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Por Jerson Ortiz · 01 de Octubre de 2020

Gorky Muñoz, alcalde de Neiva (Cambio Radical y firmas)

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Una empresa que estaba inactiva desde el 2013, que no tiene experiencia en interventorías, y cuyo gerente tiene conexiones con un alto funcionario de la Administración, recibió un millonario contrato a dedo de la Alcaldía de Neiva para vigilar la entrega de mercados del programa de alimentación escolar, Pae, para lo que resta del año. 

Quien debe suministrar esos mercados, por su parte, está siendo investigado por posibles irregularidades en otros contratos que también le dio la Alcaldía durante la emergencia. 

El mismo Pae, las mismas dudas

El 31 de agosto la Alcaldía adjudicó los contratos de suministros de la alimentación escolar y su interventoría de manera directa, sin licitaciones, porque así se lo permite la declaratoria de emergencia por el covid. 

El de suministro se lo dio a Distribuciones Vargas para la entrega de 239 mil complementos alimentarios (divididos en cinco entregas mensuales) a 47.919 estudiantes de colegios públicos de la ciudad, que a raíz de la pandemia ahora los reciben en sus casas. El valor del contrato es de 12 mil 500 millones de pesos. 

Distribuciones Vargas es uno de los contratistas consentidos del gobierno Muñoz. 

 

Durante la emergencia, se ganó, también a dedo, otros tres contratos que suman más de 3 mil millones de pesos para la entrega de mercados. 

Esos contratos tienen denuncias de sobrecostos, demoras y entregas incompletas, y por eso la Procuraduría Provincial abrió en julio una investigación, que aún no se ha cerrado, contra el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, y el jefe de la Oficina de Contratación, José Nelson Perdomo, quienes estuvieron a cargo de esos contratos.  

El dueño de Distribuciones es Diógenes Vargas, un empresario local que además del negocio de alimentos, es propietario de hoteles y estaciones de gasolina (Monterrey, Tres Potrillos, Tijuana y Pony) en Neiva, Palermo, Íquira y Guadalupe. 

La asesora jurídica de la Secretaría de Educación, Katherine Salas, nos dijo que contrataron con Vargas porque cuenta con un músculo financiero grande para cumplir con la minuta del Pae, porque es una empresa local y porque, hasta ahora, no tiene ninguna sanción en contra.

Para vigilar que Vargas cumpla con la entrega, la Alcaldía contrató una interventoría con una empresa que también tiene varias particularidades. 

Un interventor contrarreloj

Se llama Nutriplus SAS y su contrato de interventoría es por 554 millones de pesos. 

Es una empresa que aunque fue creada en 2006, nunca ha manejado contratos de alimentación escolar, y, además, estaba inactiva y fuera del mercado desde el 2013. Retomó operaciones el 7 de julio pasado, justo unas semanas antes de que le dieran el contrato en la Alcaldía. 

Ese día, sus socios, los hermanos José Luis, Wilson y Adriana Florez Monroy, le reportaron a la Cámara de Comercio de Neiva que querían reactivar la empresa y modificar sus estatutos.

Para tener vigente la matrícula mercantil, un requisito para contratar con entidades públicas o privadas, pagaron las renovaciones de las matrículas mercantiles de los últimos siete años.

Y el 5 agosto  -tres semanas antes de ganarse el contrato- volvieron a modificar los estatutos para incluir que podían hacer ‘interventoría administrativa, técnica, jurídica y financiera al desarrollo de acciones del programa de alimentación escolar’. (Ver documento)

Reforma estatutos Nutriplus... by La Silla Vacia

 

Aunque entre esa modificación y la firma del contrato no pasó un mes, la Alcaldía aseguró que Nutriplus sí tenía la experiencia y la capacidad para cumplir con la labor de interventoría. 

Para sustentar su idoneidad, la Alcaldía le aceptó a Nutriplus copias de contratos que tuvo entre 2008 y 2011 para la entrega de dietas alimenticias en unas clínicas privadas. Nada relacionado con alimentación escolar o procesos de interventoría.

“Esa experiencia con temas hospitalarios nos da la tranquilidad de que tienen conocimiento de cómo funcionan este tipo de contratos. Saben de logística, componentes nutricionales y eso nos ayuda para hacerle una buena supervisión al Pae”, nos dijo la asesora Salas. 

Que eso, incluso, es más importante que la modificación casi que a última hora del objeto social para incluir los servicios de interventoría. Y que, independientemente de si la empresa duró más de siete años inactiva “(..) los conocimientos no cesan, su idoneidad se va a mantener”. 

Dice que, de todos modos, la propuesta de Nutriplus fue la más económica de las tres que llegaron al despacho del Secretario de Educación para su revisión. 

Ahí hay otro dato que llama la atención.

Quien se encargó de llevar la propuesta a la Alcaldía y firmar el contrato en representación de Nutriplus fue Erwin Friedrich Díaz Figueroa, quien fue designado como gerente justamente en el proceso de reactivación. 

Díaz Figueroa es esposo de Gladys Estéves Vargas, tía del secretario de Planeación de la Alcaldía, Jhonny Giovanni Puentes Estéves, quien es el que maneja la información del banco de proyectos como el de la alimentación escolar y le da viabilidad técnica y financiera para su ejecución. 

Además, Díaz y Puentes trabajaron juntos durante los últimos tres años como periodistas del programa deportivo Onda Gol, que es propiedad de la familia Puentes y se emite por la emisora Alfa Stéreo. 

Más allá del debate sobre la idoneidad del interventor y de si la cercanía entre Díaz y Puentes pudo haber incidido en el proceso, las sospechas alrededor de estos casos se dan mientras en la Procuraduría avanza una investigación contra el alcalde Gorky Muñoz por otras posibles irregularidades en la alimentación escolar del primer semestre que denunció La Silla Vacía.  

Ya había pasado

Como contamos, en abril pasado, Muñoz les dio el contrato de la alimentación escolar y la interventoría del primer semestre a dos fundaciones de Tumaco, Nariño (a 800 kilómetros de Neiva), que tienen socios en común y están relacionadas con un poderoso político de allá que, como el Alcalde Muñoz, también es militante de Cambio Radical.

La denuncia de La Silla llevó a Muñoz a revocar el contrato de interventoría porque el representante legal de la fundación que se la ganó era miembro de la junta directiva del operador a quien debía supervisar.

El reversazo no salvó al Alcalde y a su secretario de Educación, Giovanny Córdoba, de una investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría el pasado 6 de agosto porque, además, hay denuncias de sobrecostos e incumplimientos.

Proceso al que se sumó otro de esta semana contra la secretaria de la Mujer, Camila Ortega, por presuntas irregularidades de un contrato covid para la atención de habitantes de la calle. En ese caso, la Procuraduría está revisando si se entregaron las raciones adquiridas porque no está claro el censo de personas beneficiadas. 

Estos dos nuevos contratos ahora le suben el volumen al ruido alrededor de la contratación del municipio.

CONTEXTO

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