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Por Jerson Ortiz · 25 de Noviembre de 2020

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El remate de año en el Congreso está marcado por el proyecto de reforma al Código Electoral, que define las reglas del juego de las votaciones, los partidos, las consultas, la inscripción de candidatos, la impugnación, las revocatorias y las campañas.

Aunque el proyecto llegó con el respaldo del Registrador Alexander Vega, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno de Iván Duque, que le puso mensaje de urgencia, y hay consenso en que es necesario modernizar el Código de 1986, no ha tenido un camino fácil porque en él se definen muchos pulsos de poder.

Hasta ahora, las bancadas gobiernistas y de oposición han tenido que ceder, lo que ha generado un proceso de negociación que se definirá cuando el debate llegue a las plenarias en una o dos semanas (al Congreso le quedan tres de sesiones), porque siguen abiertas por lo menos siete discusiones sobre temas sensibles. 

Los coordinadores ponentes, el senador neopetrista Armando Benedetti y el representante Julio César Triana (Cambio Radical), aspiran presentar sus ponencias para la semana entrante. 

Estos son los siete pulsos más fuertes:

1

Si la Cámara da el golpe al Senado y logra tumbar la Ley de Garantías

El último artículo del proyecto, que como es usual define qué normas deroga, es el que más debate ha generado porque inicialmente proponía eliminar la Ley de Garantías, que nació en 2005 para nivelar la cancha para la reelección del presidente Álvaro Uribe, y que apoyó la oposición de entonces.

La ley restringe firmar contratos directos, inaugurar obras públicas, hacer cambios de nómina o firmar convenios interadministrativos en los cuatro meses previos a unas elecciones para evitar que los Presidentes, Alcaldes y Gobernadores inclinen la balanza hacia candidatos afines o de sus partidos. 

La idea del proyecto original era eliminar esas restricciones con dos argumentos: que ya no hay reelección presidencial y que frena la contratación pública por cuatro meses en plena reactivación económica poscovid. 

Lo que pasó muestra las diferencias entre los intereses de la Cámara y el Senado. 

En la Cámara, donde muchos representantes son aliados políticos de gobernadores y alcaldes, 29 votaron por eliminar las restricciones y 8 por mantenerlas. 

Entre los primeros estuvieron, por ejemplo, el metense Alejandro Vega, cercano al gobernador Juan Guillermo Zuluaga; o Álvaro Hernán Prada del Huila, afín del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz. 

En cambio, en Senado hay una representación más nacional y ligada a la opinión, y los 22 votos de esa comisión se repartieron por igual y en bloques multicolores. 

A favor de la eliminación estuvieron los liberales Fabio Amín y Miguel Pinto; los conservadores Esperanza Andrade y Eduardo Enriquez Maya, los uribistas María Fernanda Cabal y Santiago Valencia; Germán Varón de Cambio Radical; y Armando Benedetti antes de anunciar que se iba para la Colombia Humana.  

Por mantenerla votó la oposición con Gustavo Petro, Angélica Lozano, Iván Name y Alexander López; gente de partidos tradicionales como el liberal Luis Fernando Velasco, o Temístocles Ortega y Rodrigo Lara de Cambio Radical; y la uribista Paloma Valencia. 

Ese empate puso en peligro el futuro del proyecto, porque el bloque opositor, denunció que eliminar la Ley de Garantías era una manera de afectar la oposición y de abrirle espacio al fraude. 

“El eje central de la Ley de Garantías es impedir que los recursos públicos ingresen a las campañas políticas, ni más ni menos, ese fue uno de los factores de la constituyente, que el recurso público no financie las campañas”, dijo Petro. 

“Hace un mes se aprobó el régimen de regalías que le entrega al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el manejo del 40 por ciento de las regalías. Suprimiendo la ley de garantías el Gobierno va a tener el manejo para entregar a dedo los contratos, la mermelada y condicionar la entrega de los recursos a que determinado gobernador o alcalde se alinee con el candidato del Gobierno nacional. A mi esto ya empieza generar suspicacias”, dijo Lara. 

Benedetti zanjó la discusión diciendo que había votado por eliminar la ley por confusión, pero que como la idea es que el Código salga en consenso con la oposición, como ponente va proponer que la ley se mantenga.

A quienes insisten con mantenerla se sumó ayer el Procurador, Fenando Carrilo, quien la defendió como una manera de proteger los recursos públicos.

2

Si las encuestas pueden incidir menos

El proyecto trae un capítulo de regulación de encuestas y sondeos electorales que planteaba que solo se pudieran publicar hasta ocho días antes de las elecciones para no incidir en las opiniones de indecisos o inclinar la balanza hacia determinada campaña, cuando hoy esa veda es de 48 horas.

La ponencia volvió a poner 48 horas, pero con nuevos requisitos como que las fichas técnicas tengan más datos o que el Consejo Nacional Electoral (CNE) las debe revisar antes de publicarlas, y no después. 

Eso último cambiaría totalmente el juego entre los encuestadores, los medios que contratan encuestas electorales, las campañas que las usan y en ocasiones las filtran para incidir, y los magistrados del CNE, que son elegidos como delegados de los partidos y por lo tanto tienen una clara carga política.

3

Si los jurados siguen siendo clave

Además del voto manual, el código incluía el voto anticipado, para que se pudiera votar antes del día electoral en unos puntos que reglamente la ley como en Estados Unidos, y el voto electrónico remoto, por un aplicativo o internet. 

Cualquiera de las dos pondría menos peso en los jurados que van a las mesas los días de las elecciones, pues cualquier fraude (y auditoría) se podría hacer vía hackeos.

Pero esa puerta se cerró por ahora. 

Como explica Alejandra Barrios, directora de la Moe, había poca confianza en que funcionara y pocas experiencias de voto en línea; el ejemplo de éxito fue Estonia, con condiciones muy diferentes a Colombia.

Carolina Botero, de la Fundación Karisma, también había planteado dudas alrededor de insertar estas modalidades de votación citando estudios internacionales.   

Las comisiones conjuntas aprobaron el voto electrónico mixto, cuando se usan máquinas que no pueden ser conectadas a ninguna red para hacer cualquier tipo de transmisión de resultados - pero eso es algo que está en la ley desde 2004 y se debía aplicar desde 2009 pero y que ahora quedaría para 2023.

Lo del voto anticipado sólo se mantendrá para los votantes del exterior, como venía funcionando. 

 
4

Si aumenta la representación de mujeres en el Congreso

Hoy hay 25 senadoras entre 108 curules, 31 representantes de 172. Fueron elegidas bajo la ley que obliga a que el 30 por ciento de las listas sean mujeres. 

Para aumentar la representación, el proyecto planteó subir el porcentaje al 40, y la bancada femenina encabezada por Ángela María Robledo, secundada por senadores alternativos, logró aumentarla al 50 por ciento.

Pero quedaron dos pendientes que quieren revivir en las plenarias; que los puestos sean alternados (hombre, mujer, hombre, mujer) para que no pase que en las listas cerradas las mujeres sean las últimas, y que la cuota aplique a todas las listas y no solo a la que entreguen más de cinco curules que es como se aprobó hasta ahora. 

“La decisión adoptada no es universalmente paritaria pues deja fuera las listas de 19 de los 32 departamentos (a la Cámara), ni cumple con la alternancia”, comenta Alejandra Barrios de la Moe. 

Claro, en plenarias también se puede caer el aumento de la cuota.

5

Si se facilita el camino a Roy, Benedetti o Jorge Robledo en otros partidos

Aunque no está en el articulado original, se ha discutido reglamentar la división o fusión de partidos y movimientos políticos, algo que ya está permitido pero no está reglamentado y por eso las recientes decisiones en La U y el Polo están en el aire. 

De permitirse, sería más fácil la consolidación de bloques ideológicos de cara a las próximas elecciones y también reduciría el poder de tener un partido y la disciplina interna. 

Los representantes María José Pizarro y David Racero propusieron que se permita la escisión cuando la decidan la mitad de los congresistas de un partido o una tercera parte de su comité directivo, y que el nuevo movimiento pueda tener personería jurídica y financiación estatal, que es lo clave.

Una proposición similar radicó el senador Roy Barreras, que fue expulsado de La U, aunque en su caso apunta más a la fusión cuando los que quieran reagruparse representen más del 3 por ciento de los votos válidos para el Senado. Él sacó el 0.7 por ciento de los votos de La U en 2018.

Ambas propuestas se hundieron en primer debate, pero pueden revivir en plenarias por las salidas de Barreras y Benedetti, o la búsqueda de un bloque socialdemócrata entre algunos liberales, gente de La U y Cambio Radical.

 
6

Si el Registrador y el Presidente tienen campo para más burocracia

El proyecto trae facultades extraordinarias para que el Presidente reforme la planta de personal de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, incluso creando cargos.  

La oposición ha puesto el grito en el cielo porque creen que eso violaría la autonomía de la rama electoral, y porque, dicen, puede repartir esos cargos entre políticos de la coalición de Duque, en la que hay muchos amigos del registrador Vega. 

Por eso, en las comisiones incluyeron que la modificación del personal solo se puede hacer tras un estudio que dé cuenta de las necesidades en las dos entidades, y que se debe garantizar los derechos laborales de los empleados. 

El Código también permite que el Registrador, bajo su criterio, disponga del nombramiento y remoción no solo de 32 nuevos registradores departamentales delegados, sino también de los seccionales departamentales y los registradores municipales y distritales, que suman más de mil cargos. 

Por su parte, la oposición anunció una propuesta para que los nuevos cargos se llenen por concurso de méritos.

7

Si se reduce el negocio electoral

Uno de los puntos de convergencia entre las bancadas es el intento de hacer más transparentes y auditables el conteo de los votos, y en eso Petro logró meter un pedido de años atrás, que golpea el negocio privado alrededor de las elecciones: que el software sea de la Registraduría y no de un particular que lo alquile para las elecciones. 

En el código se establece que ese software podrá ser auditado por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y demás organizaciones debidamente acreditadas.

Además del acceso público a los datos, también han ido tomando vuelo otras propuestas para fortalecer la veeduría en el escrutinio. 

La senadora Paloma Valencia planteó que sea obligatorio filmar todo el proceso de conteo, en lo posible con transmisiones en vivo por parte de la Registraduría. O que los testigos electorales puedan grabar y tomar fotos.

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