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Por Juan Manuel Flórez Arias · 15 de Diciembre de 2020

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Con un pasado en la política tradicional, pero arropado con el vestido de independiente, Daniel Quintero ganó la Alcaldía de Medellín el año pasado con dos banderas principales: gobernar sin jefes ni partidos y sacar Hidroituango adelante, una causa que lo hizo visible incluso desde antes de ser candidato, como una de las voces más críticas de la crisis de la megaobra en 2018.

De esa manera, le dio un golpe al uribismo en su casa y derrotó a Alfredo Ramos, hijo del cacique uribista Luis Alfredo Ramos, en los comicios de octubre de 2019.

Cuando se cumplen sus primeros doce meses, la bandera de la independencia está en entredicho por los puestos a políticos tradicionales que Quintero ha repartido en su gabinete y otros cargos clave; y la de Hidroituango ha desencadenado una crisis de poder sin precedentes en la ciudad, pues con varias decisiones el mandatario rompió el matrimonio que había habido entre el sector público y el empresariado paisa durante los últimos 16 años.

En medio de estas dos caras de su Administración, la confrontacional y la de los puestos y las alianzas, Quintero se ha destacado también como un alcalde experto en no pasar desapercibido, y, como contamos, ha convertido su cuenta de Twitter en una fuente de titulares que cada par de semanas lo ponen en la agenda nacional. Para bien o para mal.

EPM y la pateada del tablero

Desde antes de ser candidato, Quintero se había convertido en una de las voces más críticas al manejo del proyecto Hidroituango en Empresas Públicas de Medellín EPM, uno de los símbolos del matrimonio entre lo público y lo privado en la región.

Esa fisura con el empresariado se comenzó a acrecentar desde el inicio de su Gobierno. Como contamos en enero de este año, dos fuentes cercanas al Grupo Empresarial Antioqueño nos dijeron que los gremios le pasaron al Alcalde una lista de nombres para la gerencia de EPM, algo que según nos dijo una de las fuentes era usual por parte de los empresarios con el alcalde entrante, pero Quintero los descartó y nombró a Álvaro Guillermo Rendón, una figura del conservatismo tradicional a quien Quintero conoció cuando inició su carrera política en ese partido.

La discordia terminó de estallar en agosto, cuando Quintero y Rendón decidieron reclamarle a los contratistas de Hidroituango 9,9 billones de pesos por presuntas fallas que habrían ocasionado la crisis del proyecto en 2018. Entre las empresas señaladas, hay varias del entorno empresarial antioqueño como Conconcreto, una de las constructoras, e Integral, parte del consorcio que diseñó la obra.

La decisión detonó la renuncia de los ocho miembros de la junta de EPM, que argumentaron no haber sido consultados por el Alcalde y el gerente. 

Con la nueva junta hubo un cambio en las fuerzas al frente de EPM. Como contamos, aunque el empresariado paisa no tenía control directo sobre las decisiones, sí es cierto que las alianzas tácitas entre los gobiernos y los privados habían garantizado que los nombres de la junta fueran personas vistas con buenos ojos por el sector gremial.

Quintero, en cambio, puso al menos dos miembros en la nueva junta que, en palabras de una de las fuentes cercanas al empresariado paisa, “son personajes complejos en Antioquia”.

La nueva junta ha mostrado estar alineada con Quintero, pues solo seis días después de ser nombrada, aprobó las acciones legales contra los contratistas de Hidroituango, consignada en una solicitud de conciliación de cerca de 400 páginas.

Otra arista de esta crisis inédita de poder fue la creación en agosto de una veeduría ciudadana financiada por empresarios para vigilar a la Alcaldía, llamada Todos por Medellín, algo que no pasaba desde la alcaldía de Luis Pérez (2001-2003). Como contamos, la veeduría cuenta con algunas figuras cercanas al uribismo y al fajardismo, pero su mayor marca es la del empresariado paisa. 

Para 2021, la veeduría tiene un presupuesto de entre 1.400 y 1.600 millones de pesos, aportados principalmente por convenios con la Cámara de Comercio de Medellín, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y Proantioquia, la organización que agrupa a los principales actores empresariales de la región.

La pelea de Quintero con los empresarios también alentó un movimiento revocatorio (el primero contra un alcalde de Medellín desde la creación de esta figura en 1991), que no tiene por ahora personas visibles apoyándolo.

Dos de los mayores opositores a Quintero, como el excandidato a la Alcaldía y concejal uribista Alfredo Rramos y el excandidato Juan David Valderrama, primo de Sergio Fajardo, le dijeron a La Silla que no se sumarán al movimiento, que se inscribiría el próximo 2 de enero.

Los que lideran la revocatoria son figuras de segundo nivel, como exediles y un candidato quemado al Concejo del Centro Democrático, y algunos empresarios.

Para Juan Sebastián Delgado, experto en comunicación política y fundador de Estrategik Consultores, “Quintero tenía que dar un golpe mediático alrededor de EPM en su primer año. Ese fue el tema que lo catapultó a los medios y se ha vuelto parte de su marca en los últimos tres años”.

En contraste con estos frentes abiertos a nivel interno, Quintero ha cultivado buenas relaciones hacia afuera con el Gobierno Nacional.

Aunque el presidente Iván Duque hace parte del Centro Democrático, el partido con el que el alcalde se enfrentó en las elecciones pasadas, y varios de los promotores de la revocatoria pertenecen al uribismo, Medellín consiguió el apoyo del Gobierno Nacional en temas clave.

Uno de ellos fue justamente Hidroituango. El Gobierno Nacional respaldó la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que le dio vía libre a Hidroituango para comenzar a generar energía en 2022 con dos turbinas, sin haber terminado las otras cuatro que tendría el proyecto.

Esto salvó a Quintero de pagar las multas que le caerían a Hidroituango en caso de no empezar a operar a tiempo, que de acuerdo con estimaciones de la veeduría Todos por Medellín alcanzarían los 250 millones de dólares sumadas con los ingresos que dejaría de recibir EPM.

Duque también hizo posible el mayor logro de Quintero en su primer año y otra de sus promesas de campaña: concretar el Metro de la 80. En noviembre, el Gobierno Nacional firmó el convenio de cofinanciación de esta obra y se comprometió a poner 2,4 billones de pesos de los 3,5 billones que costará en total.

Y mientras con el empresariado se enfrentó, a los políticos tradicionales más bien se acercó.

Amigo de sus amigos

Pese a su postura de independiente, en su primer año Quintero ha repartido puestos en su gabinete a políticos tradicionales, algunos de ellos con vínculos con personas cuestionadas. 

Entre estos funcionarios está Carlos Mario Montoya, secretario de Gestión Territorial, quien viene de trabajar en la Secretaría de Salud de la Gobernación de Luis Pérez, político que, como contamos, tiene un historial de relaciones clientelistas.

También el secretario de Hacienda, Óscar de Jesús Hurtado, tiene una carrera como cacique liberal y fue representante a la Cámara por ese partido en dos periodos. 

Este año, Hurtado protagonizó una polémica, pues su excuñada, Martha Castrillón, fue nombrada por el Alcalde al frente de la IPS pública Metrosalud. Dos días después de llegar al cargo, ella contrató a una empresa de la que es dueño Óscar Hurtado, llamada Seguros Hurtado, como intermediaria de seguros, aunque lo reversó cuando se desató una polémica en medios de comunicación.

Otra figura tradicional con peso en la Alcaldía es Gabriel Jaime Rico, quien hizo parte del empalme de Quintero y en 2015 aspiró a la Alcaldía en fórmula con Luis Pérez a la Gobernación y respaldado por caciques como el senador liberal Julián Bedoya, quien tiene uno proceso por falsedad en documento público; y Olga Suárez Mira, del clan político de Bello y cuyo hermano, Óscar Suárez, fue condenado por recibir dineros del paramilitarismo. 

Después de participar del empalme, Rico no obtuvo un puesto en la Administración, pero su exesposa, Johana Jaramillo Palacio, fue nombrada como subsecretaria de Comunicación Estratégica de la Alcaldía; y su exsecretario privado durante la campaña en 2015, Alejandro Arias, es hoy Secretario de Desarrollo económico de Quintero.

Quintero también tiene cercanía con el representante a la Cámara y cacique de Bello León Fredy Muñoz, acusado recientemente de tráfico de estupefacientes, y a quien Quintero defendió recientemente de lo que considera “un intento burdo e inverosímil para sacarlo de la política”.

El subsecretario de Espacio Público de Quintero, Yomar Benítez, viene de la línea de estos apoyos tradicionales: apoyó a Gabriel Jaime Rico en la campaña en 2015; fue director de Internacionalización de la Gobernación de Luis Pérez y en las elecciones pasadas al Concejo, en las que se quemó, fue respaldado por León Fredy Muñoz.

Otro vínculo con caciques está en el Área Metropolitana, donde Quintero nombró como director a Juan David Palacio, hijo y heredero del político conservador Óscar Iván Palacio, famoso por ser uno de los presentes en la visita del exjefe paramilitar alias ‘Job’ a la Casa de Nariño en 2008. 

La cercanía con los partidos tradicionales también le ha asegurado la gobernabilidad en el Concejo, donde, como contamos, incluso la mayoría de la bancada del Centro Democrático (declarada en oposición desde septiembre), sigue votando alineada con el Alcalde, mientras que los concejales alternativos que apoyaron al mandatario al inicio del Gobierno, como Dora Saldarriaga del movimiento Estamos Listas, han tomado distancia de la Administración.

Ese discurso doble de Quintero (entre la independencia y su cercanía con los políticos tradicionales) también se ve en algunos de los anuncios que hizo este primer año y que terminaron siendo imprecisos.

Un ejemplo se ve en su manejo de la pandemia, frente a la cual fue elogiado al principio por el rastreo de casos a través de la plataforma Medellín me cuida y su anuncio de que Medellín había llegado a las 1.000 camas UCI, pero ambos logros han sido cuestionados como contamos en esta historia.

A la fecha, con 130.533 contagios, Medellín es la quinta ciudad con más casos por millón de habitantes en Colombia, detrás de Leticia, Neiva, Florencia y Bogotá, y por encima del resto, entre ellas ciudades grandes como Cali, Barranquilla y Cartagena.

Como un resumen de su primer año, Quintero dijo hace poco en una entrevista con Semana que “hace un año era un hombre que había sido elegido Alcalde de Medellín. Hoy soy el Alcalde de Medellín. Ya entiendo muy bien cómo lograr resultados, qué gente es muy buena, con qué gente nos podemos apoyar”. 

En ese proceso, Quintero dejó de lado la independencia en cuanto a los puestos, a la vez que desafió el modelo de cogobierno entre políticos y empresarios en la ciudad. 

Termina estos 12 meses con una popularidad de 67 por ciento, según la última encuesta de Invamer Galllup, por debajo de los picos de 84 por ciento que alcanzó entre abril y junio, y con tantas peleas abiertas como promesas pendientes, entre ellas convertir a Medellín en un Valle del Software y la aún incierta tarea de salvar Hidroituango.

 

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