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Por Carlos Hernández Osorio · 19 de Octubre de 2018

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Las consultas antimineras en Fusagasugá y San Bernardo, dos municipios de Cundinamarca ubicados en la región del Sumapaz, se realizarán este domingo a pesar de la reciente decisión de la Corte Constitucional que les quita las facultades a los municipios para vetar proyectos mineros y se las devuelve a la Nación.

Allá consideran que el fallo no les aplica porque fue posterior a la aprobación de las consultas.

Pero más allá de la discusión jurídica, lo que demuestra que esos municipios mantengan su intención de salir a votar es que las mineras la seguirán teniendo difícil allá y en cualquier otro pueblo donde la gente se organice para oponerse a sus proyectos.

Un fallo sin mayor eco

Las consultas populares en Fusagasugá y San Bernardo (municipios muy cercanos entre sí, ubicados al sur de Bogotá) pretenden prohibir allá la explotación minera a gran escala, incluido el fracking.

Esto debido a que ambos aparecen dentro de los bloques de yacimientos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comenzó a adjudicarles a comienzos de esta década a multinacionales mineras para que exploraran la posibilidad de explotarlos.

La euforia que se vive en ambos pueblos se vio trastocada momentáneamente por el fallo de la Corte, pero las votaciones se harán.

Los registradores locales de esos municipios les preguntaron a ambos alcaldes el 12 de octubre, un día después de conocerse la decisión de la Corte, si pensaban seguir con las consultas, y ambos mandatarios, que respaldan esos procesos, respondieron que sí.

El argumento principal es que no los han notificado de la sentencia, y por el contrario, hay fallos de tutela que ordenan realizar las votaciones.

El martes pasado, por su parte, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, le envió un oficio al Presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, preguntándole si en el fallo “existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación” de las consultas en Fusagasugá y San Bernardo, pero hasta ayer al cierre de esta historia el magistrado no había respondido.

Por eso la logística está garantizada y entre ayer y hoy la Registraduría comenzó a llevar para allá el material electoral.

Además, los promotores consideran que aún no es claro si la decisión de la Corte los toca. “El fallo aún no ha salido ni se sabe exactamente de qué trata, porque lo que se conoce es un comunicado. Además, cuando salga no debería ser retroactivo”, le dijo a La Silla Cachaca Ernesto Marín, promotor de la consulta en San Bernardo.

“En realidad nada ha pasado porque la sentencia es sobre el caso de Cumaral (Meta)”, agregó Patricia Rodríguez, la militante de la Unión Patriótica que con una tutela logró que la Nación garantizara la financiación de la consulta en Fusagasugá.

Las interpretaciones jurídicas pueden ser diversas, pero lo que hay en esos pueblos es un fervor por manifestarse para sentar un precedente, le dijeron a La Silla, por aparte, cuatro integrantes de los comités, que siguen haciendo campaña y ven ambiente para alcanzar el umbral de 33.900 votos en Fusagasugá y de 2.630 en San Bernardo.

“La gente sigue con la motivación en alto, pegando calcomanías, entregando volantes y marchando”, le dijo a La Silla Cachaca el concejal uribista David Peñalosa, de Fusa.

(A propósito, lo que ocurra en Fusa será particularmente importante porque se trata del municipio más poblado en el que se haya hecho una consulta popular antiminera, así que de alcanzar ese umbral marcaría un hito en estos procesos).

De lograrlo, enviarán el mensaje de que, más allá de las implicaciones del fallo, en terreno las cosas son más complejas.

El reto de la legitimidad

Como contó La Silla, aunque la decisión de la Corte recarga a los empresarios porque sienten que les devuelven la seguridad jurídica que habían perdido con el veto que las consultas en los municipios estaba imponiendo sobre sus proyectos, el fallo está lejos de resolverles todos los problemas porque mantienen el reto de concertar con la gente para evitar conflictos.

Eso es palpable en Fusagasugá y San Bernardo, que tienen historias de resistencia social ante la llegada de proyectos mineros a gran escala y no están dispuestos a aceptarlos.

En Fusa, nos contó la promotora Patricia Rodríguez, crearon hace cinco años una campaña en defensa del agua y del territorio del Sumapaz justo después de que llegó a socializar su proyecto la Australian Drilling Associates, la empresa a la que la ANH le adjudicó un bloque en esa región para explorar la posibilidad de explotar hidrocarburos.

La prevención se mantuvo durante todo este tiempo y fueron los integrantes de esa campaña los que persuadieron al alcalde Luis Antonio Cifuentes de que se montara en la consulta y presentara el proyecto al Concejo.

Y cuando los promotores conocieron la decisión de la Corte, aunque admiten que hubo quienes se desanimaron, lo que hicieron fue responder con una marcha promoviendo la consulta y reiterando el mensaje de no a la minería.

Además, los 17 concejales han hecho campaña, lo que es muy simbólico porque representan a partidos de todas las tendencias: La U, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, ASI, Maís, Polo, Alianza Verde, Opción Ciudadana y MIRA, a los que se les suman otras fuerzas políticas como la Farc, la Unión Patriótica y movimientos sociales.

“La gente tiene calcomanías, ayuda a entregar volantes y ha marchado”, le dijo a La Silla Cachaca el concejal uribista David Peñalosa, de Fusa. “Es que el pueblo no quiere eso, sobre todo porque debemos cuidar el páramo”.

En San Bernardo la historia es similar porque la gente comenzó a organizarse en 2013, cuando la empresa Alange Energy llegó a exponer su proyecto. La diferencia es que allá, con la exigencia de mejor socialización y bloqueos de carreteras, esa firma terminó desistiendo y se fue, nos contó el promotor Ernesto Marín.

Y los siete concejales, de Cambio Radical, La U, Conservador y Alianza Verde, también están unidos por el no a la minería.

“Si ganamos la consulta quizás en un futuro tendremos inconvenientes, pero contaremos con el respaldo de la población, que es importante porque el comunicado de la Corte dice que las consultas se deben negociar. Entonces ese No que votaremos mayoritariamente será un respaldo para que ni el actual alcalde ni los que vengan lleguen desamparados a una negociación con las empresas”, agregó Marín.

Esa visión es la que hace que un nuevo triunfo de las consultas antimineras este domingo en esos dos municipios del Sumapaz demuestre que así las empresas de ese sector hayan cogido un nuevo aire con el camino que les abrió la Corte Constitucional, y así el Gobierno Nacional se alinee con sus intereses, en los municipios se seguirán encontrando con un panorama más complejo.

Y, de acuerdo con la ANH, aún quedan 135 municipios por hacer sus consultas.

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