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Por LaSillaVacia.com · 15 de Octubre de 2013

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No solamente los reclamantes de tierras están preocupados con el aumento en las amenazas y la falta de medidas de protección, sino también sus abogados. Como contó esta mañana Santiago Villa en su columna de El Espectador, acaban de reducirle el esquema de seguridad a la abogada que lleva dos de los casos más emblemáticos de restitución de tierras en el Cesar -de predios de campesinos desplazados que hoy están en manos de las mineras Drummond y Prodeco- y también otro par de casos de falsos positivos.

Lo que Villa no mencionó es que la última evaluación que le hizo a Ludys Pedraza el Comité de Evaluación de Riesgo Recomendación de Medidas (Cerrem) el 20 de septiembre pasado arrojó de nuevo un nivel de “riesgo extraordinario”. A pesar de eso, la Unidad Nacional de Protección que dirige Andrés Villamizar le quitó la camioneta y uno de los escoltas que la protegen, dejándole otro escolta y el chaleco antibalas.

Pedraza tiene bajo su ala varios casos muy sensibles en Cesar. En primer lugar, representa a varias de las familias que se tuvieron que desplazar de El Prado y Mechoacán, dos predios en La Jagua de Ibirico que después del despojo por parte del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC terminaron en manos de las empresas carboneras Prodeco y Drummond, respectivamente.

En Mechoacán, al menos una veintena de familias tuvieron que salir desplazadas desde 1999 y sobre todo tras el asesinato en 2004 de Luis Trespalacio Herrera, presidente de la junta de acción comunal, a manos de los paras.

Varias de esas parcelas fueron luego compradas por segundos mediante argucias jurídicas -con la complicidad del Incoder y la notaría de Chiriguaná- como falsificaciones en las firmas e incluso firmas de personas que estaban muertas, como comprobó después la Fiscalía. Esas tierras fueron vendidas luego a la multinacional estadounidense Drummond, que tiene en la zona sus dos proyectos mineros.

Algo similar ocurrió en El Prado, un predio que el antiguo Incora compró a finales de los años noventa para reasentar a 51 familias que venían de la Serranía del Perijá. Al igual que en Mechoacán, los paramilitares asesinaron a cinco parceleros y crearon un ambiente de zozobra que terminó con el desplazamiento de casi todas las familias.

Posteriormente el Incoder declaró esos predios como abandonados y se los cedió a segundos, que a su vez se los vendieron a la minera Prodeco, propiedad de la multinacional suiza Glencore Xstrata. La Corte Suprema de Justicia ordenó en 2012 la devolución de estas parcelas a sus propietarios originales, cosa que a la fecha no ha sucedido.

La Unidad de Protección le precisó a La Silla que un esquema de seguridad de chaleco y escolta encaja dentro del nivel de riesgo extraordinario y que las medidas de seguridad se van ajustando a medida que varían los puntajes de riesgo o el uso que se hace de éstas. Sin embargo, nos confirmó que está al tanto del caso y que lo está revisando.

Comentarios (3)

DIDUNDI

15 de Octubre

3 Seguidores

Andrés Villamizar debe dar una explicación y pronta, antes de que sea tarde.

Andrés Villamizar debe dar una explicación y pronta, antes de que sea tarde.

NELSON BELTRAN

15 de Octubre

0 Seguidores

De Ricardo Puentes Melo si no dicen nada. Como no es mamerto...

De Ricardo Puentes Melo si no dicen nada. Como no es mamerto...

Andrés Bermúdez Liévano

16 de Octubre

577 Seguidores

No conocemos el caso de Ricardo Puentes Melo, más allá de lo que él ha trinado. Además, ya otros medios hablaron de su caso, a diferencia de Ludys Pedraza.

No conocemos el caso de Ricardo Puentes Melo, más allá de lo que él ha trinado. Además, ya otros medios hablaron de su caso, a diferencia de Ludys Pedraza.

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