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Por Karen González · 24 de Enero de 2019

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Una pelea similar a la que ha enfrentado a las gobernaciones de Chocó y Antioquia por el corregimiento de Belén de Bajirá están librando Cundinamarca y Boyacá. El pleito es por un territorio de 67,6 kilómetros cuadrados (más o menos lo que mide el municipio de Soledad, Atlántico) que hoy ocupan 16 veredas de Yacopí (Cundinamarca).

Boyacá pide que se le reconozcan unas tierras que, según la Gobernación, siempre han sido suyas. Y todo indica que tiene las de ganar a pesar de la presión jurídica y política que está metiendo Cundinamarca, pues las últimas actuaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en diciembre, así lo muestran.

La razón por la que ambos departamentos estén enfrascados en este pleito, según las fuentes oficiales consultadas de lado y lado, es la soberanía sobre ese territorio, pero dos fuentes de ambas partes le dijeron a La Silla Cachaca que también hay otras razones detrás, como que esta zona hace parte del Cinturón esmeraldífero occidental de Colombia y tiene, por lo tanto, recursos naturales que serían de interés económico para quien se quede con el control.

A eso se suma que esto se está haciendo más público (esta semana varios medios reportaron la solicitud que hizo Cundinamarca de revisar los límites) en pleno año electoral, justo el último de ambos gobernadores.

El origen

Este pleito se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el Congreso aprobó una variación de límites convenida por Cundinamarca y Boyacá que, sin embargo, luego generó diferencias entre ambos departamentos porque no se pusieron de acuerdo sobre a cuál le pertenecían unas quebradas.

El Senado era el encargado de solucionar la controversia. Sin embargo, como pasaban los años y no definía nada, a finales de ese siglo, en 1897, el entonces Ministerio de Gobierno le entregó a Cundinamarca las tierras en disputa de manera provisional, mientras el Senado hacía lo suyo.

Y finalmente lo hizo en 1914. Ese año concluyó que los terrenos eran de Boyacá después de enviar una comisión a la zona para que despejara las dudas. La decisión quedó consignada en la Gaceta de Cundinamarca, que es el documento que hoy le sirve a la Gobernación para alegar que desde entonces esa zona le pertenece.

Sin embargo, no todo quedó resuelto.

Primero porque durante los años siguientes Cundinamarca siguió presentando solicitudes para que se reconsiderara la decisión. La consideraba “ilegítima y transgresora” y para eso argumentaba, por ejemplo, que la comisión que había enviado el Senado para definir los límites estaba conformada por dos boyacenses y sólo un cundinamarqués, con lo que no se había garantizado ecuanimidad.

Y segundo porque la definición de límites que había hecho el Senado en 1914 a favor de Boyacá se quedó en el papel, ya que Cundinamarca había seguido a cargo de los territorios en disputa y, de hecho, los tiene a cargo actualmente en 16 veredas que le pertenecen a Yacopí, le explicaron a La Silla Cachaca en la Secretaría de Planeación de Cundinamarca.

El siguiente mapa muestra sombreadas en naranja las 16 veredas, y en violeta el límite de Cundinamarca. Es la situación actual.

Así, por ejemplo, los predios construidos allí le pagan el predial a Yacopí, y sus habitantes votan por alcalde y concejales de Yacopí, así como por diputados y Gobernador de Cundinamarca.

Desde hace unos años Boyacá intensificó sus gestiones para, finalmente, tener jurisdicción sobre esos territorios.

De acuerdo con Diego Roa, Director de Sistemas de Información Territorial de Boyacá, a mediados de 2009, cuando el gobernador era José Rozo Millán, del Partido Verde, se retomaron con más fuerza las gestiones ante el IGAC para que éste formalizara los límites que desde hacía casi un siglo le correspondían, y para que pusiera al día los mapas.

Pero eso fue algo que sólo despegó en la actual administración, la de Carlos Amaya (también de los verdes).

El acelerador de Amaya

Fue el Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, y el Alcalde de La Victoria Anatolio José Benito (Centro Democrático), quienes le metieron el acelerador al proceso desde 2016, su primer año de gobierno. En particular, le solicitaron al IGAC que hiciera el amojonamiento, procedimiento en el que ponen unas señales que oficialmente demarcan los límites y que es el último paso en un proceso de estos.

La Victoria es el municipio boyacense vecino de Yacopí que quedaría a cargo de las 16 veredas, que recibiría el pago del predial y los votos de sus habitantes.

En 2017 el IGAC, todavía durante la Presidencia de Juan Manuel Santos y teniendo como director al liberal Juan Antonio Nieto, aceptó que el límite ya estaba establecido y que por lo tanto solo correspondía realizar el amojonamiento.

Éste, finalmente, se realizó hace un mes (con Iván Duque como Presidente y teniendo como directora a la uribista Evamaría Uribe). Fue entre el 14 y 19 de diciembre de 2018, pocos días después de una visita que hizo el alcalde Benito al Instituto.

Una fuente de la Gobernación de Cundinamarca le dijo a La Silla Cachaca: “nos sorprende la agilidad de este trámite, sobre todo porque conocemos al IGAC y no suelen ser tan rápidos para hacer este tipo de diligencias”.

En el IGAC explican que era viable hacerlo en ese momento porque el cierre contable era el 20 de diciembre de 2018, así que era favorable para ellos hacerlo días antes.

La contraofensiva de Rey (¿y las esmeraldas?)

El amojonamiento en diciembre prendió las alarmas en la Gobernación de Cundinamarca.

Siervo William León, funcionario del IGAC designado como presidente de la comisión de amojonamiento, nos dijo que esa entidad estuvo en contacto permanente con las gobernaciones y alcaldías desde que definieron hacer el amojonamiento en 2017 hasta que se hizo el trabajo en terreno hace un mes.

Sin embargo, en la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Jorge Rey, argumentan que no fueron notificados a tiempo sobre las citaciones del IGAC, y que por lo tanto tampoco esta vez, como hace más de un siglo, se cumplió con el debido proceso.

Por eso, Rey le solicitó el 19 de diciembre al IGAC la nulidad del amojonamiento, un proceso que sigue sin definirse.

Su gobierno argumenta que debe mantener la jurisdicción sobre el territorio en disputa porque, de acuerdo con lo que ha establecido, los habitantes de esa zona se sienten más arraigados en Cundinamarca y Yacopí que en Boyacá y La Victoria.

Un dirigente político del Centro Democrático que conoce la zona nos dijo que la gente allá “ni de fundas” quiere pertenecer a Boyacá. Sin embargo, eso contrasta con lo que nos dijo el representante verde por Boyacá Wílmer Leal: “uno entiende que algunas familias no querrán ser cambiadas, pero son pocas. Muchas se sienten de La Victoria”.

Desde Cundinamarca, por otra parte, también reclaman que han hecho mucha inversión social en la zona, como lo recalca el diputado Luis Aroldo Ulloa, oriundo de Yacopí, que hace referencia a la inversión en colegios, vías, la plaza de mercado, la red de electricidad, las unidades sanitarias, etc.

Ulloa también trae a colación un tema que aparentemente está en juego, pero del que no se habla oficialmente: el potencial esmeraldífero de la zona y que Yacopí no quiere perder.

De hecho, la Gobernación de Cundinamarca estableció, tras solicitarle la información al Gobierno Nacional, que en Yacopí hay concesionados 12 títulos, de los cuales dos van hasta La Victoria.

"Hay que tener en cuenta que este tema se enmarca dentro uno más grande y es la riqueza natural; aunque no son tantas las concesiones mineras, en regalías claro que influye y los ingresos del departamento de Boyacá se verían afectados si el territorio se mantiene en Cundinamarca", nos dijo Leal, el representante verde de Boyacá.

La Silla Cachaca se intentó comunicar desde la semana pasada con el Alcalde de Yacopí, Jhon Jaime Sánchez, pero nunca contestó nuestras llamadas.

El caso se ha vuelto de un interés político tal en Cundinamarca, que Rey recibió el respaldo de los 16 diputados de los partidos De la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical, Alianza Verde, Centro Democrático y Opción Ciudadana, y de los siete representantes a la Cámara, incluyendo el de los dos del Centro Democrático, que este año le harán campaña al candidato que enfrente al candidato de Rey a la Gobernación.

De hecho, un grupo de congresistas acompañó esta semana al Secretario de Planeación, César Carrillo, al IGAC a una reunión en la que pidieron explicaciones por lo ocurrido en diciembre y pidieron revisar, de nuevo, los límites para que les reconozcan las 16 veredas como pertenecientes a Yacopí.

El caso puede ir para largo si Rey logra llevarlo a la justicia interponiendo alguna acción para seguir reclamando, tal y como lo hizo en Antioquia el gobernador Luis Pérez, que interpuso varios recursos ante el Consejo de Estado para recuperar a Belén de Bajirá, pero hasta ahora los ha perdido.

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