Por: Tatiana Andia
Todos hemos vivido y sufrido el énfasis desproporcionado que los debates electorales le han dado al tema de la paz como la única y más importante distinción entre los candidatos a la presidencia. Poco se ha dicho sobre otros temas sustantivos como la salud, la educación o el medio ambiente que son tan vitales como la paz y que en últimas la constituyen.
Si bien en las propuestas electorales los dos candidatos Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga se ven parecidas, como lo mostró la Silla Vacía recientemente en un análisis de las propuestas programáticas, las verdades de gestión de 8 años del gobierno Uribe y 4 del gobierno Santos dicen cosas muy distintas. Ya sé que Zuluaga no es Uribe, pero en materia de salud nada garantiza que vaya a diferenciarse del legado del ex presidente a quien tanto admira.
La diferencia entre los dos legados en materia de salud se puede resumir en las iniciativas legislativas que marcaron o marcarían el cierre de ambas administraciones. El cierre de los dos periodos del ex presidente Uribe estuvo signado por la emisión de 14 decretos de emergencia social y la declaratoria de inexequibilidad de los mismos por parte de la Corte Constitucional. Si no hubiera un segundo período para Santos, el cierre de su gobierno estaría marcado por la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la Ley Estatutaria en salud y por la noticia del hundimiento del proyecto de Ley Ordinaria en salud en el Congreso.
Pero eso que significa realmente? En pocas palabras significa que los tres ministros de salud del gobierno Santos (Mauricio Santamaría, Beatriz Londoño y Alejandro Gaviria) han tenido que dedicarse a solucionar la crisis en la que el único ministro del gobierno Uribe (Diego Palacio) dejó sumido al sector. Más aún, los ministros de la administración Santos han tenido que hacerlo de forma sustancial y sistemática y no con la urgencia y la improvisación de una emergencia como la que planteaba en su momento el gobierno Uribe. Por eso en lugar de decretos presidenciales de emergencia social, el gobierno actual pasó una ley estatutaria y batalló una ley ordinaria durante casi dos años. Ambas leyes y 4 años de gestión han logrado controlar la crisis financiera del sistema de salud sin dejar de reconocer la realidad constitucional de la existencia del derecho a la salud para todos los colombianos.
Por el contrario, vale la pena recordar que los decretos de emergencia social emitidos por el gobierno anterior proponían pañitos de agua tibia para frenar la debacle del sistema y que además lo hacían desconociendo el derecho a la salud. Los decretos eran una propuesta apresurada y parcial de último minuto luego de 8 años de inacción. De los 14 decretos de emergencia social del 2009, 11 estaban encaminados a liberar recursos de todas las fuentes posibles para darle oxigeno financiero al sistema, y solo 3 proponían medidas sustantivas de contención del gasto a futuro. Pero lo más grave es que en lo sustantivo los decretos proponían limitar el derecho a la salud obligando a los pacientes a pagar por servicios excluidos a pesar de que el plan de beneficios no se había actualizado adecuadamente. Además, los decretos proponían limitar la autonomía médica sancionando a los profesionales de la salud que se apartaran de las recomendaciones de estándares aceptados. Por último, luego de 8 años de desregulación e incremento exponencial de los recobros al Fosyga los decretos proponían por fin regular los precios de los medicamentos. En pocas palabras, los decretos de emergencia social no solo eran inconstitucionales sino que fueron la prueba reina de que el sistema de salud estaba en crisis y que las causas estaban en la falta de gestión en salud del gobierno Uribe.
Lo que recibió entonces el gobierno Santos fue un sistema de salud al borde del abismo y las 23 ordenes de la Corte Constitucional que a través de su sentencia estructural en salud (T-760) tuvo que actuar como ejecutivo ante el vacío regulatorio y de rectoría en el sector. Luego de 4 años de gestión, hoy nadie puede desconocer que las finanzas del sistema se han estabilizado y que hemos dado un amplio debate sobre el futuro del sistema. Como se puede ver en los informes de gestión del Ministerio de Salud, el gobierno actual unificó el POS, incluyó 183 nuevas tecnologías al POS, reguló el precio de 864 medicamentos ahorrando alrededor de 600.000 millones de pesos al año y afilió 2.5 millones de personas de las cuales 1.5 millones lo hicieron al régimen subsidiado.
Pero el logro probablemente más importante de este gobierno en materia de salud es el ajuste que gradual y silenciosamente se le ha hecho al arreglo institucional de la salud. El ministerio de salud volvió a independizarse del de trabajo fortaleciendo la rectoría que el sector tanto necesita. La Superintendencia de Salud ha ganado en capacidad e independencia, se reestructuró el Invima y se creó el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud que será vital para evaluar la costo-efectividad de los tratamientos disponibles en el país.
A la fecha y con la aprobación y declaración de exequibilidad de la Ley Estatutaria, la salud se ha reconocido por el ejecutivo, y no solo por la Corte, como un derecho fundamental. La ley introduce el plan de beneficios integral que incorpora todas las tecnologías y elimina el No-POS . Si bien esto genera riesgos financieros y es cuestionable desde el punto de vista técnico porque ningún plan de beneficios en salud del mundo lo cubre todo, también permite planificar mejor el gasto en salud. El escenario alternativo era continuar con un POS que por bien definido que estuviera, siempre daría lugar a un No-POS porque ni la tutela ni las demandas de autonomía por parte de los médicos se van a ir a ninguna parte.
Quedan muchos retos. La presión para introducir nuevas tecnologías excesivamente costosas puede ser muy peligrosa en el marco de un plan de beneficios integral que lo cubre todo. Como lo dijeron tanto el ministro Alejandro Gaviria como Jaime Cardona y Sergio Clavijo mientras proyectaba el impacto fiscal de la Ley Estatutaria en el 21 Foro Farmacéutico de la ANDI de este año, aún tenemos mucho por hacer si queremos no solo transparentar la existencia del derecho a la salud sino poder pagarlo. Necesitamos promover la autoregulación del gremio médico, hacer énfasis en la prevención y no en el cuidado de la enfermedad, ser mucho más exigentes antes de permitir el ingreso de nuevas tecnologías y fortalecer la evaluación de tecnologías en salud y la regulación de precios. Por eso será vital la próxima administración en salud.
Este ministerio de salud se acaba con una lista sustantiva de logros. El anterior se acabó con varios decretos de emergencia social y el sistema de salud al borde del abismo. Juzguen ustedes.
