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Por Enrique Pardo Uribe | Carlos Hernández Osorio · 26 de Septiembre de 2018

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Soacha, el municipio más poblado de Cundinamarca con más de medio millón de habitantes, lleva ocho años viviendo su propio drama con los bonos del agua, que aún tienen al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la picota pública después de que ayer el senador del Polo, Jorge Robledo, radicó la propuesta de moción de censura para sacarlo del cargo.

Allá la Alcaldía se endeudó con ese esquema por 18 mil millones de pesos, de los cuales ha pagado cerca de 16 mil millones, pero aún le faltan, al menos, 15 mil millones.

Además, las redes de alcantarillado que debían construirse con esos recursos debían estar listas en 2014, pero una cadena de problemas, relacionados con un desorden local y no debido a los bonos, hacen que todavía no esté lista.

 

Una deuda cara: Más intereses que el préstamo

En el 2010, usando el esquema de los "Bonos Carrasquilla", Soacha contrajo una deuda por más de 18 mil millones de pesos para construir redes de alcantarillado en seis comunas. En su momento, ese monto era mayor a lo que se gastaba el muncipio en la Secretaría de Planeción, o equivalente a un 20% del prespuesto para educación.

El problema está en que, de acuerdo con las condiciones pactadas por el alcalde de entonces, José Ernesto Martínez, el municipio acabó pagando más de 10 mil millones de pesos durante los primeros cuatro años (más de la mitad de la deuda), pero el valor de esta no solo no se redujo, sino que aumentó a más de 21 mil millones.

Eso se debió a tres razones.

Primero, que la tasa de interés estaba en el 11% anual. Eso significa que cada diciembre la Alcaldía tenía que pagar 2 mil millones de pesos en intereses, a los que se sumaba el pago de un seguro de deuda que sirve para que los prestamistas lo cobren en caso de que el municipio no pague. Eso fue lo que hizo que en cuatro años se pagarán los 10 mil millones sólo en intereses, es decir, sin abonar un solo peso al saldo de la deuda.

Segundo, el municipio no podía cambiar las condiciones de la deuda para pagar menos intereses, debido a que las condiciones del crédito establecieron que la Alcaldía no podría pagar por anticipado, un común denominador para los 117 municipios que se metieron con los "Bonos Carrasquilla".

Y tercero, que el crédito no estaba calculado en pesos, sino en lo que se denomina Unidades de Valor Real (UVR). La cantidad de pesos que vale una UVR es establecido por el Banco de la República diariamente, y es un precio que tiende a subir con el tiempo. En otras palabras, la deuda de Soacha tendía a aumentar cada día.

Eso es lo que causó que pasara de 18 mil millones en el 2010 a 21 mil millones en el 2014, aún cuando se habían pagado los intereses a tiempo.

El salvavidas llegó en el 2014, cuando en Soacha el alcalde era Juan Carlos Nemocón y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, a través de Findeter, negoció a nivel nacional con los prestamistas de los "Bonos Carrasquilla" la compra de la deuda de los municipios, para que ya no le debieran a un privado, sino al Gobierno en condiciones más favorables.

A Soacha le bajó la tasa de interés del 11 al 8 por ciento, le permitió pagar anticipadamente si podía, y la deuda se negoció en pesos, que es más favorable que negociarla en UVR.

El municipio no estaba en capacidad de hacer abonos anticipados, pero, como le dijo a La Silla Cachaca David Enrique Ortiz, actual Secretario de Hacienda, las nuevas condiciones los favorecieron porque al firmar el contrato con Findeter se estimaba que, de entrada, se ahorrarían 4 mil millones de pesos, en plata del 2014.

Sin embargo, aunque los pagos del interés del 8 por ciento siempre tenían que sumarles una plata adicional equivalente al porcentaje de la inflación, como la inflación del país aumentó en esos años más de lo previsto, el salvavidas salió más caro de lo previsto y la Alcaldía buscó mejores condiciones en la banca privada. Logró que Bancolombia le comprara la deuda a Findeter para seguirle pagando a ese banco a una tasa que hoy está alrededor del 6,6 por ciento, muy por debajo del 11 por ciento inicial y de la tasa que tenían con Findeter.

La idea es que se ahorren 2.300 millones de pesos más con respecto a lo que iban a pagarle a esta financiera del Gobierno.

Sin embargo, aunque la deuda original fue de 18 mil millones, y el municipio ya ha pagado al menos 16 mil millones (sin contar lo que pagó por intereses a Findeter), hoy todavía tiene por pagar 15 mil millones, que es lo que le está debiéndole a Bancolombia, más intereses.

Esos 15 mil millones equivalen a 3 veces el presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio para el 2018.

Y al tiempo que han hecho maniobras financieras para no terminar pagando el crédito dos veces, en las calles las obras pactadas no terminan.

Los líos con las obras

La idea de mejorar la red de alcantarillado comenzó una vez la Alcaldía recibió los recursos de los "Bonos Carrasquilla" en 2010, cuando comenzaron a hacerse los estudios y diseños de la nueva red recolectora de aguas residuales.

Estuvieron listos en 2011, durante la administración de Ernesto Martínez, pero le correspondió al sucesor, Juan Carlos Nemocón, contratar la construcción de la obra. Primero abrió una licitación que terminó declarando desierta porque ningún proponente cumplía con los requisitos mínimos, y luego, mediante un proceso más corto, adjudicó en diciembre de 2013 el contrato por 18 mil millones.

El ganador fue un consorcio llamado Ediviales, liderado por la firma de origen español Viales y Obras Públicas, recordada en Bogotá porque ese mismo mes se ganó la primera etapa de la peatonalización de la Carrera Séptima y al final fue sancionada por haber entregado los trabajos incompletos.

El contrato en Soacha pretendía construir y reparar redes de acueducto y alcantarillado en sectores de seis comunas en los que se presentaban problemas sanitarios porque como las aguas negras se vertían al aire libre, los vecinos, sobre todo niños, se enfermaban.

Los problemas con el contratista empezaron porque, según los documentos del proceso, éste encontró “errores e inconsistencias” en los estudios y diseños. Sin embargo, Según Dora Vera, exsecretaria de infraestructura en la administración de Nemocón, los diseños habían sido aprobados tanto por la interventoría como por el Acueducto de Bogotá, que es la que maneja las redes en Soacha.

Por eso la Alcaldía ordenó iniciar las obras, pero comenzaron a suspenderse una y otra vez por problemas financieros del consorcio.

A éste, finalmente, le aprobaron hacer los rediseños, pero poco después de que los hizo las obras tampoco avanzaron y el contratista terminó cediéndole el contrato a otro consorcio dos años después, pues la administración estaba a punto de declarar el incumplimiento. Su salida fue negociada con la Alcaldía en un intento por perder la menor cantidad de tiempo.

El nuevo contratista fue el Consorcio Hidrosanitario, que llegó a finales de 2015, cuando el alcalde Nemocón estaba de salida. El chicharrón lo recibió su sucesor, Eleázar González.

Hidrosanitario arrancó a trabajar, pero se encontró con más problemas porque los estudios iniciales planeaban hacer obras en zonas de protección, y la CAR lo impidió. Además, con la Alcaldía coincidieron en que algunas obras que había hecho el anterior contratista tenía deficiencias que incluso estaban empeorando las condiciones sanitarias de los vecinos.

Con una perla adicional: para hacer las cosas como se debían, los nuevos cálculos indicaron que las obras costarían 5.300 millones de pesos más. La Alcaldía acordó adicionar 2.300 millones.

Sin embargo, eso no destrabó los trabajos porque el contratista tuvo que ponerse inicialmente a hacer más estudios por dificultades que generó el invierno, por lo que para hacer las obras pidió más suspensiones al contrato y, además, se quedó esperando el permiso del Acueducto de Bogotá para hacer algunos trabajos.

Hace un mes, el 29 de agosto, la Alcaldía decidió multar al contratista con 103 millones de pesos. Aunque las obras tienen un 80% de avance, en la Alcaldía le dijeron a La Silla que Hidrosanitario se declaró en quiebra, por lo que la Administración le declararó el incumplimiento del contrato.

La idea, entonces, es que en 2019 el alcalde González adjudique antes de terminar su mandato un nuevo contrato para terminar las obras, que debieron quedar listas hace cuatro años.

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