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Por Andrés Bermúdez Liévano · 21 de Junio de 2013

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Al cumplirse su primer aniversario, la Agencia Nacional de Minería se prepara para una de sus pruebas de fuego: la reapertura dentro de dos semanas de la ventanilla de títulos mineros.

Pero antes de esto la agencia que dirige María Constanza García ha venido adelantando dos labores cruciales: está terminando -como contó La Silla- la depuración de las 19 mil solicitudes de títulos represados desde el gobierno de Álvaro Uribe. Y desde diciembre viene adelantando otra tarea menos conocida pero igualmente clave: la fiscalización de los 9.500 títulos que existen en el país, para verificar que cumplen con todas las normas.

El código minero exige que el Gobierno “vigile” los títulos mineros en explotación cuatro veces al año y los que están en exploración dos veces, pero la realidad es que en el pasado no se realizaban sino unas 200 visitas anuales en total. Esto hacía que fuera muy difícil verificar la realidad minera en el terreno.

Con el congelamiento de la ventanilla, se decidió darle más dientes a esta tarea y actualmente unos 800 inspectores, que trabajan para las firmas Bureau Veritas-Tecnicontrol y HGC, hacen las rondas título por título. Hasta el momento han visitado personalmente 4.808 títulos mineros en 26 departamentos del país y esta semana que viene llegarán a 5 mil.

Esas primeras visitas ya están produciendo resultados: en 69 por ciento de los 6.950 títulos inspeccionados hasta el momento -incluyendo aquellos que todavía no han sido visitados pero cuya documentación ya ha sido examinada- se ha detectado algún tipo de incumplimiento, desde el no pago de regalías o del canon superficiario hasta la explotación sin licencia ambiental. Y también se han detectado títulos de engorde, donde no parecía haber intención real de explorar o explotar. Por el momento se trata de inspecciones preventivas, que buscan hacerles a sus dueños un llamado de atención y sancionarlos si aún no han hecho la corrección en la segunda visita. De no hacerlo, se expondrán a que se les revoque el título.

Esa segunda ronda de visitas, que comenzará en dos semanas, tendrá una meta aún más ambiciosa: comenzará a controlar los volúmenes de producción a bocaminas. Al hacerlo, dentro de algunos meses el Gobierno podrá saber quién está subfacturando -para no pagar regalías- y quién sobrefacturando -para “legalizar” la producción ilegal de otros. 

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