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Por Carlos Hernández Osorio · 27 de Junio de 2019

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El Concejo de Bogotá designó ayer una comisión que en 120 días rendirá un informe sobre la alerta temprana que emitió a comienzos de junio la Defensoría del Pueblo, en la que da cuenta de crímenes cometidos por grupos armados ilegales en Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, localidades del sur de Bogotá. Al tiempo, se conoció un nuevo panfleto en el que las “Águilas Negras” amenazan con nombres propios a líderes de las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, también en el sur.

Todo eso mantiene sobre la mesa, una semana después de conocida la alerta, la inquietud sobre la forma como están operando grupos como esos en la ciudad, pues son más conocidos por su operación en zonas rurales alejadas de la capital.

Políticos y medios se siguen centrando en lo que más llama la atención, que es la denuncia sobre la presencia no sólo de Águilas Negras, sino de grupos armados ilegales que nacieron tras la desmovilización de los paramilitares, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de Los Rastrojos Comandos Urbanos, de miembros de las disidencias de las Farc, del ELN y de estructuras armadas conocidas como “Los Costeños” y “Los Paisas”.

Sin embargo, la observación de fondo que hace la Defensoría, y que de hecho no es nueva porque viene haciendo informes similares en los últimos tres años, es que esos grupos pueden operar, en muy buena medida, porque el Estado (desde la Policía hasta la Alcaldía) aún no llega como debe ser a esas localidades, con lo que muestra que la solución debe ser estructural y no meramente reactiva ni policiva.

"Barrios donde la presencia institucional es nula"

Al menos desde 2013 (Alcaldía de Gustavo Petro) la Defensoría del Pueblo viene alertando por la presencia de grupos armados ilegales en el sur de Bogotá, particularmente de estructuras ligadas a grupos que se formaron después de la desmovilización de los paramilitares. Y ha hecho énfasis en que tras la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016 eso se ha acentuado, incluso con la presencia de disidencias de esa guerrilla.

Todo eso lo ha dicho bajo la tesis de que esos grupos han logrado incursionar en la ciudad, particularmente en zonas periféricas del sur que forman corredores que conectan con el municipio vecino de Soacha, gracias a vacíos estatales de varios tipos.

Eso quedó condensado, por ejemplo, en la alerta temprana que emitió la Defensoría en abril de 2018 sobre presencia de esas estructuras en Ciudad Bolívar, y en un “Diagnóstico comunitario” que hizo esa entidad sobre esa localidad cinco meses después. Ahí dijo: “Las actuales problemáticas de la localidad responden a una lógica estructural, basada en la limitada presencia institucional y la presencia activa de actores armados ilegales”.

Es algo que reiteró en la alerta de comienzos de este mes, que también incluyó a Kennedy y Usme.

Para explicar cómo esa “limitada presencia institucional” se relaciona con la presencia de estructuras criminales, la Defensoría pone como ejemplo varios casos, como el de las urbanizaciones ilegales que se abren paso sin mayor control. Los tierreros que las fomentan, en medio de su actividad ilegal, reciben de grupos armados ofertas de “servicios de seguridad”, que no son otra cosa que mecanismos violentos para generar orden entre las personas que consiguen un hogar en esos asentamientos.

También influye la falta de un servicio de transporte adecuado. Por ejemplo, en el barrio Antonia Santos, de Bosa, y en el sector de Tanque, de Ciudad Bolívar, hay puntos a los que no llegan rutas alimentadoras del SITP, o la frecuencia es muy baja; eso incentivó el surgimiento de un servicio de transporte informal para sacar a la gente a las vías principales. Las mafias aprovecharon eso y “venden el derecho a las rutas, e instalan una señal en los carros que han pagado la extorsión, como una forma de autorización para su circulación, al tiempo que imponen restricciones a los que no realizan el pago”.

Se suma la queja de la gente por la “cobertura limitada de las instancias de prevención y resolución alternativa de conflictos”, como comisarías de familia, casas de justicia y defensorías de familia. Los testimonios que recogió la Defensoría explican que “las instituciones encargadas del tema se ubican en la parte baja de la localidad”, lo que genera una sensación de difícil acceso a esos servicios.

Y remata la desconfianza de los habitantes en la Policía, al menos en el caso de Ciudad Bolívar, por las “presuntas alianzas o connivencia entre agentes y actores armados asociados principalmente a las actividades del narcotráfico. Para algunos habitantes de la localidad, si bien la Policía y el Distrito conocen la ubicación de reconocidas “ollas” (...) no se entiende por qué subsiste su funcionamiento, o por qué no se percibe la disminución del fenómeno del expendio y el consumo, pese al desarrollo de allanamientos (cuando los hay) o capturas”.

Todos esos factores se suman para que una conclusión de la alerta de comienzos de este mes sea que “aún resulta insuficiente la acción de los gobiernos Distrital y Nacional para el abordaje de los factores de vulnerabilidad en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, lo que hace que en muchas ocasiones la presencia institucional en barrios y cuadras concretas de estas localidades sea nula, o deba plegarse a las condiciones y normas impuestas por las bandas delincuenciales articuladas por los grupos armados ilegales fuente de amenaza”.

La Defensoría dice que conoció situaciones funcionarios de la Alcaldía que iban a desarrollar jornadas en terreno, les dijeron que tenían que pedir autorización y “omitir denunciar situaciones observadas (...) en aras de garantizar su seguridad y de que se permita la presencia institucional en dichos lugares”.

Una respuesta limitada

Hasta ahora la Alcaldía y la Policía han negado que en Bogotá hagan presencia grupos armados ilegales, pues lo que han concluido sus labores de inteligencia es que se trata de delincuencia organizada que no tiene que obedece a dinámicas diferentes.

Sin embargo, cuando la semana pasada le preguntaron al Secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, cómo lidiar con lo que alertaba la Defensoría, respondió que lo primero es haciendo presencia institucional de todo tipo en el territorio, algo que considera está haciendo bien este gobierno.

Y es que desde 2018, luego de la alerta que sólo cubría a Ciudad Bolívar, la Alcaldía le respondió a la Defensoría que sí estaba llegando con una oferta amplia, más allá de lo policivo, a esa localidad. Y puso como ejemplo los consejos locales de política social (espacios de participación en los que la comunidad puede hacer aportes para la formulación de políticas sociales), la realización de consejos de seguridad, así como la apertura de espacios de articulación con líderes y la creación de un mecanismo de coordinación con la Unidad Nacional de Protección, algo que destacó la Defensoría.

Para ésta, sin embargo, lo que han hecho Alcaldía, Policía y Gobierno Nacional sigue siendo de “carácter asistencialista” y no tiene la capacidad de atacar el fondo del problema, dijo en la alerta más reciente sobre Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy.

Incluso, afirma que emitió esa alerta para describir hechos derivados de las situaciones de riesgo que había advertido en la alerta del año pasado. Y ha sido en esas tres localidades donde se han registrado los descuartizamientos de los que tanto se ha hablado en los últimos días, algo que la Defensoría atribuye a mecanismos que usan, por ejemplo, los grupos que surgieron tras la desmovilización paramilitar, para enviar el mensaje de que controlan territorios.

Lo que ha ocurrido desde el año pasado, agrega la Defensoría, es la consolidación de un corredor de droga que conecta a esas localidades con Soacha (municipio sobre el que también la Defensoría ha hecho alertas) y que les permite a los grupos armados, que actúan en terreno tercerizando sus servicios con combos locales, garantizar la movilidad de la droga desde y hacia el sur del país.

La Alcaldía dice que ya está trabajando con la Defensoría, mientras el tema, seguramente, se meterá en la cada vez más caliente campaña por la Alcaldía.

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