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Por Juan Esteban Lewin · 24 de Octubre de 2013

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Aunque ayer fue aprobado en último debate el proyecto de reforma de la ley estatutaria de mecanismos de participación, conocido como “referendo para la paz”, a la comisión de conciliación que falta le queda un chicharrón grande, que va a definir qué tantas garantías van a tener los opositores del eventual referendo.

Resulta que en el texto que salió de la Cámara  había cuatro artículos que le daban juego a quienes quisieran impulsar la abstención en uno de esos referendos. Como los referendos (al igual que las consultas populares y las revocatorias de mandato) necesitan una participación mínima de gente, muchas veces sus opositores no buscan que se vote negativamente sino que la gente sencillamente no vaya a votar, una posición que se conoce como abstención activa.

Por eso, el Gobierno impulsó que el proyecto tuviera una especie de mini ley de garantías para esos referendos que incluía que se crearían normas para financiar las campañas a favor, en contra y por la abstención, o que esas tres posturas tendrían acceso a medios de comunicación.

Con eso, el Gobierno y sus aliados en la Cámara le quitan dientes a los opositores que critican la reforma, porque les dan herramientas para el eventual referendo.

Pero eso se le cayó al Gobierno y sus aliados en el Senado. Una proposición liderada por varios senadores de los partidos de la Unidad Nacional, incluyendo a Roy Barreras y Plinio Olano de La U, Juan Carlos Restrepo de Cambio Radical, el conservador Juan Mario Laserna, el liberal Luis Guillermo Velasco y el verde Jorge Londoño, cambió eso.

proposición referendo para la paz

Aunque la proposición no lo dice explícitamente, al señalar que se aplican las mismas normas de financiación y publicidad de las campañas electorales, elimina la protección a la abstención activa. Y como fue votada a favor, en el texto aprobado por el Senado no quedó la mini ley de garantías. Es decir, los congresistas oficialistas resultaron más gobiernistas que el Gobierno.

Ahora falta ver finalmente quién queda en la comisión de conciliación para ver qué tan bien parados quedan los futuros impulsores de la abstención activa y si el Gobierno le mete la ficha a proteger a sus futuros opositores o si se queda con la versión más gobiernista del Senado.

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