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Por Juan Esteban Lewin · 16 de Febrero de 2021

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Alberto Rojas Ríos llegó a la Corte Constitucional en mayo de 2013 en medio de fuertes críticas y para un período de 8 años. Aunque termina en mayo, busca seguir hasta febrero de 2022 argumentando que estuvo por fuera durante 10 meses por decisiones judiciales, y todo indica que lo logrará.

A pesar de eso quedan varias preguntas porque su argumento parece ir contra sentencias que él mismo ha firmado, lo beneficia una movida del Gobierno del que ha sido distante y no hay una decisión que explícitamente le dé la razón.

Rojas, como contamos, salió de la Corte en junio de 2014, cuando una sala de tres conjueces y una magistrada del Consejo de Estado (los otros tres se declararon impedidos, pues habían participado de la elección de Rojas a la Corte) declararon que cuando el mismo Consejo de Estado lo ternó a la Corte Constitucional, había violado su propio reglamento.

Por eso Rojas debió abandonar su cargo. Interpuso varios recursos y acciones, y en mayo de 2015 la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la decisión de su sala vía tutela. Así, el 19 de mayo, Rojas regresó a la Corte.

Ese es el tiempo que ahora reclama, como le explicó a El Espectador:

“Nunca cobré sueldo alguno por dicho periodo (de 9 meses y 20 días) ni promoví indemnización alguna como me sugirieron importantes juristas. Dicho lapso debe restituirse para restablecer el periodo de ocho años para el cual fui elegido, de lo contrario quedaría reducido a 7 años, 2 meses y 10 días, contrario a lo dispuesto por la Constitución”, dijo Rojas. 

Lo que ha dicho la Corte

En junio pasado, Rojas firmó, sin salvar su voto en ningún punto, una sentencia que determina que “los períodos de los Magistrados de las Altas Cortes tienen un término de duración de ocho años contados a partir de su posesión, los cuales son improrrogables e inaplazables”.

Es la SU-355 del año pasado, una decisión clave tanto en sentido político como técnico.

En lo político, porque cerró cuatro años de pujas legales que demoraron el nacimiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una nueva entidad para juzgar a jueces y abogados y que reemplazó a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura. 

Como eso cambiaba el poder dentro de la Rama Judicial y ponía al Presidente y al Congreso a elegir nuevos magistrados, tenía una clara carga política (algo que quedó patente cuando Iván Duque y los partidos la convirtieron en una elección con cuotas políticas).

En lo técnico, la Corte le dio tal relevancia que en lugar de fallar una tutela en una sala de tres magistrados, como ocurre con la mayoría, la llevó a Sala Plena para que participaran los nueve, y emitió una sentencia unificadora, lo que le da más peso.

Además, al resolver un choque entre el Consejo de Estado y la misma Judicatura, que había puesto una tutela contra el primero, dejó clara la importancia de que hubiera seguridad en los períodos de los magistrados. 

Esto porque dada la demora en crear la Comisión, dos magistrados de la Judicatura habían superado por mucho los ocho años para los que habían sido elegidos: Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón llevaban más de 12 años, lo que produjo en si mismo otro debate y pelea legal.

 

Fue en ese marco en el que la Corte Constitucional resaltó la importancia de no demorar más la creación de la Comisión y de respetar los períodos de los magistrados, sin hacerlos ni más largos ni más cortos.

Dijo que “al tratarse de períodos constitucionales individuales, la Constitución no prevé la extensión de los mismos por la existencia de vacantes o por ausencia de nombramiento de los funcionarios respectivos o por razones personales o institucionales.” (negrita en la sentencia).

Además, sobre los casos de Sanabria y Garzón, explicó que la demora, “desencadenó un bloqueo institucional inconstitucional, en tanto que favoreció que los períodos de algunos Magistrados se extendieran más allá del término previsto constitucionalmente, puesto que para esta Corporación la contradicción de la regla constitucional prevista para el período de los magistrados vulnera la Constitución. Por consiguiente, toda ampliación del período de los magistrados de las altas Cortes es inconstitucional.”

En suma, Rojas estuvo de acuerdo en que ampliar el período de un magistrado es inconstitucional, en que son improrrogables y en que la Constitución no prevé extenderlos por razones ni personales ni institucionales.

Ahora argumenta que como estuvo fuera de su cargo por decisión judicial, en su caso sí hay motivos para que se cuente hasta febrero de 2022. Eso lleva unas preguntas jurídicas y a un debate de abogados, y eventualmente a otras preguntas sobre la coherencia.

Todo en un debate en el que ya terciaron otros magistrados en una consulta llamativa que está bajo reserva, y que deja el chicharrón en manos del Consejo de Estado y con Rojas con muchas opciones de ganar.

El balón, en manos del Consejo de Estado

Rojas ya le dijo a El Espectador que si el Consejo de Estado no da un concepto favorable, saldrá sin usar más recursos judiciales. El lío es que ya hay un concepto, pero secreto, lo que despierta interrogantes.

Resulta que el año pasado el Gobierno le preguntó por el tema a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que está creada para ser una suerte de oráculo jurídico del Gobierno. Aunque sus conceptos no son obligatorios, sirven de guía y le dan a los funcionarios del Gobierno algún grado de certeza para tomar decisiones.

Por ejemplo, hace poco el Ministerio de Interior le preguntó si los concejales y diputados deben renunciar para lanzarse al Congreso o, el Gobierno Santos le preguntó sobre la forma de contar las mayorías cuando hay vacantes en el Senado para saber si se habían aprobado las 16 curules para las víctimas.

En esta ocasión, la Sala conceptuó que Rojas sí tiene derecho a seguir en el cargo hasta febrero de 2022, algo que más allá del debate legal por la jurisprudencia de la Corte, deja más preguntas.

Una es por qué el Gobierno le hizo la consulta el año pasado, cuando Presidencia no interviene en la elección del reemplazo de Rojas y cualquier respuesta es ajena a lo que pueda hacer.

En otras palabras, si preguntó para ayudarle a Rojas a quedarse y metió un gol, o si lo hizo para tener un argumento para pedirle que se fuera y se metió un autogol.

Otra es por qué si bien el concepto está en reserva por cuatro años y el Gobierno no ha decidido revelarlo (que según la ley es la única forma de levantar la reserva), ya salió referenciado en medios como El Tiempo o El Espectador. 

Eso, claro, le ha metido presión a la decisión que está en manos del mismo Consejo de Estado, pero ya no de su Sala de Consulta.

Como Rojas llegó a la Corte Constitucional ternado por el Consejo de Estado, es el Consejo el que debe abrir un proceso para reemplazarlo, como hace para llenar diferentes vacantes.

Esa es una decisión que tiene en sus manos su presidente, la magistrada Marta Nubia Velásquez, y la Sala de Gobierno, en la que están ella, el vicepresidente, y los seis presidentes de las salas y secciones, incluyendo el de la Sala de Consulta.

En ese sentido, es un eterno retorno en el que el Consejo vuelve a tener el futuro de Rojas en sus manos.

Ya lo tuvo al ternarlo en 2013, lo tuvo su Sección Quinta al anular su elección en 2014, y lo tuvieron dos salas de conjueces que en 2015 revisaron su tutela contra la Sección Quinta. 

El Consejo no ha dicho nada y quedan tres meses de que se cumplan los ocho años de la posesión de Rojas.

Eso es un guiño a su permanencia: el año pasado, tres meses antes de que terminara el período de Luis Guillermo Guerrero, no solo había ya abierto la convocatoria sino que ya tenía la lista de más de 100 inscritos para la terna.

Por eso, aunque haya muchas preguntas abiertas, Rojas seguramente seguirá en su cargo, en el que fue muy cercano a Jorge Pretelt, ha votado con el bloque liberal y ha sido distante del Gobierno.

Esa postura es algo que, cuenta El Espectador, Rojas dice que está en juego: “ha dicho a su círculo cercano que su salida en mayo tendría impacto en debates cruciales que tiene la Corte Constitucional este año, como la pena perpetua, las curules de paz, los líos sobre los terrenos baldíos, el Acuerdo de Paz y la despenalización del aborto.”

Si efectivamente se queda, no solo habrá un magistrado liberal beneficiado por una consulta del Gobierno, sino que en febrero de 2022 quedarían dos vacantes en la poderosa Corte Constitucional, la de él y la de Gloria Stella Ortiz, que llegó ternada por la Corte Suprema.

Y esas dos elecciones, que pueden definir el equilibrio en una corte muy poderosa y terminará definiendo el Senado de dos ternas, probablemente pasen de agache: serán al tiempo de Congreso y Presidente, que tienen mucha más prensa.

CONTEXTO

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