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Por Héctor Riveros · 05 de Diciembre de 2020

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En Colombia hay tan poca sensibilidad por la protección de los derechos de las personas y tanta condescendencia con el autoritarismo, que cuando un juez adopta una decisión para proteger un derecho vulnerado o amenazado se arma un gran debate; y, cuando una autoridad administrativa adopta la decisión que lo amenaza, hay en cambio aceptación complaciente.

Con la pandemia la situación se ha exacerbado porque los gobiernos de todo el mundo han adoptado medidas restrictivas inimaginables que los ciudadanos han aceptado sin discutir, e incluso las han reclamado, movidos por el miedo y los jueces, cuando se les ha pedido que lo hagan, han tenido que corregir decisiones abiertamente inconstitucionales.

En Colombia la situación ha sido aún más compleja porque las múltiples restricciones a las libertades de las personas han sido adoptadas a través de actos que en la práctica no tienen control judicial distinto de la tutela.

A diferencia de otras partes donde se decretaron estados de emergencia para dotar al ejecutivo de facultades extraordinarias, con base en las cuales se optara por medidas necesarias, proporcionales, transitorias, que tuvieran un control automático de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado según el caso, acá las prohibiciones de salir a la calle, de hacerlo solo a unas determinadas horas en función del último número de la cédula, de abrir establecimientos de comercio y ejercer actividades económicas lícitas, de entrar o salir del país, y un larguísimo etcétera, son tomadas por resoluciones del Ministerio de Salud o por decretos de los alcaldes.

La Corte Constitucional dictó decenas de sentencias sobre los decretos dictados con base en los estados de emergencia y ninguno de ellos contenía estas restricciones, se referían más bien a asuntos administrativos como modificaciones presupuestales, creaciones de entidades y algunas rebajas de impuestos o creación de subsidios pero de libertades individuales, salvo la libertad económica en pocos casos, nada.

Una tutela restableció los derechos de los mayores de setenta años, decisión judicial que el gobierno trató de incumplir y ahora en una criticable decisión un juez ordena que se exija la prueba negativa para covid a los viajeros que llegan al país.

El fallo ha recibido todo tipo de calificativos. El gobierno lo ha desacatado e incluso anunció inicialmente que olímpicamente lo desconocería y ni siquiera usaría el derecho a impugnarlo. Un poco más tarde, alguien les hizo ver que eso ya era un poco mucho en el camino tan asustador de parecernos al Gobierno de Venezuela y al final de la tarde de ayer anunciaron que impugnarían el fallo.

Personas tan ilustradas como el rector de la Universidad de Los Andes se vinieron lanza en ristre contra el juez.

Los argumentos contra esta orden judicial son en realidad contra los poderes de los jueces de controlar a la autoridad y de adoptar decisiones para corregir decisiones que pueden vulnerar derechos fundamentales y forman parte del reclamo de hace ya casi 30 años de por qué los jueces tienen ahora aparentemente tanto poder.

El gobierno ha sostenido que la petición de prueba para viajeros es absurda. ¡Plop! Esa orden estuvo vigente hasta hace tres semanas por decisión del gobierno al cual ahora le parece no solo innecesaria sino francamente contraproducente. Pareciera que el gobierno tiene evidencia de que su decisión fue tan equivocada y que produjo tal nivel de contagio y tantos daños económicos que prefiere desconocer el orden jurídico antes de que un juez cometa el mismo error que ellos ya cometieron.

Si es así, bastaría con que llevaran esa evidencia al juez, le probaran cuánto daño causó el gobierno con esa medida que tuvo vigente durante meses. Sería más fácil asumir la responsabilidad del error que cuestionar al juez por repetirlo.

Que las condiciones han cambiado, dirán, pues no parece porque el Ministro dice que es porque hay contagio comunitario, que tenemos hace muchos meses, que las pruebas no resultan muy confiables, pues así ha sido siempre, incluso cuando el gobierno mantuvo vigente la medida y que genera falsa percepción de seguridad, tal como ocurría cuando el gobierno defendía la medida. Está bien que el gobierno enmiende su error, esa sería una razón que debería explicarle con toda sinceridad al juez.

Los economistas y a los que les gustan los gobiernos “fuertes” hicieron coro para reclamar por la autoridad de un juez en temas de epidemiología. ¿Qué sabe un juez de eso? También preguntaron hace unos días qué sabía de armas para dar órdenes de cómo debía atenderse la protesta social y llevan 30 años reclamando.

Pareciera que ignoran que efectivamente a los jueces se les ha dado la facultad de decidir sobre las materias más disímiles.

Unos jueces resolverán, por ejemplo, si los seis jóvenes que dicen ser hijos de Maradona efectivamente los son. ¿Qué saben esos jueces de genética para tomar semejante decisión? Otros jueces tendrán que resolver finalmente porqué fallaron los túneles en Hidroituango. ¿Qué saben de ingeniería? Y así.

Los jueces valoran unas pruebas que las partes les llevan o que ellos buscan y con base en ellas deciden. En el debate de esta semana le correspondía al gobierno llevarle las pruebas, que dice que no hay en el expediente, para mostrarle con base en criterios técnicos o científicos que la medida que había tomado el gobierno hasta hace poco y que ahora le parece tan peligrosa es efectivamente inconveniente.

Lo que no pueden pretender el gobierno o los economistas o los que les gusta el Estado “fuerte” es que haya acto gubernamental sin control judicial porque eso sería devolvernos dos siglos.

A personas que se ufanan de sus convicciones democráticas les leí que eso era parte de “nuestro realismo mágico”. Creen que la capacidad judicial de intervenir en asuntos como éstos son de “repúblicas” bananeras.

Leen muchos medios internacionales pero estas noticias se les pasan: el Consejo de Estado francés ordenó desde mayo levantar las prohibiciones de reuniones en los lugares de culto, las oficinas, y los domicilios de tres altos funcionarios del gobierno de ese país fueron allanadas para buscar evidencias dirigidas a determinar si el manejo del covid había sido el adecuado o no; desde marzo pasado jueces de Italia dieron diversas órdenes como ordenar pruebas en determinados lugares; en Brasil un juez le ordenó al Presidente Bolsonaro usar tapabocas y en California les dieron esa misma orden a todos las personas.

La lista sería casi interminable de cómo el realismo mágico se ha tomado el mundo.

Comentarios (5)

Wilozada

05 de Diciembre

0 Seguidores

El problema no radica en el fallo en sí sino en la conducta recurrente de este gobierno de incumplir sentencias judiciales que no son de su agrado. Tranquilamente les "maman gallo" o las critican abierta y descaradamente como cuando cinco magistrados de la CSJ, en un fallo unánime, dictaron medida preventiva contra el nativo de Salgar. Eso es propio de regímenes autocráticos como el de Venezuela.

El problema no radica en el fallo en sí sino en la conducta recurrente de este gobierno de incumplir sentencias judiciales que no son de su agrado. Tranquilamente les "maman gallo" o las critican abierta y descaradamente como cuando cinco magistrados de la CSJ, en un fallo unánime, dictaron medida preventiva contra el nativo de Salgar. Eso es propio de regímenes autocráticos como el de Venezuela.

José Saramago ..

05 de Diciembre

4 Seguidores

La dictadura de los jueces que legislan y gobiernan con fallos-sentencias. ...+ ver más

La dictadura de los jueces que legislan y gobiernan con fallos-sentencias.
Un individuo pone una tutela, abusa de la tutela, y un sesgado juez falla en contra del colectivo, de un proceso científico, de la opinión de expertos como los epidemiologos, de la independencia del gobierno para dirigir el camino a seguir. Nadie puede negar que el SEÑOR ministro Fernando Ruiz Gómez es un buen funcionario.

vicalver

06 de Diciembre

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De acuerdo y que el señor riveros nos cuente por qué no le exigen también l...+ ver más

De acuerdo y que el señor riveros nos cuente por qué no le exigen también la prueba a los que se transportan en flota y avion desde cualquier parte de Colombia. Pero este señor lo único que sabe hacer es pontificar pues posee la verdad revelada

José Saramago ..

05 de Diciembre

4 Seguidores

¿cual democracia,cual justicia,cual paz?sí la justicia fue cómplice del rob...+ ver más

¿cual democracia,cual justicia,cual paz?sí la justicia fue cómplice del robo de nada mas y nada menos que de un Plebiscito ¿acaso no prevalece el estado de emergencia contra lo que un simple juez diga?¿acaso la JEP es ejemplo de justicia?¿y que paso con caso Odebrecht-Santos?
Es taxativo el hecho de una urgente reforma estructural a la justicia colombiana, hay mucha inmundicia y podridez en ella.

José Saramago ..

05 de Diciembre

4 Seguidores

la justicia persigue políticamente y se extralimita:
ahí esta el magist...+ ver más

la justicia persigue políticamente y se extralimita:
ahí esta el magistrado Leonidas Bustos prófugo, o recordemos las “chuzadas por error”, o a 'Don' Iván Cepeda denunciado por presionar y ofrecer beneficios por falsos testimonios, o a Barcelo y su fallo político contra Uribe, César Reyes y sus contratos con Santos, o fallos absurdos contra el del Nogal de estos días.
lo peor esta en las Cortes.

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