Para hacer frente a la actual emergencia sanitaria y proporcionar alivios económicos a las entidades territoriales que reciben fondos del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME con el cual espera proporcionar liquidez al país, al sector financiero, y a empresas privadas, públicas o mixtas durante la pandemia  causada por la Covid-19. Sin embargo, a la fecha, el FOME ha recibido cerca de 25,5 billones de pesos, de los cuales solo ha gastado el 29% en los sectores salud, transferencia a programas sociales y subsidios a la nómina, entre otros.

De ahí, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana publicó el informe La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia, para entender las decisiones que ha tomado el Gobierno en relación con el desembolso de los recursos públicos destinados a la atención a la emergencia del Covid-19 y poner la lupa sobre sus declaraciones del “déficit fiscal” que conduciría a una posible reforma tributaria en el 2021.

Este artículo presenta los resultados de una investigación realizada en Venezuela, entre 2012 y 2013, bajo el paradigma cualitativo, con la forma de un estudio de caso y anclado teóricamente en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. A partir de una serie de entrevistas, se buscó descubrir los sentidos y significados que los ciudadanos organizados elaboran sobre el derecho a la salud. Los resultados muestran información de sus valoraciones sobre el sistema de derechos y los mecanismos que los respaldan; se evidencian cuestionamientos a la efectividad de las garantías previstas en la Constitución de 1999: la atención en salud no llega a todos los ciudadanos, la provisión de los bienes y servicios en salud es limitada y de baja calidad, con notorias dificultades para el acceso a tratamientos y medicamentos. En términos senianos, esto se traduce en restricciones a las oportunidades reales de llevar la vida que quieren y tienen razones para valorar, y, por ende, en una disminución de su libertad.

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. En América Latina por ejemplo, la producción, exportación y consumo de este grano es una de las bases de la economía de varios países, incluido Colombia, en donde la exportación de café llegó a 13,7 millones de sacos de café (60 kilos cada uno) en 2019 y el consumo por persona alcanzó los 2,1 kilogramos en el mismo año. Por eso, con el fin de establecer la relación entre la ingesta habitual de café y la mortalidad general y cardiovascular de la población, Maylin Peñaloza junto a un equipo de investigadores del Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana se dedicaron a hacer una búsqueda sistemática en publicaciones como Medline, EMBASE, LILACS y Cochrane acerca del consumo de café. Encontrando así que, profucto de la revisión de los estudios analizados, el consumo moderado de café equivalente a 3 ó 4 tazas al día de forma habitual podría disminuir el riesgo de mortalidad general y cardiovascular en población adulta.

De la mano de expertos nacionales, este libro analiza nueve de los mitos en torno a este tema en el país, relacionados con temas ambientales, sociales, jurídicos y económicos y, desde ahí, el libro explora la bibliografía existente que se encuentra en revistas científicas indexadas, estudios internacionales, documentos oficiales, normatividad y jurisprudencia, y lo complementa con la revisión de estudios de impacto ambiental, entrevistas a funcionarios y visitas de campo a proyectos mineros. Se espera que este aporte de la academia sea una oportunidad para generar una discusión respetuosa, imparcial y crítica sobre los argumentos a favor y en contra de la minería de oro en el país, que sin duda será un referente fundamental para todos aquellos interesados en conocer más sobre este sector.

Se presenta un análisis de los aportes de la implementación de los sistemas locales de justicia a la construcción de una cultura de paz, abordando el caso de la localidad de Kennedy (Bogotá). Se parte de la comprensión de los slj como herramienta para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y de su relación con la construcción de una cultura de paz. Entre los principales hallazgos se concluye que los slj han aportado en la formación de operadores de justicia y en la creación de rutas y espacios de articulación entre actores de la justicia formal y comunitaria, contribuyendo a combatir las barreras operativas y a fortalecer la democracia participativa. Así mismo, se identifican como principales retos para el éxito de la política garantizar su continuidad y sistematicidad en los procesos, lo que implica convertirla en una política de Estado, evitando que esté a merced de la voluntad política, la articulación institucional, la sensibilización y formación continua de los operadores de justicia y la inclusión de actores comunitarios, lo que supondría una democratización de la administración de justicia.

El águila crestada es un ave rapaz que debido a la deforestación en zonas boscosas de Suramérica ha tenido que buscar su alimento en hábitats rurales; esto la cataloga actualmente peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  Por eso, con el fin de promover decisiones basadas en evidencia científica para mejorar las interacciones entre las personas y la naturaleza, Juan Sebastián Restrepo-Cardona, magíster en Conservación y Uso de Biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana, s e ha dedicado a estudiar por más de cuatro años nidos de esta águila en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Huila. Su propósito: analizar los factores socio-ecológicos que influyen en el conflicto entre los campesinos y el águila, y al mismo tiempo desarrollar un trabajo educativo en el que las comunidades den un significado a la vida silvestre a partir de ejercicios de ciencia participativa.