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Por Jerson Ortiz · 15 de Enero de 2021

Fernando Carrillo cumple su periodo en la Procuraduría

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Fernando Carrillo termina sus cuatro años como procurador con el sello de haber cambiado el perfil político de la Procuraduría como sancionadora de alcaldes y gobernadores, por el de un buscador de consensos en el ambiente crispado que ha rodeado al Acuerdo con las Farc, al que le dio un apoyo decidido.   

Carrillo construyó parte de su círculo cercano con funcionarios que venían de trabajar en la elaboración del Acuerdo con el Gobierno Santos, y no tuvo mayores ruidos por el manejo burocrático de la entidad.  

Sin un enfoque en las sanciones y uno más dedicado a poner su voz en temas relevantes, como recientemente en las preguntas públicas sobre las vacunas de covid, su paso también queda signado por su polémico papel en el caso de Odebrecht. 

Algo que, si avanzan las intenciones electorales que le endilgan algunos y él no ha negado, seguramente será objeto de más debate.  

Menos sanciones con repercusiones políticas

La Procuraduría de Carrillo no sancionó funcionarios de alto nivel en la política nacional.   

No fue sancionado ningún Senador de manera directa (los senadores eligen al procurador) aunque deja procesos contra 20 de ellos y ha intervenido en procesos de pérdida de investidura como los de Aida Merlano o Iván Márquez. Eso en contraste con el primer periodo de su antecesor, Alejandro Ordóñez, quien sancionó a 14 entre ellos a Eduardo Merlano por tráfico de influencias, Juan Carlos Martínez por parapolítica o Alirio Villamizar por enriquecimiento ilícito.  

También sancionó a menos gobernadores (14 a 57, contando ex gobernadores), alcaldes (17 por ciento menos) y concejales (12 por ciento), según los informes de gestión de los dos Procuradores.  

Eso no quiere decir que no haya sancionado. 

Por ejemplo, destituyó e inhabilitó a Alejandro Lyons y Edwin Besaile, gobernadores de Córdoba, por la apropiación de los recursos de la salud, y ayer se anunció la destitución del ex comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino, por presionar a un subalterno a que cambiara una versión en el sonado caso de la ‘comunidad del anillo’.  

Carrillo le dijo a La Silla poco antes de dejar su cargo que su gestión contra la corrupción no se debe evaluar por el número de funcionarios sancionados, porque mirarlo así crea un incentivo perverso para sancionar así sea sin mayor sustento.   

En cambio, resaltó las acciones preventivas y de intervención que buscó liderar como Procurador. 

“Le ahorramos al país cerca de 18 billones de pesos (...) que calculo eso equivale a 30 veces el presupuesto de la Procuraduría”, dice, refiriéndose a cuando suspendieron la asignación de contratos por posibles sobrecostos como pasó recientemente con la compra de unas ambulancias en Putumayo, al mediar en tribunales contra la Nación como el de la Ruta del Sol donde se impuso multa de 715 mil millones a Odebrecht, y al acompañar jornadas de conciliación.  

También resalta que en su Procuraduría se abrió paso una doctrina que lleva a que pueda sancionar disciplinariamente a particulares que contraten con el Estado y no solo a funcionarios públicos, lo que da más dientes para luchar contra la corrupción.  

Al respecto, cita la sanción contra la representante legal de Multiactiva Surcolombiana, empresa con la que el condenado Germán Trujillo (el de los tamales de 30 mil pesos), se robó el PAE de Santander.  

Por último, dice que el 60 por ciento de las investigaciones que se abrieron, vinieron de denuncias ciudadanas y de veedores que las entregaron “en más de 200 audiencias territoriales”, y que así le dio más legitimidad a la Procuraduría. 

La defensa del acuerdo

En el discurso y en la práctica, Carrillo ayudó a rodear el Acuerdo que firmó el Gobierno Santos, del que fue Ministro de Interior, y está dando tumbos en el de Duque.  

Esa fue una de las razones de la ‘Unidad Nacional’ santista para elegirlo Procurador en 2016 como recuerda el senador Roy Barreras, miembro 1A de esa coalición, negociador en La Habana y hoy disidente del partido de La U. 

“Es demócrata, liberal, defensor de los Derechos Humanos. Encajaba en esa defensa del Acuerdo de Paz y lo sigue siendo. Con ese talante, no fue difìcil que lograra los consensos para su elección, y puedo decir con total franqueza que no decepcionó”, opina Barreras.

Carrillo dio puntadas de esa perspectiva desde su posesión, cuando dijo que la paz está “en el corazón de la Constitución” o “la Procuraduría vive para que vivamos en paz”; y también cuando se llevó a trabajar a la entidad a personajes claves del Acuerdo de La Habana. 

  • Por ejemplo a Mónica Cifuentes, quien llevó sobre sus hombros todo el andamiaje jurídico del proceso de paz y parte de la implementación, la nombró como procuradora delegada ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. 

  • Elena Ambrosi, encargada de negociar el tema de la salida de los niños de la guerrilla y la espina dorsal del enfoque de género, la vinculó como procuradora delegada para hacerle seguimiento al Acuerdo.

  • Andree Viana, encargada de temas étnicos de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la nombró procuradora delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras. 

Esos nombramientos permitieron darle continuidad al aterrizaje y la veeduría de los acuerdos más allá del Gobierno Santos.  

También mostró su interés de estar presente en la implementación, como cuando logró que en el trámite de la ley estatutaria de la JEP quedara que la Procuraduría puede intervenir en sus procesos, algo que que le da más capacidad de influir y de proteger a las víctimas. 

Y también ha mostrado esa defensa en su relación con el Gobierno Duque como cuando le dijo al Presidente que estaba equivocado con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, o cuando pidió al Senado que diera vía libre a las curules de las víctimas a las que se opone el uribismo y que siguen en veremos.

 

Carrillo también lanzó periódicas advertencias de que la implementación va a cuentagotas porque no es prioridad para Duque, y dijo que los esfuerzos de algunos funcionarios como el consejero para el posconflicto, Emilio Archila, son aislados.  

Esa lucha por la implementación se la reconocen distintos sectores ligados al acuerdo. “Carrillo ha estado ahí para fomentar el diálogo social y mediar ante el Gobierno, garantizar esa participación”, opina por ejemplo el senador de la Farc, Carlos Antonio Losada. 

Esa interlocución trascendió en otros escenarios sociales, como las movilizaciones y paros.

“En el paro cumplió como mediador, motivó el diálogo y la negociación. Y una vez se llegaron a acuerdos con el Gobierno dispuso una delegada para hacerle veeduría. Hizo defensa del derecho a la protesta, todo eso que es deber institucional de un Procurador”, nos dijo Jeniffer Pedraza, líder del movimiento estudiantil que estuvo en paro en 2018.  

La sombra de Sarmiento

Contrario a su antecesor Alejandro Ordóñez, Carrillo no tuvo mayores ruidos por los cargos que entregó ni buscó reelegirse, aunque sí buscó que su viceprocurador, Juan Carlos Cortés, fuera ternado.  

Así como no usó el poder de la Procuraduría para hacerse reelegir, tampoco lo hizo para hacer una persecución ideológica ni para mostrarse como el gran justiciero, como Ordóñez, pero no estuvo exento de cuestionamientos.  

Uno de los mayores es su relación con el poderoso Luis Carlos Sarmiento, que tiene a su compañía de inversiones Corficolombiana, a filiales de ella y a su hijo mayor vinculados al escándalo de Odebrecht.  

Antes de ser procurador, Carrillo trabajó para una de las empresas de Sarmiento y no lo informó en el Consejo de Estado cuando pidió ser ternado ni en el Senado cuando pidió que lo eligieran. 

Cuando se supo, estalló un escándalo por un posible conflicto de intereses.  

El senador Jorge Robledo dijo que ese trabajo explica por qué Carrillo no quiso recusar al entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, para que se apartara de las investigaciones penales de Odebrecht, que eso retrasó el proceso y que por eso se sigue sin dar con todos los responsables.  

Otro Robledo, el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe, sostiene que Carrillo le falló al país y a la transparencia al omitir esa información y que no solo no se declaró impedido sino que se movió para no afectar a su antiguo empleador.  

“Carrillo tomó decisiones para proteger a Luis Carlos Sarmiento, su exjefe, con quien tenía un contrato de 88 millones de pesos mensuales. Lo hizo, por ejemplo, cuando decidió investigarme porque como Superintendente me di la pelea de meterme con las empresas del señor Sarmiento”, le dijo Robledo a La Silla. 

A finales de 2020, en la investigación que había arrancado Robledo, la SIC impuso una sanción de 295 mil millones de pesos contra los socios de la corrupta multinacional brasileña, entre ellos Corficolombiana, que deberá pagar más de 55 mil millones de pesos.  

Carrillo se ha defendido señalando que su vínculo con Sarmiento no tuvo nada que ver con las empresas relacionadas a Odebrecht y que la Procuraduría sí tuvo resultados en el caso.  

Que muestra de ello es que ayer, a horas de terminar su periodo, la Procuraduría sancionó e inhabilitó por 19 años al representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti, y el exdirectivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, y los condenó a pagar una multa por 32 mil millones de pesos. 

Ambos fueron señalados de falsificar documentos para autorizar un pago cercano a los 9.400 millones de pesos que terminaron en coimas.  

“No me quería ir de la Procuraduría sin sacar este fallo. Es un fallo histórico porque es contra personas particulares que se ensañaron con los recursos públicos”, dijo Carrillo a La Silla.  

Pero el exsuperintendente Robledo cree que es una sanción a medias porque en el fallo no se tocó a Alberto Mariño Samper, quien representó las empresas de Sarmiento en el negocio con Odebrecht.  

Además, como Martorelli y Ferracuti son ciudadanos extranjeros, quedar inhabilitados para contratar en Colombia no es algo que los deje por fuera de circulación. 

Más allá de los resultados, haber ocultado ese vínculo con quien debe investigar terminó manchando su discurso de transparencia. 

En el centro lo esperan

En la ronda de medios que está haciendo desde hace dos semanas, y en su rendición de cuentas del miércoles, a Carrillo siempre le preguntan si va a ser candidato presidencial en 2022.

No ha respondido ni sí ni no. 

Siempre dice que su paso por la Procuraduría no es un trampolín político sino la continuidad de su carrera pública ligada a la defensa de la Constitución y el estado de derecho, y que quiere ayudar a tejer puntos de convergencia para acabar con la polarización y evitar el populismo, algo que marca claramente la intención de estar en una posible coalición de centro.

Posiblemente como protagonista porque desde que llegó a la Procuraduría en nombre del liberalismo corre el rumor de que su equipo ha estado buscando a congresistas para tantear cómo lo ven para la presidencia. 

Esa eventual candidatura tiene varios contra como que si bien se eligió con los votos de los senadores liberales, una vez posesionado Carrillo no volvió a recibirlos. O que pese a estar cuatro años apareciendo en medios permanentemente, no logró posicionar su imagen. 

Cuando entró, la Gallup Poll mostraba que lo reconocía el 24 por ciento de los encuestados, y tras estos cuatro años, el porcentaje apenas creció al 30 por ciento. 

Lo que está por verse es si la imagen que dejó entre distintos sectores del poder le da para ser ese constructor de consensos en 2022. Y si el contraste que haya entre su gestión y la de la desde hoy procuradora y exministra de Justicia de Duque, Margarita Cabello, acelera o frena esa posibilidad.

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