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Por Laura Soto · 17 de Julio de 2020

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Desde la semana pasada, 900 campesinos cocaleros salieron a protestar en Puerto Asís, Putumayo, en contra de la erradicación de cultivos en sus veredas y pidiendo una salida concertada con el Gobierno a los cultivos ilícitos. 

Esto a raíz de una confrontación entre campesinos y Fuerza Pública el 3 de julio en la vereda La Caucasia, que dejó un campesino muerto. 

De marzo a mayo, ha habido más de 15 confrontaciones de este tipo, en medio de la emergencia por el Covid-19, ocasionados por la apuesta de este Gobierno de aumentar el número de hectáreas erradicadas este año, a lo que se oponen las comunidades cocaleras. 

La meta de Duque es llegar a las 130 mil hectáreas (30 mil más que en 2019) en los sitios en donde no hay una estrategia ni programa de sustitución alterna al Programa Nacional Integral de Sustitución, Pnis, que quedó consignado en el Acuerdo de Paz. 

Y al tiempo que el Gobierno quiere erradicar más, también está empezando a aterrizar su nueva estrategia de sustitución Hecho a la Medida para aplicar a las 104 mil hectáreas que no están cubiertas por el Pnis, que solo cubre 50 mil de las 154 mil sembradas.

La estrategia por fuera de Pnis

La semana pasada el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, se reunió con gobernadores de siete departamentos con más hectáreas de coca para explicarles su estrategia que será implementada según las particularidades de cada región.

La idea es que las 100 mil familias de cocaleros que no están dentro del Pnis y que quieran sustituir voluntariamente puedan acceder a proyectos productivos o económicos con la ayuda del Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías, gremios y cooperación internacional. 

La iniciativa debe partir de las comunidades. Y cada proyecto, que debe tener el número de familias beneficiadas, la iniciativa productiva y un presupuesto, debe ser aprobado por la Consejería para la Estabilización, para luego proceder a la búsqueda de recursos que operará bajo la filosofía de 'todos ponen’. 

La plata saldrá de las gobernaciones, alcaldías, regalías, empresas privadas, créditos y cooperación internacional, pero no del Gobierno directamente, como sí ocurría con los subsidios del Pnis a cada familia que erradicaba voluntariamente. 

El Gobierno será entonces un articulador entre las diferentes entidades y en algunos casos ayudará con el acceso a bienes públicos como tierra y programas de comercialización de productos, vías, créditos. 

Además, la idea es articular esos proyectos con obras de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que nacieron del Acuerdo de Paz. 

La sustitución de cultivos de parte de los campesinos debe ser total y tener un plazo (que aún no está definido) antes de que llegue el proyecto productivo, similar a lo que pasa en Pnis. 

 

Además, serán iniciativas colectivas. No serán proyectos familiares como funciona el Pnis, sino que deberán involucrar a una comunidad más grande para lograr conseguir recursos más fácil, así como tener materia prima suficiente para ser competitivos en el mercado. También para que los privados, por ejemplo, vean una buena oportunidad de negocio para invertir allí. 

Esta estrategia de Hecho a la Medida también abre la ventana para que las gobernaciones puedan pensarse proyectos de sustitución autónomamente, como lo propuso el año pasado la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Con esta estrategia el Gobierno se quita gran parte de la responsabilidad operativa y política de la sustitución que sí tiene con el Pnis. Pero al delegarla, se abre la compuerta para que funcione aún menos la sustitución y le de nuevos argumentos al gobierno para recurrir a la fumigación, que el Acuerdo de Paz permite como última instancia.

Frente al avance hay dos estrategias que están en etapa de planeación en Valdivia, Antioquia, y en Argelia y El Tambo, en Cauca, los tres municipios con más cultivos de sus departamentos. 

En el primer municipio, la Gobernación de Anibal Gaviria está adelantando la caracterización de al menos 200 familias y recogiendo las propuestas de proyectos productivos que les gustaría implementar, así como identificar obras Pdet relevantes que podrían impulsar esos proyectos. 

En Cauca, el proyecto está en una fase de diseño para cultivos de cítricos y café que beneficiaría a 3 mil familias por un costo de 136 mil millones. 

Según un delegado de la Secretaría de Gobierno de Cauca encargado del tema, que nos pidió no ser citado por seguridad, dijo que están esperando la aprobación del proyecto de parte del Gobierno. 

Luego de eso vendría la estructuración detallada y buscar los recursos. 

Sin embargo, otro funcionario encargado del tema a nivel nacional le dijo a La Silla que no es seguro que este proyecto salga adelante porque a los líderes impulsores de ese proyecto los amenazaron, otros campesinos se arrepintieron porque el valor de la hoja de coca subió y porque la plata que pensaban destinar para eso en el Ocad Paz ya se fue para otra cosa. 

A esta iniciativa se suma la del pago por servicios ambientales a las familias que tengan cultivos en zonas protegidas como Parques Nacionales a cambio del cuidado ambiental, el programa “Formalizar para sustituir” que funciona desde 2016, que consiste en darles tierra a cambio de la sustitución y el de otorgar derechos de uso de la tierra en casos donde no se pueda titular, como contamos aquí. 

Los retos de aterrizarla

Según cuatro de las fuentes con las que hablamos hay por lo menos tres grandes retos en esta nueva estrategia de sustitución. 

El primero es la financiación. Si bien una de las razones por las que no se ampliará el Pnis es porque es demasiado costoso y no hay recursos, Hecho a la Medida también requerirá plata que, con la pandemia, se ha visto disminuida tanto a nivel nacional como local y en los sectores privados. 

Por eso, un gran reto será que los alcaldes, e incluso empresarios y los mismos campesinos con los créditos, tengan la capacidad y la motivación para inyectarle recursos a esa estrategia cuando hay otras necesidades urgentes como la salud y reactivar la economía. 

Aunque en principio, según la secretaria de Gobierno de Antioquia y Cauca, estarían de acuerdo en meterle recursos y apoyar la iniciativa de Hecho a la Medida, no sucede lo mismo con el gobernador de Nariño, Jhon Rojas. 

El otro reto y quizá el más complejo, será ganarse la confianza de la gente en esta estrategia que está minada por los retrasos en el Pnis y por la política de erradicación del Gobierno. 

“Hay gente que sí alcanzó a sustituir, pero depende de las otras familias que siguieron con los cultivos porque la promesa de llevar desarrollo y proyectos productivos hasta el momento no los vemos”, le dijo a La Silla el presidente de la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo, Iván Narváez, que lideró la protesta de esta semana. 

“Además, pedimos que por pandemia se suspenda la erradicación, mientras pasa la emergencia y hallar una salida concertada con las comunidades”, agregó. Una petición a la que el Gobierno se negó en la mesa de negociación, porque aseguró que seguirá erradicando. 

De enero a mayo de 2020 se han erradicado 26.466 hectáreas en 106 municipios y su apuesta es aumentar el área. 

Eso pese a que voces comunitarias y también expertas han dicho que la erradicación es costosa, peligrosa y poco eficiente, como explica Juan Carlos Garzón de la FIP en esta columna. 

Algo similar opina el líder campesino y cocalero Benjamín Mesa en Valdivia, Antioquia. 

En Valdivia, los campesinos dijeron que sí se le medían a Hecho a la Medida, pero tienen dudas de que se lleve a cabo porque el Gobierno ha seguido erradicando en ese municipio y porque no creen que haya plata. 

“No nos vamos a dejar erradicar sin que haya una sustitución concertada, voluntaria e integral. Creo que vamos a tener muchos problemas si el gobierno insiste en la erradicación forzada”, dijo.  

Incluso Mesa espera que la sustitución se haga paulatinamente mientras llega la inversión (para que no les pase lo mismo que en Pnis), y no total, como espera el Gobierno.

El tercer gran reto es que acabar con el problema de las drogas ilícitas va de la mano de la desarticulación de grupos armados que controlan el negocio en las zonas con cultivos ilícitos. 

Mientras las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo controlen la zona y la coca, peligra no solo la vida de los líderes promotores de la sustitución sino que complica la llegada de inversionistas y entidades estatales a terreno.

“Debe haber presencia de Fuerzas Militares que proteja a los líderes que sustituyan y combatan las estructuras criminales porque si no, los grupos los van a amenazar o matar para parar esos proyectos”, le dijo a La Silla un trabajador del Pnis en Cauca. “Con un solo homicidio se caen las iniciativas, la gente con miedo no sustituye”. 

Un reto que es difícil por las altas cifras de homicidios de líderes sociales, como contamos aquí. 

Finalmente, está el desafío más político que enfrentará el gobierno al implementar una estrategia que debilitará el rol de la Coccam, la organización que agrupa a 50 líderes cocaleros y que se fortaleció con el Acuerdo de Paz y su cercanía a las antiguas Farc, por el protagonismo que ha jugado para hacer la asistencia técnica de los proyectos en el Pnis y negociar con el Gobierno. Esto le puede generar protestas de los cocaleros y ser leído como un incumpliendo del Acuerdo que buscaba fortalecer las organizaciones locales. 

En cambio, Hecho a la Medida le daría más juego a los empresarios que podrán dar la asistencia en los proyectos que inviertan y tendrán relación más directa con los campesinos, suponiendo que en medio de la crisis económica que se avecina y con los problemas de seguridad en terreno se metan a apoyar estos proyectos.

Aunque, si se meten las empresas se podría ayudar a solucionar el lío que ha habido en el Pnis que es la falta de mercados para los productos. 

¿Y el Pnis?

El programa bandera del punto 4 del Acuerdo de Paz para dar solución al problema de drogas ilícitas, está muy quedado, pues debía finalizar el año pasado con los proyectos productivos funcionando, y está totalmente desfinanciado. 

Según cifras oficiales del Pnis a nivel nacional hacen falta 2,3 billones de pesos para cumplir con todos los pagos y los proyectos productivos por un total de 36 millones a cada una de las 99.097 familias que firmaron acuerdos con el Gobierno de Juan Manuel Santos para erradicar voluntariamente sus cultivos. 

La explicación del Gobierno de Iván Duque para la demora es que Santos entregó el Pnis desfinanciado y con fallas de planeación que ellos tuvieron que corregir, además de que el Programa es demasiado costoso. Si bien el compromiso es cumplirle a cada familia, dicen que lo harán en la medida que haya recursos.

Hasta ahora, los 1,4 billones invertidos han sido para pagar la Asistencia Alimentaria Inmediata de 73.920 familias, asistencia técnica a 61,183 familias, la elaboración de 8.838 planes de inversión de proyectos productivos, de los cuales solo se han llevado a cabo 726 en los municipios de Cumaribo, Vichada, y Briceño, Antioquia en cacao, agricultura y café.

Es decir, solo el 0,88 por ciento de las familias tienen proyecto productivo. La meta de Duque para el 2020 es llegar al 40 por ciento del Pnis, aunque hay poca fe de que el gobierno cuente con los recursos y la voluntad política para conseguirlo en medio de la pandemia.

Así, el Gobierno le apostará a un nuevo plan para sustituir, en medio de la incredulidad de los campesinos, un Pnis lento y desfinanciado y su apuesta por la erradicación forzada.

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