Once años después, por fin se prohibe fumigar los parques nacionales

Esta semana se supo que el Consejo de Estado prohibió la fumigación de cultivos de coca dentro de los parques nacionales porque -aunque aún no se ha podido establecer exactamente cuáles son sus daños- sí “conlleva un riesgo potencial al medioambiente”. Es decir, los magistrados cortaron por lo sano y la prohibieron invocando el principio de precaución que está en la Constitución.

Lo que no se sabía es que hace once años el Consejo de Estado tuvo en sus manos una decisión muy similar y, bajo presión del gobierno de Álvaro Uribe, tomó una decisión completamente opuesta que desestimaba ese mismo argumento.

La magistrada Ayda Vides Paba del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó en 2001 la suspensión de la aspersión dentro de los parques al fallar en primera instancia una acción popular contra el Ministerio de Ambiente -apoyada por Eduardo Cifuentes y la Defensoría del Pueblo- por los daños ambientales ocasionados por el glifosato.

Ese caso llegó luego al Consejo de Estado y la ponencia del magistrado Rafael Ostau De Lafont iba en la misma dirección y en principio parecía que sus colegas lo apoyaban, aunque al final terminaron tomando una posición contraria.

Esa decisión fue tan polémica que tres magistrados -María Elena Giraldo, Jesús María Lemos y el propio Ostau- hicieron un salvamento de voto, en el que defendían la seriedad de los indicios que había de un posible riesgo y pedían hacer evaluaciones científicas para determinar su impacto, que nunca se hicieron así.

Y -según dos fuentes que conocieron el proceso- a María Elena Arroyave, que dirigía el Instituto Nacional de Salud, la presionaron a renunciar tras haber declarado contra la aspersión en el proceso.