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Por Carlos Hernández Osorio · 19 de Noviembre de 2019

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La elección del nuevo Alcalde de Cajicá, Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, el pasado 27 de octubre, pasaría inadvertida fuera de ese municipio cercano a Bogotá si no fuera porque él es de la cuerda del exalcalde Mauricio Bejarano (2012-2015), que enfrenta un juicio disciplinario en la Procuraduría por su presunta participación en un volteo de tierras, en una de las investigaciones más avanzadas que hay por ese fenómeno en la Sabana de Bogotá.

Ramírez fue elegido en su segundo intento, después de que en 2015 se quemó, precisamente, como la ficha del entonces alcalde Bejarano, que había sido su jefe.

Esta vez volvió con más apoyos y, de nuevo, con la sombra del exalcalde, cuestionado por supuestas irregularidades al modificar el Plan de Ordenamiento Territorial, en un caso en el que también resuena el nombre de James Francisco Arias Vásquez, el condenado ‘Zar de la chatarra’.

Con ese antecedente, Ramírez llegará a la Alcaldía con el chance de modificar el POT una vez más.

 

El POT de Bejarano, con el ´'Zar de la chatarra' en medio

Antes de que Bejarano fuera Alcalde (2012-2015), en Cajicá ya había ruidos por cambios en usos del suelo que habían impulsado otros alcaldes como Fabiola Jácome.

Sin embargo, Bejarano impulsó una modificación al POT en 2014 que se caracterizó porque amplió mucho el área hacia la que se puede expandir el municipio: desde 2008 el área de expansión era de 74 hectáreas, y con esa modificación pasó a tener 130 hectáreas más (más o menos lo que mide la localidad de La Candelaria en Bogotá).

Eso se logra, sobre todo, cambiando el uso del suelo rural, en el que no se puede construir, a suelo urbano, en el que se pueden levantar, por ejemplo, casas o edificios de apartamentos.

Eso es beneficioso para los constructores porque les permite ampliar su mercado, y para los dueños de la tierra porque con el cambio de suelo rural a urbano los terrenos multiplican su valor.

La investigación de la Procuraduría dice que Bejarano, sus secretarios de Planeación (Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera) y 10 concejales que aprobaron el cambio en el POT cometieron irregularidades porque, al parecer, con el plan que aprobaron pusieron en peligro la protección del suelo rural y de bienes de patrimonio cultural, y habrían habilitado suelos de la reserva del río Bogotá “para destinarlos a vivienda campestre”.

A eso se suma un caso que llama la atención, aunque no hace parte de la investigación de la Procuraduría: 28 de las 130 hectáreas de expansión que habilitó el POT son de predios que en ese momento le pertenecían a James Francisco Arias Vásquez, un delincuente ya condenado (para ese momento era investigado), conocido como el ‘Zar de la chatarra’ porque cobró devolución de impuestos por importaciones ficticias de chatarra de Venezuela.

La Silla Cachaca conoció esa información mediante un derecho de petición que le envió a la Alcaldía de Cajicá, cuya respuesta precisa que los predios de Arias Vásquez componen uno de los seis planes parciales aprobados en el POT que impulsó Bejarano (un plan parcial es un instrumento que dice cómo desarrollar urbanísticamente un área específica incluida en el POT).

Ese plan parcial tiene 273 predios, de los cuales 271 estaban a nombre de Arias Vásquez y de empresas suyas cuando el Concejo aprobó la modificación al POT que le presentó Bejarano.

De acuerdo con un estudio de ese POT que contrató el alcalde que reemplazó a Bejarano, Orlando Díaz, el propio Arias fue quien promovió ese plan parcial, y quien presentó el proyecto para desarrollarlo fue Rodrigo Lozano Trujillo, un hombre que dentro del proceso judicial en contra del delincuente aceptó que Arias era su jefe.

Para 2014, cuando el Concejo aprobó la modificación del POT y el alcalde Bejarano lo firmó, la Fiscalía ya investigaba a Arias, aunque su nombre trascendió a medios nacionales el 27 de diciembre de 2015, cuando fue capturado.

Para ese momento ya tenía muy adelantado su proyecto ante la Alcaldía, teniendo en cuenta que al día siguiente, 28 de diciembre de 2015, la administración Bejarano, al que le quedaban tres días para terminar su periodo, concluyó que la propuesta de Arias para desarrollar el plan parcial era viable. Ya sólo quedaba el trámite ante la CAR Cundinamarca para que evaluara los aspectos ambientales, y la Alcaldía radicó allí la propuesta el 30 de diciembre de 2015, un día antes de que Bejarano terminara su mandato.

Una semana después la CAR pidió más información a la Alcaldía sobre el proyecto, y la nueva administración buscó a Lozano, el empleado del Zar de la chatarra, para que la aportara, pero ya no apareció más. Para ese momento, el Zar ya estaba en La Picota. Fue condenado 10 meses después, en octubre de 2016.

El estudio que contrató la nueva Alcaldía para evaluar el POT concluyó que, entre otros, “este plan parcial (el que promovió el ‘Zar de la chatarra’) presenta amenaza, vulnerabilidad y riesgo medio por inundación y sísmica” y no contaba con estudios de disponibilidad de agua para surtir de acueducto a las viviendas que se pensaban construir.

El cambio en el uso del suelo de rural a urbano, en todo caso, valorizó los predios, que hoy están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta entidad del Estado se los recibió al Zar como parte de un acuerdo en el que él entregó en total 277 predios que están en Cajicá y otras partes del país, avaluados en 1,8 billones de pesos. De eso, informó la Fiscalía, el Estado le reconocerá a Arias, por orden de un juez, el 3 por ciento: unos 54 mil millones de pesos.

El actual alcalde, Orlando Díaz, le ha pedido a la SAE que le dé ese espacio para construir un complejo deportivo, pero hasta ahora no hay nada definido.

El caso es que, a pesar de lo llamativo, ese es tan sólo un punto que genera inquietudes sobre el cambio del POT que impulsó el exalcalde Bejarano.

El estudio que contrató su sucesor, y que conoció La Silla Cachaca, concluyó que con su POT, Bejarano amplió el suelo de expansión del municipio sin contar con soporte técnico claro sobre la demanda futura de vivienda.

Por ejemplo, dice que las proyecciones de población (y por lo tanto de demanda de vivienda) sobre las que trabajó ese POT, son mayores a las cifras oficiales del Dane, algo que llama la atención después de que el censo de 2018 concluyó que en Colombia la población está creciendo menos de lo que había proyectado el Dane.

(Esos cálculos, y toda la asesoría para formular la modificación a ese POT, los hizo la firma consultora Cideter, que, como contamos en La Silla Cachaca, ha asesorado la mayoría de modificaciones a los POT de los municipios de la Sabana, en muchos de los cuales hay denuncias por volteo de tierras).

Lo ocurrido en Cajicá durante la administración Bejarano tuvo eco nacional cuando su sucesor, Orlando Díaz Canasto (Liberal, Cambio Radical y Maís), poco después de posesionarse en 2016 decidió suspender por un año la expedición de licencias de construcción con el argumento de que el municipio carecía de agua suficiente para satisfacer la demanda de nuevas construcciones que se habían disparado con su antecesor.

El entonces Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, lo cuestionó públicamente, y Camacol, en representación de los grandes constructores que se vieron afectados con esa decisión (Arquitectura y Concreto, Oikos, GMS, entre otros), demandó al alcalde Díaz por considerar que se había extralimitado. Ese pleito finalmente lo ganó el Alcalde el año pasado, como contamos en La Silla Cachaca.

Mientras se daba ese pleito fue que el entonces senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán (hoy concejal electo de Bogotá) denunció casos de volteo de tierras en la Sabana, entre los que estaba Cajicá.

Y la Procuraduría anunció a finales de 2017 que investigaría tanto la modificación del POT como la aprobación de licencias “a proyectos que al parecer no contaban con la capacidad de prestación de servicios públicos”.

Este último punto es importante porque entre 2012 y 2014 las certificaciones de disponibilidad de servicios públicos para proyectos de construcción las dio el hoy alcalde electo Fabio Ramírez, que era el Gerente de la empresa de servicios públicos de Cajicá, nombrado por Bejarano.

Ramírez, sin embargo, no tiene investigaciones, y en mes y medio se posesionará como Alcalde.

De funcionario a Alcalde

Fabio Ramírez no respondió las llamadas y mensajes que le hicimos desde el jueves pasado. Lo que averiguamos sobre él y su campaña es producto de entrevistas con seis fuentes que conocen la política de Cajicá.

Es un arquitecto que ha hecho su vida profesional como funcionario de la Alcaldía de Cajicá y asesor de otras entidades en planeación urbana, incluyendo la Alcaldía de Bogotá.

Mauricio Bejarano, que ganó la Alcaldía con el aval del Partido Conservador para el periodo 2012-2015, lo nombró su Gerente de la Empresa de Servicios Públicos, cargo en el que estuvo hasta 2014, cuando renunció para lanzarse a la Alcaldía en 2015 como el candidato de Bejarano.

Como su padrino, consiguió el aval de los conservadores, junto al de la ASI, pero se quemó y quedó de tercero con 5.600 votos. Esas elecciones las ganó el actual alcalde, Orlando Díaz (Partido Liberal, Cambio Radical y Maís).

Un año después, Ramírez ingresó a la Gobernación de Jorge Rey como asesor de las Empresas Públicas de Cundinamarca en la construcción de acueductos y plantas de tratamiento.

Y el año pasado reapareció en la política cajiqueña para lanzarse de nuevo a la Alcaldía.

De nuevo lo avalaron los godos, y se reforzó con los partidos de La U, Centro Democrático y Colombia Justa Libres.

Las cinco fuentes con las que hablamos coinciden en que su campaña no pintaba tan fuerte al comienzo, y para eso toman como referencia el trabajo en calle y las encuestas que se conocieron. Aunque no es clara la metodología que usaron, hubo una, por ejemplo, del portal Noticentro, que lo ubicó tercero, por detrás de la exalcaldesa Fabiola Jácome (ASI, Aico y Maís), y la concejala María Teresa Piedrahíta (Cambio Radical, Liberal y Alianza Verde), más conocida como Tita Cavelier porque es la esposa de Carlos Enrique Cavelier, presidente y uno de los dueños de la empresa de lácteos Alquería, que tiene su principal sede en Cajicá.

Una encuesta interna de la campaña de Cavelier también ponía a Ramírez de tercero en septiembre.

Dos fuentes políticas ajenas a esas campañas le dijeron a La Silla Cachaca, por aparte, que la campaña de Ramírez arrancó en forma en el último mes, a lo que se sumó un movimiento fuerte el día de elecciones, que incluyó transporte de votantes.

Ganó con 11.500 votos, tres veces más de lo que había sacado en 2015.

El apoyo más visible fue el del representante José ‘El pájaro’ Caicedo, el mandamás de La U en Cundinamarca.

Y en Cajicá se ha vuelto un secreto a voces que Ramírez recibió el respaldo de Julio Eduardo Riveros Junca, conocido como ‘Yiyo’, un político de Tabio condenado por irregularidades en contratación en la Gobernación del cuestionado Pablo Ardila (2004-2007), de quien fue un muy cercano asesor. Sin embargo, ninguno precisó cómo incidió Yiyo en la campaña de Ramírez.

En campaña también lo respaldaron el primo de Bejarano, Nicolás Castiblanco (que era candidato al Concejo por los godos) y el exconcejal conservador Saúl León, de los que votó a favor del cambio en el POT y hoy es investigado por la Procuraduría.

El caso es que, con el antecedente a cuestas de la cuestionada modificación del POT que hizo su exjefe Bejarano, Fabio Ramírez también deberá liderar una modificación al POT de Cajicá. Esto porque, como parte del programa para recuperar el río Bogotá, los alcaldes de la cuenca deben incorporar a los POT lo dispuesto en el Plan de ordenación y manejo del río (conocido como Pomca) aprobado este año.

Eso sería de trámite si no fuera porque, como nos explicó un técnico en planeación que conoce el caso de Cajicá, los alcaldes también pueden aprovecharlo para hacer otras modificaciones a los POT.

Por eso, con la llegada de Ramírez al poder, el fantasma del volteo de tierras se mantiene en Cajicá, si es que él no se encarga de espantarlo.

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