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Por Julián Huertas | Nohora Celedón · 18 de Octubre de 2019

Nicolás Galeano - Presidencia

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El supuesto caos económico que iba a generarse si la Corte Constitucional tumbaba la reforma tributaria que pasó el Gobierno de Iván Duque el año pasado, y que según el Gobierno podría suceder si la ley se caía, probablemente no ocurra.

Esto porque La Corte decidió (según su comunicado) que la ley que tumbó sigue rigiendo por lo que queda del año, lo que le da al Gobierno dos meses largos para tramitar un nuevo proyecto que resucite sus artículos. De hecho, el mismo miércoles Duque anunció que presentarán al Congreso, con mensaje de urgencia, el mismo texto que aprobaron el año pasado.

Con esto la pregunta que queda es qué tan fácil es que el Congreso, en el que Duque no tiene mayorías, se la apruebe en ese tiempo, cuando un proyecto de ley se suele demorar dos meses. Esta misma tributaria pasó el año pasado sin margen de tiempo a pesar de que Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la presentaron el 31 de octubre y este año empezará su trámite por las mismas fechas, pues la próxima semana no sesiona el Congreso por las elecciones del domingo 27.

Para 10 de los 12 congresistas y funcionarios del Gobierno y del Congreso que consultamos hay varias razones para pensar que pasará sin mayor problema; solo uno nos dijo que no sabía y otro nos aseguró que las mayorías no son claras para el Gobierno por lo que podría haber problemas.

El primer proyecto tuvo las mayorías a su favor

Hace un año el proyecto no tuvo problemas en su paso por el Senado. En la Cámara, donde fue más apretada la votación, igual fueron 97 a favor y 51 en contra, pues la oposición (Polo, verdes, petristas y Farc) y la bancada de Cambio Radical votaron en contra, luego de que el exvicepresidente Germán Vargas diera esa orden. 

Ese trámite fácil se logró porque la reforma en general baja impuestos, y los que se subieron, fueron a empresas y personas que ganan más dinero, como lo contamos en esta nota. Eso lo hace popular.

Aunque inicialmente no lo era, el Congreso hundió la principal propuesta de Duque para compensar la rebaja y tapar el hueco que el Gobierno señalaba era de 14 billones de pesos, una ampliación del IVA a la canasta familiar que sería compensada con dinero a los más pobres y que nació muerta por la natural impopularidad y porque Álvaro Uribe, jefe político de Duque, le había quitado el respaldo desde antes de presentar la reforma.

A esa sensación de que la reforma no es impopular se suma que probablemente se repita la estrategia de negociación del año pasado, cuando congresistas clave y el Gobierno la negociaron a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda. Eso permitió que el debate en el Congreso fuera mucho más ágil, pues llegaron ya con todo negociado, un ahorro de tiempo que es fundamental ahora.

Ese éxito, sumado al de la aprobación del presupuesto de 2020 este miércoles cuando la Corte anunció la caída de la tributaria, al del presupuesto de regalías y el del Plan de Desarrollo, muestran que cuando son temas temas de plata el Congreso se le mueve al Gobierno. 

De hecho, refrenda que Carrasquilla fue el ministro menos apaleado del primer año legislativo de Duque.

Justamente el Ministro dijo ayer en la mañana, en una rueda de prensa con los medios, con mucha tranquilidad:

“Tenemos una ley que fue aprobada masivamente y vista muy bien en el Congreso y que ha sido muy beneficiosa para el país. Esa combinación hace que hayamos escogido esa estrategia para el periodo que resta desde este momento y el cierre de la legislatura”, concluyó. 

A ese antecedente se suma el argumento de que económicamente es necesaria. 

El argumento económico de Carrasquilla puede ser vendedor

Carrasquilla dio otro argumento que puede ser vendedor para los congresistas: la ley de financiamiento ha ayudado a que la economía crezca.

En su rueda de prensa el Ministro la calificó como “extremadamente útil”, y para sustentarlo proyectó una presentación que recuerda que el PIB de Colombia está creciendo este año más de un uno por ciento más que Perú, Chile,  México y Brasil; que en el primer semestre la inversión de bienes de capital (máquinas y vehículos para la industria) creció en 4,3 por ciento frente al mismo periodo de 2018; que el recaudo de la Dian ha crecido un 12,1 por ciento; y que también ha crecido la inversión extranjera.

También dijo que la ley ayudó a formalizar empresas pues 8.050 se acogieron al esquema de tributación que crearon en la tributaria, el Simple, incluyendo casi 900 que no tenían RUT, por lo que eran informales. 

“Ha sido enormemente beneficiosa para el país desde todo punto de vista”, resumió Carrasquilla.

Hay un consenso entre empresarios y gremios de que el Ministro tiene razón, y que la mayor inversión privada se deben a medidas de la tributaria como la creación del Simple, los descuentos al impuesto de renta a quienes compren de bienes de capital y la reducción gradual del impuesto de renta.

También han dicho que la normalización tributaria, que permitía a las personas que tenían activos en el exterior que no habían declarado a la Dian se pusieran al día y con la que recogieron 1,1 billones de pesos este año, y el cambio del IVA a las bebidas azucaradas y la cerveza ayudaron a aumentar el recaudo.

Sin embargo, entre economistas hay un debate sobre la otra parte del argumento de Carrasquilla, y es si hay suficiente evidencia de que el impacto en el PIB es consecuencia de la ley.

Para el profesor de economía de la Universidad de los Andes, Leopoldo Fergusson, no es clara esa relación. 

“Es natural que el gobierno argumente que ese es el caso. Mucho más discutible es que pueda demostrarlo ,y apoyado en la evidencia empírica de otras experiencias, yo soy muy escéptico de que podamos atribuir esos efectos a la ley de financiamiento”, dijo.

En el mismo sentido comentó el también profesor Marc Hofstetter, para quien las cifras de inversión privada y tributación pueden estar relacionados con los cambios de la reforma, pero que decir que el PIB creció más por la ley es, al menos, apresurado.

Para la senadora uribista María Del Rosario Guerra, aliada clave del Gobierno en el Congreso en asuntos económicos, se debe hacer una revisión punto por punto de los resultados que ha tenido la ley de financiamiento, antes de presentar el nuevo proyecto.
“Hay que reflexionar de algunos de esos impuestos: cuáles han sido efectivos y cuáles no, pero no hemos hablado todavía sobre estos temas”, nos dijo. 

Que una aliada 1A de Duque y Carrasquilla haga esa advertencia cuando el tiempo apremia muestra que si bien el panorama pinta despejado, no es imposible que pueda llegar a enredarse.

Pero tiene sus riesgos

Uno de los factores que podrían dificultar el trámite de la reforma es que se abran duras discusiones sobre lo que ya se aprobó, algo que posiblemente suceda en este Congreso sin mayorías gobiernistas. 

A pesar de que se hundió el IVA, en la ley quedaron cambios que causan polémica, y que  incluso habían sido demandados como el impuesto al sector financiero que demandaron los bancos; el IVA plurifásico a las cervezas y las gaseosas, al que se oponen grandes empresas que financian campañas de congresistas, como Bavaria y Postobón y un gremio poderoso como Fenalco; o el mismo régimen Simple que tanto gusta a los empresarios, y que demandaron  congresistas del Partido Verde, porque consideran que viola la autonomía de los municipios.

Otro factor que genera incertidumbre es que el Congreso de hoy es diferente al de hace un año. Esta vez no hay un presidente gobiernista del Senado (el liberal Lidio García reemplazó en julio al uribista Ernesto Macías) lo que podría dar pie para que el trámite no sea tan expedito. 

De hecho, en la Cámara podría ser más engorroso, por su presidente, Carlos Cuenca Chaux, quien, como contamos, es muy cercano al ex vicepresidente Germán Vargas. Y Vargas hace un año obligó a su bancada a votar en contra el proyecto, luego demandó la ley y la criticó fuertemente en su columna en El Tiempo, y finalmente ganó en la Corte. 

Esa influencia de Vargas sobre Cuenca podría jugar en contra del trámite del proyecto, sobre todo si el excandidato presidencial decide que es mejor propinarle una derrota a Duque y al uribismo.

“Si las líneas rojas de Vargas no se ajusten, adivine qué podría pasar”, nos dijo un congresista de Cambio que pidió no ser citado. 

Sin embargo, Cuenca también tienen intereses propios y ha buscado una buena relación con el Gobierno para que le pare más bolas al Guainía, el departamento que representa y que nunca había tenido un cargo de tanto poder. De hecho, Cuenca organizó un par de viajes para que funcionarios del Gobierno fueran a ese departamento, que suele ser poco visitado por lo remoto y despoblado.

Aunque falta ver cómo actúa Cuenca, él es quien designa los ponentes, quien define cuándo entra un proyecto en el orden del día y cuándo cierra una sesión, por lo que tiene en sus manos la posibilidad de que la tributaria 2.0 tenga más o menos margen, e incluso se hunda.

El Gobierno también tiene en contra, que para el trámite de esta reforma ya no están dos funcionarios de Hacienda importantes en el manejo del Congreso y ayudaron al hoy viceministro Juan Alberto Londoño, quien lideró los debates el año pasado: el viceministro técnico, Luis Alberto Rodríguez, ahora es director de Planeación; y el director de presupuesto Fernando Rodríguez, quien se fue a dirigir la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales.

Eso, sumado a la poca capacidad de manejo del Congreso que ha demostrado la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y en general el Gobierno, pueden ser una desventaja, especialmente si las bancadas liberal, de Cambio y de La U deciden atravesársele al proyecto, algo de lo que no hay señales hasta ahora.

A pesar de esa debilidad y aparte del factor Cuenca, el panorama inicial es favorable al Gobierno. Pero le falta un trecho largo, el debate natural de cualquier tributaria y un reloj que juega en su contra. 

Comentarios (1)

Juan Felipe Correa

18 de Octubre

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En la nota falta ampliar esto de "Hay un consenso entre empresarios y gremios"... realmente en muchos temas del congreso (e incluso en las cortes que ahora les piden "concepto técnico") pesa más la posición de las empresas (el verdadero súper poder detrás de los políticos)... velando por cómo influyen los corruptos nos olvidamos de cómo influyen los lobistas.

En la nota falta ampliar esto de "Hay un consenso entre empresarios y gremios"... realmente en muchos temas del congreso (e incluso en las cortes que ahora les piden "concepto técnico") pesa más la posición de las empresas (el verdadero súper poder detrás de los políticos)... velando por cómo influyen los corruptos nos olvidamos de cómo influyen los lobistas.

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