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Por Juan Esteban Lewin · 08 de Octubre de 2019

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Hoy, desde las 8 de la mañana, Álvaro Uribe Vélez será el primer expresidente en más de medio siglo en asistir a una indagatoria en la Corte Suprema. Aunque esa diligencia es solo un paso en un proceso penal más largo y complejo (que puede entender con pelos y señales acá), la forma en la que avance y se resuelva tendrá consecuencias muy grandes para el país: aparte del futuro judicial de Uribe, se juega parte de la estabilidad del país, encarnada en el fantasma de una constituyente.

El fiel de la balanza

El choque entre la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal penal (y también en otras áreas) y una de las Altas Cortes, y el político más exitoso de las últimas décadas es una bomba política en cualquier país. Lo que ocurra con el proceso, tanto dentro de la justicia como fuera de ella, puede afectar la estabilidad política de un país que se jacta de ser una de las democracias más estables de América.

Por eso, como trinó ayer el constitucionalista Rodrigo Uprimny, el respeto a lo que decida la Corte es fundamental, de lado y lado.

Sin embargo, el fervor político que mostraron las marchas uribistas del domingo (y las que haya hoy) puede contagiarse de posiciones de algunos líderes uribistas que prácticamente amenazan con desconocer una decisión de la Corte que sea contraria a Uribe.

 

Por ejemplo, Fernando Londoño Hoyos escribió ayer “Será recordado el de mañana como el día más vergonzoso en la historia de las Cortes de Justicia en Colombia. La llamada Suprema, que nada tiene de su título (...) parece mejor una pandilla despreciable de sujetos que abusan de su poder y de su investidura” y , tras seguir en ese tono, concluye “La Corte lanzó al aire un boomerang que la va a decapitar”.

En un tono menos radical, la senadora Paloma Valencia dijo ayer que no hay “ninguna decisión, jurídicamente viable, que no sea la declaratoria de inocencia”, y en redes se encuentran cada vez más críticas a los magistrados de la Corte que, aunque son nuevos en la Sala de Instrucción que lleva el caso, resultan acusados hasta de corrupción.

Además, el uribismo ha venido movilizándose en los últimos meses con diferentes proyectos contra la Justicia, desde el reciente e inviable proyecto del representante Álvaro Hernán Prada de buscar que vía referendo se puedan anular sentencias de la Corte Constitucional hasta el fantasma de una constituyente que revive cada tanto, la vez más reciente en mayo.

Desde hace más de un siglo, la Corte Suprema se ha mantenido siempre al margen de la injerencia de los gobiernos. Incluso el dictador Gustavo Rojas Pinilla, como muestra el profesor Mario Cajas en este paper, respetó en buena medida su independencia y no la tumbó ni sacó magistrados a la fuerza.

Esa tradición, diferente a la de la mayoría de América Latina y puntal de la estabilidad del país, está en juego pues, aunque Uribe respetó una decisión judicial tan contraria a su interés como el hundimiento de la segunda reelección y el presidente uribista Iván Duque es institucionalista, el ambiente caldeado, el fervor por Uribe de muchos de sus seguidores y el apoyo de figuras del gobierno como la Ministra de Interior y la falta de antecedentes dejan la pregunta abierta.

Lo más probable, y lo más colombiano, es que si eso pasa los defensores de Uribe renueven la propuesta de constituyente para cambiar las cortes, ya sea con la propuesta que tuvo Duque en campaña de unificarlas o con otros cambios.

Aunque hasta ahora las propuestas de hacerla no han avanzado, en la pasada campaña presidencial quedó claro que fuerzas políticas diversas, que más allá del uribismo incluyen a su crítico Gustavo Petro (que finalmente se bajó de la idea cuando recibió el apoyo de varios verdes, incluyendo Antanas Mockus, para la segunda vuelta presidencial) o a miembros de Cambio Radical, comparten la idea, aunque con matices.

El escenario, más dramático, de Uribe en juicio, cambiaría los incentivos para que muchos congresistas la apoyen, una definición clave porque ellos  debe dar luz verde a una convocatoria de constituyente.

También aparecería el debate jurídico sobre si una constityente se puede convocar con un cerrojo para que solo debata algunos temas, o si puede ir más allá y asumir poderes mayores: la de 1991, por ejemplo, cerró el Congreso y prohibió a los congresistas elegidos en 1990 lanzarse a las elecciones legislativas siguientes.

Todo eso crearía un nuevo tema de debate político de consecuencias difíciles de prever - más si llamados como los de Londoño y Valencia suscritan movilizaciones populares importantes, calientan un ambiente que ya está polarizado. 

Una historia de dos relatos

Lo que ocurra con el proceso no solo puede relanzar la idea de una constituyente, sino también dar más peso a uno de dos relatos divergentes sobre Uribe, que enmarcan buena parte de esa polarización. 

Uno es el de un país rescatado de ser un Estado fallido por un presidente que luego ha sido objeto de una guerra jurídica por los narcotraficantes y guerrilleros a los que golpeó. El otro es que ese presidente fue un aliado de paramilitares que pacificó al país permitiendo violaciones de Derechos Humanos, que no ha pagado por sus crímenes.

Los dos coinciden en el hecho innegable de que Álvaro Uribe Vélez es uno de los protagonistas de los últimos 30 años.

En ese tiempo ha sido senador, gobernador de Antioquia, presidente en dos ocasiones (gracias a un cambio constitucional para ser reelegido) y fundador de uno de los partidos políticos más grandes. Además, puso presidentes en 2010 y 2018, en 2014 estuvo a punto de hacerlo, y lideró el campo vencedor en el único plebiscito en medio siglo, el de octubre de 2016 que rechazó el Acuerdo con las Farc.

Ese poder político tiene la sombra de que ha estado rodeado de ruidos por lo menos desde que era Gobernador (más de una década antes, en su paso como director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982, hubo otros con menos eco entonces) y aunque muchas personas cercanas a él han terminado procesadas o condenadas, las investigaciones penales en su contra se han descartado o se han paralizado. 

Por eso, cualquier proceso penal que protagonice es, en sí mismo, una noticia. Pero que además lo sea como investigado por un delito contra la justicia (como es la manipulación de testigos), puede darle más fuerza a alguno de los dos relatos, quizás no tanto entre los uribistas y los antiuribistas actuales, pero sí para las generaciones siguientes y entre los que están en el medio.

Si en el proceso finalmente no hay pruebas fuertes de que manipuló testigos y las hay de que no lo hizo (como está sujeto a reserva del sumario, no se puede saber hoy con precisión), la versión de que es víctima de un complot puede ganar fuerza, lo que a su vez puede ayudar a recuperar su golpeada imagen. Más, si a pesar de esas pruebas, los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte avanzan en el proceso y lo acusan ante la Sala de Primera Instancia.

Si las pruebas muestran lo contrario, el efecto sería el inverso: su imagen puede afectarse justo cuando tiene menos fuerza entre los más jóvenes, y el relato de un presidente que le dio poca importancia a los Derechos Humanos y la justicia podría ganar fuerza.

Más porque la presunta manipulación de testigos se da en medio de otro proceso penal sobre los hasta ahora no judicialmente probados vínculos de Uribe con paramilitares, pues el senador polista Iván Cepeda lo acusó de ello, Uribe lo denunció penalmente ante la Corte en 2012 por supuestamente haber manipulado testigos para poderlo afirmar, y en 2018 el Alto Tribunal desestimó la denuncia y pidió investigar a Uribe.

Por eso, aunque el caso no es directamente sobre vínculos con paramilitares, el trasfondo lo es. Y por eso, aunque hoy se salde el día con una salida tranquila de Uribe del Palacio de Justicia de Bogotá, marchas pequeñas a favor y en contra y sensación de que no hubo novedad, lo que está en juego es trascendental.

Nota del editor: a las 9 de la mañana actualizamos la historia y su titular, para precisar su tesis. 

Comentarios (4)

Jorge Enrique Gómez Pardo

08 de Octubre

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Muy buen y equilibrado artículo. Sin embargo, creo que no es lo mismo respeta...+ ver más

Muy buen y equilibrado artículo. Sin embargo, creo que no es lo mismo respetar que acatar una decisión judicial. Si la decisión es arbitraria -como a la luz de la evidencia sería cualquier decisión contraria a Uribe- los colombianos en una democracia constitucional tienen el de expresarse pacíficamente en contra y acudir a todos los canales que permite la Constitución.

Jorge Enrique Gómez Pardo

08 de Octubre

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En casos como este, la “real adhesión al Estado de derecho y a la democraci...+ ver más

En casos como este, la “real adhesión al Estado de derecho y a la democracia” de la que habla Uprimny debe comenzar por los jueces mediante el respeto a los derechos y garantías a las que tiene, como cualquier colombiano, Uribe, quien, por lo demás, salvó al Estado de derecho democrático en el marco del Estado de derecho democrático.

Jorge Enrique Gómez Pardo

08 de Octubre

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La historia y actualidad contemporánea comparada y nacional enseñan que la r...+ ver más

La historia y actualidad contemporánea comparada y nacional enseñan que la rama judicial, al igual que la ejecutiva y legislativa, también es susceptible de cometer arbitrariedades. A la luz de la evidencia, un fallo contrario a Uribe sería manifiestamente arbitrario y, por lo tanto, contrario al Estado de derecho democrático. Aquí la responsabilidad primaria recae primariamente en los jueces.

Elgatodeschrodinger

08 de Octubre

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Aqui hay una pequeña omisión y es el cartel de la toga,que cuando se menciono inicialmente parecia paranoia, hoy ya esta demostrado,si la corte de justicia que se inmolo en el palacio de justicia estuviera hoy haciendo la indagatoria,no habria dudas,pero una institución politizada en una rama deslegitimada por las funciones electorales y el bajo nivel de los magistrados, de universidades de garaje

Aqui hay una pequeña omisión y es el cartel de la toga,que cuando se menciono inicialmente parecia paranoia, hoy ya esta demostrado,si la corte de justicia que se inmolo en el palacio de justicia estuviera hoy haciendo la indagatoria,no habria dudas,pero una institución politizada en una rama deslegitimada por las funciones electorales y el bajo nivel de los magistrados, de universidades de garaje

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