La paz por medio del derecho y las nuevas violencias

En Colombia se han dado grandes ciclos de la violencia: el de las guerras civiles durante el siglo XIX, la violencia a mitad del siglo XX, las insurgencias desde los años 60’s, la violencia paramilitar de los 80’s, y en los últimos años, el ciclo de lo que se puede llamar del dominio de la criminalidad mafiosa. Este nuevo ciclo, posterior al Acuerdo Final de Paz con las FARC, es consecuencia de que no se han tramitado de manera satisfactoria los compromisos que allí se acordaron, en relación con la seguridad de los exguerrilleros que se involucraron en el proceso de paz (406 firmantes de paz asesinados), las transformaciones en el campo relacionadas con la adjudicación de tierras para los campesinos pobres, la implementación de políticas sociales sobre educación, salud, trabajo, y las críticas de los exjefes de las FARC a la JEP por la lentitud en los procesos penales y restaurativos y por el tratamiento de la amnistía. 

La muy lenta o casi ninguna reacción del Estado a estos y a muchos otros puntos del Acuerdo, la está pagando la sociedad colombiana en la forma de un nuevo estallido del conflicto violento. De este modo, el descenso de la violencia armada que se produjo tras la firma del Acuerdo, se está transformando, ocho años después de su firma, en un nuevo conflicto violento con una cantidad de actores motivados básicamente por la riqueza y el poder que genera el narcotráfico —muchos de ellos, pertenecientes a organizaciones criminales sin ningún interés político o altruista—

A pesar del retroceso político producido por el resurgimiento de la violencia en varias regiones del país no podemos perder de vista que en Colombia se planteó como alternativa para superar el conflicto armado una vía que articulaba la política y el derecho como mecanismos para construir un futuro donde la paz pudiera ser una realidad estable. Para ponerle fin a las FARC como aparato de violencia, la más poderosa guerrilla en Colombia en toda su historia, fue necesario que se pudiera actuar con el derecho. 

Esta perspectiva, “la paz por medio del derecho” —aunque se den nuevamente salidas violentas, y aunque el ELN instrumentalice la mesa de negociaciones a fin de esperar el momento revolucionario para hacer una insurrección armada— es la más indicada hoy para desarrollar procesos de negociación con aquellos grupos guerrilleros vinculados con un ideal político, como el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC).

Para poder dar respuesta a los millones de víctimas de los diferentes actores de la guerra, a los que perdieron a sus familiares, tierras y pertenencias, que sufrieron el secuestro, el asesinato, la violación sexual de las mujeres, y la desaparición de sus hijos —falsos positivos— se establecieron en el Acuerdo dos mecanismos: un sistema judicial para determinar las responsabilidades, y así juzgar a los culpables, de acuerdo con una concepción simultáneamente restaurativa y retributiva de la justicia penal, y una Comisión de la Verdad (CV), que analizó las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario cometidas durante el conflicto armado.

En el modelo de justicia transicional desarrollado para y con las FARC, se buscó que la contradicción entre las demandas de justicia y las exigencias de paz, fueran ponderadas de forma tal que los imperativos de justicia no hicieran imposible la negociación del fin del conflicto. Este equilibrio se consiguió mediante un cierto sacrificio de la justicia, que consistió en tratar las graves violaciones de derechos humanos, mediante una visión de justicia restaurativa que comprendió, entre otras cosas, unas sanciones “propias” y “alternativas” que son, en términos retributivos, menores que las previstas en la justicia ordinaria.

Sin embargo, hay sectores de la sociedad y la política que, independientemente de lo que ha significado desarticular el aparato militar de las FARC para que dejara de ser un factor de violencia en el país, cuestionan por razones políticas e ideológicas la totalidad del proceso, a la JEP, la CV, la política de tierras, etc. Han disminuido la intensidad del ataque contra la CV y su Informe y ahora están enfocados en la JEP.

Es falso decir que la JEP perdió su norte, que favorece y escoge a un tipo particular de víctima, a la cual revictimiza. Es falso porque la JEP mediante los procesos judiciales debe posibilitar precisamente que los responsables reconozcan el daño que le hicieron a las víctimas y que asuman su responsabilidad. 

Es totalmente incorrecto aseverar que las penas son demasiado light para la gravedad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las penas restaurativas no son un invento de la JEP, son parte esencial del éxito de la negociación para llegar al Acuerdo. Comparar a la JEP con Justicia y Paz en relación con el número de personas para señalar un apetito burocrático de los magistrados de la JEP, no tiene proporción. Son instituciones de naturaleza muy diferente, con una población objeto de procesos judiciales muy grande, con funciones y una organización administrativa muy distinta.

De otro lado, las FARC han criticado fuertemente a la JEP en los últimos meses, alegando la demora en las amnistías, y el temor a que no haya una sola resolución de conclusiones. Frente a lo primero, la JEP afirmó que alrededor del 85% de las personas que se desmovilizaron ya tienen su amnistía resuelta y que por tanto ellos puedan ejercer ya sus derechos de ciudadanía. Faltan algunas amnistías que están en proceso. Sobre lo segundo, se debe entender que los procesos de la JEP son muchos y muy complejos. 

Según la última actualización de sus informes públicos la JEP presentó los siguientes resultados: 14.170 personas sometidas a la JEP. 340.832 víctimas acreditadas en los once macro casos abiertos; 42.710 decisiones judiciales adoptadas; 2.185 amnistías no concedidas y 374 concedidas. 

Pienso, finalmente, que podemos imaginarnos toda esta historia como el proceso de evolución de una sociedad que estructura la paz a partir del desarrollo natural del derecho, por medio del cual se busca el fin de la guerra, de la violencia directa y poner fin al conflicto armado. Como Kant y Kelsen lo plantearon, el progreso de la historia humana parece depender del desarrollo de la sociedad jurídica. Por tanto, es necesario que un programa de prevención comprensiva de la violencia originada en conflictos, convierta en materia de derecho toda zona de conflicto. Una imagen pues de progreso jurídico, que evoca la filosofía kantiana, con las sucesivas salidas del estado de naturaleza. “Una paz duradera”, aseveró Kant, “no es una idea vacía, sino una tarea que, resolviéndose poco a poco, se acerca permanentemente a su fin”(2009, 187).