¡Este es el gobierno de Iván Duque!

Con esa frase, pronunciada en tono retador, desafiante y revanchista terminó su intervención la senadora Paloma Valencia luego de que el Senado aceptara un par de modificaciones que cambian la sustancia de la Jurisdicción Especial de Paz pactada para conseguir el desarme de las Farc. Seguramente muchos pensamos: esperemos que no, que así no vaya a ser el gobierno de Iván Duque.

Sería muy negativo que el tono del próximo gobierno fuese el que usó la senadora, pero sería casi una catástrofe que sea como fue el comportamiento del Centro Democrático durante la aprobación de las normas de procedimiento de la JEP, es decir: errático, dogmático, atropellador, del lado de los victimarios, con doble discurso y amenazante.

Inicialmente pidieron el aplazamiento de la adopción de las normas de procedimiento con el pretexto de que esta ley reglamentaba una ley, estatutaria, que todavía no existe porque se encuentra en revisión en la Corte Constitucional. Fue necesario que el Presidente de la Corte Constitucional le explicara al propio Presidente electo, lo que enseñan los profesores en segundo semestre de Derecho, que las leyes no reglamentan otras leyes, que se diferencian por la materia de la que tratan y que las leyes estatutarias, si bien se aprueban con reglas especiales, no son de superior jerarquía a las leyes ordinarias, sino que tratan asuntos distintos.

Duque pidió entonces que se intentara un acuerdo con su bancada. Llegaron con 76 solicitudes de modificación, de las cuales se les aceptaron 74 porque eran razonables, mejoraban la redacción o eran intrascendentes y las dos en las que no hubo acuerdo las sometieron a la votación para demostrar que tenían unas mayorías conformadas por la expectativa de la “mermelada”.

El Centro Democrático no cedió en una sola de sus peticiones, sabía que contaría con el apoyo de congresistas conservadores, de la U y algunos liberales que votarían con ellos a pesar de que hace un par de meses hubiesen votado exactamente lo contrario.

El Presidente electo mientras tanto repetía que había que buscar consensos, a los que su Partido no estaba dispuesto y que no conformará mayorías congresionales con “mermelada”.

La principal solicitud va dirigida a desincentivar la revelación de la verdad en los casos en que ha habido víctimas de agentes del estado en el marco del conflicto.

Más importante que resarcir a las víctimas es proteger a los victimarios, muchos de ellos ya condenados, a los que la nueva jurisdicción les otorgaría beneficios a cambio de verdad.

Como la Constitución obliga a los agentes del estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto a acudir a la JEP propusieron e hicieron aprobar una fórmula insólita: suspender durante 18 meses ese acápite constitucional mientras lo reforman. ¡Eso dice lo que aprobaron!

Los propios militares le decían a la senadora Valencia que el sistema aprobado daba mayor seguridad jurídica a la Fuerza Pública que el que ellos proponían a lo que el senador José Obdulio Gaviria reaccionó, según lo relataron dos generales al periodista Néstor Morales, recordándoles que pronto habría un nuevo Presidente que ordenaría su retiro por oponerse a la propuesta del ex Presidente Álvaro Uribe, que pasaba callado mientras se desarrollaba el episodio.

Justifican la propuesta porque consideran que en la conformación de la nueva jurisdicción hay un sesgo ideológico contra los militares y descalifican a la jurisdicción ordinaria que los ha condenado porque los persigue. Es decir que la única “justicia” aceptable es la que los exonere y deje a las víctimas sin la verdad.

La falta de rigor jurídico se había evidenciado en la otra propuesta que causó controversia: la de limitar las facultades de la JEP en el trámite mediante el cual verifica una de las condiciones para que se pueda eventualmente otorgar la extradición de un ex miembro de las FARC sometido al proceso de paz que es que los delitos que se le imputen hayan ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo.

Propusieron y aprobaron una expresión que prohíbe a la JEP decretar pruebas durante ese trámite, pensaron erróneamente que de esa manera los jueces tendrían que certificar la ocurrencia de la condición para que siga el trámite de la extradición, cuando en realidad va a ocurrir exactamente lo contrario: van a tener que decir que no se encuentra probada la condición que activa la posibilidad de la extradición, salvo que el peticionario allegue todas las pruebas que demuestren que ocurrió un hecho delictivo. ¿Cómo se puede certificar que un hecho ocurrió en una determinada fecha si no está probada la ocurrencia del hecho?

Las dos normas que fueron presentadas como el gran primer triunfo del uribismo en el camino de desconocer el acuerdo suscrito con las Farc son en la práctica inaplicables. Es un triunfo pírrico. Deja en una incertidumbre jurídica a los militares y policías que se encuentran procesados o condenados por delitos en el marco del conflicto, abre la puerta para que la Corte Penal Internacional acuse al estado colombiano de no querer aplicar justicia en esos casos y deja a las víctimas, a las que el Presidente electo invoca permanentemente, sin garantía de sus derechos.

A cambio han mostrado los dientes y hecho un alarde de fuerza que produce miedo y que dificulta la idea que Duque dice tener de conseguir la “unidad”. Fue un verdadero autogol que marca contra la favorabilidad del Presidente electo. Ojalá así no sea el gobierno de Iván Duque.