Santos ya es un ‘lame duck’ en el Congreso

A pesar de que durante dos días seguidos el presidente Juan Manuel Santos mandó a tres de sus ministros (Interior, Justicia y Defensa) al Congreso para sacar adelante la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP y envió mensaje de urgencia e insistencia, ayer en la tarde, por segunda vez, el Senado aprobó la proposición del uribismo de aplazar su discusión.

Esa decisión, en el trámite de uno de los dos últimos proyectos que el Congreso saliente puede aprobar para la implementación del Acuerdo con las Farc (el otro es el de sometimiento de las Bacrim), muestra que Santos ya no tiene poder en el Congreso que le caminó por años en temas de la paz y es la prueba de que la implementación legislativa de los Acuerdos, que sigue pendiente en varios temas que aterrizan puntos de la Reforma Rural Integral o del punto de Fin del Conflicto, está lejos de estar blindada.

Que un proyecto de la gran bandera de Santos, el Acuerdo con las Farc, naufrague así a pesar de tener mensaje de urgencia e insistencia, confirma que el Presidente ya es lo que en Estados Unidos llaman un lame duck (pato cojo): un funcionario cuya fecha de salida de cargo ya se conoce y por eso ya no tiene poder real.

JEP sí, pero no con Santos

Si bien la JEP no depende de esta ley para funcionar, buena parte de las críticas que ha recibido desde que arrancó a trabajar han llegado por falta de reglamentación. Por un lado, porque la Corte Constitucional aún no ha fallado la ley estatutaria que la regula en algunos aspectos y, por otro lado, porque la ley de procedimiento sigue en el Congreso.

Los uribistas no tienen afán para debatir ni aprobar esta ley que resolvería una buena porción del problema.

No lo tienen porque en un mes y medio serán gobierno y tendrán el tiempo para revisarla y modificarla. Y, seguramente, contarán con una coalición propia que saque adelante una reglamentación según sus posiciones e intereses.

Después del Acto Legislativo que se aprobó en el primer semestre de 2017 y de la ley estatutaria que pasó en noviembre vía Fast Track, al Congreso solo le falta aprobar la ley de procedimiento para que la JEP tenga toda su reglamentación clara.

El uribismo tiene dos argumentos para pedir que se aplace: uno político y otro jurídico.

El político es que el Gobierno ya no tiene el apoyo popular para sacar adelante las leyes de implementación del Acuerdo con las Farc. Eso porque, a su juicio, la victoria de Iván Duque el domingo con más de 10 millones de votos es un mandato para modificar los Acuerdos.

El jurídico es que la Corte Constitucional no ha decidido todavía la constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP, y argumentan que hay que esperar a conocer la decisión, que se requiere para que el Presidente pueda firmar la ley, para sacar adelante el procedimiento.

Además, dicen que el artículo 1 del proyecto actual se refiere a la ley estatutaria, y como esta solo existirá cuando Santos la firme, no tiene sentido sacar adelante el proyecto.

“No se puede bautizar a un niño que todavía no ha nacido,” le dijo a La Silla Jaime Amín, senador del Centro Democrático.  

Aunque no hay ninguna norma constitucional que obligue a esperar, como explicó Rodrigo Uprimny en un trino, y el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo anoche en Hora 20 que de ser necesario sacrificarán el artículo 1 para concederle el punto al uribismo, el argumento jurídico sigue vigente.

Eso porque como el Presidente hoy sigue siendo Santos y varios de los que no apoyan el proyecto votaron con el Gobierno en los demás temas de la paz, los uribistas los usan en sus proposiciones para aplazar el debate, pues así le dan una salida digna a sus nuevos compañeros de coalición.

Porque justamente lo que se está armando es el embrión de la coalición mayoritaria uribista que será mayoría en el Congreso que se posesione el 20 de julio.

Las minorías de Santos en el Congreso

Del llamado Congreso de la paz, que refrendó los acuerdos con 75 votos, hoy solo quedan 25 apoyos (más unos pocos más que presentaron impedimento) que son los que votaron ayer en contra de sacar del orden del día la discusión de la ley (el lunes fueron 22 los que votaron en contra de su aplazamiento).

Aunque el secretario del Senado, Gregorio Eljach, le dijo a La Silla terminada la plenaria que hasta sel miércoles podía pasarle las votaciones del orden del día de ayer (a pesar de que le insistimos varias veces, no lo hizo), La Silla pudo identificar varios senadores de la Unidad Nacional que antes apoyaban los proyectos de paz (votaron sí al proyecto de las circunscripciones de paz, que fue el último proyecto que se votó en el Fast Track) y que no apoyaron el proyecto. 

Entre los que votaron entre lunes y martes a favor de las proposiciones del Centro Democrático están los liberales Edinson Delgado, Luis Fernando Duque y Javier Tato Álvarez; Manuel Enríquez y José David Name, de La U; y los conservadores Myriam Paredes y Carlos Eduardo Enríquez. En la Cámara también están en contra Carlos Abraham Jiménez, de Cambio, o el liberal Alejandro Carlos Chacón.

En contraste, siguen votando a favor senadores como los liberales Horacio Serpa y Guillermo García Realpe; Roosvelt Rodríguez y Armando Benedetti de La U; y representantes como la liberal Olga Lucía Velásquez o Hernán Penagos, de La U.

A pesar de esa pérdida de apoyo, Santos dijo que seguirá insistiendo.

 

Acabo de reiterar el mensaje de urgencia para ley de procedimiento de la @JurisdiccPaz. Si no se aprueba mañana, convocaré a extras. La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos. #JEPesPaz

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 19 de junio de 2018

Eso significa molestar a los congresistas que se podrían quedar sin vacaciones, pero obligarlos a ir so pena de que el Consejo de Estado los investigue por ausentismo, un riesgo que no existía antes pero que desde la decisión contra la ex representante Luz Adriana Moreno Marmorejo es una espada de Damocles. Sin embargo, un senador le dijo a La Silla que muchos de sus colegas ya se fueron al mundial de fútbol en Rusia.

Por ahora no se ve ningún elemento que evite que en extras siga ocurriendo lo que pasó hoy: que vote por sacarla del orden del día y sigan dilatando el debate y la votación. Es decir, el Gobierno no ganaría mucho más que mostrar que usó los instrumentos a su alcance, mientras que el uribismo seguiría evitando la ley y ganando tiempo para armar un proyecto propio o una ponencia que reemplace al actual.

Mientras tanto, la JEP seguirá sin tener un procedimiento, lo que deja sus decisiones más abiertas a las críticas y controversias e incluso con riesgos jurídicos, pues cualquier decisión que luego resulte haber sido contraria a ese procedimiento corre el riesgo de caerse, o por lo menos de ser debatida y así demorar los procesos.

Y los otros temas del Acuerdo que siguen sin desarrollo legislativo, como el alivio penal a pequeños cultivadores de coca, la titulación de baldíos en zonas forestales, o el catastro multipropósito, probablemente tengan el mismo destino pues no solo no queda tiempo sino que Santos ya no tiene capital político para sacarlos adelante.

Eso le da a Duque el margen para decidir qué hacer en cada caso, pues tendrá una mayoría amplia en el Congreso para muchos temas, probablemente incluyendo la paz.

En el Senado, el bloque de oposición de izquierda y centroizquierda (los verdes, los petristas de la Decencia -incluido Petro-, el Polo, la Farc y el Mais) que probablemente se oponga a sus iniciativas sumará 26 senadores.

Si para asuntos de paz se les suman los 14 liberales y los de La U que han sido defensores de ella (Roy Barreras, Armando Benedetti, Maritza Martínez y Roosvelt Rodríguez), solo sumarían 44 votos, y Duque arrancaría con 64 de los 55 que necesitaría para pasar las leyes a su estilo.

Aunque para saberlo faltan varias semanas, lo que ya está quedando claro es que el Congreso actual, al que le queda un mes, ya es uribista.