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Por Ana León | Juanita León | Isabella Mejía Michelsen · 22 de Febrero de 2021

Roberto Prieto y Esteban Moreno.

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La Fiscalía de Barbosa sacó un comunicado presentando sus primeros avances en relación con las investigaciones por corrupción de la multinacional Odebrecht en el país. Lo que anunció no avanza en el esclarecimiento del caso, pero sí revela una estrategia judicial para presionar a los involucrados a que cuenten lo que saben. Si le funciona, fuera de que el país por fin podría saber lo que ocurrió en la campaña de Santos en 2014, los resultados de la investigación se sentirán en la campaña del 2022.

En marzo del año pasado, Barbosa decidió que las investigaciones relacionadas con Odebrecht pasaran a cargo de un grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que tienen mayor perfil como investigadores. Este grupo es liderado por Gabriel Jaimes (el mismo fiscal que lleva el caso de Uribe). 

Según el comunicado, el Grupo de Tareas Especiales definió seis líneas de investigación y ha avanzado en tres de ellas: Interconector Tunjuelo Canoas, Ruta del Sol III y otros delitos de Odebrecht en Colombia.  

El anuncio ocupó las primeras planas de los medios hoy, aunque no revela un avance en las investigaciones. Pues, siete años después de que sucedieron los hechos, 7 de los 12 imputados ya estaban encausados. Y cuatro de los cinco restantes, terminan involucrados de coletazo por su relación con Prieto y Sanmiguel: la cuñada del primero, la esposa del segundo y dos de sus domiciliarios. Es decir, no son nombres relevantes para entender el entramado de Odebrecht.

Sin embargo, la estrategia de presión, que nos confirmó una fuente de la Fiscalía que lo sabe de primera mano, está encaminada a que los implicados se decidan a colaborar con la justicia y cuenten lo que saben. Una estrategia que puede tener grandes implicaciones políticas.

El foco en Roberto Prieto

A Roberto Prieto la Fiscalía lo imputará por lavado de activos. 

Se trata de un delito adicional por un caso en el que ya fue condenado, algo inusual. 

Hace dos años, Prieto, aprovechando su cercanía con el entonces presidente Juan Manuel Santos, fue condenado por hacer lobby ante la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para beneficiar al Consorcio Yuma con una adición a la Ruta del Sol III, sin que tuviera que licitar. En contraprestación, la concesionaria subcontrató a Constructores Unidos SA, empresa de Eduardo Zambrano que le pagó a Prieto 650 millones de pesos por la “gestión”. 

Por ese y otros cuatro hechos, Prieto fue hallado culpable por los delitos de falsedad en documento privado, tráfico de influencias en particulares e interés indebido en la celebración de contratos. Aceptó cargos, devolvió casi 900 millones de pesos y está pagando una condena de cinco años y medio. 

Ahora, la Fiscalía dice que en esa condena “no se tuvieron en cuenta otros delitos” en los que Prieto habría incurrido para conseguir ese contrato y por eso, anuncia que le imputará el delito de lavado de activos. Tiene una pena de 10 hasta 30 años. 

La defensa de Prieto, Marlon Díaz, ya dijo que abrirle un proceso nuevo por algo por lo que ya fue condenado está mal hecho. Algo que corrobora el abogado penalista Francisco Bernate: “es muy extraño y es improcedente. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. (Prieto) tendrá que defenderse, pero difícilmente un juez de la República va a juzgar algo que ya fue juzgado”. 

El juez tendrá que evaluar si en realidad se trata del mismo hecho o si hay hechos nuevos, cosa que la Fiscalía no explica en su comunicado.

El abogado de Prieto también dice que la imputación se presenta como un logro en el caso Odebrecht cuando no tiene relación directa con la corrupta brasilera.  Eso es cierto. El delito que le van a imputar no tiene que ver con Odebrecht, a pesar de que tanto la Fiscalía como RCN, que tuvo la filtración horas antes de hacerse oficial, y la revista Semana, que puso en portada a Prieto y de fondo el logo de Odebrecht, lo presentaron así. 

Lo que ocurre es que el lobbista confeso de Odebrecht, Otto Bula, le dijo a la Fiscalía en 2017 que Prieto, como gerente de la campaña santista de 2014, había sido el destinatario de un millón de dólares de la empresa brasileña para financiar la campaña de Santos. 

Según una fuente de la Fiscalía que conoció el caso de Bula, esa acusación nunca se investigó. Y lo que la Fiscalía está buscando, según confirmó La Silla Vacía con una fuente de adentro, es que, ante el temor de tener que pagar muchos años más de cárcel por un nuevo delito, termine revelando información valiosa en el caso. 

En relación a eso, Noticias RCN dijo anoche que la Fiscalía está dispuesta a concederle “inmunidad total” si Prieto delata a personas de mayor nivel jerárquico que él. En otras palabras, al expresidente Santos.

Lo mismo dijo Semana: “la Fiscalía ha dejado claro que no firmará ningún preacuerdo si él no entrega a cambio información relevante para esclarecer cómo operó la corrupción de Odebrecht”. 

En redes, desde el lado del uribismo están invitando a Prieto a que culpe a su exjefe. Cuando se programe la audiencia, se sabrá si lo convencieron o no.

En el mismo paquete de Prieto, está el anuncio de que la Fiscalía imputará a Andrés Sanmiguel, David Portilla y Esteban Moreno también por el delito de lavado de activos.  Esta imputación ha pasado más de agache mediático, y no es casualidad, pues tiene el potencial de golpear al corazón del establecimiento político y empresarial.

La imputación más cantada

Como contamos en esta historia, la investigación contra Andrés Sanmiguel, David Portilla y Esteban Moreno es clave porque ellos tres están involucrados con un contrato ficticio de Odebrecht con la empresa Gistic Soluciones, por 4 mil millones de pesos. 

En declaración a la Fiscalía, Sanmiguel dijo que le prestó esa firma a su exsocio, David Portilla, para un contrato con Odebrecht, que nunca se ejecutó pero del que sí le consignaron la plata. También dijo que, en plena época electoral, Esteban Moreno, amigo de Portilla, fue a recogerla, y le dijo que era para la reelección de Juan Manuel Santos. 

Sanmiguel dio esa declaración en noviembre de 2018 y en abril de 2019, la Fiscalía anunció que les imputaría a los tres falsedad documental y enriquecimiento ilícito. 

La imputación se aplazó dos veces, y en diciembre de ese año se filtró una grabación en la que Esteban Moreno le dice a Sanmiguel que le había mandado razón a los expresidentes Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe Vélez: “si a mí me tocan una muela se incendia el país” y “contra mí no hay ni una investigación. Yo puedo ir y orinarme en la entrada de la Fiscalía”. 

También le dijo que si se conocía la verdad “tumba al presidente (Santos), tumba al fiscal (Néstor Humberto Martínez), se cae la candidatura de Vargas (Germán), el establecimiento del país”.

Moreno, como contó La Silla en esta historia, podría salpicar a Simón Gaviria porque él fue quien puso a Moreno como gerente de la campaña liberal al Congreso en 2014 y también jugó un rol protagónico en la campaña de reelección. Además, en los chats y grabaciones filtradas, Moreno dice que ante la Fiscalía, por él “abogan los Gaviria”. 

Durante el período del fiscal Martínez (que durante esa campaña de Santos fue uno de los encargados de conseguir la financiación de grandes empresarios) no se realizó la audiencia, y durante la era Barbosa se aplazó una vez más.

Por eso, el interrogante ahora es si el nuevo anuncio de Barbosa se concretará finalmente en una imputación que destrabe esa línea de investigación.

La duda existe porque a diferencia del anuncio de imputación al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, que tiene la audiencia el próximo 3 de marzo, en este caso la Fiscalía no anuncia fecha. 

También porque, en contraste con el anuncio de Prieto, sobre el presunto lavado de activos en el caso de Moreno, Sanmiguel y Portilla, la Fiscalía no dio detalles. 

Pero aún sin fecha, la Fiscalía les mete presión agregando el delito de lavado de activos. Una fuente del búnker, que conoce el caso, nos dijo que a Esteban Moreno ya le habían ofrecido un acuerdo para que contara la verdad y lo rechazó. Pero en su caso, la pena máxima por el delito de enriquecimiento ilícito que lo acusaban era de 10 años, 20 años menos que lavado de activos. Y él no está preso.

La presión para Sanmiguel es mayor, pues entre los nuevos investigados está su esposa (quien figuraba como representante legal de la empresa pero que, según él, no sabía nada), y dos domiciliarios de su empresa que recibieron la orden de retirar parte del dinero del contrato chimbo. 

Si la estrategia de Barbosa tiene efecto y ante la presión de pagar una pena mayor deciden revelar lo que saben, se podría saber en detalle si y cómo los dineros de Odebrecht financiaron ilegalmente la campaña de reelección de Santos. Como contó La Silla en esta investigación, en esa contienda corrieron chorros de dinero entre la primera y segunda vuelta, cuando la maquinaria política decidió que el tema de la paz no era suficiente incentivo para que conseguir los votos que necesitaba el Expresidente para derrotar al uribista Óscar Iván Zuluaga.

Esa información que eventualmente pueda surgir de esas negociaciones de la Fiscalía, si se dan, podría golpear no solo la reputación nacional, y sobre todo internacional, de Juan Manuel Santos, sino también a grandes empresarios y políticos claves del Establecimiento que participaron en la consecución y circulación de ese dinero en la campaña y que volverán a jugar en la siguiente contienda presidencial, si es que estas imputaciones no los salpican.

CONTEXTO

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