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Por Nohora Celedón · 24 de Mayo de 2019

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Mañana el presidente Iván Duque firmará Plan Nacional de Desarrollo, lo único que falta para que el texto aprobado en el Congreso a principios de este mes sea ley.

 

Como suele pasar en los planes de desarrollo, la ley incluye un sancocho de temas que van desde impuestos y presupuestos territoriales, hasta infraestructura o licencias ambientales. Eso, como es natural, despierta pujas entre entidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil como las que contamos en esta historia.

En esas peleas el Gobierno ganó algunas peleas, perdió y empató otras, y en otras más la última palabra todavía no está dicha.

Éstas son las tres grandes peleas en las que ya hay movidas para cambiar lo que quedó o evitar que tenga consecuencias:

 

1

Aranceles: Confecciones vs. Gobierno e industriales

Una de las peleas más sonadas fue la de los aranceles a la ropa.

Como contamos, la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines logró poner de su lado al expresidente Álvaro Uribe y al presidente liberal de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, para incluir un artículo que sube drásticamente los aranceles a la ropa.

En concreto, pone un arancel de 37,8 por ciento a la ropa que entre al país por menos de 20 dólares por kilo, y de uno de 10 por ciento más tres dólares por kilo a la ropa que llegue por debajo de ese precio.

El artículo se aprobó aun cuando el Gobierno no estaba de acuerdo y el Ministro de Comercio, José Manuel Restreporadicó este documento en la Cámara para tumbarlo.

Tampoco están de acuerdo gremios tradicionales como la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, y la Asociación Nacional de Empresarios, Andi.

Ésta anunció una demanda en la Corte Constitucional considera que tomar la decisión en una ley no es constitucional y el Ministerio de Hacienda hizo lo propio, buscando que la Corte aclare si el Congreso puede definir los aranceles.

Eso porque es la primera vez que se ponen aranceles por ley desde la Constitución del 91 y para el Gobierno solo se puede hacer por decreto del Ministerio de Comercio. El gremio que promovió el artículo dice que ahora el gobierno debe publicar el decreto inmediatamente después de que sancione la ley.

Por eso la puja va para largo.

 

 

2

Tribugá: Valle del Cauca vs. Eje Cafetero

El puerto en el Chocó que promueve por la sociedad público-privada Arquímedes fue debatido en la Cámara de Representantes, en columnas de opinión y en etiquetas virales en redes.

Eso por una puja regional y un debate económico y ambiental sobre la viabilidad del proyecto. En el Valle del Cauca dicen que no se necesita otro puerto en el Pacífico que le compita a Buenaventura, que a su vez necesita inversión que se desviarían a Tribugá; y los ambientalistas sostienen que el riesgo ambiental del nuevo puerto es muy alto.

Si bien el proyecto no es de la Nación, el Plan le da dos empujoncitos. Por un lado, un artículo permite que la ANI concesione los puertos nuevos en aguas profundas, como Tribugá, por 40 años prorrogables por 40 más, cuando hoy el límite es de 20 años. Y con más tiempo, más viable hacer el proyecto.

Eso parece hecho a la medida de Tribugá, porque es la iniciativa de este tipo más avanzada - la otra, un puerto de aguas profundas en el Atlántico, todavía no tiene una promotora.

Además, en los proyectos de inversión del Plan quedó priorizado, como proyecto regional para la región Pacífico, un puerto de aguas profundas en el Pacífico Norte, y el único proyecto en esta zona es Tribugá. Específicamente, priorizó adecuar muelles y modernizar de la flota de cabotaje (el transporte por mar o río en distancias cortas) sobre el golfo de Tribugá.

Aunque eso no quiere decir que el Gobierno vaya a invertirle plata o a promoverlo, sino que serán las autoridades regionales las encargadas de impulsarlo, le da un argumento adicional a éstas a la hora de pedirle ayuda de cualquier tipo a la Nación.

En todo caso, como el proyecto está pidiendo permisos ambientales, no tiene asegurado su financiamiento, no ha hecho consultas previas y está en reuniones preliminares para tramitar la concesión, la discusión sobre su viabilidad apenas comenzó con el Plan.

“Ahora lo que hacemos todos los que nos unimos en contra de este tema es seguir haciendo vigilancia para que este proyecto no se haga realidad”, nos dijo la representante valluna verde Catalina Ortíz, una de las principales voceras en contra del proyecto.

La pelea estará para alquilar balcón porque de un lado están los gobernadores y senadores del Eje Cafetero, Antioquia y Chocó, entre ellos el expresidente Uribe; y del otro ambientalistas, cacaos y senadores del Valle del Cauca.

 

 

3

Renovables: MinMinas vs. gremios eléctricos

El Plan tiene varios artículos que no gustaron a las empresas del sector eléctrico y que prometen aumentar su discusión con el Ministerio del sector. Eso porque durante la discusión seis gremios energéticos enviaron una carta al presidente Iván Duque, pidiéndole eliminar cuatro artículos que quedaron.

Uno es el que obliga a los distribuidores de energía eléctrica a comprar el 10 por ciento de fuentes no convencionales (como el sol y el viento), que molesta a esos distribuidores, como Codensa o EPM, porque sienten que deberían estimularse estas fuentes de energía poniendo mejores condiciones a los contratos y  no obligando a las empresas a comprar.

Otros dos son los que ponen una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora a los usuarios industriales, comerciales y a los hogares de estratos cinco y seis, para financiar los fondos que rescatarán a Electricaribe. Ese produce molestia en los grandes consumidores de energía, afiliados en la Andi y Asoenergía, porque sube las tarifas de este servicio público.

Por último, se opusieron a que el Gobierno cambiara el tope máximo de participación de una electrificadora en el mercado (de 25 a 35 por ciento), para que la italiana Enel y EPM, que tienen más de 20 por ciento del mercado de comercialización de energía, puedan pujar por Electricaribe.

Ninguno de los gremios ha anunciado demandas contra los artículos pero le apuestan a que los maticen los decretos del Ministerio de Minas y Energía para reglamentarlos.

Eso quedó claro en la carta que le enviaron el 8 de mayo a la Ministra, María Fernanda Suárez, los seis gremios y el Comité Asesor de Comercialización del Sector Eléctrico (adscrito a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg), que le pidieron nuevos incentivos para que las electrificadoras compren energía de fuentes no convencionales. Es decir, que la nueva obligación no sea solo garrote, y el Gobierno les de zanahoria.

También pidieron ajustes a la próxima subasta de fuentes no convencionales, para que traiga contratos a largo plazo y condiciones más estables que facilite que los comercializadores la puedan comprar.

Este pulso podría terminar en un acuerdo pero para el Ministerio no es fácil cambiar las condiciones de los contratos, porque podría ahuyentar a los generadores de energías renovables.

 

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