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Por Jerson Ortiz · 21 de Agosto de 2020

San Juan de Losada, uno de los corregimientos en disputa. (Foto Marcela Amaya)

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Hoy en el Congreso se empieza a definir una pelea limítrofe entre Meta y Caquetá por una zona de más de tres mil kilómetros cuadrados (dos veces el tamaño de Bogotá), en la que están asentadas 112 veredas, viven unas ocho mil personas y se mueven intereses económicos legales, como el petróleo y la ganadería; e ilegales, como la deforestación y los cultivos de uso ilícito.

La definición del pleito está mediada por un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, que de entrada tiene inconforme a las dos partes, y la interpretación que den a él los senadores ponentes del proyecto de diferendo: la uribista María del Rosario ‘Charo’ Guerra y el cristiano Eduardo Pacheco. 

A partir de ahí, arranca un pulso, similar al que enfrentó a Antioquia y Chocó en 2018 por el corregimiento de Belén de Bajirá, pero con un impacto más grande debido al tamaño del territorio en juego; en el que incluso van a incidir otros proyectos como el de la reforma al sistema de regalías que plantea aumentar los giros a las regiones productoras de petróleo y eliminar los trámites para gastarlas. 

La importancia

Caquetá y Meta están enfrentados por una extensa zona entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta), municipios clave para sus respectivas economías.

En San Vicente está el epicentro de la ganadería caqueteña: allá hay más de un millón de cabezas de ganado de las 2,3 millones que hay en el departamento. Están registrados 6.841 predios dedicados a esa actividad.

Según estimativos de la Gobernación de ese departamento, en la zona del litigio puede haber 350 mil de esas reses, que además de mover el comercio local, le representan al municipio unos ingresos por parafiscales (impuestos de vacunación, movilidad y compraventa). 

En La Macarena también hay un inventario bovino que sobrepasa las 100 mil unidades, una diversidad agropecuaria con grandes cultivos de arroz, maíz,  y una apuesta importante por el turismo ambiental.

Los dos municipios son puntos de exploración y explotación petrolera. 

En 2011, la Agencia Nacional de Hidrocarburos le entregó a la internacional Canacol un contrato para la exploración y producción petrolera de más 1.500 kilómetros cuadrados de un bloque que se llama ‘Sangretoro’.

Ese bloque está justo en el corazón de la zona del litigio. 

En la región también hay otro bloque de producción que se llama Ombú Capella. 

Aparte de los intereses petroleros y ganaderos, San Vicente y La Macarena son dos de los tres principales focos de la deforestación que está arrasando la Amazonía y los parques naturales. 

El año pasado, en esos territorios fueron tumbadas 22 mil hectáreas de bosques.

Deforestación que, además de la ganadería extensiva, es acelerada por la apropiación ilegal de predios y el cultivo de ilícitos. La presencia del Estado aún no reemplaza el dominio que tuvieron ahí las Farc por décadas, y que ahora quieren retomar las disidencias.

La suma de todos esos factores explica por qué el litigio entre Caquetá y Meta lleva más de 30 años. 

La pelea

El conflicto radica en la interpretación que los dos departamentos le quieren dar a los límites geográficos establecidos en las leyes que los crearon administrativamente: la de Meta del año 1959, y la de Caquetá de 1981. 

En ambas leyes, los puntos límites son diferentes. 

 

El Igac se dio cuenta de eso en la década de los 80 cuando encontró que los trazados iniciales entre los ríos Caquetá, Apaporis y el Guayabero, que son las líneas divisorias, no coincidían con los que mostraban los radares y las imágenes satelitales.

A finales de esa década, cuando en la zona aún no se habían descubierto los pozos petroleros pero estaba avanzado el proceso de colonización del Caguán, el Senado estuvo cerca de zanjar la discusión con la conformación de una comisión con delegados de los dos departamentos. 

Pero un error de trámite en la aprobación de un acuerdo que logró esa comisión dejó en el aire el asunto por años. 

El proceso de colonización siguió y se consolidaron centros poblados como San Juan de Lozada, Puerto Lozada, La Unión o Las Américas. Corregimientos en los que confluyen unas 112 veredas, que son las que hoy reclaman los dos departamentos.

El pleito tomó forma cuando apareció el petróleo. 

La excusa

En 2008, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez le entregó a la internacional Emerald Energy la explotación de un yacimiento petrolero llamado Ombú Capella que está en San Juan de Lozada. 

La Gobernación de Meta y la Alcaldía de La Macarena cobraron los primeros dineros de regalías generados por esos pozos porque, ante el vacío jurídico, lograron demostrar que San Juan estaba en en su territorio. 

Caquetá reaccionó, revivió el reclamo y llevó la pelea al Gobierno Nacional. Eso obligó al congelamiento de los giros de las regalías de Ombú Capella hasta que no se resuelva el litigio. 

En la Gobernación de Caquetá estiman que están congelados unos 5 mil millones de pesos. 

Desde el 2009, empezaron las negociaciones formales, ya mediadas por el Igac, para ponerle fin al problema.

En 2011, como contamos, se firmó el contrato de exploración de ‘Sangretoro’, y los intereses de las partes crecieron.

Luego de años de visitas a la zona, comisiones conjuntas y recopilación de información de las dos partes, a finales de 2019 el Igac planteó una propuesta para fijar los nuevos límites. 

Es la propuesta que se va a debatir hoy en una sesión conjunta de las comisiones de Ordenamiento Territorial de Cámara y Senado, que son las encargadas desde el 2011 de resolver este tipo de conflictos que, técnicamente, se llaman diferendos limítrofes. 

La propuesta

Hace dos semanas en una audiencia pública de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el Igac socializó el nuevo mapa. 

En su propuesta, Meta pierde unos dos mil kilómetros cuadrados que, entonces, pasarían a Caquetá. 

El gobernador metense Juan Guillermo Zuluaga (Liberal) la rechazó de entrada, y pidió anularla, argumentando que el Igac no puede modificar los mapas y cartas geográficas que la misma entidad hizo para la creación administrativa del departamento. 

Que Meta tiene la ventaja porque se creó primero. Que, además, tienen cómo demostrar que las inversiones que históricamente se han hecho en esa región han sido por cuenta de su departamento y la Alcaldía de La Macarena. 

Y que no van a ceder ni un kilómetro. “Es que el Caquetá nos va a quitar un terreno que es casi dos veces la extensión del departamento del Quindío”, expuso Zuluaga en la audiencia.

Su voz tiene peso porque es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos. La semana pasada esa organización logró que el Gobierno Duque accediera a modificar el proyecto de ley sobre la reglamentación del sistema de regalías para eliminar los Ocad municipales y departamentales y agilizar el uso de esos recursos. 

El gobernador de Caquetá, el polémico ganadero Arnulfo Gasca (Conservador), aunque sale ganando, pidió más. 

Dijo que la pretensión de su departamento es sumar, además de los dos mil kilómetros, los corregimientos de San Juan y Puerto Lozada y los pozos petroleros Las Delicias, Las Machacas y El Recreo.

Explicó que la zona del litigio está más cerca de la zona urbana de San Vicente del Caguán que de La Macarena, y que la mayoría de las juntas de acción comunal de las 112 veredas están registradas en ese municipio. 

Y que tan identificadas están esas regiones con Caquetá, que él cree que se debe hacer una consulta popular. 

“Que sean los habitantes de San Juan y Puerto Lozada, los que decidan democráticamente en qué departamento se quieren quedar”, comentó en la audiencia.

Pero el procedimiento para la resolución de diferendos limítrofes no contempla consultas populares. Eso se vio, por ejemplo, en el caso de Belén de Bajirá en 2017. Antioquia pidió consulta, pero el Ministerio del Interior dijo que no aplicaba porque ese tipo de diferencias deben definirse con base en estudios técnicos.  

Sin embargo, paralelo a esta discusión, el representante a la Cámara de Caquetá, el liberal Harry González, está impulsando un proyecto de ley que incluye un parágrafo a la ley de ordenamiento territorial para que se puedan hacer las consultas populares. 

La iniciativa, que encaja en las pretensiones del Gobernador caqueteño Gasca, apenas lleva dos de los ocho debates que necesita para ser realidad. Su ponente es el senador liberal Miguel Ángel Pinto.

Aún si González logra que lo aprueben en esta legislatura y se aplique para el diferendo entre su departamento y Meta, no está tan claro que tengan los votos como dice Gasca. 

Cada vez que hay elecciones regionales, en San Juan de Lozada, la Registraduría tiene que poner cuatro mesas de votación para los que quieren votar por candidatos del Meta y cuatro más para elegir los de Caquetá. 

En las tres últimas elecciones regionales, han sido más los votos para el Meta. 

(En 2019, 615 personas votaron para elegir gobernador del Meta y alcalde de La Macarena; y 472 lo hicieron por los de Caquetá. En 2015, 686 votos versus 479; y en 2011, 803 frente 475). 

A pesar de las pretensiones y las movidas legislativas, la ponencia que se va a debatir en las comisiones conjuntas pinta inclinar la balanza para el Meta. 

Lo que viene

Los senadores María del Rosario ‘Charo’ Guerra (Centro Democrático) y Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), y los representantes a la Cámara, Alejandro Vega (liberal del Meta) y Rubén Molano (Centro Democrático), son los encargados de dar línea en el proyecto de diferendo. 

La Silla Vacía consiguió la propuesta que van a impulsar Guerra y Pacheco, y que va en la misma línea de sus colegas de la Cámara. 

Argumentando que las partes siguen sin ponerse de acuerdo, y que el Igac estaría ignorando la historia cartográfica de la misma entidad (argumento de la Gobernación del Meta para no perder dos mil kilómetros), van a pedir que se devuelva el informe técnico y se hagan más estudios. 

“Con el trazado propuesto por el Igac se estaría ignorando la historia cartográfica del mismo Igac, en la cual se evidencia que los límites del departamento del Meta han tenido poca variabilidad y además es bastante similar la cartografía histórica con la cartografía actual”, dice la ponencia. 

Resalta el documento que de aplicarse la nueva demarcación que plantea el Igac, habría impactos en la apuesta minero-energética que tiene el Estado en esa región. 

“Se estaría generando inseguridad jurídica para el país. Entre otras cosas, porque el Igac debe certificar correspondencia territorial para la ubicación de proyectos como los de exploración y explotación minero energéticos”.

Garantizar esa estabilidad jurídica de la que hablan Guerra y Pacheco, es clave para los intereses del Gobierno de Iván Duque porque dentro de su plan de reactivación económica pospandemia le quiere meter el acelerador a los proyectos minero-energéticos.  

Pero resultaría contradictorio que las comisiones de Senado y Cámara desestimen de tajo las propuestas técnicas del Igac que, según las normas, es la entidad que debe mandar la parada en estas decisiones. 

En todo caso lo que se diga ahí deberá pasar a estudio de la plenaria del Congreso donde se dará el punto final. 

Comentarios (1)

Olga L Gonzalez

26 de Agosto

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Buen articulo. La indefinicion territorial revela una suma historica de malos ...+ ver más

Buen articulo. La indefinicion territorial revela una suma historica de malos procesos juridicos y mala experticia técnica. Pero el fondo del problema, parece que a nadie inquieta: la destruccion de esos ecosistemas por ganaderia, industria agropecuaria y explotacion petrolera. ¡Esto si que no tiene dolientes!

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