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Por Julián Huertas | Manuela Galvis | Adelaida Ávila Cabrera · 27 de Enero de 2020

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El borrador de reforma a la justicia que el Ministerio de Justicia envió a las Cortes para recibir sus comentarios, y que es la primera piedra de su acuerdo legislativo con Cambio Radical, es más de lo mismo. Así se nota en ese borrador, que La Silla revela:

Texto PAL Reforma a La Justicia 2019 by La Silla Vacia on Scribd

Que el borrador tiene el sentido de iniciar la alianza es claro: el senador Germán Varón dijo en La W que buscará que las cabezas de los entes de control deban esperar cuatro años antes de aspirar a un cargo de elección popular, lo que cerraría la puerta a aspiraciones presidenciales de Néstor Humberto Martínez o Fernando Carrillo.

Es un punto de este borrador que, según nos confirmó Varón, reveló para ir ambientando la reforma, y que muestra que su foco estará en las Altas Cortes y sus poderes electorales, el mismo de las más recientes y fallidas reformas, más que el funcionamiento del resto de la Rama, que es lo que afecta a la mayoría de las personas.

Será el segundo proyecto de reforma de Duque, y es una versión muy reducida de la primera, que armó e impulsó su primera MinJusticia, Gloría María Borrero. También tiene elementos de las que presentaron, en 2018 y por aparte, Cambio Radical y la senadora uribista Paloma Valencia, y se parece mucho al texto unificado de esas tres que se terminó hundiendo. Es sobre todo muy parecido al segundo intento de Cambio, que presentó con apoyo de La U y los liberales hace menos de un año, lo que muestra que su texto relfeja que la intención de la alianza va en serio.

Estos son los puntos del borrador y su parecido a cada uno de esos proyectos:

 

Notarios y centros de conciliación pueden ser jueces

Fin de la puerta giratoria

Más fuerza al precedente judicial

Csjo de Estado y Corte Suprema deciden tutelas contra sentencias

Magistrados eligen directamente a sus compañeros

Los magistrados deben tener trayectorias diversas

Requisitos más altos para ser magistrado

Períodos más largos de magistrados de Altas Cortes

Periodos más cortos en la Judicatura

La Judicatura podrá no ser solo de abogados

Cortes por fuera de elección de Auditor

Cortes por fuera de elección de Procurador

Más plata para la Rama asegurada por Constitución

Esta propuesta, que está en el artículo 1 del proyecto, tiene el sello de Cambio Radical pues estaba redactado tal cual en la reforma que el exvicepresidente Germán Vargas tenía lista para sacar adelante si ganaba las elecciones. El matiz es que el borrador limita en el tiempo esas funciones (dice que serán transitorias). Las otras reformas tenían ese mismo espíritu de darle facultades de jueces a entidades adminsitrativas, pero no especificaban que sería a notarías y centros de conciliación.

La idea es que los magistrados de las tres Altas Cortes y del Consejo Nacional Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Disciplina Judicial, el Fiscal, Procurador, Defensor, Contralor y Registrador no puedan reelegirse, y deban esperar un año para buscar otro de ellos.

Eso busca evitar la puerta giratoria de pasar de una Corte a otra, o de una de ellas a un ente de control, como pasó con Francisco Ricaurte (saltó de la Suprema a la Judicatura, y terminó capturado por corrupción), y que deban esperar cuatro años para buscar un cargo de elección popular, lo que hubiera impedido que Carlos Gaviria fuera candidato presidencial en 2006 o que Alejandro Ordóñez haya sido precandidato en 2018 y cerraría las puertas a aspiraciones para 2022 del ex Fiscal General, Néstor Humberto Martínez o del Procurador actual, Fernando Carrillo. 

Todas las reformas buscaban reforzar la importancia del precedente judicial, que busca que todos los jueces decidan teniendo más en cuenta las decisiones previas de otros jueces, conocidas como jurisprudencia.

La más fuerte era la de Cambio, que buscaba que en la Constitución quedara que "Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley y al precedente judicial", lo que equivalía a poner a la jurisprudencia al mismo nivel de las leyes y no como un "criterio auxiliar de la actividad judicial", como está actualmente.

El proyecto es un poco menos avezado, pues dice que deberán acatar el precedente "en los términos que establezca la ley", lo que deja margen para que sea el Congreso el que defina la fuerza del precedente.

La propuesta, que en el borrador aparece en el mismo artículo que el cambio en la fuerza del precedente (el 3), sigue la línea de limitar la tutela contra sentencias, aunque con menos dientes que el proyecto inicial de Cambio, que obligaba a que esas tutelas se tramitaran ante el superior del juez tutelado.

Según el borrador, la idea vino del Consejo de Estado. El borrador trae dos propuestas, una directamente de esa Corte, que implicaría que en cualquier tutela de ese tipo intervengan consejeros de Estado y magistrados de las cortes Constitucional y Suprema, un cambio enorme frente a la lógica actual en la que solo participa la Constitucional (la otra opción habla de esa eventualidad solo si es tutela contra sentencia de una Alta Corte sobre la aplicación de un precedente judicial). 

El borrador sigue un camino que sentó el primer proyecto de reforma de Duque: mantiene el esquema actual en el que los magistrados de cada Alta Corte eligen a sus compañeros (algo que no funciona bien, pues tiene bloqueda a la Corte Suprema por cuarta vez en 10 años), pero encima sin el filtro previo que hoy hace la Judicatura, que selecciona 10 candidatos de todos los que se inscriban.

Eso muestra la timidez de la reforma y su intención de no quitarle poder a los magistrados de las Altas Cortes. 

Esta propuesta busca que solo la mitad de los magistrados de las Altas Cortes vengan de la Rama, y los demás sean abogados particulares y académicos, una en la que están de acuerdo todos los proyectos de reforma presentados durante el Gobierno Duque, por cualquier fuerza. Sin embargo, afecta el poder creciente de los jueces y sus 'roscas', por lo que levanta ampolla entre algunos magistrados. 

Todas las propuestas comparten la idea de aumentar la experiencia para llegar a las Altas Cortes, que sería de 25 años de experiencia profesional y tener por lo menos 50 años. Eso es llamativo porque el Presidente, el Contralor General y uno de los ternados a Fiscal (Francisco Barbosa) no tienen esa edad, y exmagistrados reconocidos de la Corte Constitucional, como Eduardo Cifuentes, José Gregorio Hernández, Eduardo Montealagre o Manuel José Cepeda, no la cumplían cuando llegaron al cargo. Tampoco los cumplía la actual magistrada Gloria Stella Ortiz cuando se posesionó.

En el borrador, la reforma retoma una propuesta que lleva el sello de Cambio Radical y es la de aumentar de 8 a 12 años el periodo de los magistrados, lo que podría dar más estabilidad a las Cortes y hacer más posible que sus magistrados se retiren al culminar sus períodos (combinado con el aumento de requisitos de edad y experiencia, los llevaría a salir después de los 62 años, más cerca de las edades usuales de jubilación y de los 70 años, la de retiro forzoso de los funcionarios públicos).

Esta propuesta tiene el sello de la ministra, Margarita Cabello Blanco, pues no se había visto en las reformas previas que buscaban cambios de raíz: Cambio y Valencia proponían eliminar la Judicatura. Por eso, aunque es el punto más novedoso pues no retoma propuestas previas, también muestra la timidez del borrador de reforma. 

La propuesta, que es solo una opción (el artículo 7 tiene dos opciones, y una es solo un cambio formal) es restar uno de los seis miembros de la Judicatura (quitándole al Consejo de Estado uno de los tres que elige, y por lo tanto la mayoría actual) con períodos más cortos de 4 años (son de 8) pero la posibilidad de reelegirse dos veces.

La idea de que el Consejo Superior no esté compuesto únicamente por abogados no es nueva, pues viene de la línea de la idea de que funciona mal porque faltan administradores, economistas, ingenieros y en general otros profesionales que sepan más de administración.

Retoma la propuesta de la exministra Borrero, que era una manera de evitar la pelea dura de eliminar la Judicatura que propusieron Cambio y Valencia, pero a la vez modificar su funcionamiento interno. 

En línea con la conclusión de que la Constitución de 1991 le dio demasiado poder político a las Cortes al elegir otros funcionarios, y que eso las politizó, la idea es que el Consejo de Estado deje de elegir al Auditor.

Al igual que la propuesta anterior, esta sacaría a las Cortes de la elección del Procurador, en la que hoy cada una elige un candidato para conformar una terna de la que el Senado escoge. El borrador propone que su elección sea como la del Contralor: una convocatoria pública con concurso de méritos que si bien no evita que la elección sea política, sí saca a la Rama de la ecuación.

El borrador de la refoma plantea inflexibilizar el presupuesto de la rama judicial, pues dejaría en la Constitución que siempre debe aumentar. Eso resuelve una de las grandes quejas de la Rama y de los jueces, la falta de plata, pero tiene dudas constitucionales y políticas.

Trae dos opciones, una más flexible que deja en manos del Congreso cuánto debe aumentar, y otra que obligaría a que fuera de la inflación más 3 puntos, lo que le quitaría mucho margen a cualquier Gobierno para reaccionar frente a una recesión o caída de sus ingresos.

Aunque una buena parte de la Rama siempre ha interpretado que el problema de la justicia es de recursos, un estudio de Dejusticia de 2012 argumenta que ese no es necesariamente el problema, que los problemas administrativos de transparencia y evaluación de la Rama no permiten saber si eventuales nuevos recursos tendrían un impacto, una circunstancia que no ha cambiado desde entonces. Además, como lo demuestra la incapacidad de la Corte Suprema de nombrar sus propios magistrados por rencillas de poder, por lo menos esa Corte ni siquiera está dando uso pleno a los recursos que tiene.

Nota del editor: al mediodía del lunes 27 de enero cambiamos el título e incluimos dos frases en la introducción, para reflejar mejor la idea central de la nota.

Comentarios (3)

José German

27 de Enero

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No me parece correcto emplear en el título del artículo el calificativo de ...+ ver más

No me parece correcto emplear en el título del artículo el calificativo de “refrito”. Ni deja de tener un carácter peyorativo. Después de tantos esfuerzos por darle una urgente reforma a la justicia tener una propuesta que recoja aspectos de una y otra era de esperarse. Por cierto de eso se trata la política: construir puntos de encuentro en los que todas las partes se sientan representadas.

harriarq

27 de Enero

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LSV desde hace rato emplea este tipo de lenguaje, "peros" cuando es algo nuevo...+ ver más

LSV desde hace rato emplea este tipo de lenguaje, "peros" cuando es algo nuevo porque no utiliza lo que se ha trasegado. "peros" porque utiliza lo que ya se ha presentado y discutido... las bondades de los proyectos quedan en segundo plano, es mas importante el quien, el contra quien y el por quien; la realidad política es igual y el congreso es peor porque va acompaña de de CVY, nada extraño 1

José Saramago ..

27 de Enero

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La palabra “refrito” tiene una connotación peyorativa...y si esa no es la...+ ver más

La palabra “refrito” tiene una connotación peyorativa...y si esa no es la intención entonces “refrito” significa tratar de reformar UNA VEZ MAS, para bien, el poder judicial. Se hacen esfuerzos por reformar en algo lo podrido del inmundo sistema de justicia. Desde la constitución del 91 se han hecho mas de 18 intentos de reformas, esfuerzos inútiles. Parece que solo se podrá con una Constituyente.

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