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Por Carlos Hernández Osorio · 17 de Marzo de 2019

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De las 11 regiones en las que la Comisión de la Verdad dividió a Colombia para hacer su trabajo, Bogotá está en una junto con Soacha, mientras que Cundinamarca está en otra, llamada Centroandina, que comparte con Huila, Tolima y Boyacá.

La muestra más reciente del trabajo que está desarrollando aquí fue un encuentro entre excombatientes de las Farc, el ELN y los paramilitares que operaron en Cundinamarca, con la idea de conformar un grupo de diagnóstico “que aporte al esclarecimiento de la verdad” en la región.

A eso se suman los recorridos por pueblos que comenzó a hacer el comisionado Carlos Ospina, encargado de la región Centroandina y con quien hablamos para conocer los intereses de investigación de la Comisión en Bogotá y Cundinamarca.

Los resumimos en estos cuatro puntos:

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El traslado del conflicto a la ciudad

“Es común escuchar que en Bogotá no se vivió la guerra. Es una frase que se repite como un rumor con aires de verdad (...). Pero la guerra sí marcó a Bogotá y generó comportamientos en sus habitantes: en la forma como estos se relacionaban con el espacio e incluso en sus prácticas electorales”, escribió en El Espectador Arturo Charria, Coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad.

Esa creencia hace parte de los patrones de investigación de la Comisión de la Verdad.

Y no sólo tratarán de entender a la capital y las grandes ciudades como receptoras de víctimas, que es una de sus características, sino como espacios a los que se trasladaron dinámicas del conflicto que se vivía en zona rural, en lo que se llamó la urbanización del conflicto.

“En Suba, Ciudad Bolívar y Soacha también se desarrollaba la logística de los grupos armados y se crearon barreras invisibles dependiendo del grupo que controlara una zona. Hubo Farc, Auc, M19. Un integrante de un grupo podía ser el vecino, el líder del barrio, un comerciante o un transportador. En Medellín eso se ha sabido mucho, pero en Bogotá es una verdad silenciada”, nos dijo el comisionado Ospina.

A la dinámica barrial se suma la que adquirió el conflicto en las universidades, que se convirtieron tanto en espacios de confrontación ideológica de estudiantes afectos a diferentes grupos como de reclutamiento para esos grupos. Ahí lo que se pretende mirar es cómo la subversión, como concepto político, sirvió para fomentar esos dos fenómenos, en el caso de las guerrillas.

 

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El impacto psicológico y social de las tomas

Como ya contamos, al comisionado Ospina le interesa evaluar el impacto psicológico y social de las tomas que los grupos armados hicieron a pueblos, en unos casos en busca de recursos y en muchos más con la idea de ganar control territorial.

De la región centroandina, que es la que le corresponde, los departamentos más afectados fueron Huila y Tolima, con 83 tomas cada uno entre 1965 y 2013, de acuerdo con un informe el Centro de Memoria Histórica.

Cundinamarca, por su parte, sufrió 79 tomas en el mismo periodo; Boyacá, 52 y Bogotá, 2.

El caso de Cundinamarca es particular porque en particular allí las Farc instalaron su punta de lanza para conquistar a Bogotá, tras el mandato que dio la Octava Conferencia en 1993. Las tomas en este departamento, donde esa guerrilla logró instalar ocho frentes, se incrementaron entre 1992 y 2002, y afectaron a la población de municipios cercanos a la capital, como Bojacá, Zipacón, Facatativá, Funza, Cachipay, La Virgen, San Joaquín, Viotá, La Mesa, Anapoima, Anolaima, Agua de Dios, Girardot, Chaguaní, San Juan de Rioseco, Venecia, Pasca, Útica, Ubaque y Gutiérrez.

Ahora bien, como el foco del comisionado Ospina no son las cuentas de las tomas sino su impacto en la población, su idea es evaluar múltiples consecuencias de ese fenómeno: desde los niños que integraron a sus juegos los juegos de guerra hasta otros que no pudieron soportar el choque de haber visto asesinatos. “En Gutiérrez se han suicidado cuatro niños que no superaron la masacre de Gutiérrez (que perpetraron las Farc en 1999), en la que murieron 38 soldados”, le dijo Ospina a La Silla Cachaca.

Esos pueblos, agregó, también tienen una brecha generacional muy grande porque mientras los adultos se quedaron, muchos jóvenes migraron a otras partes para evitar ser reclutados por los grupos armados que iban ganando territorio a medida que hacías las tomas..

 

 
3

Los falsos positivos de Soacha los abordarán como parte de un fenómeno nacional

Aunque el caso de Soacha se ha convertido en el más emblemático de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que cometió la fuerza pública, la Comisión de la Verdad tratará ese fenómeno como algo nacional.

Eso tiene sentido en tanto la Fiscalía investiga en todo el país unos 2.300 homicidios que podrían ser falsos positivos.

Poco a poco se ha ido desvelando la verdad sobre estos hechos, teniendo en cuenta que, al menos en el caso de Soacha (de donde eran 19 jóvenes presentados como guerrilleros dados de baja en combate en Norte de Santander) ya hay 21 militares condenados.

Además se espera que la JEP también actúe después de que citó a 14 militares por lo ocurrido en ese municipio, entre los que está el coronel Gabriel Rincón Amado, el militar de más alto rango condenado por esos hechos.

Las víctimas han pedido que la Comisión de la Verdad les ayude a saber quiénes son los máximos responsables, pero después de que un grupo de ellas se reunió con los comisionados, estos les explicaron que su trabajo no se enfoca en indagar por nombres concretos, sino en “señalar el grado de sistematicidad y mostrar los impactos en sus vidas y las estigmatizaciones de las que han sido víctimas”, ha dicho el padre Francisco de Roux.

El comisionado Ospina, por su parte, nos dijo que más allá de establecer máximos responsables, buscarán esclarecer “quiénes se beneficiaron de esos asesinatos porque el que cometió el crimen fue un militar, pero a veces hay otra gente atrás o al lado”.

 

 
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La convivencia en Sumapaz en medio de la división ideológica

El Sumapaz es una región clave en la historia del conflicto tanto por las luchas por la tierra (de las que fue protagonista Juan de la Cruz Varela) como porque se volvió un corredor de guerra, particularmente para las Farc, que conectaba a Bogotá con Meta y Caquetá.

Esa condición ha sido muy documentada, y lo que le interesa a la Comisión es mirar los efectos de las divisiones sociales que creó la guerra en esa región. “Hemos visto que hay corregimientos que son de una corriente y otros de otra, y entre ellos hay señalamientos”.

Eso se nota, como contamos en La Silla Cachaca, en la visión que tienen las comunidades sobre cómo manejar su economía en el posconflicto: mientras hay poblados como San Juan que tienen un arraigo comunista fuerte y promueven la creación de una zona de reserva campesina, hay otros como Nazareth y Betania, de origen liberal, que plantean la necesidad de que allí se hagan inversiones, para promover por ejemplo el ecoturismo, para lo que una zona de reserva sería una talanquera.

El comisionado Ospina nos dijo que más hacia la zona de Boyacá aparecen poblaciones de corte conservador que entran a hacer más complejo el panorama.

A la Comisión esto le interesa porque considera que en la región no sólo hay señalamientos entre sus pobladores, sino que ha sido estigmatizada hacia afuera..

 

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