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Por Elisa Castrillón Palacio · 01 de Marzo de 2021

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La masacre más violenta del 2020 en Antioquia ocurrió en Betania, en plena zona cafetera, lejos de donde se concentran los cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico. En la noche del 21 de noviembre, personas armadas llegaron a un campamento donde dormían recolectores de café, y dispararon a los dormitorios donde había 14 trabajadores. Siete murieron en el lugar y otros tres que resultaron heridos murieron en el hospital. 

No fue un caso aislado. Un tercio de las masacres de Antioquia, el departamento que concentra el número más alto de este tipo de homicidios colectivos entre 2020 y 2021, ocurrió en la zona cafetera del Suroeste, según datos de Indepaz. 

Esta subregión, dominada por pueblos como Andes y Jardín, es uno de los mayores polos agrícolas del país, recibe a miles de turistas cada año, y tiene índices altos de bienestar social. 

 

Pero, según encontró La Silla Vacía tras hablar con un alcalde, dos dueños de fincas cafeteras y dos recolectores de café, detrás de la imagen idílica de la ruralidad cafetera antioqueña existe una violencia vinculada a disputas entre grupos armados por el control de los mercados de microtráfico. Estos mercados son generados por la población flotante de más de 40 mil recolectores de café, entre la que hay altos índices de consumo de marihuana y cocaína. 

Alrededor de este fenómeno es que han surgido las masacres, en las que entre enero de 2020 y febrero de 2021 han sido asesinadas alrededor de 38 personas, en nueve eventos, según datos de Indepaz.    

La última sucedió el 16 de febrero en una finca cafetera en Andes. Hombres encapuchados llegaron a uno de los campamentos donde duermen los recolectores de café, sacaron a seis trabajadores y asesinaron cinco de ellos. Tres personas, al parecer integrantes del Clan del Golfo, fueron capturadas por esa masacre el 24 de febrero de este año. 

Esos hechos revelan un problema que las autoridades tienen en su radar, pero sobre el cual las medidas implementadas hasta ahora no han sido efectivas. 

Consumo entre cafetales

Según el Comité de Cafeteros de Antioquia, a la región cafetera del departamento llegan cerca de 40 mil recolectores de café de diferentes partes del país en época de cosecha. Nueve de los once municipios que concentran la mayor producción del departamento son del Suroeste.

Son entre tres y cuatro meses, entre septiembre y noviembre, en los que esa población migrante se instala en las fincas cafeteras. Según el Comité, cada trabajador recoge, en promedio, 80 kg de café diarios, con pagos que oscilan entre 500 y 650 pesos por cada kilogramo recogido. 

Es decir, en promedio, ganan entre 40 mil y 50 mil pesos al día. Pero hay un incentivo alto para aumentar su productividad recogiendo más grano. 

Los recolectores de café con los que habló La Silla son jóvenes de 23 y 24 años, que trabajan en las labores del campo desde que tenían nueve y 13 años respectivamente. 

Nos contaron que ellos recogen entre 170 y 200 kg de café al día, pero comparten con trabajadores “que, no sé cómo, recogen 400 kilos al día”, dijo Yeison Galeano. 

Los recolectores cumplen jornadas que inician a las cinco de la mañana y terminan a las seis de la tarde, todo el día a cielo abierto, con descansos que duran cinco minutos solo para comer. Una exigencia que se hace más compleja por las condiciones en las que viven. 

Durante los meses de cosecha, los trabajadores duermen en unos campamentos ubicados entre los cafetales de las fincas donde trabajan. Son una especie de bodegas con camarotes en los que pueden dormir más de 60 personas.  “Eso parece una cárcel”, dijo uno de los dueños que administra tres fincas en Andes, quien pidió no ser nombrado por la seguridad de sus familiares que viven en el municipio.  

Otro dueño, quien también protege su identidad por seguridad, pues en su finca ocurrió una de las masacres, contó que nunca entra a esos campamentos, que en su finca albergan a cerca de 600 trabajadores. Según cuenta, “el que consigue la gente es el líder del campamento, que es quien los asiste y les pone cuidado”. En su mayoría se trata de personas de todas las regiones del país, sin arraigo en la región.

Galeano contó que “hay que convivir aguantándose los olores de los que consumen. La convivencia es súper difícil. Hay gente que no se baña.” Estas condiciones de alojamiento facilitan la venta y el consumo de droga, que es difícil de controlar por parte de los dueños. 

El dueño de la finca donde sucedió una de las masacres le dijo a La Silla que durante los cuatro meses de cosecha, que en el Suroeste es en los últimos meses del año, podía contar con los dedos de las manos los recolectores que no son consumidores de droga. Agrega que el fenómeno del consumo se ha normalizado.

Según dijo, los trabajadores consumen para tener un mejor rendimiento, y así ganar más dinero. “Ellos con esa marihuana se concentran y con eso cogen más café, se envuelven en el trabajo. Sin la marihuana son despegados”, dijo.  

Alexander Ortiz, uno de los recolectores, explicó que el consumo se da porque “la marihuana los activa y pueden coger más café. Les quita el cansancio, a otros no los deja dar hambre y  otros consumen porque es una adicción y les gusta”.

Violencia entre cafetales

La violencia del Suroeste está relacionada, no tanto con el consumo de marihuana y cocaína, sino su comercialización. 

Las fincas cafeteras son plazas de consumo y venta de drogas donde la ilegalidad es regulada con violencia. “Hay fincas que son demasiado grandes y pueden tener jíbaros dentro de la finca y gente que los surta”, le dijo a La Silla Yeison Galeano.

La Gobernación de Antioquia y las autoridades municipales donde han ocurrido las masacres han reconocido que la situación de seguridad en esa subregión del departamento está relacionada con el microtráfico. “Claramente se identificó el hecho ligado al microtráfico y a la distribución y consumo de estupefacientes en el Suroeste antioqueño, intensificado por la cosecha cafetera”, le dijo a Semana Anibal Gaviria después de la masacre de diez personas en Betania. 

Esto lo reiteran otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, que en una Alerta Temprana emitida en agosto de 2020, advirtió del conflicto entre las AGC, La Oficina y bandas delincuenciales que operan en Medellín, como La Terraza y San Pablo. 

“Eso ha hecho a las fincas unas plazas impresionantes. El microtráfico allá es un negocio muy atractivo”, le dijo a La Silla Carlos Zapata, director del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación. 

Según Ortiz, se trata de un mercado complejo. A veces los mismos recolectores pertenecen a las bandas delincuenciales que comercializan la droga. A la vez que trabajan como campesinos, surten de marihuana, cocaína o bazuco a sus compañeros. 

En otros casos los vendedores de drogas se infiltran en las fincas como trabajadores. Pero no recogen café, sino que venden la droga a cambio del grano por el que luego reciben un pago. En otras ocasiones, según el recolector, los grupos armados “llegan a la finca y le dicen al patrón o al mayordomo que tienen que vender vicio”. 

Uno de los dueños de finca con los que habló La Silla confirmó que en su finca el tráfico es tolerado por miedo a enfrentarse a las organizaciones criminales. “Son gente que nos conoce, que ha trabajado con nosotros”, dijo el finquero para explicar por qué no se atreven a denunciar ante las autoridades ni a expulsar a los trabajadores que venden drogas.  

“El gobierno debería legalizar la droga”, dijo uno de los dueños. “Para mi esto es normal porque de todas formas la situación en las fincas se ha vuelto insostenible”, agregó. 

Medidas inefectivas

La administración departamental hizo consejos de seguridad tras seis de las nueve masacres en el Suroeste. Todos ellos con la presencia de Anibal Gaviria y Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno del departamento.

Además, cada año la gobernación y las alcaldías municipales ponen en marcha el Plan Cosecha, que incluye la presencia de la Policía y el Ejército para el control de la seguridad. También el año pasado incluyó un convenio con la Escuela Contra la Drogadicción de Antioquia para la prevención del consumo de drogas, pero esto no ha logrado frenar la violencia.

“Lo que en realidad requieren estos municipios es inteligencia. No podemos seguir apagando incendios. Pasa un hecho lamentable y nos mandan una cantidad de pie de fuerza mientras vuelve y se tranquiliza; luego se la llevan a otro municipio y así sucesivamente”, dijo Carlos Mario Villada, alcalde de Betania.

La estrategia no es suficiente porque la intervención no es estructural, y porque es imposible controlar todo el territorio al mismo tiempo. “Andes está lleno de fuerzas especiales. A veces están en una finca y en otra les están matando a cinco personas”, dijo uno de los empresarios. 

Esa disputa también demuestra la complejidad de la violencia en Antioquia, que responde a muchas y diferentes variables. La violencia del Suroeste es distinta a la del Bajo Cauca, donde el fenómeno de violencia está ligado a los cultivos ilícitos, las rutas ilegales del narcotráfico y la minería. Pero más allá de que esa diferencia está identificada, las medidas diferenciales para detenerla aún no han sido efectivas.

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