  la segunda votación más alta del pueblo (800 votos).

Cuatro años después, el mandatario se lanzó a la Alcaldía, también con La U y el apoyo de Juancho García, pero perdió con Rafael Gallo Paredes del partido Mais, quien no pertenece a la clase política tradicional e hizo una campaña respaldado por parte de las víctimas del conflicto, como contamos.

En 2018, Torres Cohen se empezó a mostrar más cercano a la senadora de Cambio Radical, Daira Galvis, conocida por haber sido aliada política del combo político de La Gata (la criminal Enilce López), como lo hemos contado. 

Para las regionales del año pasado, de hecho, Torres Cohen recibió el aval de Cambio Radical vía Galvis, y también del Centro Democrático vía el senador Fernando Araújo. También lo respaldaron candidatos al Concejo de El Carmen de La U y el concejal Farid Mendoza que es del grupo de Juancho García, y aspirantes liberales y conservadores al cabildo, pese a que esos partidos avalaron a otros candidatos.

Sacó 17 mil votos, el 45 por ciento del total y derrotó al candidato de los liberales Eliecer Salazar y el godo Ómar Frieri, apoyado por el grupo del parapolítico William Montes. En campaña, su discurso consistió en decir que sería "el primer policía" de los carmeros y que acabaría con la inseguridad.

Esto claramente no ha sucedido. Y no sólo por el actuar de los armados. Las víctimas también tienen que lidiar hoy con la inseguridad institucional que les genera un gobernante que desestima hechos violentos y le hace oposición a la restitución desde su fuero de funcionario, como comentó un investigador y se puede ver en esta declaración que Torres Cohen le dio a La Silla Vacía cuando hicimos la historia del regreso de la guerra a Montes:

“Le pedí a la Unidad de Restitución de Tierras que revise los antecedentes a las personas a las que le están entregando los predios porque se está generando inestabilidad entre los propios campesinos. La restitución ha frenado el desarrollo y la inversión agraria de privados en Carmen de Bolívar”.

Respecto a esa postura, el profesor Armando Mercado, director del programa de Ciencia Política de la Universidad Tecnológica de Bolívar y un conocedor de las dinámicas de esta subregión, nos dijo:

“Estigmatizar los procesos de restitución de tierras es estigmatizar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están tratando de impulsar estos procesos en medio de tantas dificultades. En un Estado débil como el colombiano, cuando las reivindicaciones de los líderes sociales chocan con los intereses de ciertas élites locales y grupos armados, este tipo de discurso lo que hace es envalentonar a estos actores para que ejerzan violencia contra los líderes sociales”.

Aunque inicialmente nos había pedido viajar a El Carmen para darnos una entrevista, Carlos Torres Cohen nos atendió por teléfono el pasado viernes para darnos su versión a esta historia.

Sobre sus posturas frente a algunos episodios de violencia en el municipio, primero aseguró que lo que él ha dado a entender es que, aunque ninguna muerte se justifica, las personas asesinadas en la vereda Caño Negro tenían antecedentes judiciales y que la historia no debería ser sobre lo que dicen los líderes. "Yo quiero que si vas a hacer un reportaje al Alcalde de El Carmen lo hagamos sobre hechos reales, no sobre lo que los líderes dicen. Que me demuestren los líderes dónde dije yo que son unos angelitos (las personas asesinadas)", le dijo a La Silla. (Una afirmación que quedó en video).

También, acerca de las amenazas a los profesores y a cercanos a la líder Yirley Velasco agregó que para él se trata de problemas entre familias, una “cosa de pueblo”, y que supuestamente la evidencia de eso es una captura que hubo: “La señora Carolina Escudero fue la persona que amenazó a Yirley Velasco, está presa y confesó. En El Salado no hay grupos al margen de la ley amenazando a nadie, el problema era de Yirley Velasco con otra persona, cosa de pueblo, el problema con Yirley Velasco viene de hace años con la misma familia, es un problema de convivencia”.

Desde 2011, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los montemarianos han venido recuperando la tierra que la guerra les quitó.

Hasta 2019 se habían restituido 16.479 hectáreas correspondientes a 758 predios en Montes, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

En El Carmen se han fallado favorablemente 232 de las 404 sentencias de restitución de toda la subregión, lo que equivale a 6.130 hectáreas de tierra restituida.

Pero todavía falta. Y con la violencia arreciando y un primer desplazamiento ya, no es difícil anticipar que el panorama puede empeorar.

A eso hay que sumarle el Alcalde antirrestitución de El Carmen de Bolívar.  

Comentarios (1)

Gustavo Adolfo

31 de Agosto

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La narrativa de las masacres como resultado de la coca es una excusa para encubrir el verdadero problema. Una clase terrateniente e improductiva que bloquea el desarrollo de las regiones por medio de la violencia. Se necesita una derecha que defiende la propiedad privada y la libertad económica en contra de estos señores feudales que lideran el partido de gobierno.

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