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Por Jineth Prieto · 11 de Diciembre de 2015

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Pese a que San Gil tiene su propia cárcel, el municipio decidió gastarse $58 millones para adecuar el área administrativa del Inpec en Bucaramanga, lugar en el que desde agosto de este año está recluido su alcalde Álvaro Agón.

El contrato, que será adjudicado por subasta por Jaime Chacón Gómez, el secretario del Interior de Agón y ahora alcalde encargado, se firmará el 16 de diciembre. El objeto es entregarle al Inpec cemento, estuco, ladrillos y hasta enchape de baños.

Tal y como la Alcaldía planteó la contratación, el motivo para hacer la subasta fue una carta que fue enviada por el Inpec el 7 de julio, que para el momento de iniciar la contratación había sido ignorada por esa administración por casi cinco meses, en la que se hacía una petición de donación de suministros para la cárcel modelo de Bucaramanga.

Aunque al ser consultado por este medio, Chacón aseguró que la contratación no se había adelantado antes porque se estaban haciendo los ajustes precontractuales, La Silla logró establecer que los estudios previos, que son los que dan el punto de partida a un proceso de selección, se hicieron en noviembre cuando ya el Alcalde cumplía varios meses de estar recluido.

Según los soportes de la convocatoria, el municipio consideró que era importante entregarle esa plata a una cárcel en Bucaramanga, porque en ella hay recluidos sangileños (entre ellos el Alcalde) y es la responsabilidad del municipio responder por los sindicados.

“Las cárceles que tienen a nuestros sindicados nos han hecho requerimientos para apoyarlos y ese fue el caso de la de Bucaramanga, igual ha pasado con Berlín y a ellos también los hemos apoyado. Esto no tiene nada que ver con que el Alcalde esté recluido allá”, aseguró Chacón, alcalde encargado de San Gil.

Aunque la cárcel de San Gil es solo para condenados- que son los que debe mantener el Inpec- también tiene a sindicados y de hecho en estos momentos tiene graves problemas de hacinamiento por lo que ha causado sorpresa que la plata no se haya invertido en su propio centro penitenciario.   

El hecho de que el municipio esté adelantando la subasta sin que exista un convenio de por medio con el Inpec, también generó suspicacias.

Según dos expertos en contratación consultados por La Silla, lo que debió haber hecho la Alcaldía de San Gil fue suscribir el convenio para girarle la plata al Inpec, y para que este a su vez hiciera la compra de los materiales.

“No existe justificación para que con recursos de un municipio se fortalezcan cárceles de otros entes territoriales. Bajo la figura que hicieron no hay seguridad para el municipio de que los materiales se usen en la sede administrativa y por ejemplo no terminen adecuando una celda”, dijo uno de los expertos.

Al respecto, Chacón reconoció que, lo que primó fue el afán para hacer efectiva la entrega de materiales y explicó que si lo hizo así fue porque el “Inpec nos pidió que lo hiciéramos directamente porque los convenios se demoran mucho”.

Agón fue enviado a la cárcel luego de que la Fiscalía lo acusara de siete delitos, entre esos corrupción al elector, por haber recibido dinero de familias de escasos recursos de San Gil cuando estaba en campaña por la Alcaldía de ese municipio en 2011, bajo la promesa de que las haría parte de un proyecto de vivienda si él salía elegido.

Los testigos del proceso han dicho que el dinero que los sangileños le entregaron al Alcalde fue invertido en pagos de tarjetas de crédito, fiestas y casinos en el exterior.

Por estos hechos también está privado de la libertad su hermano Javier Agón, quien fue Alcalde de San Gil a inicios de la década del 2000.

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