Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Ever Mejía · 26 de Octubre de 2020

1101

1

A diferencia de las anteriores administraciones charistas en Barranquilla, que se concentraron más en inversiones de obra civil y en el cemento, el alcalde Jaime Pumarejo se ha enfocado en un discurso que le apuesta a lo ambiental y propone que la ciudad se convierta en la primera “biodiverciudad del país”.

Desde el inicio de su Administración, ha insistido en trabajar con energías renovables, en realizar iniciativas que reduzcan los efectos del cambio climático  -como por ejemplo la siembra de bosques urbanos y la recuperación de caños - y anunció su proyecto bandera: la recuperación y construcción de un ecoparque en la ciénaga de Mallorquín, un cuerpo de agua deteriorado y receptor de desechos humanos y tóxicos, ubicado sobre la desembocadura del río Magdalena con el mar Caribe.  

En esa tónica, realizó una movida que les quitaría recursos a 18 municipios del Atlántico y le daría más manejo de presupuesto a él: la creación de una nueva autoridad ambiental que reemplazará a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). 

La CRA es la encargada de ejecutar programas y proyectos sobre medio ambiente y regular las políticas ambientales, y para hacerlo cuenta, principalmente, con recursos que recoge de la tasa ambiental del impuesto predial. Sin embargo, con la creación de la nueva entidad su recaudo quedaría reducido en un 75 por ciento ya que los mayores aportantes son Barranquilla y los otros cuatro municipios de su Área Metropolitana, que quedarían bajo su jurisdicción.

El asunto ya está trayendo consecuencias políticas a Pumarejo porque varios alcaldes se declararon afectados y le piden a la gobernadora (también charista) Elsa Noguera que intervenga. 

Y hasta en Presidencia, que tiene asiento en la junta directiva de la CRA, se están preguntando por los alcances de la iniciativa que dejaría sin plata para el manejo ambiental a muchos pueblos. 

A su vez, la CRA, como muchas Corporaciones Autónomas Regionales, ha sido botín de políticos y es manejado por un director que tiene vasos comunicantes con la casa Name, rival tradicional de los Char, y quien se ha opuesto a la decisión de la junta directiva del Área Metropolitana.

La nueva autoridad ambiental

El pasado cuatro de septiembre, el alcalde Pumarejo anunció la decisión de la junta directiva del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) -un ente encargado de ejecutar y regular proyectos de interés metropolitano- de crear una nueva autoridad ambiental, que regirá a partir del próximo año, con el fin de velar por los proyectos ambientales de Barranquilla y los otros cuatro municipios del AMB (Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo).

El proyecto no tiene que pasar por el Concejo sino que se basa en la ley 99 de 1993, artículo 66, que dice que “los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano”. 

Aunque esto ya planteó un debate jurídico y la Procuraduría General abrió una indagación para establecer si la creación de la nueva autoridad ambiental habría afectado las competencias de organismos del orden nacional, distrital y municipal.

Asimismo, la sorpresiva decisión del Área Metropolitana generó malestar al interior de la CRA y de los alcaldes de los otros 18 municipios que tiene el Atlántico que se verían perjudicados con la movida. 

Esto porque el acuerdo metropolitano señala que la nueva autoridad ambiental tendrá las mismas funciones que las CRA y que “podrá disponer de los recursos establecidos en la Ley 1625 de 2013 y en la Ley 99 de 1993, para el ejercicio de funciones de autoridad ambiental". Es decir, se quedaría con la mayoría del presupuesto de la CRA Atlántico, que este año es de 104 mil millones de pesos. 

El recaudo mayoritario de la CRA proviene de la sobretasa ambiental que se cobra en el impuesto predial del Distrito de Barranquilla y de los otros municipios del Atlántico. Sin embargo, con la creación de la nueva autoridad ambiental, la CRA se quedaría sin más del 75 por ciento de esos recursos porque los mayores aportantes vienen de Barranquilla y los otros cuatro municipios del Área Metropolitana. 

La nueva autoridad ambiental también quedará con funciones para otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos y efectuar control de vertimientos y contaminantes; unas disposiciones que hasta ahora tomaba la CRA. 

Por eso, el representante de la Presidencia de la República en el consejo directivo de la CRA Atlántico, Alberto Borelly, le envió una carta a la Gobernadora Noguera en la que que le pide que se pronuncie al respecto porque de concretarse la decisión del AMB, la CRA se quedaría desfinanciada y sin posibilidad de cumplir vigencias futuras comprometidas hasta 2035, que ascienden a 700 mil millones. 

En ese sentido también se pronunciaron 19 alcaldes del Atlántico (18 municipios serían los afectados, pero el alcalde de Malambo -Rummenigge Monsalve, avalado por el Partido Conservador y quien es del grupo del polémico senador Laureano ‘el Gato’ Acuña- que hace parte del AMB también firmó la carta) pidiéndole a la mandataria que, como presidenta del Consejo Directivo de la CRA, respalde a la corporación. 

“Como miembros del Departamento, nos preocupa el futuro de las plantas de tratamiento residuales de los municipios de Piojó, Campo de la Cruz, Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela, el mantenimiento del Embalse del Guájaro y de las Ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela, la ejecución de los programas de educación ambiental para todos nuestros municipios”, reza la carta.

El alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, le dijo a La Silla que el problema es que “la CRA quedaría constituida por municipios de sexta categoría y quedaría sin recursos para atender el tema ambiental del 80 por ciento del territorio del departamento”. 

“En nuestros municipios la cultura del pago del impuesto predial es prácticamente nula, los grandes aportantes a la CRA son Barranquilla y los municipios del Área Metropolitana. Hace poco la CRA nos entregó una Ptar (plantas de tratamiento residuales) que costó alrededor de 2.500 millones de pesos que con nuestros recursos hubiera sido imposible tener”, nos dijo por su parte el alcalde de Campo de la Cruz, Richard Gómez. 

Asimismo, la Federación de Pescadores Artesanales del sur del Atlántico también le pidió a la Gobernadora que se pronuncie porque consideran que la decisión del AMB es egoísta con los pueblos del sur del Atlántico y “sería funesto para los municipios que están por fuera del área metropolitana”.

Noguera aún no se ha pronunciado públicamente y la consultamos a través de su jefe de prensa desde el 5 de octubre, pero no nos respondió. 

Y más allá del silencio de la gobernadora, a dos meses de que la nueva autoridad ambiental empiece a funcionar, el director de la CRA, Jesús León Insignares, le dijo a La Silla que aún no han empezado un proceso de empalme con el AMB.

Como nos contaron dos fuentes, al interior de la CRA consideran que la movida del AMB es una muestra más del unanimismo de los Char en Barranquilla y el Atlántico. Esta vez sobre una entidad que ya han querido controlar. 

Las pujas políticas en la CRA

Las corporaciones autónomas regionales son entidades estatales, pero autónomas. Es decir, no obedecen ni al Presidente, ni al Ministro de Ambiente, ni al gobernador de turno.

Sin embargo, como hemos contado en La Silla, en varios casos estas entidades se han convertido en importantes botines burocráticos porque políticos tienen fichas dentro del consejo directivo, que está compuesto por cuatro alcaldes locales, el gobernador, representantes de Presidencia, de ONG, del sector privado y de comunidades indígenas y afrocolombianas. 

Además de manejar un importante presupuesto (104  mil millones en 2020 la CRA Atlántico), son la última instancia en asuntos ambientales, lo que les da un poder importante porque pueden sacar a una empresa de un mercado negándole la licencia ambiental, por ejemplo.

En 2013 fue condenado por corrupción el exdirector de la CRA Atlántico, Rafael Pérez Jubiz, por un contrato que se canceló en su totalidad pero nunca se ejecutó. 

En La Silla hemos contado que el senador de La U, José David Name, tiene el poder de la entidad desde 2012. 

Name es el congresista que más ha rechazado la decisión de la creación de la nueva autoridad ambiental, al punto que citó a un debate de control político al director del Área Metropolitana de Barranquilla y a los ministros del Interior y Ambiente por la “autoproclamación” del Área Metropolitana. 

Aunque el actual director, Jesús León Insignares, no ha hecho política con la casa Name, es visto como cercano a ese grupo vía la cercana relación de su mamá, la exdiputada Lourdes Insignares, con la familia Name, como nos dijo un congresista, un político y un periodista local. 

Por su parte, el clan Char puso en la dirección de la CRA Atlántico a Alberto Escolar en 2008, pero como contamos en 2012 este se reeligió con apoyo de Name. 

Los Char intentaron recuperar el poder en 2015 con la aspiración del charista y hoy diputado de Cambio Radical, Gonzalo Baute (mencionado en el reciente escándalo de supuesto pago de coimas que enfrentan los Char), pero fue excluido de los candidatos porque no acreditaba ni posgrado ni experiencia ambiental.

El año pasado, según nos dijeron tres fuentes del consejo directivo de la CRA, aspiraron 37 candidatos y hubo rumores de que varios tenían el guiño de la casa Char, pero ninguna de sus candidaturas tomó fuerza y terminó elegido Jesús León Insignares. 

El representante de las ONG en el Consejo directivo de la CRA, Asleth Ortega, le dijo a La Silla que la decisión es una movida más del “centralismo barranquillero” de la casa política Char que tiene arrinconados a los dirigentes locales. 

En una carta pública que Ortega firmó junto a Juan Urquijo, el otro representante de las ONG en el Consejo Directivo, señala que a los Char “no les importa desfinanciar y dejar sin recursos el Plan de Acción Institucional-PAI 2020-2023 ‘Atlántico Sostenible y Resiliente’ de la CRA, como legítima autoridad ambiental del departamento; para demostrar su poderío político”. 

Comentarios (1)

Contexto

Las historias más vistas en La Silla Vacia