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Por Laura Soto · 06 de Diciembre de 2020

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Vivir en Nariño al pie del río Patía, el más largo del Pacífico colombiano, es tener la riqueza al lado. No solo porque es medio de transporte, sino también fuente de alimento y trabajo. 

Pero al tiempo, en un proceso que arrancó con el desarme de las Farc y se agravó hace seis meses, residir allí también es una pesadilla para 4.500 familias de comunidades afro y campesinas de la zona rural de un pueblo llamado Magüí Payán que está a merced de al menos tres grupos armados ilegales: 

El frente 30, que está coordinado con las disidencias de las Farc en Cauca y con su líder Gentil Duarte. El Frente Oliver Sinisterra (FOS) que nació y opera en Tumaco. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que llegaron desde los municipios de cordillera de Nariño (Cumbitara, Policarpa y Leiva). 

Los tres grupos ilegales se vienen enfrentando por tener el control del territorio y en especial del río Patía, que sirve de corredor para la coca (Nariño es el segundo departamento del país con más cultivos de coca: 36 mil hectáreas), tráfico de armas, oro y la movilidad de los ilegales, pues el río conecta el interior del departamento con el océano Pacífico. 

La situación está invivible desde junio, al punto en que La Silla Vacía no pudo viajar al municipio por motivos de seguridad, y menos a la zona rural donde todo está vigilado por los ilegales. Este municipio es el más afectado por los ilegales en este momento. 

Para tratar de conocer el detalle de lo que pasa en terreno, hablamos por teléfono con una fuente y con dos más personalmente, que conocen lo que pasa allá y que nos hablaron a condición de no ser citados con sus nombres por temor a que los maten.

“Nadie quiere meter la cabeza en esa zona porque sabe que es secuestro o asesinato fijo”, nos recalcó una de las fuentes conocedoras de la situación.

Lo que nos dicen es que desde hace seis meses las comunidades de algunas veredas están desplazadas y otras confinadas y amenazadas sin que las autoridades locales, departamentales o nacionales hayan hecho algo para cambiar la situación.

"Te largas o te mato", es la amenaza recurrente en Magüí y en el Pacífico nariñense, según nos dijeron las tres fuentes.  

La Defensoría del Pueblo había advertido estos hechos en una Alerta Temprana del 2 de julio en la que dice que hay una situación inminente de riesgo de vulneración de derechos para 4.500 familias de 31 veredas de los Consejos Comunitarios Manos Amigas, La Voz de los Negros, Unión Patía Viejo, La Amistad y veredas de Asojuntas. 

Esto, sumado a lo que han sufrido los municipios vecinos de Barbacoas y Roberto Payán, más Tumaco, tienen a Nariño como el departamento con más desplazamientos forzados en 2020 con un saldo de 8.866 víctimas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), que en total contabiliza 21 mil personas desplazadas en el país este año.  

Siete de 79 desplazamientos han sido en Magüí, cuya historia es otra muestra de las distintas guerras locales que se desataron en Colombia tras el desarme Farc, cuando el Estado no entró a ocupar las zonas que dejó la vieja guerrilla.  

A merced de los ilegales

Magüí Paýan es un municipio ubicado al suroccidente de Nariño, a 380 kilómetros de Pasto, la capital, y cerca al Océano Pacífico. Tiene una población de 23 mil habitantes, 18 mil en la zona rural que viven principalmente de la agricultura, la pesca y la minería artesanal. Su población es afro y el territorio ha carecido históricamente de servicios públicos como acueducto y electricidad. 

Magüí, que pertenece a la subregión del Telembí junto a Roberto Payán y Barbacoas, también ha sufrido históricamente la presencia de grupos armados como las Farc y el ELN. 

La disidencia Frente 30 llegó a la zona a mediados de año y se enfrenta con el FOS que no quiere ceder terreno ni dejarlo ingresar. Hasta hace poco el FOS se peleaba con las AGC que también quería ingresar, pero, al parecer, en las últimas semanas se ha dado una alianza entre estos dos últimos para combatir al 30, lo que ha intensificado los combates. 

Miedo. Zozobra. Impotencia.  

Junio fue el mes en el que los pobladores sintieron con más crudeza la violencia. Los noticieros registraron que el 21 de ese mes hubo combates en la vereda Ricaurte que dejaron un saldo de 11 muertos del FOS a manos del Frente 30.  

Lo que no contaron -y nosotros lo confirmamos por las fuentes que conocen el territorio- es que tres civiles quedaron heridos de bala y por esquirlas, una casa de un adulto mayor destruida, al igual que la escuela y el puesto de salud, y que la población fue testigo de la tortura y asesinato de esos 11 miembros del FOS. 

Lo había dicho ya la Defensoría del Pueblo en su alerta: “Dichas personas no solo fueron ultimadas, sino que, a la vista de todos, abrieron sus abdómenes y expusieron sus órganos internos a la vista pública y posteriormente fueron lanzadas a la orilla del río, además desaparecieron dos miembros más de la mencionada estructura armada”, presumiendo que los muertos podían ser muchos más. 

Fue un mensaje de la disidencia sobre lo que les podría llegar a pasar a quienes se opusieran a ellos y no los aceptaran como la nueva “autoridad”, o se atrevieran a denunciar lo ocurrido y a moverse por el río sin su permiso.  

Los grupos también han adoptado la nueva modalidad de usar videos para difundir los crímenes. En agosto las AGC asesinaron a dos integrantes del Frente 30, a quienes descuartizaron y quemaron. Todo quedó grabado con el fin de atemorizar a sus enemigos y a la población. Mostrar quién es más fuerte. 

Ese nivel de sevicia no se veía ni en las peores épocas de las Farc, guerrilla a la que las comunidades reconocían como autoridad por ejercer orden, y quienes a su vez se ganaron la confianza de ellas al tenerlas en cuenta para definir, por ejemplo, qué castigo dar a los ladrones. 

“Hoy se los ve (a las bandas ilegales) maltratando a los civiles, solo les interesa la plata, por eso hay una gran desconfianza”, dijo una de las fuentes consultadas.  

Eso ocurre también porque quienes comandan los grupos son personas jóvenes, sin ninguna formación política, a quienes no les interesa conocer, ni respetar, las normas de la guerra que ordena el DIH (que en todo caso las Farc tampoco respetaban).

 

Las personas hoy no tienen permitido moverse por el río luego de las seis de la tarde, tienen que pedir permiso a los ilegales para ir a mercar o hacer cualquier diligencia por fuera de la zona rural, e incluso moverse entre veredas.

En el caso de las veredas San Luis, Puilbicito y Canaibú sus habitantes están desplazados desde hace medio año y no han podido regresar. Hace tres meses recibieron mercados por parte de cooperación internacional, pero no han vuelto a recibir ninguna atención ni estatal ni externa. Algunos se han ido a otras veredas, otros a la cabecera, otros a Pasto. 

Pero quizá lo más duro que están viviendo es quedar en medio de los enfrentamientos que suelen durar cuatro, seis horas y hasta un día completo. 

Los combates son en los caseríos. 

Los grupos se meten a las casas para protegerse en medio de los enfrentamientos, en una clara violanción al DIH que ordena la distinción de los civiles y sus bienes. 

Cuando eso pasa la gente huye hacia el monte, o a la cabecera municipal de Magüí que queda entre dos y cuatro horas en lancha, según dos de los consultados. 

Cuando regresan a sus casas las encuentran con impactos de bala, y además sin algunas de sus pertenencias como televisores y comida, que los ilegales se roban.

Pero no solo eso: los grupos han usado como lugar para acampar y como escudos, puestos de salud y escuelas, también violando el DIH. 

A eso se le suma las desapariciones de habitantes que no se reportan a las autoridades por miedo (según la Policía este año solo ha habido cuatro muertos en Magüí), heridos por minas (Nariño fue el departamento con mayores personas afectadas por minas antipersonales en 2020 con 39 casos, ocho de esos en Magüi, la cifra más alta desde 2002, según la oficina del Alto Comisionado para la Paz), reclutamiento forzado o a cambio de plata. 

Los grupos también han prohibido el ingreso de cualquier autoridad a la zona rural, sea pública o privada. En conclusión, el Estado no tiene control de ese territorio.

¿Y el Estado?

Según las tres fuentes consultadas, la población rural de Magüí no ha recibido ayudas de ninguna entidad, y a estas alturas tampoco la esperan, pues sienten que todas las denuncias y peticiones han sido ignoradas y que sus veredas están abandonadas por el Estado. 

“La gente se cansa de esperar respuesta, por eso ya ni siquiera transmiten información o denuncian, porque saben que se queda ahí, guardada en un cajón y no pasa nada”, dijo una de las fuentes.

La razón por la cual la Alcaldía no ha querido denunciar lo que pasa en su municipio, ni tampoco ha podido intervenir en la zona rural, es porque el alcalde, Alejandro Quiñonez, y varios funcionarios están atemorizados por el riesgo que pueden correr a manos de los grupos ilegales, teniendo en cuenta que han circulado panfletos intimidantes contra la administración local. 

Buscamos al Alcalde para conocer su versión pero rehusó darnos declaraciones por teléfono. 

El lío con eso es que si la autoridad local no denuncia ni atiende a la población, a la Gobernación le queda muy difícil hacerlo porque no cuenta con información suficiente. Y si el departamento no ingresa a la zona, tampoco lo hace la cooperación internacional que suele complementar la función estatal en zonas apartadas. 

Buscamos al secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, para preguntarle qué ha hecho el departamento para proteger a la comunidad de Magüí, pero hasta el momento de publicar esta historia no nos había respondido. 

Luego de los combates de mediados de año el Ejército ha hecho presencia permanente en veredas complejas como San Luis y Ricaurte y su idea es quedarse allí para evitar que los ilegales se enfrenten y se apoderen de la zona, según le dijo a La Silla el general de la Fuerza de Tarea Hércules, Nayro Martínez. 

En todo caso, reconoce que el río Patía es demasiado extenso y conecta con un laberinto de ríos más pequeños que son imposibles de controlar en su totalidad por la Fuerza Pública. 

“La gente se siente abandonada por el Estado, hay muchas necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades laborales, universidades, proyectos productivos, planes de sustitución de cultivos, agua potable, energía eléctrica constante”, señaló una de las personas con las que hablamos. 

No piden solo presencia militar (de la que desconfían por posibles nexos con los ilegales, lo que les genera miedo a la hora de denunciar), sino atacar la raíz de los problemas que generan la violencia. 

“Vea, es que todo se da por falta de oportunidades para los jóvenes”, nos dijo otra de las personas consultadas. Una ausencia del Estado que genera que muchos vean en las armas y los cultivos ilícitos la única opción. 

También piden cosas básicas como internet, antenas para la señal de celular. Salud, carreteras que faciliten sacar el plátano, la yuca, el pescado y movilizarse.

De Magüí a Tumaco son seis horas en lancha. Otro modo para salir de allá es pasar por el municipio de Barbacoas y llegar a Junín, un punto en la vía que conduce de Tumaco a Pasto, y dura seis horas de trayecto por trochas y río con un costo superior a los 300 mil pesos. 

“Lo que pasa es que el Estado piensa que son solo grupos que se están matando y por eso no hace nada, o piensa que las comunidades son dueñas de los grupos y por eso no le pone atención”, dice una de las fuentes de mayor edad.  

Casi todas las peticiones de la comunidad están contempladas en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana que está quedado en algunos de los aspectos más transformadores como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad. 

Pero, pese a toda la violencia y el abandono, los habitantes de Magüí, en su mayoría no quieren irse de su hogar.

“La gente conserva la esperanza en que su territorio cambie porque no tienen a donde ir. Si se van a la ciudad es a aguantar hambre, pasar necesidades, estar de arrimados, bien o mal, la gente en su casa tiene su comida”, explica una de las personas que nos habló bajo el anonimato. 

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