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Por LaSillaVacia.com · 21 de Marzo de 2010

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La protección de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, se han convertido en un termómetro de la política de protección de desplazados. La famosa sentencia de desplazados de la Corte Constitucional obligó al Gobierno a proteger los títulos colectivos sobre esta tierra y hasta la Embajada de Estados Unidos ha hecho presión para que así sea. Pero este lunes podría echarse por la borda todo el camino recorrido. Resulta que en diciembre terminó el mandato del consejo comunitario que había empujado todo el proceso de recuperación de tierras y un nuevo consejo fue elegido, esta vez con influencia de la poderosa familia Argote, dueña de grandes cultivos de palma en la zona. Este fin de semana estaba prevista la entrega de la resolución que ordena la restitución de tierras a este nuevo consejo comunitario y para el lunes está prevista la entrega material del terreno. El rumor que existe es que este nuevo consejo ya tiene varios contratos de arrendamientos sobre la tierra a palmicultoras a 50 años. Aunque existe una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y subsiste la duda de a nombre de quién está actuando este nuevo consejo comunitario, no se ha tomado ninguna medida de congelación de estos predios.

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