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Por Natalia Arbeláez Jaramillo · 20 de Septiembre de 2019

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Según la OEA, el 65 por ciento de los migrantes venezolanos se encuentran en Colombia, Chile, Perú y Ecuador, sin embargo, estos últimos países desde junio están restringiendo el ingreso. Con eso, Colombia se está configurando paulatinamente como el principal destino final, lo que representa un desafío aún mayor.

 

La Silla Académica entrevistó a Laura García-Juan, profesora de Derechos Humanos de la Universidad Pontificia Bolivariana, de nacionalidad española, experta en migraciones y quien ha escrito entre otros artículos “How to manage migrations in Latin America? The Spanish case as a model to follow y un capítulo de un libro que está por publicarse titulado “Indicadores de gobernanza migratoria en Colombia: “humo” y mentiras desde la institucionalidad”.

A partir de la conversación con ella y de la lectura de sus textos, presentamos las 10 medidas que ella sugiere para enfrentar mejor la migración venezolana.

1

Aprobar una ley migratoria

Tenemos la ley 1465 de 2011 pero según García-Juan es obsoleta pues no contempla la situación que está viviendo el país actualmente y está enfocada en la población colombiana que emigra, pero no en los extranjeros que llegan a Colombia.

El gobierno de Santos, y ahora el de Duque, han expedido con posterioridad decretos, resoluciones, circulares que funcionan más como un "parcheo" que como soluciones duraderas, según García-Juan: “por lo menos desde 2015, cuando comenzó el flujo masivo de migrantes venezolanos, el país está en mora de tener una ley migratoria garantista de derechos, que contemple un marco jurídico integral y estable, basado en datos estadísticos confiables, con proyecciones e indicadores”.

En cambio, Chile ad portas de expedir una, y Argentina, Perú, Ecuador y Brasil tienen una ley con esas características - aunque en el útlimo, Bolsonaro la modificó.

2

Mejorar el proyecto de ley del Canciller

El canciller Carlos Holmes Trujillo radicó en el Congreso, a finales de julio, un proyecto de ley migratoria.

Entre las cosas que se deben eliminar de ese proyecto, según García-Juan, está la facultad de Migración Colombia y de la Cancillería de crear, implementar o suprimir cualquier trámite, discrecionalmente. Ello implica “vaciarla de contenido desde su nacimiento porque el sentido de tener una ley es evitar estar sujetos a los vaivenes del Ejecutivo”.

El proyecto de ley habla también de la Comisión intersectorial (que debe facilitar la articulación interinstitucional en materia migratoria) y de la Mesa de la Sociedad Civil (que debe garantizar la participación de otros agentes interesados como los propios inmigrantes y las ONG que los atienden) que existen en la ley desde 2011 y que, según dice García-Juan, no cambian sustancialemente en su organización ni funcionamiento pese a que no han funcionado en la práctica.

La Comisión, por ejemplo, no debería estar conformada exclusivamente por representantes políticos sino también, anota la profesora, por personas con conocimientos técnicos y experiencia en terreno.

Además, el proyecto de ley no establece los procedimientos para obtener visas y permisos de residencia, ni regula los diferentes tipos de visas como la de trabajo, estudios, reagrupación familiar e inversión, y no tiene un catálogo de derechos y libertades de los extranjeros pero sí de deberes.

Tiene un apartado dedicado a los refugiados, a los apátridas y a quienes solicitan asilo que, según la profesora, deberían estar en otra ley porque tienen una protección internacional y una regulación diferente a quienes salen de su país voluntariamente en busca de oportunidades laborales, por ejemplo.

Anota García-Juan que el proyecto de la Cancillería acoge la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984 y no la de la Convención de Ginebra de 1951. Al hacerlo no solo aplica la figura de refugiado a quienes demuestran estar siendo perseguidos por motivos de raza, religión, opinión política, nacionacionalidad, sino a quienes han tenido que abandonar su país por violencia generalizada, conflictos internos, violación masiva de derechos.

De convertirse en ley el proyecto del Canciller tal y como está redactado, "prácticamente todos los venezolanos podrían solicitar que se les reconozca su condición de refugiados" dice García-Juan.

Eso sería un hito en materia migratoria pero, en la práctica, podría hacer colapsar el sistema migratorio porque Colombia no está preparada para dar todas las garantías que implica ese procedimiento como la de hacer una entrevista personal a cada solicitante. 

3

Manejar cifras más ajustadas a la realidad

Las cifras de venezolanos que recibe Colombia que usan organizaciones internacionales como la ONU, OIM o Acnur son inexactas, según García-Juan, porque se basan en las estadísticas de Migración Colombia, que sólo tiene en cuenta las personas que entran y salen del país a través de puestos fronterizos controlados, en los que les ponen un sello en el pasaporte o documento nacional.

La siguiente gráfica, basada en las cifras de Migración, muestra el tránsito por el principal puesto fronterizo terrestre controlado, el Puente Internacional Simón Bolívar-Cúcuta. Lo llamativo es que muestra un descenso entre octubre del año pasado y marzo de este año que no tiene una razón aparente como sería un cierre de la frontera, dice la profesora.

La explicación que encuentra es que muchas personas no están entrando por los pasos fronterizos controlados.

De esto da cuenta, por ejemplo, el testimonio de las trabajadoras de la Fundación "Entre Dos Tierras", una de las ONG invitadas a la última Asamblea de la OEA, que atiende al día entre 800 y mil venezolanos que llegan por Cúcuta, en su gran mayoría sin sello de entrada o sin pasaporte.

4

Mejorar la atención en los puestos de control

“En los puestos de control terrestres las filas son muy largas y los tiempos de espera muy altos, muchas veces bajo un sol intenso o bajo la lluvia” cuenta García-Juan.

Los funcionarios de Migración Colombia, los computadores y la infraestructura, en general, no dan abasto para atender la gran afluencia de venezolanos, muchos de los cuales, según la investigadora, prefieren usar otras vías, aún aquellas controlados por actores ilegales.

El problema es que el sello en el pasaporte es imprescindible para cualquier trámite posterior como la obtención de permisos temporales de residencia, lo que a veces desconocen los inmigrantes. Por eso, insiste García-Juan, es urgente aumentar el personal de migración, provisionar más equipos y hacer más ágiles los trámites.

El Gobierno debería además reconocer el trabajo e integrar a las ONG que atienden inmigrantes venezolanos. Esas ONG hoy viven, principalmente, de la caridad, y afrontan muchas veces amenazas, por lo que necesitarían recibir fondos públicos estables y más apoyo del Estado.

5

Levantar parcialmente la suspensión de Venezuela del Mercosur 

“Al margen de la continuidad o no de Maduro, que es algo bastante impredecible”, según García-Juan debe estudiarse la posibilidad de levantar la suspensión de Venezuela del Mercosur, que se produjo en 2016, en lo que tiene que ver con el tránsito de personas. Seguramente un levantamiento parcial de una suspensión no se ha hecho antes, “pero hay que ser creativos” dice la investigadora.

Actualmente están en Mercosur cinco países (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) y hay otros seis asociados (Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam).

Todos ellos otorgan de forma casi automática el permiso de trabajo y residencia a los nacionales de los otros socios, por lo que si Venezuela entrara de nuevo se reactivarían procesos más sencillos y no podría exigirse visas especiales para atravesar sus fronteras.

6

Otorgar nuevos permisos temporales y extender su vigencia

Por una decisión de la Cancillería, no se están tramitando nuevos permisos de permanencia temporal para venezolanos, y sólo se están renovando los ya concedidos.

Eso, según García-Juan, eso hace que día a día aumenten los inmigrantes en situación irregular. En ese estado, no pueden tener trabajo ni acceder a salud ni a determinados servicios sociales, por lo que se ven obligados a emplearse en condiciones precarias donde prácticamente los explotan.

Por eso se debe habilitar la expedición de nuevos permisos, mejorar el trámite de renovación que solo se puede hacer por Internet (y falla bastante, dice García-Juan), y extender su vigencia de los dos años que tienen hoy a cuatro o cinco, lo que le daría un respiro a los inmigrantes y al sistema migratorio colombiano.

7

Dar permisos circulares

Los países de la región que reciben más inmigrantes deberían contemplar la posibilidad de dar permisos de ida y vuelta, algo que se ha intentado en la Unión Europea sin que sea todavía del todo efectivo, en lo que Latinoamérica podría ser pionera.

Esos permisos son autorizaciones sujetos a condiciones. Por ejemplo, si al cabo de un año el titular no ha encontrado un empleo formal (por cuenta propia o ajena) que le permita sostenerse en Colombia, debe regresar a su país un tiempo. Pero puede volver a intentarlo sin necesidad de obtener nuevas autorizaciones administrativas.

“La idea es que en el país receptor sea posible trabajar, estudiar, invertir o emprender con la finalidad de ahorrar dinero y formarse con miras a volver a Venezuela y crear un negocio, por ejemplo”, dice García-Juan.

8

Apostarle a la integración social de los inmigrantes

“La inmigración venezolana hacia Colombia no es algo pasajero ni coyuntural sino estructural” anota García-Juan.

La OEA pronostica que, si nada cambia en Venezuela, habría entre 5.3 y 5.7 millones de emigrantes a finales de 2019, y entre 7.5 y 8 millones al finalizar 2020.

Está situación es, hasta cierto punto, comparable con la que vivió España entre 1998 y 2008 cuando, de acuerdo con cifras de García-Juan, pasó de tener 637 mil migrantes a tener más de cinco millones, la mitad de ellos de algún país de la Unión Europea y la otra mitad latinoamericanos, principalmente de Ecuador, Bolivia y Colombia, con quienes los españoles compartían el idioma y algunos rasgos culturales.

A pesar del crecimiento exponencial de la población extranjera, España, según la profesora, logró una integración efectiva porque desde el título de la ley migratoria del año 2000 le apostó a ello y a los derechos de los migrantes. En esa línea “es positivo que el proyecto del Canciller también hable de integración”, dice.

Un elemento importante para lograrlo fue la autonomía.

Aunque las instituciones de la Unión Europea en materia de visados legislan de forma conjunta para los 28 países, cada uno es autónomo para establecer sus políticas de integración y no están centralizadas en el Gobierno nacional sino que las comunidades autonómicas (aquí departamentos) pueden elaborar programas estratégicos y financiar proyectos de los gobiernos locales, la academia, la Iglesia, la empresa y el tercer sector (ONG, asociaciones de inmigrantes y sociedad civil). 

9

Hacer un pacto de no usar la xenofobia como estrategia de campaña

En España todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en no usar a los inmigrantes como arma en su discurso político, ni en campaña electoral ni fuera de ella. Lo contrario, anota García-Juan, pasó en el Brexit o en la campaña presidencial de Trump.

Los medios de comunicación también acordaron no cubrir el tema migratorio ni como una emergencia ni como una amenaza a la seguridad del país, sino como una oportunidad.

“Esto evitó que se diera un quiebre en la cohesión y en la paz social” según García-Juan, y sería un buen ejemplo para Colombia

10

Identificar nichos donde haya oportunidades laborales para los migrantes

En España, cuenta García-Juan, los inmigrantes encontraron buenas oportunidades laborales en la construcción, la hostelería, la agricultura y los trabajos relacionados con el cuidado de niños y ancianos, que los españoles no querían hacer porque el país estaba pasando por una bonanza económica.

Aunque reconoce que las condiciones de Colombia son muy diferentes: no más en julio el desempleo fue de 10,7 por ciento, un punto porcentual más respecto al mismo mes de 2018, y Cúcuta y Riohacha, las dos capitales con mayor densidad de venezolanos, tienen una tasa de desempleo mayor al promedio.

“No es posible pensar en resolver primero los problemas laborales de los nacionales sin ocuparse de los inmigrantes porque van a seguir llegando en busca de trabajo. A lo mejor, pensando en soluciones más creativas para ellos", dice García-Juan, "surjan nuevas ideas  para los propios colombianos que también están desempleados o trabajan en la informalidad”.

La mayoría de venezolanos que están llegando son jóvenes en edad de trabajar: según las últimas cifras del Dane, el 40 por ciento tiene entre 18 y 29 años y el 25 por ciento tiene entre 30 y 39 años. “Si se canaliza bien esta mano de obra y además se logra que no se dirija a la informalidad, podrían lograrse mayores aportes al sistema de salud y al sistema pensional colombianos. Esto cuenta como ganancias para las arcas del país”, concluye García-Juan.

 

Para citar:

García-Juan, Laura. (2019). How to Manage Migrations in Latin America. The Spanish case as a model to follow. Reivsta de Estudios e Pesquisas sobre as Américas. 61-82

   

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