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Por Héctor Riveros · 21 de Septiembre de 2019

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Calladamente, como de manera vergonzante, se promulgó el pasado miércoles el acto legislativo No. 04 de 2019, que otorga inmensos poderes, para ejercer sin controles efectivos, a la Contraloría General de la República. El contenido del acto es la fórmula perfecta para abrir la puerta a todo tipo de arbitrariedades so pretexto de luchar contra la corrupción. En el pasado ha habido intentos parecidos justificados en la lucha contra el terrorismo y siempre va a haber justificaciones populares para entronizar poderes incontrolados.

La forma como está redactado el texto aprobado, sin mucha discusión, por el Congreso de la República, denota de primera mano la intención expansiva del control atribuido a la Contraloría y devela el propósito de superar protecciones constitucionales a derechos fundamentales que puedan ser invocadas para acotar las atribuciones casi ilimitadas que se le otorgan para ejercer las funciones que se le atribuyen.

En el primer inciso ya se usa la expresión “todos” en dos ocasiones: se refiere a “todos” los niveles administrativos y agrega que las funciones se ejercen sobre “todo tipo” de recursos públicos y un par de renglones más abajo dispone que el de la contraloría es un control “preferente” sobre el de cualquier otro órgano o institución.

Que no quepa duda, es para meterse en “todas” partes.

El segundo inciso es todavía más abarcativo porque autoriza el control “preventivo y concomitante”, advierte que “se realizará en tiempo real” y agrega que lo hará “a través del seguimiento permanente” y para que no haya vacilación sobre su carácter omnipresente invoca ¡cinco! momentos en el que lo puede realizar: “los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos”

Como si la amenaza ya no fuera suficiente anuncia que acudirá al “uso de tecnologías de la información” y más adelante reitera que será un “seguimiento permanente” al cual no podrá oponérsele siquiera la “reserva legal para el acceso a la información” y define unos objetivos lo suficientemente amplios para reiterar la intención de otorgar poder casi ilimitados. La Contraloría evaluará la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales.

Además del carácter preferente mencionado en el inciso primero, en el cuarto señala que el de la Contraloría será un control “prevalente” sobre el de las contralorías territoriales.

A todo eso hay que sumarle las facultades de suspender funcionarios, exigir informes, imponer sanciones, embargar bienes, ejercer funciones de policía judicial y un largo etc. atribuidas todas a un órgano de origen político, elegido en forma libre por el Congreso de la República, es decir que por su diseño institucional no ofrece las garantías de independencia e imparcialidad que son propias de un órgano al que se le asignen funciones de la naturaleza de las que estamos mencionando.

Es cierto, en gracia de la lealtad en el debate, que buena parte de ese carácter expansivo del control de la contraloría proviene de la interpretación que de las normas constitucionales anteriores a la actual reforma han hecho tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, aunque ahora será el momento para plantearle a los jueces constitucionales la cuestión del establecimiento de límites a ese poder con apariencia de incontrolable que se puede convertir en una amenaza real a múltiples derechos constitucionales fundamentales.

El modelo de administración por colaboración que se ha desarrollado en Colombia desde hace ya varias décadas y ampliado con la participación de los particulares en la prestación de servicios públicos realizados exclusivamente por el Estado hasta antes de 1991 hace necesario definir un marco eficaz pero acotado que impida que las funciones atribuidas a la Contraloría no sean entendidas como una capacidad de interferencia en prácticamente todos los sectores económicos y en la actividad de los particulares.

Una interpretación extensiva de las expresiones “todos”, “todo tipo”, “preferente”, “prevalente”, “sin oponibilidad de la reserva legal de la información” pone en serio riesgo la actividad empresarial, porque no habría prácticamente actividad privada que escape a la vigilancia de la contraloría y permitiría que, en una especie de stalinismo contemporáneo, la Contraloría, amparada en el uso de las tecnologías de la información y de la autorización de hacerlo “en tiempo real” pueda simplemente conectarse a los sistemas de las empresas privadas y tener acceso a toda su información, porque tampoco, como ya se ha repetido, habrá “reserva legal”.

 Una atribución de semejante naturaleza contraría principios constitucionales fundamentales que seguramente no resista el test de sustitución constitucional que aplicará la Corte Constitucional cuando se demande el acto aprobado a las volandas y promulgado en silencio.

Seguramente tampoco superará ese test, el aspecto en el que se concentró el debate en el Congreso que fue el de la autorización de realizar un control “preventivo”, que ya la Corte había dicho, en su sentencia C 103 de 2015 que era contrario a principios constitucionales. Los congresistas entendieron equivocadamente que la decisión de la Corte impedía que esa atribución se asignara legalmente pero que, en cambio, era posible elevarla a rango constitucional, pero se equivocaron porque para modificar los “principios constitucionales”, el Congreso tampoco tiene competencia.

El carácter antitécnico y casi grotesco de la ampliación del presupuesto aprobado para la Contraloría y al que los “técnicos” del gobierno no tuvieron el carácter de oponerse, así como el anuncio del festín burocrático con la creación de más de mil empleos no merecen siquiera un análisis y develan burdamente las “razones” que se impusieron en el debate congresional.

Lo que se aprobó pone en riesgo no solo derechos fundamentales de particulares, sino que pone en tela de juicio funciones atribuidas al ejecutivo en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que ejercen las superintendencias y la DIAN. 

En fin, los profesores de derecho tienen ahí un ejemplo de lo que no se puede en materia de diseño institucional en el marco de un estado constitucional: poderes casi ilimitados y sin controles efectivos.

 

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