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Por Héctor Riveros · 12 de Octubre de 2019

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A pesar de los pedidos de los voceros empresariales, todo indica que la ley de financiamiento no va a superar el examen de la Corte Constitucional. Lo cierto es que los argumentos sobre los posibles efectos económicos negativos que seguramente tendría su declaratoria de inexequibilidad no contradicen el punto fundamental en discusión y es si el trámite legislativo se llevó a cabo como dice la Constitución o no.

Una vieja discusión entre economistas y abogados, que seguramente la Corte tendrá en cuenta para morigerar las consecuencias del fallo y, por ejemplo, diferir sus efectos en el tiempo, o permitir que el Congreso corrija algunos vicios. De hecho, la decisión de los magistrados de pedir conceptos sobre los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad lo que muestra es que la Corte está inclinada por esa opción. Si los vicios de forma no afectaran la ley, ya la habrían declarado exequible, así de simple.

Casi nadie defiende el procedimiento, que es lo que debe estudiar la Corte, al contrario, la gran mayoría de quienes han intervenido públicamente en el debate lo que le piden al Tribunal es que, a pesar de los vicios en la formación de la ley, tenga en cuenta los eventuales efectos negativos en la economía.

Es cierto que, para decirlo en términos coloquiales, hubo una chambonada de marca mayor en el trámite de la ley al someterla a votación sin que se hubiera publicado el texto que se votaba, que en sus detalles era desconocido por los representantes a la Cámara porque hacía pocas horas el Senado había introducido cambios sustanciales a aquello que se había aprobado en el primer debate. 

Hay argumentos de un lado y de otro, pero todos están de acuerdo que hubo un error de trámite, aunque a algunos no les parece tan grave o creen que está justificado. La tarea quedó mal hecha y ahora lo que le piden a la Corte es que la enmiende o que les “perdone” el error. Los economistas suelen despreciar el valor de las “formas”, que, en cambio, para los abogados suelen ser muy importantes porque reconocen que están establecidas no para adornar el procedimiento sino para garantizar eficazmente el ejercicio de un derecho o la aplicación de un principio.

No se ha discutido públicamente, pero al interior de la Corte sí se discute, la naturaleza de la ley. El gobierno invocó un trámite especial, el de una ley de financiamiento transitoria cuyo objetivo es, como su nombre lo indica, financiar el presupuesto que se ha aprobado sin suficientes fuentes para cubrir los gastos, pero presentó un proyecto con normas permanentes e incluso con rebajas de impuestos, que es exactamente lo contrario de lo que debería contener una ley dirigida a “tapar un hueco”. Fue una especie de “jugadita” del Ministro de Hacienda que les pone un vicio a muchas de las normas aprobadas en la ley, aún si la Corte le quita importancia a la “votación a ciegas”.

En los medios se hablaba de una reforma tributaria y se decía: “bueno, el gobierno la llama ley de financiamiento, pero en realidad es una reforma tributaria”, eso que parecía un chiste y una especie de “avivatada” para disminuir el efecto negativo de la reforma en la opinión pública, en realidad tiene unas consecuencias jurídicas. Aunque a los economistas les cueste aceptarlo, la ley de financiamiento tiene un trámite especial y un ámbito limitado y por tanto no se le puede colgar cualquier cosa con una especie de sonrisa burlona por las “tonterías de los abogados”.

La cereza del pastel es que los que hacen sumas y restas, que después casi nunca coinciden con lo que ocurre en la realidad, tampoco se ponen de acuerdo sobre los efectos económicos de la reforma. Tanto el Banco de la República, como Fedesarrollo coinciden que la ley no resuelve los problemas fiscales, sino que eventualmente los agrava. El director de ese centro de estudios tan reputado le tocó salir a aclarar que no, pero que sí, que si se cae la ley los efectos no son tan malos, pero que quizás sí. 

Los empresarios defienden la otra parte de la ley, la que aprueba rebajas a los impuestos de las empresas, es decir a las que han debido tramitarse en una ley distinta a una “de financiamiento”, pero algunos lo hacen, como el banquero Luis Carlos Sarmiento, mientras sus gremios, Asobancaria en este caso, demandan las normas particulares que afectan su sector. Sarmiento le pide a la Corte que no tumbe la ley, pero que eso sí declare inconstitucional la sobretasa que se aprobó para el sector financiero.

Claro que para la economía es muy mala la incertidumbre jurídica, pero, en este caso, esa no se crea porque los magistrados reivindiquen las normas que regulan el trámite legislativo, sino todo lo contrario por querer saltárselas.

El ministro Carrasquilla puede estar relativamente tranquilo que la Corte le va a “componer la plana”, va a adoptar unas medidas para evitar efectos negativos sobre la economía, por ejemplo, dejará claro los efectos hacia el futuro del fallo, es decir que las normas que ya produjeron sus efectos, como las de la normalización de capitales, quedarán indemnes y seguramente en otras les dará tiempo para corregir errores o para volver a aprobarlas.

Podrá, por ejemplo, valorar el principio de confianza legítima, para mantener transitoriamente vigentes algunas normas tributarias permanentes que se debieron tramitar de otra manera y algunas otras decisiones de ese tipo que tengan en consideración los argumentos gremiales sobre los efectos de la decisión.

El fallo no va a cambiar pero los magistrados harán esfuerzos para ayudar a evitar los destrozos que generan los economistas metidos a abogados.

 

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