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Por Nohora Celedón | Julián Huertas · 28 de Mayo de 2019

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Hoy la plenaria del Senado continuará la discusión del último debate en el Senado del proyecto de la Ley TIC del presidente Iván Duque. Un proyecto que a finales del año pasado parecía muerto pero que hoy tiene altas posibilidades de resucitar, lo que le daría un respiro a Duque después de haber perdido varias batallas sonadas en el Congreso y haberle metido la ficha a esta iniciativa.

Como contamos, el proyecto  propone crear un solo regulador, “convergente”, que controle a los operadores de telecomunicaciones y los canales de televisión (hoy son dos entidades aparte) y, sobre todo, busca mejorar los vacíos que todavía tiene la cobertura de telefonía e internet promoviendo la inversión privada, en línea con la visión de Duque de lograr crecimiento económico y equidad a partir de logros empresariales.

 

La propuesta ha tenido críticas porque concentra mucho poder en el ejecutivo, lo que crea un riesgo a la libertad de expresión, porque le apuesta a inversiones privadas y no al Estado para conectar a internet los 20 millones de colombianos que están desconectados, y porque parece hecho en favor de los actores privados del sector.

El Gobierno se ha concentrado en otras críticas, las más sectoriales. Por eso ha socializado el proyecto en el Congreso y con el sector privado, y lo ha modificado para acomodarlo a las críticas de ellos.

Esa estrategia, similar a la que usó para pasar la reforma tributaria y el Plan de Desarrollo avalando proposiciones de congresistas y acomodando puntos concretos a sus visiones o intereses, es la que para 10 congresistas de los partidos de gobierno e independientes explica que haya ambiente para que pase.

Para que eso ocurra, hoy la plenaria debería votar 40 impedimentos, recibir un informe sobre las 70 proposiciones de una subcomisión de senadores (el ponente, Antonio Zabaraín de Cambio Radical, nos dijo que no está listo), aprobar el informe y votar el proyecto como tal.

Por eso, puede que se tarde otro día, antes de que el proyecto llegue al debate final en la Cámara. Pero el Gobierno parece haber demostrado que si no le sirvió el afán que tuvo en diciembre, cuando trató de sacarlo con mensaje de urgencia y en sesiones extras, ha logrado que el tiempo corra a su favor.

 

La estrategia de sumar apoyos uno a uno

El proyecto original tenía el aplauso de operadores privados de telecomunicaciones, como Claro, Tigo-Une, Movistar y Directv, y los canales privados Caracol y RCN, pero no gustaba al Canal Uno ni a los canales regionales.

Para el Uno, lo ponía en desventaja frente a los privados, a quienes aumentaría las concesiones por 10 años más sin tener que pagar por los 130.000 millones de pesos que costaba la renovación, sin que el Uno tuviera ese beneficio.

Además, criticó que el proyecto no regulaba a las plataformas OTT (por la sigla en inglés Over The Top) como Netflix, HBOGo y Amazon Prime, que compiten con los canales sin pagar contraprestaciones al Estado, como ellos.

Yamid Amat, director de noticias y uno de los dueños de Canal Uno, fue uno de los primeros en poner el tema en la agenda noticiosa.

Sin embargo, una vez el Ministerio incluyó en el proyecto un artículo para que el Uno extienda su licencia igual que los privados y se ahorre unos 107.000 millones de pesos por la renovación, cesó sus críticas y no volvió a hablar sobre las OTT. Al aire, admitió que los directivos del canal hablaron con la Ministra y que “ella fue muy receptiva y se logró un entendimiento”.

Algo similar ocurrió con los canales públicos.

Como nos explicó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón (que para este proyecto es ministro de Interior ad hoc, pues Nancy Patricia Gutiérrez está impedida porque viene del gremio de operadores de celulares), apoyan el proyecto gracias a dos cambios en él.

Uno asegura que el presupuesto para la televisión pública no se reducirá y otro incluye a un representante de ellos en el nuevo regulador.

“Conversar con los canales regionales y con los senadores de las regiones nos permitió consolidar un apoyo que no veíamos antes”, nos dijo Malagón, que nos dijo que hay un prudente optimismo frente a que la ley pase en el Senado, justamente porque se han sentado a escuchar estas y otras preocupaciones.


Además de los gremios del sector que han apoyado el proyecto desde el día uno, como Asomóvil (de Tigo Une, Movistar y Claro) y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT (con empresas como Avantel, Cisco o Huawei), la semana pasada la Andi y el Consejo Gremial Nacional se sumaron con comunicados públicos.

Una persona cercana al Consejo nos dijo que la Ministra les pidió que lo apoyaran públicamente, aunque aclaró que lo hicieron no por eso sino porque consideran que es bueno para el país, a pesar de algunas críticas puntuales que creen que pueden resolverse en el Congreso.

Además de esos apoyos, el Gobierno le apostó a resucitar la Ley TIC con columnas de opinión como la del gerente de RTVC, Juan Ramón Samper, campañas en redes sociales y 16 reuniones de socialización en igual número de ciudades, para que votar por ella no fuera un lastre para los congresistas tras la mala prensa del año pasado.

Y eso parece haberle dado réditos en las bancadas que definen las mayorías en el Congreso.

Rojos, Cambio y parte de La U con el sartén por el mango, como siempre

De liberales, Cambio y La U depende el futuro del proyecto, y los dos primeros tomarán una decisión al respecto, posiblemente hoy (La U está en libertad para que cada quien vote a su parecer).

Cuatro congresistas de Cambio coinciden en que hay ambiente para apoyarla, después de la reunión de hace una semana de la ministra de TIC, Sylvia Constaín, con parte de la bancada de Senado. Según un senador que estuvo, se tocó la columna del exvicepresidente Germán Vargas contra el proyecto y la ministra contestó que eran puntos que se pueden resolver.

Según ese congresista le dijeron a la Ministra que tomarían una decisión de bancada que dependía de que los puntos de Vargas se resuelvan en la plenaria.

Hoy al mediodía se reunirá esa bancada para tomar esa decisión. Aunque los congresistas tienden a aprobarla, según dos de ellos la definición es de Vargas. “Si sigue en la posición de su columna, no vamos a voltearnos en su contra”, explicó uno de ellos.

Aunque el partido no está siguiendo al pie de la letra todas las directrices de Vargas, podría repetir la muestra de poder como cuando logró que la mayoría votara a favor de oponerse a las objeciones presidenciales a la JEP.

Según uno de los congresistas, hay tensión porque le abrieron una investigación interna a la senadora charista Ana María Castañeda por haberse ido en el momento de votar las objeciones a la JEP, una muestra de que la votación del mediodía es en serio.

Por el lado de los liberales, los senadores se reunirán también al mediodía, sin el expresidente César Gaviria, con la ministra Constaín y el ministro de Vivienda Jonathan Malagón.

Según cuatro de ellos, el ambiente también es favorable pero esperan tomar una decisión después de esa reunión, y siguen pendientes del concepto de Gaviria que, según dos de los congresistas, sería a favor del proyecto.

De hecho, supimos por una fuente cercana al expresidente que él mismo está en la tarea de hablar con empresas del sector, en una estrategia paralela a la del Gobierno.

Pero ni los ha logrado convencer, y aunque no están tan sólidos como el año pasado, siguen haciendo ruido en el Congreso en las redes y tienen el apoyo de organismos internacionales como la Unesco y la CIDH.

 

Una oposición desinflada pero visible

A finales del año pasado, las denuncias de Amat más el escándalo por la cancelación por Rtvc del programa de Los Puros Criollos, pusieron al proyecto en el centro de la agenda.

Ante una fuerte oposición liderada por el senador verde Antanas Mockus, y con la reforma tributaria en discusión, Constain logró aplazar el debate para evitar que se hundiera, con el compromiso de discutir a profundidad la iniciativa.

Este año la agenda del Congreso se concentró en el Plan de Desarrollo y las objeciones a la JEP; el proyecto desapareció del orden del día de Cámara y en la de Senado aparecía en los puestos 12 o 15.

Mientras tanto, la ministra Constaín estaba constantemente en el Congreso, donde trabajó con una subcomisión de la Cámara que revisó 400 proposiciones al proyecto, y promovió cambios con los que buscaba atender críticas de la oposición.

Por ejemplo, el regulador convergente quedó dividido en una subcomisión técnica y otra de contenidos, en la que solo uno de los tres comisionados vendrá del Gobierno, elegido por concurso en Función Pública; o incluir los servicios comunitarios entre los principios de la ley.

Estos cambios quedaron en el proyecto que votará la Cámara más adelante y en principio entrarán en el que debata hoy el Senado, aunque el texto de sus artículos no se conoce.

Justamente ésa es una de las principales críticas que subsiste en opositores visibles de la ley como Santiago Rivas, la consultora Débora Pérez (para quien las muchas reuniones de la Ministra han sido para socializar, no para escuchar las críticas) y organizaciones como la Fundación Karisma, cuya directora Carolina Botero ha escrito varias entradas en La Silla Llena.

Ellos insisten en que es mejor que se hunda el proyecto, como han mostrado en twiteratones con #ChaoTIC o #MacheTIC pidiéndoles a los congresistas tumbar la ley.

“(El Gobierno) ha puesto aspectos en abstracto que no implican cumplimientos, como que se respetarán los contenidos nacionales sin decir nada de porcentajes”, nos dijo Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes y columnista, otro de los opositores más visibles de la Ley. “No acepta corregir temas de fondo y nadie conoce qué cambió”.

Algo parecido dice una carta abierta a los congresistas que enviaron la semana pasada 34 organizaciones, entre productoras, ONG y asociaciones de libretistas y artistas. Agregan que no es claro cómo se va a mantener la plata para la televisión pública si bajarán las contribuciones de las empresas y no hay regulación para las OTT.

Los críticos también han recordado que la ministra viene de trabajar con Facebook, CCIT y Apple, lo que llevó al senador del Polo, Jorge Robledo, a recusarla sin efecto.

A pesar de ese esfuerzo, las críticas parecen tener poco impacto en el Congreso pues incluso los verdes, que están en la oposición, están pendientes de definir hoy su voto en una reunión. Aunque la senadora Angélica Lozano nos dijo que votarían negativo. 

Incluso si deciden ir en contra, las reuniones clave son las de Cambio y los liberales.

Si van con Duque, el presidente se podrá anotar un triunfo en el legislativo, en uno de los proyectos mejor alineados con su visión económica y en lo que sería otra muestra de que sí le sirve hacer pactos, pero más con cambios puntuales a proyectos que vayan sumando apoyos sectoriales, que con grandes acuerdos sobre puntos fundamentales.

Luego habrá que ver si con eso logra dar el salto en conectividad o si el proyecto alivia las cargas de los privados, como acepta el Gobierno, sin asegurar su objetivo final, como argumentan que pasará sus críticos.

 
 

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