El presidente Duque visitó esta semana al Papa y reabrió la discusión sobre la separación entre Iglesia y Estado. Entrevistamos a Lina Malagón, profesora del Externado, sobre los retos del activismo político de los católicos en Colombia.
En los escasos tres meses que el presidente Iván Duque lleva de gobierno, ya visitó al Papa Francisco esta semana. Tras la visita, el secretario general de presidencia, Jorge Mario Eastman, causó revuelo por referirse al Papa como ‘tocayo’, pero curiosamente no, por haber retuiteado un mensaje que llama a la evangelización de la política siendo funcionario público en un Estado laico.
Lo que reabre la discusión sobre los límites entre Iglesia y Estado. Sobre este tema, La Silla Académica entrevistó a Lina Malagón, abogada y profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, quien ha investigado la forma como ejercen activismo político los movimientos católicos en Colombia.
Ella concluye que es difícil saber la influencia que tienen en las modificaciones a las normas porque sus argumentos no son religiosos sino que usan el lenguaje de los derechos humanos, y la forma como intervienen no es a través de la Iglesia sino como ciudadanos.
Malagón es autora entre otros de “La lucha del movimiento social católico en contra del matrimonio igualitario en Colombia: un medio para legitimar el estilo de vida católico (2009-2015)” y de “Contramovimiento católico y derecho constitucional en Colombia” que hace parte del libro ¿El Estado constitucional en jaque? Tomo IV La reconstrucción de los fundamentos del Estado constitucional.
El presidente Duque estuvo esta semana visitando al Papa, lo que reabre cierta discusión sobre la cercanía entre religión y política en un Estado laico como Colombia. Usted estudia el activismo político de los movimientos religiosos, en la Corte Constitucional y en el Congreso, un tema poco investigado. ¿Qué encontró?
Lina Malagón: Encontré que en materias como el matrimonio gay y la adopción de parejas del mismo sexo, en las que yo he enfocado mi estudio, los movimientos católicos no están haciendo activismo a través de argumentos religiosos ni en nombre de la Iglesia, sino usando el lenguaje de los derechos humanos y, no sólo cuando el debate se ha ventilado ante un juez, sino incluso cuando la polémica se ha producido en el Congreso o en la plaza pública.
LSA: ¿Y por qué lo hacen así?
L.M.: A partir de unas entrevistas que hice y de un trabajo documental de análisis de las actas parlamentarias y de las intervenciones ciudadanas depositadas ante la Corte Constitucional, encontré que la primera razón tiene que ver con que creen que usar argumentos religiosos en el debate público es ineficaz e incluso contraproducente.
Aunque creen que es el colmo que los vetan cuando usan ese tipo de argumentos, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 señala que todos tienen el derecho humano a expresar opiniones religiosas pública y privadamente, por razones de pragmatismo han decidido reemplazar el lenguaje religioso por el lenguaje jurídico.
La segunda razón es que se dieron cuenta que lo pueden usar sin modificar sus creencias.
LSA: ¿Cómo pueden usar el lenguaje de los derechos humanos, que en principio es liberal, sin modificar sus creencias?
L.M.: Lo que pasa es que en mi investigación yo partí de la base de que uno tiene que hablar de derechos constitucionales en plural porque, como lo demuestran Zagrebelsky y otros autores, las tres tradiciones de pensamiento más grandes del siglo XX (marxismo, liberalismo y catolicismo) proponen diversas teorías de estos derechos.
Un historiador maravilloso que se llama Samuel Moyn me ayudó a entender que el catolicismo tiene una larga teoría de los derechos fundamentales y humanos. Él muestra que en los 30’s los Papas son los primeros que usan el lenguaje de la dignidad humana, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos en la escena política mundial.
Esa larga tradición católica se cristaliza en una de las Constituciones Pastorales del Concilio Vaticano II en la que la Iglesia invita a “los laicos” a evangelizar la política por dos motivos principales.
Primero, en plena Guerra Fría, la jerarquía católica se da cuenta de que la única forma de luchar en contra de la persecución de católicos en la Unión Soviética es defender el derecho fundamental y humano a la libertad de conciencia y de religión y, por consiguiente, aceptar finalmente la separación del Estado y de la Iglesia, uno de los dogmas liberales que inspiró la Revolución Francesa.
Segundo, el Concilio Vaticano II, fue una forma de tender puentes discursivos para que la Iglesia dialogara con el mundo moderno. Uno de esos puentes es el de usar el lenguaje de los derechos humanos que, además, como es hegemónico, es muy poderoso para influenciar las autoridades.
LSA: ¿Cómo hacen para dialogar las diferentes apropiaciones del lenguaje de los derechos humanos? ¿Se puede hablar de que la católica sea más válida que la liberal o viceversa?
L.M. Probablemente, un abogado te dirá que la validez depende de lo que digan las autoridades pero un sociólogo quizá señale que la validez está más relacionada con la concepción de los derechos humanos que le haya ganado el pulso a las demás, es decir, que haya prevalecido luego de un ejercicio de fuerzas. Por eso, la legitimidad social y política de que goce actualmente un uso determinado del lenguaje de los derechos humanos puede cambiar con el tiempo.
LSA: ¿Es poco transparente esta estrategia de los activistas religiosos?
L.M. La estrategia de activismo político más lógica para los movimientos religiosos es que se camuflen, dado que muchos de los activistas consideran que se encuentran inmersos en una cultura jurídico-política que juzga como irracional y antidemocrático los argumentos de tipo religioso. Ellos creen que ese lenguaje no es audible para las autoridades, más allá de que sí lo sea para el ciudadano del común.
Esto representa un desafío porque otra de las características del activismo que estudié es que muchas veces es realizado desde entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación.
LSA: ¿Usted hace una distinción en el análisis de las intervenciones de estos activistas católicos, entre los laicos que son ciudadanos y los laicos que son funcionarios públicos ¿Por qué?
L.M. Porque tengo la profunda convicción política de que los recursos públicos no deberían usarse, al menos deliberadamente, para promocionar, incentivar y/o imponer una forma católica de ver el mundo.
Y esta convicción está respaldada jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la sentencia C-350 de 1994, que ha reiterado que Colombia es un Estado laico en el que no puede haber una religión oficial ni un credo religioso prevalente, así la mayoría del pueblo lo profese. Además, en múltiples sentencias, la Corte ha dicho que, para garantizar la separación entre el Estado y las iglesias así como los principios del pluralismo y de la coexistencia igualitaria de las confesiones religiosas, es necesario que el Estado respete el principio de neutralidad frente a los credos religiosos.
En virtud de eso me parece inaudito que hayamos dejado que un católico lefebvrista como Alejandro Ordóñez haya usado los poderes de la Procuraduría General de la Nación para materializar su proyecto político de que Colombia vuelva a ser un Estado con una única religión oficial en el que el derecho, para ser válido, tiene que ser conforme al derecho natural divino.
Algunos países como Francia impone restricciones como que, un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, no debe expresar sus opiniones religiosas.
Me parece inaudito que hayamos dejado que un católico lefebvrista como Alejandro Ordóñez haya usado los poderes de la Procuraduría General de la Nación para materializar su proyecto político de que Colombia vuelva a ser un Estado con una única religión oficial.
LSA: ¿Algo similar podría pasar con la magistrada Cristina Pardo, aunque esté en un cuerpo colegiado como la Corte Constitucional?
L.M.: No sé si la magistrada Cristina Pardo es o no una laica católica comprometida con el deber religioso de evangelizar la política.
Héctor Riveros, de la Silla Vacía, señaló días antes de que fuera elegida magistrada que perteneció al Opus Dei que es una organización que adhiere a las ideas de Vaticano II en esta materia porque empuja a sus miembros a buscar la santidad y el apostolado en el ejercicio de sus actividades cotidianas y diarias. En otras palabras, los miembros de esa prelatura tienen el deber religioso de participar en la misión evangelizadora de la Iglesia a través del ejercicio de su profesión.
Al saber esto, la pregunta que uno se plantea es : ¿puede un funcionario público que defiende las ideas de Vaticano II en materia de evangelización de la política, garantizar el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa y, por lo tanto, garantizar la separación entre Estado e Iglesia? Yo pienso que no porque hay una exclusión necesaria entre ambos planteamientos.
LSA: ¿Si un juez acoge los argumentos de un activista católico eso lo hace automáticamente transgredir el principio de separación entre Iglesia y Estado?
L.M.: Yo no creo que eso sea así. El problema no es tanto que el juez acoja o no un argumento de un activista católico. El problema es que el juez quiera usar su cargo para evangelizar la política. En este sentido, considero que si un juez está, por ejemplo, en desacuerdo con el aborto por sus opiniones religiosas, no debería pronunciarse sobre el tema, so pena de violar el principio de laicidad y de neutralidad.
En consecuencia, según mi punto de vista, uno de los retos actuales es cómo asegurar el principio de separación del Estado y de la Iglesia cuando muchos de los laicos católicos en cargos públicos deciden camuflarse usando argumentos seculares y afirmando que su oposición al aborto, al matrimonio gay, etc. no depende de sus convicciones religiosas.
Uno de los retos actuales es cómo asegurar el principio de separación del Estado y de la Iglesia cuando muchos de los laicos católicos en cargos públicos deciden camuflarse usando argumentos seculares.
LSA: ¿Es diferente al desafío del activismo feminista o de otro tipo?
L.M.: Me gusta que, desde la sociedad civil, haya organizaciones católicas haciendo política, pues esto asegura que todos tengamos oportunidades para intervenir y enriquecer los debates públicos.
Sin embargo, considero que el activismo religioso hecho desde las entidades estatales es diferente del activismo feminista o Lgbt hecho desde el Estado. En términos simples, yo considero que no es lo mismo un magistrado que hace parte del contra-movimiento católico a uno que hace parte del movimiento Lgbt.
Y esto es así porque, repito, en Colombia hay un principio de laicidad y de neutralidad en virtud del cual los recursos estatales no deben usarse, al menos conscientemente, para promocionar, incentivar y/o imponer una forma religiosa de ver el mundo.
LSA: ¿Cree que el desafío es mayor en un gobierno conservador como el de Iván Duque, que en sus primeros tres meses de Gobierno ya fue a visitar al Papa?
L.M.: Yo pienso que sí. La gente interpreta que hay cambios en la Iglesia con el Papa Francisco: ‘quién soy yo para juzgar a los homosexuales’ dice etc., pero cuando lees los documentos del Vaticano, te das cuenta que uno de los objetivos sigue siendo que la ley civil siga los postulados de la Iglesia Católica.
De hecho el Papa en varios de sus mensajes llama a la evangelización de la política como el que precisamente retuiteó el secretario de Presidencia Jorge Mario Eastman tras la visita de Duque al Vaticano. Sin embargo, lo que registraron la mayoría de medios fue que le hubiera dicho ‘tocayo’ al Papa.
No se concentraron en lo realmente importante que es reflexionar sobre ¿hasta qué punto ese funcionario no violó el principio moderno de separación entre la Iglesia y el Estado?.
Con el tweet de Jorge Mario Eastman, secretario de presidencia, los medios no se concentraron en lo realmente importante que es reflexionar sobre ¿hasta qué punto ese funcionario no violó el principio moderno de separación entre la Iglesia y el Estado?.
LSA: ¿Lo opuesto a la laicización es la evangelización de la política?
L.M.: Desde una perspectiva católica, la palabra laico, contrario a lo que se piensa, hace referencia a una persona que hace parte de la Iglesia porque fue bautizada pero no está ordenada. Es decir, no hace parte de la jerarquía, pues no es ni cura ni monja.
De acuerdo a Vaticano II, uno de los deberes de los laicos es evangelizar la política. De hecho, así se llama uno de los libros publicado en 1998 por Laicos por Colombia, una de las organizaciones que componen el contramovimiento católico.
El concepto de “evangelizar” quiere decir comunicar el mensaje de Jesús en el mundo. En términos más concretos, consiste en hacer que las normas jurídicas concuerden con los principios católicos.
Por ejemplo, asegurarse de que el concepto de familia constitucionalmente protegida concuerde con el modelo católico según el cual la familia es únicamente posible entre un hombre y una mujer, quiénes, al ser dos seres complementarios y diferentes física, psicológicamente etc., son los únicos que pueden reproducirse.
O asegurarse de que en Colombia no exista el derecho fundamental al aborto o no que no sea posible hacer investigación sobre embriones y células madres, por ser prácticas contrarias a lo dispuesto por la jerarquía romana.
LSA: Usted dice en su artículo que la jerarquía de la Iglesia intervino muy poco en los procesos constitucionales estudiados ¿Por qué cree que fue así?
L.M.: Tiene que ver con ese respeto de la separación entre Iglesia y Estado que hace difícil que la jerarquía católica intervenga sin que sea considerado como una violación a la autonomía política. Como tiene las manos atadas, la estrategia es que sean los laicos los que, como simples ciudadanos, hagan política. En este sentido, muchas veces, los activistas católicos intervienen como ciudadanos, sin identificarse como católicos, situación que se presenta aquí y en otras partes como Francia.
LSA: En su investigación usted analizó los expedientes judiciales y las actas parlamentarias relativas al matrimonio y la adopción por parte de parejas gay ¿Cuáles fueron los católicos que se movilizaron ante la Corte Constitucional y el Congreso?
L.M.: A veces es muy difícil hacer este tipo de investigaciones porque, como te dije antes, los activistas no se identifican como católicos. Hay que hacer un trabajo de investigación que incluye, por ejemplo, mirar en los certificados de existencia y representación legal quiénes son los integrantes de las organizaciones, para así empezar a establecer conexiones entre los ciudadanos que intervienen ante la Corte y las organizaciones de laicos.
Cuando revisé el universo de gente que se opuso al matrimonio gay, concluí que hay unas organizaciones antiguas, abiertamente católicas como Laicos por Colombia que se creó después de 1991 para oponerse a la Constitución por haber eliminado la referencia de la de 1886 a que se dictaba en nombre de Dios. También está el Consejo Nacional de Laicos y la Fundación Cultura de la Vida Humana.
Hay una segunda generación de organizaciones católicas pero no abiertamente como Fundación Marido y Mujer o el Foro Nacional de La Familia que se describen como aconfesionales aunque están lideradas y conformadas por una mayoría de personas próximas al catolicismo.
Paralelamente, están las organizaciones lefebvristas o las próximas al catolicismo integrista. Dentro de ellas estuvo la Procuraduría al menos durante los períodos de Alejandro Ordóñez, así como la Asociación Colombiana de Juristas Católicos que fue creada por un antiguo procurador delegado de Ordóñez, llamado Juan Carlos Novoa.
LSA: De acuerdo a su artículo, entre 2009 y 2015, la lucha de la Iglesia Católica por imponer su modelo de familia fue llevada a cabo a través de “laicos intransigentes que evangelizan la política” y “católicos integristas que defienden el establecimiento de un estado confesional”. ¿Quiénes son?
L.M.: El catolicismo no es un bloque homogéneo. Simplificando mucho, se puede decir que, a partir de la Revolución Francesa, hay una gran división entre dos ramas : una que está de acuerdo en amoldar las creencias religiosas al mundo moderno y otra que no está dispuesta a transigir y que quiere que se mantengan las creencias sin ningún tipo de compromiso con los ideales de la modernidad.
Los laicos intransigentes, como su nombre lo indica, no quieren transigir con el mundo moderno. Se caracterizan, entonces, por ser muy apegados a las enseñanzas del Magisterio romano, sobre todo en los temas de ética sexual. Cariturizándolo de alguna forma, si el Papa dice que no hay que planificar, un católico intransigente no lo hace, mientras que uno transigente puede que sí lo haga.
Por estos motivos es que tú puedes encontrar organizaciones de laicos que luchan a favor del matrimonio gay o del aborto como pasa, por ejemplo, en Francia con la organización David et Jonathan o en Colombia con Católicas por el Derecho a Decidir.
En todo caso, yo ya no se si usar más la expresión “laicos intransigentes”, creada por el historiador y sociólogo francés Emile Poulat, porque tiene una connotación histórica ligada a la Revolución Francesa que, como ya mencioné antes, fue un golpe durísimo para los católicos porque supuso el triunfo del paradigma de la laicización que ha marcado muchísimo la vida política francesa, mucho más de lo que lo ha hecho en las sociedades colombianas o estadounidenses en donde no hay tanto problema con las manifestaciones públicas de las creencias religiosas.
Ahora, al menos en Francia, siguiendo a Philippe Portier, se está prefiriendo usar las categorías de catolicismo de identidad y de catolicismo de apertura. Los primeros son muy apegados a los mandatos de Roma y el Papa, “son muy juiciosos” mientras que los segundos son más abiertos en muchos temas y no necesariamente están en contra de que se modifiquen reglas como el celibato de los curas, la posición de las monjas en la Iglesia o la prohibición del divorcio.
LSA: ¿Quiénes son “los católicos integristas que defienden el establecimiento de un estado confesional” según su artículo?
L.M.: Son los católicos, si me permite la expresión, que son más papistas que el Papa. Son los llamados católicos lefebvristas que formaron su propia Iglesia luego de que Monseñor Lefebvre fuera excomulgado por su oposición a muchos de los acuerdos del Concilio Vaticano II. Desde el punto de vista de la liturgia(misa), quisieron seguir dictando la misa en latín y de espaldas, por ejemplo.
Y, dese el punto de vista político, no estuvieron de acuerdo con que se reconociera la separación entre el Estado y la Iglesia ni la libertad de conciencia y de religión. Por eso es que tienen un pensamiento de extrema derecha, un pensamiento antidemocrático.
LSA: ¿Por qué centra su investigación en los católicos?
L.M.: Porque yo empecé la investigación mirando todos los expedientes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio y adopción y me di cuenta de que los católicos tuvieron un papel preponderante en el marco de esas discusiones.
También intervinieron otras iglesias cristianas (pentecostales, neopentecostales etc.), pero mucho menos. En ese primer momento del debate, no hubo una participación tan fuerte de otras iglesias cristianas, situación que claramente cambió luego, con toda la discusión sobre la “ideología de género” en las cartillas de los colegios, con el plebiscito por la paz y con el referendo en contra de la adopción.
LSA: Usted dice que ellos defienden la legislación civil tradicional para que el derecho legitime una antropología religiosa ¿Cómo es eso?
L.M.: Los activistas que estudié parten de la base de que el derecho tiene un poder simbólico que impacta la forma de pensar de los ciudadanos del común.
Cuando el derecho dice, por ejemplo, que el marido tiene la patria marital sobre la esposa, está legitimando la antropología religiosa según la cual, como los hombres y las mujeres son diferentes desde el punto de vista anatómico, intelectual, afectivo etc., cada uno tiene que tener un lugar y unos roles específicos en la sociedad.
LSA: ¿Usted dice que esos laicos intransigentes y católicas integristas no lograron que triunfara la idea central del catolicismo de que el hombre no puede gobernarse a sí mismo ¿cuáles son los efectos de eso en nuestra sociedad?
L.M.: Para mi, los laicos intransigentes y los católicos integristas perdieron la batalla, al menos en el marco del matrimonio y de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Al permitir que esas parejas se puedan casar y puedan adoptar conjuntamente, el Estado está mandando el mensaje simbólico de que las nuevas relaciones conyugales y parentales encuentran su justificación en la voluntad de las personas que deciden vivir juntas o ser padres y no en una supuesta naturaleza humana que le imponga a uno determinadas formas de vivir.
Ese nuevo mensaje puede tener muchos efectos en la sociedad, comenzando por un mayor respeto hacia las familias diversas pero ojo porque un cambio en el derecho no se traduce per se en un cambio social.
LSA: ¿Los movimientos colombianos católicos están articulados internacionalmente?
L.M.: No podría afirmar que estén articulados pero el uso que hacen del lenguaje de los derechos humanos es igual en México, en Francia y en otros países y, en ese sentido, es un fenómeno internacional. En todos esos países, los activistas pueden aumentar su poder de convicción al usar un lenguaje que es hegemónico porque el modo de legitimación del poder político actual reposa en el respeto de los derechos fundamentales y humanos. Y esto con un segundo gran beneficio y es que que no tienen que cambiar sus creencias.
LSA: ¿Hasta qué punto en una sociedad que ha sido culturalmente católica como la colombiana, no sólo los activistas católicos que usted estudió son quienes hacen una apropiación religiosa del lenguaje del derecho, sino también muchos funcionarios públicos, de una manera quizá inconsciente?
L.M.: Quizá esto ayude a resolver esta pregunta. Como lo demuestran Vela Barba y Madrazo Lajous, muchos operadores jurídicos usan el método de interpretación “teleológico conceptual” que creó Santo Tomás de Aquino y que fue retomado por los teólogos y juristas de la Segunda Escolástica para sistematizar todas las reglas del derecho contractual romano.
Al hacerlo, crearon toda la doctrina moderna de los contratos, desde el de compraventa hasta el de matrimonio.
Esa doctrina moderna, que es la que le enseñan a uno en las facultades de derecho, presenta los contratos como esencias que tienen fines fijos. Desde esa perspectiva, muchos abogados que no son católicos, creen que el contrato de matrimonio sólo puede ser contraído entre un hombre y una mujer o que la compraventa implica necesariamente el intercambio de un bien por un precio, que es una cosa y no, una convención humana por lo que se pueden modificar sus elementos.
Entonces, aunque no lo quieran o lo sepan, vehiculan ideas católicas como que el contrato de matrimonio no es una creación del intelecto humano sino una institución natural, una cosa que nos es dada previamente, como un caballo o una cebra.
Foto: Marcela Becerra