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Por Manolo Azuero · 21 de Noviembre de 2015

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En el ocaso de su mandato, a través de un proceso contractual que culminará en vísperas del año nuevo, el gobierno del vargasllerista Elkin Bueno Altahona quiere adjudicarle a un privado una concesión por 20 años para que asuma varias funciones de la Inspección de Tránsito de Barrancabermeja, incluyendo la implementación de las fotomultas que tanta polémica han causado en la región.

El pasado 19 de noviembre, la Inspección publicó el proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública para concretar la concesión.

El pliego detalla el objeto del contrato y en su cronograma asigna el 29 de diciembre como la fecha del acto de adjudicación y la firma en los tres días hábiles posteriores. Es decir, el gobierno Bueno adjudicaría el contrato en el filo de la transición y en principio lo alcanzaría a firmar.

Según los pliegos y anexos, el alcance de la concesión, entre otras cosas, abarca la modernización, implementación, gestión y operación del registro municipal de automotores, conductores e infractores, de las grúas y los patios, del recaudo y la cartera de multas por infracciones y de la foto-detección de infracciones (las fotosmultas).

Para esto último, que ha sido muy criticado en Santander y ha generado protestas específicamente en el Área Metropolitana de Bucaramanga (donde ya opera en Floridablanca y estuvo a punto de ser contratado en la capital), el concesionario deberá proveer cámaras móviles con radares que sirvan para sancionar a quienes se estacionen mal, realicen cruces indebidos y violen los límites de velocidad de la ciudad.

El contrato, aunque para efectos fiscales tiene un valor de 1870 millones, no afecta el presupuesto actual del municipio pues las inversiones correrán por cuenta del concesionario.

Sin embargo, sí lo afectará en el futuro: el 50 por ciento de los ingresos que se recauden por las foto multas irán a parar a las arcas del particular y hasta el 30.6 por ciento de lo que se recaude por otras multas así cómo por trámites, servicios y actuaciones de Tránsito que se efectúen durante las dos décadas que durará la concesión.  

Si la concesión se concreta sustituirá varios contratos vigentes con privados para varias de las mismas funciones y que expiden en 2016.

Los negocios privados alrededor de la entidades de Tránsito han sido muy cuestionados en la región, no sólo por las fotomultas, sino porque según sus críticos pueden resultar muy onerosos para los municipios (en el caso de Barrancabermeja ya lo está advirtiendo el periodista Rosberg Perilla) y además por la participación de familias metidas en la política.

En Girón, parientes del gobernador electo, Didier Tavera, han estado detrás del negocio a través de la empresa Growing Network y en Floridablanca se ha relacionado a la influyente familia Mustafá, de origen conservador.

Aquí todavía no se sabe a ciencia cierta quién está detrás. Pero si las cosas salen como las planearon, antes del 31 de diciembre la concesión tendrá nombres y apellidos y Elkin Bueno dejará firmado su último legado de gobierno.

Falta ver si lo logra, en momentos donde ha estado en el ojo del huracán, entre otras cosas por la captura de su aliado y copartidario el concejal René Tordecilla y por un criticado y hasta ahora fallido ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial.

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