Recientemente, la Corte Penal Internacional confirmó su jurisdicción en el caso seguido contra Bosco Ntaganda, sobre presuntos crímenes de guerra de violación y esclavitud sexual cometidos contra niños soldados que pertenecían al mismo grupo armado que su agresor. En el presente artículo se examinarán críticamente las razones y justificaciones otorgadas por la Corte para establecer su jurisdicción y en particular, la interpretación realizada por la Corte respecto a la necesidad de incorporar requisitos adicionales a la descripción típica de los crímenes de guerra de violación y esclavitud sexual bajo el marco establecido del Derecho Internacional. Para estos efectos, se comenzará analizando el concepto tradicional de persona protegida en el Derecho Humanitario, para luego destacar los aspectos esenciales de la decisión de la Corte. A continuación, se examinarán las diferencias fundamentales que existen entre los apartados (a) y (c), por una parte, y (b) y (e), por otra, ambos del artículo 8.2 del Estatuto de Roma, para determinar si el Derecho Internacional Humanitario amparaba la conclusión de la Corte en relación con los crímenes cometidos al interior de grupos armados. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y alternativas que podrían permitir a la Corte ejercer jurisdicción sobre ese tipo de crímenes, incluso si las víctimas fueran miembros adultos del mismo grupo armado.

La historia del Catatumbo, vasta región ubicada en el departamento de Norte de Santander, ha sido tormentosa, plagada de conflictos, desplazamientos y un variado conjunto de violencias que no ha sido estudiado suficientemente por los historiadores ni en general por las demás disciplinas que conforman las ciencias sociales. Por generaciones, la región ha visto pasar una sucesión de hechos violentos y conflictivos, los cuales han calado hondo en la memoria colectiva e individual de sus pobladores. Así mismo, este legado y pesado fardo, se inserta dentro de un paisaje que se quiere por sí mismo, único, majestuoso y bello. De esta manera lo retrataron la mayoría de personas entrevistadas a lo largo de este Documento de Investigación.

Es una investigación interdisciplinaria nutrida de fuentes secundarias y primarias (estudios de caso, entrevistas, historias de vida) sobre el pluralismo jurídico y cultural en Colombia. Se realiza un acercamiento al principio de diversidad étnica y cultural con tres elementos dinamizadores como son la tolerancia activa, la preexistencia del pluralismo jurídico y cultural y el reto del multiculturalismo. Para entender el concepto del pluralismo jurídico el estudio científico se complementa con un estudio de caso: el pueblo wayúu, del norte de Colombia. Para finalizar se hace una comparación con la justicia colombiana (penal) y la justicia restaurativa "compositio".

Este libro es el producto de las investigaciones de 2014 que se socializaron en el Congreso Nacional de Política Criminal y "Prevención", en el que se presentaron diferentes posturas y críticas al concepto de "prevención" del delito, con el fin de extraer los elementos esenciales en la cons¬trucción de una política pública garantista y respetuosa de los derechos humanos. 

Este libro es el producto de las investigaciones realizadas durante el año 2013, que se socializaron en el Congreso Internacional de Política Criminal y Libertad, en donde se discutieron diferentes posturas hacia el “delito” y las diversas reacciones frente a él. La primera parte del libro la hemos denominado “Hacia la desprisionalizacion”, en ella se encontrará: una crítica a la penalidad y al castigo, elementos de una racionalidad neoliberal, y a los sujetos que se comportan como empresarios; una confrontación de lo normativo con la realidad de la justicia penal y penitenciaria, mostrando el incumplimiento de las funciones declaradas de la pena; la búsqueda de verdaderas alternativas que garanticen los derechos humanos de todos los actores de un conflicto social; una exposición a la estrecha relación entre desigualdad y prisionalización; y la complejidad del sistema penal y sus imaginarios sociales. 

La segunda parte del libro la hemos denominado “Prisión y sociedad”, para explicar las vivencias de sujetos de especial protección que son sometidos a un control punitivo excesivo y deshumanizante. En ella se encontrará: una propuesta de una justicia juvenil restaurativa fundamentada en el principio de excepcionalidad y en la alternatividad: desjudicialización y desinstitucionalización de las sanciones; los avances normativos de la justicia penal juvenil, en contraste con las detenciones y muertes de jóvenes privados de la libertad; la riqueza del derecho indígena y sus lecciones aprendidas para la resolución de los conflictos; el estigma social frente al adulto mayor en el mundo extramuros e intramuros; y la incidencia de los medios de comunicación en una política criminal coyuntural, reactiva y punitiva.

El propósito central de este documento de investigación es presentar la perspectiva histórica y operacional de los hechos ocurridos en la jurisdicción de la Octava División del Ejército Nacional de Colombia. La Octava División fue creada en el año 2009 con sede en Yopal, Casanare, con el objetivo de fortalecer el proceso de mejoramiento y crecimiento de las operaciones militares que adelanta el Ejército Nacional en todo el país, especialmente en el oriente colombiano. Actualmente, esta división abarca en su jurisdicción los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Guainía, con sus 36 municipios correspondientes; los municipios de Paya, Pisba y Cubará en Boyacá; además del corregimiento de Carimagua en Meta y Samoré en Norte de Santander. Esto corresponde a una extensión de 251 455 km2, lo que equivale al 22 % del territorio nacional, con un aproximado de 1 815 792 habitantes.