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Por Natalia Arbeláez Jaramillo · 04 de Octubre de 2019

Catalina Jiménez. Foto: César Pachón

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La semana pasada las protestas de los estudiantes de la Universidad Distrital, a quienes se unieron estudiantes de La Javeriana y de otras universidades privadas, sacudieron a Bogotá y estuvieron manchadas por la respuesta violenta del Esmad y los actos vandálicos contra el edificio del Icetex.

Mientras los estudiantes convocaron otra marcha para el 10 de octubre, la vicepresidente Martha Lucía Ramírez insistió ayer en que la protesta debe ser regulada, algo que ha dicho el Ministro de Defensa desde los primeros días en su cargo.

Todo esto sucede en el marco de las elecciones regionales y de la polarización en que continúa el país.

La Silla Académica entrevistó a Catalina Jiménez, profesora de la Facultad de Gobierno, Finanzas y Relaciones Exteriores de la Universidad Externado, quien analiza qué tan fuerte está la movilización social en el país, los efectos que tiene la percepción negativa que hay de la misma y el cambio que, en todo caso, está habiendo en sus relaciones con los partidos políticos.

Jiménez es autora, entre otros, de “La movilización estudiantil colombiana: estructura de oportunidades y nuevos repertorios de acción” y del capítulo de libro “Tensión y turbulencia en el sistema. Movimientos sociales y partidos políticos en las elecciones nacionales de 2018”.

La Silla Académica: El próximo jueves los estudiantes convocaron una nueva marcha. Usted estudió la movilización estudiantil que hubo en 2011. ¿Puede llegar a darse algo similar?

Catalina Jiménez: La movilización de la semana pasada es coyuntural en la medida que responde a la indignación de los estudiantes de la Universidad Distrital por presunta corrupción en la ejecución de su presupuesto.

Esas movilizaciones esporádicas de las universidades públicas a veces tienen puntos de encuentro con las universidades privadas, como lo fue en este caso el rechazo a la respuesta violenta del Esmad al ingresar a la Javeriana e, incluso, al hospital San Ignacio, algo que se sintió como un ataque al movimiento estudiantil en sí mismo, a la identidad como estudiantes.

En el 2011, por el contrario, tuvo lugar una movilización nacional, muy bien organizada y con una agenda política clara. Esa movilización dio lugar a la creación de un mecanismo estable de negociación como la Mesa Ampliada Nacional de Educación -Mane- conformada por universidades públicas y privadas contra la reforma a la educación superior que era algo que las afectaba por igual.

LSA: Usted dice en su artículo que aunque el movimiento estudiantil de 2011 desafió la institucionalidad no logró convertirse en movimiento social ¿a qué se refiere?

C.J.: La movilización estudiantil del segundo semestre de 2011 logró reformular el movimiento estudiantil y convertirlo en un actor político, pero no se tradujo en un movimiento social porque no logró integrar a otros colectivos sociales diferentes a los estudiantes, no fue continuo sino que sólo tuvo lugar en el marco de la reforma a la ley 30 de educación superior y no buscó un cambio social profundo sino que se retirara dicho proyecto.

LSA: Usted distingue entre movilización estudiantil y movimiento social ¿En qué se diferencian?

C.J.: La movilización es un repertorio de acción que tiene un fin específico. Varias personas deciden hacer una marcha, una protesta, un besatón, un abrazatón, una sentada para alterar con ello el orden público y llamar la atención de quienes toman las decisiones que los afectan en un momento dado, para que negocien.

La movilización es coyuntural, esporádica.

El movimiento social, en cambio, es de largo plazo y puede abarcar varias agendas políticas: la estudiantil, medio ambiental, de derechos humanos, de indignación; en otras palabras, se mueve dentro de un marco de agravios más amplio, y esas distintas voces recurren a la movilización pero también a otras estrategias de acción política como hacer lobby o eventos culturales.

LSA: Usted dice que, en 2011 los estudiantes invocaron la experiencia de décadas de organización estudiantil universitaria pública y privada ¿qué tipo de experiencia y por qué fue importante?

C.J.: Un primer antecedente es la movilización estudiantil de 1971 protagonizada por las universidades públicas y algunas privadas, entre ellas la Javeriana, que en 2011, Elkín Pérez, líder estudiantil, recordó porque los estudiantes de esa época lograron que ni las iglesias, ni los gremios siguieran haciendo parte de los consejos superiores universitarios.

Un segundo antecedente es la Marcha del Silencio el 25 de agosto de 1989, convocada por estudiantes de universidades privadas tras la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Esa Marcha dio lugar al Movimiento de la Séptima Papeleta, como se llamó al voto para convocar a una Asamblea para reformar la Constitución, y a la creación del Frente Unido Estudiantil de Colombia.

Esos antecedentes son importantes porque dan cuenta del potencial de la movilización estudiantil y también ayudan a construir su identidad.

LSA: Usted destaca que la no radicalización de la movilización por parte de los estudiantes en 2011 legitimó su reivindicación ¿en las marchas de la semana pasada podría hablarse de radicalización?

C.J.: En el 2011 hubo usos de repertorios de acción novedosos como los abrazatones, besatones, el carnaval y, concretamente, con la fuerza pública, los estudiantes usaron estrategias como abrazar a los policías y regalar flores a los miembros del Esmad, algo que logró simpatías y contuvo acciones violentas.

Aunque el movimiento estudiantil no desapareció, desde el 2011 entró en un estado de latencia que sólo se ha visto interrumpido por hechos puntuales como el plebiscito o el año pasado, las marchas para pedir que el Gobierno le diera más recursos a las universidades públicas.

Por tanto, ese movimiento está hoy menos articulado y hay una debilidad de liderazgos lo que hace difícil poner de acuerdo a todos los grupos que hay en su interior, entre los que siempre ha habido anarcos y radicales, por ejemplo, sobre lo que van a hacer. A lo que se suma el ambiente de polarización que no es ajeno a los estudiantes.

Y eso confluyó con una óptica punitiva e ideologizada de la protesta que ha sido exacerbada por el Gobierno Duque, principalmente, a través de su Ministro de Defensa y que por supuesto influencia la acción de la Policía.

LSA: Usted habla del repertorio de respuesta del Esmad ¿En qué consiste?

C.J.: En el país, históricamente, a las marchas sean de derecha o de izquierda, locales o nacionales, se les ha asociado con delito y se les ha restado su potencial político.

Ahora bien, la función constitucional del Esmad es defender el orden público, el problema está en qué se entiende como una alteración del mismo y cómo se responde a ello.

Los policías reciben entrenamiento en derechos humanos pero también tienen un “repertorio de respuesta” que identifica la protestas con disturbios o motines. Si la Policía ve la protesta como un delito, va a salir a perseguir a quienes se movilizan como si fueran delincuentes, sobre esto Sebastián Lalinde, de Dejusticia, ha hecho una amplia investigación.

Si la Policía ve la protesta como un delito, va a salir a perseguir delincuentes

Catalina Jiménez

Se cree que las marchas no son organizadas pero las autoridades saben que van a ocurrir porque los organizadores tienen que avisarles y mostrarles por dónde van a pasar, si bien durante la marcha puede haber alteraciones.

Es normal que haya infiltrados de la Policía en las protestas porque hace parte de la función de los organismos de seguridad del Estado. Pero fue desproporcionado que el Esmad llegara hasta el hospital San Ignacio, por ejemplo.

Hace poco presencié también que durante la marcha del Día del Skate en Bogotá, la Policía los persiguió con los caballos y con las motos.

No tiene mucho sentido pensar que las organizaciones buscan hacer movilizaciones violentas porque conocen que el costo puede ser la vida, que en el caso de un líder social implica una pérdida grande dado el recorrido que tienen y el tiempo que toma crear vínculos de confianza con la gente.

Hemos perdido lo ganado en entender la protesta como parte del juego político

Catalina Jiménez

LSA: ¿No se ha manejado siempre así?

C.J.: Hemos perdido lo que habíamos avanzado en entender la protesta como parte del juego político, de la cotidianidad, y no una anomalía bajo el supuesto de que la única forma de participación política válida es la electoral y la que se hace a través de mecanismos como el derecho de petición.

A veces la gente considera que hay otros canales diferentes a los institucionales para ser escuchados y eso también es parte de la democracia.

Ni los gobiernos ni los ciudadanos hemos entendido que marchar es como ir a votar.

No hemos entendido que marchar es como ir a votar

Catalina Jiménez

LSA: ¿Por qué a diferencia de otros países como México y Argentina, Colombia no tiene movimientos sociales sostenidos?

C.J.: El primer referente de movimiento social que tenemos es la Revolución de los Comuneros y lo que pasó fue que después de hacer las capitulaciones, los persiguieron y los mataron a todos. Ha habido una respuesta muy fuerte de los gobiernos hacia la protesta y la gente considera que con protestar no logran ningún efecto.

Es muy diciente que la paz nunca terminó convirtiéndose en un movimiento social pese a que tuvimos un conflicto armado de más de 50 años.

Algo que está relacionado también con una lógica de esperar respuestas rápidas cuando los movimientos sociales tienen efectos, pero a largo plazo.

El cortoplacismo también es un problema de los gobiernos que no saben qué hacer con los movimientos aunque no seamos un país de grandes movimientos: ‘necesito que desbloqueen la vía y qué les puedo dar a cambio para transar’.

El Estado no sabe qué hacer con los movimientos

Catalina Jiménez

Por tanto, muchas veces no saben cómo negociar o piensan que han resuelto el problema cuando atienden una solicitud de una comunidad como llevarles el acueducto, cuando detrás sigue habiendo demandas estructurales como ampliar la participación en las decisiones.

Sin embargo, estamos en un momento de mutación interesante en que el Gobierno tiene que empezar a entender que las organizaciones no sólo son actores sociales sino también políticos, y en el que las organizaciones han empezado a tener una agenda más política.

LSA: ¿En qué sentido?

C.J.: Se están moviendo a veces en dos niveles, necesitan resolver problemas puntuales pero también quieren cambiar los valores de la sociedad. La protesta de los estudiantes de la Distrital está motivada por unos casos de corrupción pero el valor que está en juego en el trasfondo es la transparencia frente al uso de los recursos públicos, por ejemplo.

LSA: En Blu Radio Felipe Zuleta insinuó que Claudia López podría tener alguna relación con las marchas de la semana pasada dado que fue una de las que puso más tuits sobre eso. Usted ha estudiado la articulación entre la movilización estudiantil y los partidos políticos. ¿Cómo funciona?

C.J.: El Polo es el partido político que tradicionalmente ha sido más cercano a las organizaciones estudiantiles (aunque hay diferentes facciones en su interior), pero más allá de eso, a los movimientos estudiantiles les interesa que más actores políticos se unan a su causa porque pueden visibilizarla y ganar apoyos.

En 2011 muchos intelectuales, personajes de la farándula y políticos como Fajardo estuvieron del lado de los estudiantes y cuando, por ejemplo, Francisco Santos dijo que había que pasarles electricidad para desactivar las marchas todos se le vinieron encima y movieron la opinión pública en su contra, pero eso no significa que los estudiantes necesariamente van a votar por esos políticos.

Los candidatos, por su parte, muchas veces ganan en popularidad cuando apoyan las causas de los estudiantes porque en últimas se ven como cercanos a la juventud y envían un mensaje de renovación, así tampoco los estudiantes vayan a votar por ellos.

LSA: ¿Cómo ha sido la relación entre movimientos sociales, en general, y partidos políticos en el país?

C.J.: En la práctica las relaciones varían de acuerdo al momento, pero en general, son vínculos de necesidad mutua que se ha venido intensificando en los últimos años.

Es mucho más costoso un movimiento social que un partido político

Catalina Jiménez

A veces las organizaciones sociales necesitan los decisores políticos para tramitar demandas más rápido y en esos casos lo más difícil para ellas es mantener su autonomía, evitar resultar cooptados. Y, los partidos por su parte, necesitan a veces aumentar su base electoral y recurren para ello a acuerdos con las organizaciones.

De acuerdo con la teoría hay cinco tipos de relaciones: una en que los movimientos promueven el partido entre potenciales seguidores y es el partido el que controla las organizaciones.Una segunda en que son las organizaciones las que ejercen presión sobre los partidos para que se orienten hacia su causa e influyen en ellos.Una tercera, en la que movimientos y partidos hacen alianzas específicas en momentos dados, pero ambos conservan su independencia y tienen una estructura aparte.Una cuarta en que las organizaciones sociales actúan de forma independiente pero presionan a los partidos para que hagan concesiones so pena de perder los votos de quienes apoyan el movimiento y, finalmente, una en que los movimientos se convierten en partido político

A diferencia de la lógica de los partidos que necesitan votos para sobrevivir y renuevan su fuerza política cada cuatro años, los movimientos sociales dependen de un recurso humano permanente que son los activistas que vienen y van, porque no tienen los medios para retenerlos.

Un líder de una organización tiene, además, que invertir tiempo, estar en un lugar varios años, tener vínculos con la gente, y cuando se va o desaparece, el costo es muy alto porque la organización puede fragmentarse.

Es mucho más costoso un movimiento social que un partido político, en ese sentido.

LSA: ¿Cómo es la dinámica entre movimientos sociales y elecciones?

C.J.: Las elecciones son uno de los períodos de mayor incertidumbre ante lo cual los partidos políticos se mueven en busca de votantes indecisos, abstencionistas o de otros votantes de partidos que estén en el límite ideológico y en ese momento, las organizaciones sociales aprovechan también para tratar de que algunas de sus demandas se incluyan en los programas de los partidos.

LSA: Usted estudió la relación entre movilizaciones sociales y partidos políticos que se dio en las elecciones de 2018 ¿hubo un cambio a partir del proceso de paz?

C.J.: Una consecuencia interesante de la polarización es que grupos, especialmente de derecha, que tradicionalmente han estigmatizado la protesta, ahora la usan para sus propios fines. Han entendido que la movilización es una forma de hacer política.

Los grupos más tradicionales han entendido que la movilización es una forma de hacer política

Catalina Jiménez

Es el caso del Centro Democrático que ha visto en la alianza con organizaciones de víctimas de las Farc un instrumento para lograr su fin de modificar el Acuerdo y una forma de hacerle contrapeso al Partido Liberal y al Polo, concretamente, a Iván Cépeda, que han hecho un trabajo grande con las víctimas del conflicto.

El senador Uribe participó de la marcha contra el Gobierno por la forma como estaba implementando el Acuerdo y la marcha Provida, que tuvieron lugar durante elecciones.

En las elecciones presidenciales y a Congreso de 2014, en cambio, la participación de los partidos políticos en movilizaciones sociales estuvo concentrada en el Polo y en el Partido Verde.

Las motivaciones de las movilizaciones también cambiaron.

LSA: ¿De qué manera?

C.J.: En 2014 las marchas estudiantiles y campesinas estuvieron relacionadas con la oposición al modelo económico fundamentalmente: los efectos del Tratado de Libre Comercio con EE.UU, la comercialización de las semillas, la privatización de la educación.

En 2018 y 2019, por el contrario, el tema principal ha sido la defensa de los derechos humanos, vinculada al asesinato de líderes sociales y su relación con la implementación del Acuerdo.

De igual forma, hubo un aumento de líderes de organizaciones o movilizaciones sociales en las listas a Congreso en 2018 respecto a 2014. Los candidatos a Senado pasaron de 26 a 106, por ejemplo.

En muchas regiones dado que el Congreso no aprobó las circunscripciones de paz, varias organizaciones buscaron tener un lugar en las listas de los partidos.

Esa mayor participación no se tradujo, en todo caso, en curules porque la mayoría de líderes se quemaron y según nuestros cálculos sólo 13 pasaron, algo que tiene que ver con el tipo de listas que escogió cada partido y el lugar en la lista que les asignaron a los líderes.

LSA: En Buenaventura el paro cívico está mudando a movimiento político con el lanzamiento de su candidato a la alcaldía, Víctor Vidal, ¿Cree que son positivas estas transiciones?

C.J.: Creo que sí porque de llegar a ganar implica transitar de hacer oposición a ejercer el poder y va ser interesante ver cómo lo hacen, cómo negocian con los otros actores políticos que son inevitables y cómo responden a los intereses de la comunidad por los que han estado luchando. Será una muestra de lo que los líderes sociales hacen al entrar a hacer parte de la institucionalidad.

LSA: Usted dice que para los nuevos movimientos, a diferencia de los viejos, no es tan importante tomarse el poder político como movilizar la sociedad ¿lo segundo no es un medio para lograr lo primero?

C.J.: En el país hay una mezcla de nuevos y viejos movimientos sociales. La diferencia es que los segundos luchan más por lograr cambios en la participación y representación políticas y cambios puntuales que tienen que ver con su realidad, por ejemplo, los campesinos luchan por tener tierra.

Los nuevos movimientos, en cambio, quieren impactar la ciudadanía para que haya un cambio en los valores, luchan por la inclusión, la paz, la justicia.

LSA: Si el Gobierno sigue mostrando su oposición a la protesta social ¿cree que esto la va a aplacar o, por el contrario, la va a exacerbar?

C.J.: Vamos a seguir con una movilización social importante. Desde agosto de 2018 a la fecha, hemos registrado cerca de 120 movilizaciones. Lo que podría prever es que si la respuesta del Estado sigue siendo de carácter represivo el repertorio de acción de las movilizaciones sociales se va a radicalizar y se va poner más violento.

El Gobierno debe entender que las organizaciones sociales son un actor político legítimo y las movilizaciones sociales una forma válida de participación política.

Para citar:

Jiménez, C. (2013). La movilización estudiantil Colombiana: estructura de oportunidades y nuevos repertorios de acción. Revista Andina de Estudios

Jiménez, C. (2019). Tensión y tubulencia en el sistema. Movimientos sociales y partidos políticos en las elecciones nacionales en 2018 (pp. 299-349). En Elecciones presidenciales y de Congreso 2018: Nuevos acuerdos ante diferentes retos. Fundación Konrad Adenauer.

Jiménez, C. (2018). Viejas voces, nuevas voces, diferentes tonos. Los movimientos sociales en el posconflicto (pp. 89-100). En Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 2017. Universidad Externado de Colombia

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