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Por Natalia Arbeláez Jaramillo · 07 de Septiembre de 2018

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Hoy se cumple el primer mes de gobierno del Presidente Duque y, aunque, como lo contamos, ha tenido luna de miel con la Farc, no ha sido por cuenta de la reforma rural. Pese a ser el primer punto del Acuerdo y de que de ella depende la paz en el campo, el Presidente no ha hecho ningún anuncio importante en esa materia.

La Silla Académica entrevistó a Edna Bonilla y Jorge Iván González, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y autores del libro “Aproximación al Mercado de Tierras en Colombia” sobre cuál es la necesidad de que se haga esa reforma y los retos que tendrá Duque, por cuenta del apoyo de los grandes propietarios de la tierra en Colombia, para poder modificar su uso y concentración que es la peor en Latinoamérica.

Ha pasado un mes de gobierno y el presidente Duque prácticamente no ha hablado de reforma rural ¿Cuál creen que sea el mensaje?

Edna Bonilla: Que no se han abordado todavía los temas estructurales. El ministro Carrasquilla ha hablado del IVA -un impuesto totalmente regresivo-, del salario mínimo, pero éstos son sólo grandes distractores. Los grandes temas como: impuesto a la riqueza, excesivas exenciones, no se han tocado.

J.I.G.: Me impresiona que no haya hablado de los prediales que son un motor de equidad. Fincas de 2000 millones en Apulo, la Mesa, que pagan trescientos mil pesos anuales, menos del uno por mil.

L.S.A.: ¿El apoyo que tiene Duque de los terratenientes puede obstaculizar la implementación del catastro multipropósito que ustedes señalan en el libro como una herramienta fundamental para transformar el campo?

J.I.G.: Sí. Hay mucho temor. Las personas que acompañan a Duque, los poderes terratenientes, no han permitido que haya cambios. Hicimos un censo agropecuario y el país no ha mirado sus resultados. El gran atraso colombiano es el campo.

Es increíble que no haya causado indignación la concentración de la propiedad rural que era la de lo países europeos en el siglo XIX. El 71 por ciento de los productores está concentrado en pequeñas fincas de menos de 5 hectáreas que ocupan sólo el tres por ciento del área, mientras el cero punto dos por ciento tiene fincas de mil hectáreas y ocupa el 60 por ciento del área.

E.B.: No es sólo un tema de subir las tarifas sino de actualizar el catastro, es decir, la información sobre las tierras en Colombia de forma que coincida, por ejemplo, con la de la Oficina de Registro y que las fronteras entre los terrenos estén georeferenciadas, para que la base sobre la que se calcula el predial sea real.

Respecto al mundo tenemos tarifas bajas a lo que se suman, que el 37 por ciento de la información está rezagada y que hay múltiples exenciones. Según un artículo de El Espectador, las empresas petroleras tienen 229 beneficios tributarios.

Así la tarifa sea del 8 por mil si el avalúo catastral está mal, el resultado es el mismo.

L.S.A.: ¿Qué tiene que hacer Duque para que la actualización del catastro sea una realidad?

J.I.G.: El catastro multipropósito va muy lento en la Agencia Nacional de Tierras y en el Igac pese a que es la condición para la modernización del país. El Centro Democrático lo ha frenado de diversas maneras.

La mejor inversión que puede hacer el gobierno es modernizar el Igac, que ha sido un fortín político. Eso cuesta dos billones y medio de pesos y los recupera el Estado en un año. Miguel Samper desde la Agencia Nacional de Tierras dio esa pelea a finales de 2017 y la perdió.

L.S.A.: ¿De qué maneras se ha opuesto el Centro Democrático?

E.B.: Nadie discute la importancia del catastro multipropósito ni de la formalización de la tierra. Pero si hay discusión sobre los efectos del mismo. Anecdóticamente, hace dos años el Centro Democrático radicó un proyecto de ley promoviendo la actualización del catastro pero quitándole los efectos tributarios, como quien dice: ‘es bueno saber como están las tierras en el país pero no me vaya a cobrar impuestos sobre ellas’. Ese fue el proyecto que más avanzó en el trámite legislativo.

Difícilmente va a avanzar una reforma agraria con la unión entre legisladores y dueños de las tierras. Hay una fuerte resistencia en el Congreso y, en el territorio, en los concejos municipales..

Al revisar la base de datos de propietarios del Igac, en promedio un congresista tiene 8,6 predios, mientras que el promedio nacional es de 0,75. A nadie le interesa tener un POT bien hecho porque se le daña el negocio.

A nadie le interesa tener un POT bien hecho porque se le daña el negocio.

Edna Bonilla

L.S.A.: ¿Qué pasa con los pequeños propietarios cuya producción no da para pagar el predial?

J.I.G.: Efectivamente dado que el 71 por ciento de los productores tienen fincas de menos de cinco hectáreas, no alcanzan a producir dos millones trescientos mil pesos mensuales que es lo mínimo que debería producir una finca por pequeña que sea y que corresponde a la Unidad Agrícola Familiar fijada por el Gobierno en 1999.

El Gobierno debe ayudarles a que sean más productivas a través de asistencia técnica, vías terciarias, crédito, que es lo que recomienda el informe de la Misión Rural.

L.S.A.: Ustedes hablan de que desde 2016 se produjo un aumento de las importaciones porque hay una oferta reducida. Se importan anualmente 12 millones de toneladas de alimentos básicos. ¿Creen que el modelo del desarrollo agroindustrial con alianzas con campesinos que propuso Duque en campaña, va a revertir esa tendencia?

E.B.: No creo. De acuerdo con Albert Berry, un experto en el tema de la Universidad de Toronto, es más efectivo ayudarle a pequeños campesinos que generen mecanismos de asociatividad que financiar grandes extensiones de tierra.

Hay casos exitosos en Latinoamérica. En la región de Acre en Brasil se utilizó el mecanismo de Asociaciones Público Privadas Comunitarias (Appc) en el que los pequeños productores están vinculados de forma integral. El Estado invierte en infraestructura, educación y asistencia técnica. Junto con los inversionistas privados y la comunidad se han llevado a cabo diversos proyectos productivos. La fábrica de condones de látex de caucho nativo (Natex) es producto de ello, por ejemplo.

J.I.G.: La mitad del presupuestos de la Unión Europea se destina a subsidiar a los pequeños campesinos.

Y, de acuerdo con el informe de la Misión Rural que está en poder del Gobierno, el modelo de agro ingreso seguro, que consiste en dar subsidios a grandes empresarios, no es sostenible. Precisamente, porque el 71 por ciento son pequeños productores y son los generadores de alimentos.

Adicionalmente, la inflación en Colombia tiene una altísima correlación con los precios de los alimentos. En la medida que su producción sea eficiente y de alta calidad, bajan los precios.

Eso no significa que algunas fincas por el tipo de cultivos tengan que ser grandes.

L.S.A.: Ustedes mencionan que el uso del suelo para fines contrarios a su vocación agrícola es uno de los problemas grandes del sector y que no se deberían otorgar subsidios para ese tipo de usos. Eso pasa pasa por ejemplo con la ganadería extensiva y con la palmicultura ¿qué desafíos enfrenta Duque en esa materia?

E.B.: De las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 32 millones no tienen el uso adecuado. Las destinan a pastoreo cuando tienen un potencial productivo enorme y el Estado no ha encontrado mecanismos para forzar a las personas a que usen adecuadamente la tierra..

J.I.G.: A los terratenientes que tienen una vaca por hectárea, el Estado debería cobrarles un predial del 38 por mil porque es demasiado costoso para el país en términos de productividad esa subutilización de la tierra.

L.S.A.: ¿En qué casos funciona el cobro del predial?

E.B.: Bogotá tiene un buen sistema. Cobra el 8 por mil de predial y presiona para que el predio se desarrolle. Los propietarios de predios aptos para la construcción tienen dos años para construir. De lo contrario el predio se subasta. Sin embargo, muchas veces priman los poderes de facto. Si esto pasa en la capital no hay forma de impedir que conviertan bosques en pastos.

L.S.A.: Duque no se opone al modelo extractivista. Uno de los puntos de la reforma rural es la definición de la frontera agrícola ¿hay un conflicto ahí?

J.I.G.: Lo hay y el Presidente tendrá que sentar posición sobre el tema.

El principal problema de Colombia después de la Habana es el tema ambiental. El país ha perdido más de mil millones de bosque y el éxito de las economías extractivas va en detrimento del territorio que podría ser destinado a la agricultura o la conservación ambiental.

El gobierno anterior definió una frontera agrícola que contiene más de 40 millones de hectáreas. El actual deberá confirmar esa decisión y de paso reafirmar su compromiso con el campo.

Definir hasta donde llegan los páramos es una disputa política, a lo que se suma la falta de claridad sobre qué autoridad es competente para resolver los conflictos.

“Difícilmente va a avanzar una reforma agraria con la unión entre legisladores y dueños de las tierras”

Edna Bonilla

L.S.A.:¿En su libro mencionan que la institucionalidad es uno de los problemas del sector, por la gran cantidad de entidades y su poca articulación entre ellas. Duque quiere eliminar las agencias creadas a partir del Acuerdo -la ART, la ANT y la ADR- ¿están de acuerdo ?

E.B.: Estas instituciones cumplen funciones que son fundamentales para la implementación del Acuerdo. La Agencia de Renovación del Territorio –ART-, por ejemplo, ha resuelto más de 48 mil casos de restitución. 313 mil hectáreas ya están en manos de sus dueños legítimos.

No hay que desaparecer las agencias sino articularlas. Además de que se les debe dar tiempo y músculo financiero para ver si funcionan.

J.I.G.: Las personas que nombre Duque en esas Agencias también son claves. Por ejemplo, preocupa que esté sonando para la Agencia Nacional de Tierras una señora que viene de Fedepalma pues la industria palmicultora ha estado relacionada con la concentración y el mal uso de la tierra en el país.

L.S.A.: ¿Qué cambios le harían a la estructura institucional actual?

J.I.G.: Tiene razón el nuevo Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, cuando dice que esa entidad debe ser la cabeza y liderar la política rural. Yo agregaría que lo debe hacer apoyada en la Upra, que cuenta con información técnica valiosa que no se está teniendo en cuenta, por la Agencia Nacional de Tierras que debe resolver los problemas de titulación de las tierras y, por el Igac que debe adelantar la función de actualización catastral.

L.S.A.: Ustedes crearon un índice de mercado de tierras (IMT) ¿en qué consiste y podría tenerse en cuenta en el nuevo proyecto de ley de tierra?

J.I.G.: Todos los mercados tienen una instancia que los regula, con mayor razón se requiere eso en el mercado de tierras. 

El IMT no tiene equivalente en otros mercados y tiene la bondad de mezclar oferta (vocación), demanda, precios y productividad.

A medida que el valor del índice aumenta, las tierras tienen condiciones más propicias para la venta y la compra en el mercado. Es un recurso analítico que puede usarse para observar el mercado de tierras.

E.B.: La ANT lanzó un observatorio de tierras el año pasado para el cual es importante usar el IMT. La Upra ya lo está haciendo, el problema es que nadie toma decisiones con base en la información que produce esa entidad.

Lo que debe quedar en la ley es la necesidad de que las instituciones del sector se articulen para analizar de forma permanente el mercado de tierras.

L.S.A.: ¿A quiénes perjudica y a quiénes beneficia el IMT?

J.I.G.: Perjudica a los terratenientes a quienes no les interesa la formalización de la propiedad agraria, ni la transparencia en la diagnóstico del conflicto que hay entre la aptitud del suelo y su uso.

Beneficia al resto de la sociedad porque se dinamiza el mercado del suelo y se hace transparente. El precio es la variable central en el mercado de tierras, y su conocimiento permite que los agentes económicos ponderen mejor las diferentes alternativas.

L.S.A.: ¿Si se necesita una reforma rural en un país que es cada vez más urbano?

E.B.: Cerca del 85 por ciento del territorio es rural. Usted no puede entender el quince por ciento restante sin tener en cuenta esa parte.

J.I.G.: La sostenibilidad de las ciudades depende del campo. No pueden vivir sin las cuencas, sin alimentación. Se debe superar la dicotomía campo-ciudad y entender las dinámicas rurales desde la perspectiva de las ciudades, como dice Absalón Machado hay que “ruralizar la conciencia urbana”.

La persona que abre una una llave en Bogotá debe pensar en Chingaza y en Sumapaz. A ningún gobernante nacional o local le interesa descontaminar el río Bogotá que vale ocho billones de pesos, pero está contaminando medio país porque desemboca en el río Magdalena. Claramente no sólo es un problema de los bogotanos.

De igual forma, la dinámica de lluvias en el Amazonas afecta la dinámica en Bogotá, por ejemplo.

Comentarios (1)

AlvaroH

09 de Septiembre

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