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Por Natalia Arbeláez Jaramillo · 13 de Agosto de 2018

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Entre la segunda vuelta presidencial, el 17 de junio, y el 27 de julio, han asesinado 19 personas que ejercían algún tipo de liderazgo. Doce de ellos eran líderes de juntas de acción comunal, el tipo de líderes que son las principales víctimas del fenómeno que se ha llamado “asesinato de líderes sociales”.

Por ahora no hay datos para saber si en todos los casos esos homicidios fueron por ser líderes comunales. Pero su asesinato es un golpe mortal a la implementación del Acuerdo de Paz.

La llave para aterrizar en los territorios

Los comunales son el eslabón de base de la organización en barrios y veredas, y por eso son fundamentales para que el Estado pueda desarrollar sus políticas - y para que los grupos legales o ilegales controlen esos territorios, incluyendo los de la implementación del Acuerdo de La Habana. 

Sin importar su filiación política - sólo 6 de los 19 asesinados que revisamos tenían relación con un partido o movimiento político (un concejal verde, un líder comunal que militó en el Centro Democrático y luego en el Polo, dos personas vinculadas con la Colombia Humana -una antes hizo campaña por La U-, dos más con Marcha Patriótica y una con el Partido Conservador)-, los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) ayudan a que en su barrio, vereda o corregimiento mejore la calidad de vida.

Gestionan obras como la construcción de una vía, un puesto de salud o un polideportivo; hacen veeduría a la ejecución de la plata por los alcaldes y gobernadores; denuncian corrupción o delincuencia; y en ocasiones se oponen a proyectos económicos que consideran que afectan la comunidad.

El Ministerio de Interior calcula, a partir de la cantidad de gente que participó en las elecciones a las JAC de 2016, que suman más de siete millones de afiliados en unas 64 mil juntas.

De acuerdo con la Mapp OEA los únicos sitios donde no hay una JAC son San Ángel, Magdalena, donde las Autodefensas Unidas de Colombia las arrasaron, y en los territorios indígenas, por su autonomía organizativa.

Primer nivel:Juntas de Acción Comunal (JAC): La integran voluntariamente los residentes de un barrio, corregimiento, vereda, que unen esfuerzos y plata para gestionar todo tipo de necesidades dentro de ese territorio. Segundo nivel: Asociación de Juntas de Acción Comunal (JAC) agrupan las juntas de acción comunal dentro de un municipio. Tienen interlocución con el alcalde. Tercer nivel: Federaciones de Acción Comunal: agrupan las asociaciones de juntas de acción comunal. Tienen interlocución con los gobernadores. Cuarto nivel: Confederación Nacional de Acción Comunal: agrupan las federaciones de acción comunal. Tiene interacción con entidades del nivel nacional como presidencia, el Mininterior, el Consejo Nacional de Paz, entre otros.

“Es la principal forma de organización ciudadana y la única en los lugares más apartados y de conflicto” señala un integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Nacional Comunal.

Por eso, son un aliado necesario para que el Estado pueda implementar el Acuerdo de La Habana en los territorios, especialmente, la sustitución de cultivos (en el programa conocido como Pnis) y el desarrollo desde una mirada local (con los llamados Pdet).  

Por ejemplo, como lo ha contado La Silla Sur, son los presidentes de junta los que le arman a la Oficina de Drogas que dirigía Eduardo Díaz durante el gobierno Santos, quienes eran familias cultivadoras en cada vereda y esa lista la Oficina la verificaba para evitar colados. Son esos presidentes los que además van reportando quién ha arrancado y quién no la hoja de coca y los que convocan las reuniones a las que el Gobierno va a explicar los avances del Programa de Sustitución. 

Por eso, los acuerdos colectivos para la sustitución de cultivos ilícitos se han logrado gracias a la promoción que han hecho las JAC e incluso ha habido tensiones entre líderes comunales y otro tipo de organizaciónes, como ocurrió en la Macarena entre Asojuntas y Ascal-G.

 

En todo ese proceso, los líderes de las JAC ofician de intermediarios entre el Estado y los campesinos de base, que no le creen o no entienden a los funcionarios pero sí a sus líderes. Son ellos los que, por ejemplo, ayudan a definir qué necesita una vereda con los demás miembros de la junta para que eso quede incluido en los diagnósticos que hace la Agencia de Renovación del Territorio, ANT, que es la que aterriza los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, y los que hacen rendición de cuentas para ver en qué va lo que pidieron. 

Sin embargo, la demora en que el Estado llegue a estos territorios ha puesto a los líderes en una situación difícil, porque muchas veces los campesinos les reclaman por la lentitud que ha tenido la implementación del Acuerdo en asuntos que los afectan.

“Hay comunidades donde se ha dañado todo el cacao, todas las piñas, la caña de azúcar por falta de carreteras, de transporte, de distritos de riego, de centros de acopio. Cuando hay cosecha no hay quien les compre”: señala un líder de la Confederación Nacional.

Además, el riesgo de violencia ha crecido en las zonas en las que salieron las Farc y las reemplazaron diversos organizaciones criminales que se disputan el territorio.

De hecho, en octubre del año pasado La Silla Sur contó que en Cartagena del Chairá, Caquetá, un presidente de JAC estaba amenazado por una disidencia de las Farc que quería obligarlo a seguir cultuvando coca.

En el Bajo Cauca, como contó La Silla Paisa, los llamados Caparrapos extorsionan a las familias que sustituyen cultivos ilícitos, cobrándoles parte de las ayudas del Estado. Y la forma de hacerlo es amenazar a los presidentes de las JAC para que les entreguen la lista de las familias que están recibiendo esa ayuda, lo que muestra tanto la posición clave de esos líderes como su fragilidad.

En eso juega, como contó La Silla Caribe, que al primero que suele buscar un jefe de banda cuando llega a una vereda es al presidente de Junta de Acción Comunal para que le coordine desde la estadía hasta las reuniones con la comunidad.

Eso ayuda a entender el pico reciente de sus asesinatos. Pero su posición es tan fundamental para trabajar en un territorio, que la agresión no es una novedad.

Una historia de liderazgo y muerte

El asesinato selectivo de líderes comunales fue una constante durante el conflicto armado, como lo señala el Centro de Memoria Histórica y es por eso que hoy son reconocidos como una víctima colectiva del conflicto.

Los datos de la Fiscalía, con cifras que ha recogido la Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas, es que desde 2016 han asesinado 65 líderes comunales, una cifra más alta que la de cualquier otro tipo de líderes.

Lo que parece estar haciendo más visible el fenómeno es que diferentes organizaciones están denunciando el asesinato de forma sistemática, según lo afirma un funcionario de la Fundación Ideas para la Paz que monitorea el tema.

De acuerdo con un líder de la organización comunal durante el conflicto armado los líderes comunales eran señalados por las Farc y por los paramilitares de auxiliar al otro bando, y por el Estado de auxiliar a aquellos, por lo que fueron judicializados en muchos casos.

Pero, como participan en asuntos muy diversos, potencialmente tienen muchos enemigos, desde el político corrupto local hasta la banda de microtráfico, pasando por mineros ilegales. 

“Los victimarios son en mayor parte sicarios al servicio de las bandas de microtraficantes, de las empresas dedicadas a la minería ilegal” dice un líder comunal.

“La Fiscalía tiene que investigar y decir el por qué. Fue por faldas, por guerrilleros, por andar con los elenos, por votar por Petro (entonces guerrilleros), por votar por Duque (entonces paracos). Esas calumnias son lo que nos está perjudicando”: señala una lidereza de la Organización Comunal. “¿Por faldas? puede ser. Pero principalmente por minería, tierra, agua, narcotráfico, microtráfico (esta es la amenaza más grande) ¿Quién puede contra esas bandas?”

Y ese panorama complejo se enreda más por las relaciones que inevitablemente terminan teniendo con los actores armados.

Tal es el caso que reportó La Silla Sur con el asesinato de Erley Monroy, un líder que acababa de dejar el cargo de fiscal en la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, cuando fue asesinado. Esa organización compartió por años territorio con la columna móvil Felipe Rincón (antes Frente 40), que era parte del Bloque Oriental de las Farc y entre ambos se fue dando una relación que, como nos dijo una fuente que se conoce por dentro la organización "era de convivencia, pero también de coordinación.” Concretamente, las Farc eran la tercera instancia de las peleas que Ascal-G no lograba dirimir entre sus miembros. 

Una fuente de una organización internacional que ha seguido en terreno la situación de los comunales nos decía que el instinto de supervivencia explica que acepten las reglas que imponen los actores armados y también que subsistan a través de los cultivos ilícitos, por ejemplo.

Eso, que también hace difícil saber el móvil y el responsable de cada asesinato, se agrava porque muchos ocurren en lugares donde convergen varios conflictos.

Esas dinámicas territoriales explican la complejidad de los perfiles de los líderes comunales asesinados, que en algunos casos son señalados de tener vínculos con organizaciones criminales o dedicarse a la siembra de coca, por ejemplo.

Un ejemplo es el de Antonio Vargas, asesinado en febrero y quien era tesorero de una JAC en Uré, sur de Córdoba. Como contó La Silla Caribe, cuatro versiones dicen que cuando lo mataron “estaba en su casa, picando hoja de coca de su cultivo para venderla al Clan, cuando le dispararon. Y también estaba acogido al programa de sustitución, de acuerdo a la Defensoría”. 

Otro es el de Luis David Rincón, 'Tori', presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander. Como contó La Silla Santandereana en febrero, cuatro habitantes de la vereda habían denunciado ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que se sentían intimidados por él.

Los denunciantes no hacían parte de la asociación que creó la JAC con Ascamcat y la Coccam (afín a la Farc) para sustituir la coca, y tres fundaron Caño Indio Productivo, organización que le hace competencia a la junta para la sustitución. 

Dos de ellos le contaron a La Silla que ‘Tori’ los ha acusado de trabajar con el ELN y el EPL debido a que se apartaron de las directrices de la junta, que a su vez está alineada con las directrices de Ascamcat. 

En la diversidad de posibles asesinos, la causa política es la que ven como menos probable entre los comunales. Esto lo dicen los comunales, el Ministerio del Interior, la Mapp OEA, la Fiscalía.

Un líder comunal dice que cuando se le atribuye a las muertes una causa política cobran más relevancia pero se desvía la atención de que todo tiene su origen en su liderazgo en el territorio. “La Organización Comunal es pluralista por naturaleza, en las pasadas elecciones hubo una cantidad que votó por Duque, otra por Petro, otra en blanco”.

Una particularidad, que se puede explicar porque su muerte resuena poco por fuera de sus territorios y a veces no están ni en el radar de las organizaciones comunales de nivel superior, es que en un 80 por ciento de los casos los mataron sin haberlos amenazado.

Así lo afirma la Mapp OEA a partir de la información recolectada de los líderes comunales y lo ratifica la Misión de Observación Electoral: “A los líderes políticos los amenazan, a sociales los amenazan y los asesinan, mientras que a los comunales los matan”.

“En los espacios que dejó la Farc no vienen a decirle a usted no sea sapo como antes sino con plomo” dice una lidereza de la Organización Comunal.

Esa forma de asesinarlos hace más difícil que el Estado los proteja, porque el acceso a la protección de la UNP usualmente se da a través de denuncias de amenazas. De hecho, una alta funcionaria del Ministerio del Interior señala que según la UNP desde el 2016 sólo han asesinado a seis personas que tenían esquema de seguridad. Los demás no tenían esquema.

Esto confirma la necesidad del tratamiento diferencial que los comunales llevan pidiendo.

El impacto colectivo es igual

De manera obvia, los asesinatos de los líderes tienen un impacto fuerte entre la gente que reside a su alrededor en lo local. 

Pero eso es aún más grave porque, según el Centro Nacional de Consultoría, los líderes tardan entre uno y cuatro años en ser reemplazados por el capital social acumulado que tienen. Por eso, el golpe de los asesinatos actuales puede dañar todo el aterrizaje.

Eso porque el liderazgo se basa en la confianza que les tiene la comunidad y su capacidad de representar intereses ante el Estado, lo que se construye con el tiempo.

Más allá del debate de si los asesinatos se deben a la tendencia política de los líderes, a los "líos de faldas" que señaló el ex ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, a otros motivos o a una variedad de hechos, el daño al aterrizaje del acuerdo de paz es real.

En la siguiente base de datos puede mirar todos los casos de líderes que revisamos en las regiones:

Comentarios (1)

Sara Ghitis

14 de Agosto

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Eso fué lo que dejó el chisgarabiz del santos.. pero cuando esa cosa estaba ...+ ver más

Eso fué lo que dejó el chisgarabiz del santos.. pero cuando esa cosa estaba mandando ustedes tenian la mermelada que les habia enmermelado el cerebro y ahora ya se estan preparando para echarle el agua sucia a Duque... Si no los conociera.. los compraba.

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