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Por Nohora Celedón | Juanita Vélez | Adelaida Ávila Cabrera · 12 de Noviembre de 2019

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Un exdirector del Invima acusado por corrupción. Un narcotraficante que se quiso hacer pasar por indígena zenú para evitar la extradición. La esposa de un exfarc que mató a puñaladas a la amante de su esposo. Dos ladrones de casas. Un hombre acusado por asesinar a su esposa y a su hijo con discapacidad.

Como estas, hay al menos 52 personas que tocaron la puerta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sin que sus casos necesariamente estén relacionados con el conflicto. 

Esa cifra es casi una tercera parte de los 165 terceros (civiles o funcionarios que no son de la Fuerza Pública) sobre los cuales pudimos conseguir datos, de un total de 256 personas cuyos procesos ya está estudiando la JEP para definir si los asume o los deja en la justicia ordinaria. 

(Hay otros 412 que se presentaron pero todavía están en cola para estudio).

Además de eso, el grupo mayoritario de esos 165 casos son paramilitares o parapolíticos: 75.

Todo esto es particular porque lo que esperaba la JEP, y parte de la sociedad, es que los terceros que más llegaran fueran los empresarios que de alguna manera impulsaron o financiaron la guerra. Los “hombres grises” de los que habla el investigador Luis Jorge Garay para describir a aquellas personas que viven en la legalidad pero son puentes con los ilegales. 

Pero empresarios sólo son 13 de los 165 casos que revisamos a través de la respuesta a un derecho de petición que nos contestó la JEP. La mayoría de ellos además (9) están vinculados es con los paramilitares.

Estas son nuestras conclusiones:

Hay muchos que nada que ver con el conflicto

En estos casos -los de la gente que no tiene un vaso comunicante claro con ningún actor armado del conflicto-, es posible que la JEP termine concluyendo que se están intentando colar y no los admita.

Hay delincuentes comunes como Jonathan Puertas, condenado por hacerle el paseo millonario al excongresista vallecaucano Octavio de Jesús Zapata y causar su muerte por sobredosis de escopolamina; o José Polo Fontalvo, condenado por hacer parte de una banda de secuestradores que operaba en Bogotá; o políticos como el exgobernador de Casanare, William Pérez Espinel, con varias condenas por corrupción, pero nada que ver con el conflicto.

Lo más llamativo son las justificaciones con las que algunos pretenden que los acepten. Entre ellas: 

  • Camilo Uribe Granja, exdirector del Invima condenado por peculado por apropiación, dijo que su caso cabía en la JEP porque: "De una manera u otra todo nuestro desempeño y todas las conductas desplegadas se encuentran dentro del conflicto interno, y obvio son por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado".

  • Pablo Ricardo Quiñones, capturado por narcotráfico y pedido en extradición por el Gobierno Español, le pidió a la JEP acogerlo por su condición de indígena zenú. Esto a pesar de que en su proceso ante la Corte Suprema de Justicia el cabildo de Tierra Santa, al que decía pertenecer, certificó que él no era integrante de la comunidad.

  • Inocencia Moncada, condenada a 16 años por haber asesinado a puñaladas a la amante de su esposo, pidió a la JEP que la dejara entrar porque su esposo perteneció a la guerrilla y, según ella, eso hace que su delito sea conexo al conflicto.

La mayoría de los que tienen lazos, los tienen con paramilitares

En los 165 casos que miramos, las personas se clasifican así según con qué grupo armado tienen algún tipo de vinculación:

 

Como se ve, el pedazo grande de la torta son paramilitares o parapolíticos, pues son 75 de los 165 (incluye a los empresarios).

Eso muestra que, a pesar de que Justicia y Paz fue el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares, la JEP tendrá que resolver el desafío de qué hacer con los varios que se quieren postular a su jurisdicción. 

Primero, porque de los siete macro casos que hasta ahora ha abierto la JEP, no hay uno sobre paramilitarismo; y segundo, porque según ya dijo en un auto de 2018 la Sección de Apelación, que es la máxima instancia de la JEP, “puede ser que existan circunstancias que justifiquen excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP, en los eventos en que el interés superior a las víctimas, especialmente el de obtener verdad, así lo exija”. Es decir, les abre la puerta, pero sólo en casos excepcionales. 

Los pocos empresarios, casi todos vinculados a los paras

De los 13 empresarios, apenas uno está vinculado con las Farc y confirmamos que ya retiró su caso de la JEP.

Los otros doce están vinculados con las Autodefensas: diez, involucrados en despojo de tierras, entre ellos tres exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba; y dos metidos en parapolítica: Enilce López ‘La Gata’ y su tesorero, Félix Díaz Bobadilla.

En total, nueve de los 13 empresarios están condenados. 

Estos son sus perfiles:

Pase el cursor sobre cada cara para conocer el perfil.

Sector:   Comercio   Agropecuario  Mineroenergético   Servicios
Hernando Duque
Mejor conocido como 'Gan Gan' es un reconocido empresario del Huila, dueño de concesionarios de carros. Según la Fiscalía, fue testaferro del Bloque Sur de las Farc, en especial de ‘Fabián Ramírez’ y alias ‘El Paisa'. Por eso fue capturado en noviembre de 2017 y estuvo en detención domiciliaria trece meses. Pero en enero de este año un juez lo dejó en libertad, aunque su caso sigue. A pesar de que 'Gan Gan' pidió pista en la JEP, desistió de hacerlo.
Enilce López 'La Gata'
La expoderosa empresaria del chance cuya influencia se extendía por los departamentes de Bolívar, Magdalena, Sucre y Atlántico. Fue condenada en 2011 por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC y por haber sido la autora intelectual del asesinato del vigilante Amaury Fabián Ochoa, que López ordenó. El crecimiento de su fortuna en el Caribe y su influencia política creció de la mano del fortalecimiento del proyecto paramilitar de los hermanos Castaño en la zona. En 2018 pidió pista a la JEP comprometiéndose a contar detalles sobre la parapolítica.
Félix Díaz
Era el tesorero de las empresas de chance de Emilce López, alias 'La Gata', condenada por aliarse con los paramilitares para extender su imperio criminal los departamentes de Bolívar, Magdalena, Sucre y Atlántico. Tiene un proceso por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Marco Furnieles
Fue condenado en 2015, por participar en el esquema de apropiación de tierras ideado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Fondo Ganadero de Córdoba. Furnieles se encargó de contactar a los campesinos en el Urabá antioqueño que eran dueños de la tierra para que firmaran un poder a la hermana de Carlos Castaño, Sor Teresa Gómez, quien se encargaba de comprarles la tierra a los campesinos por un precio hasta 30 veces menor al de su valor./span>
Mario Zuluaga
Es el dueño de la finca Don Jorge, ubicada en el Urabá antioqueño. Fue condenado por su participación en varias masacres de grupos paramilitares en esta región del país, en las que asesinaron a miembros de organizaciones de trabajadores a finales de los 80. Zuluaga le permitió el acceso a los hermanos Castaño a la zona y fue condenado a 30 años de cárcel por terrorismo y homicidio.
Benito Oosrio
Fue gerente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007, concejal de Cereté y Secretario de Gobierno de la Gobernación. Fue condenado por hacer una alianza con los hermanos Castaño para legalizar, a través del fondo, la compra de 105 predios en la región de Tulapas en el Urabá antioqueño. Mientras los Castaño intimidaban a los campesinos para vender, el Fondo junto con la Fundación para la Paz de Córdoba compraban y legalizaban los predios ofreciéndoles a los campesinos sumas irrisorias.
Hernán Gómez
Es el dueño de la finca Don Jorge, ubicada en el Urabá antioqueño. Fue condenado por su participación en varias masacres de grupos paramilitares en esta región del país, en las que asesinaron a miembros de organizaciones de trabajadores a finales de los 80. Zuluaga facilitpo el acceso a los hermanos Castaño a la zona y por eso fue condenado a 30 años de cárcel por terrorismo y homicidio.
Benito Molina
Fue otro de los miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba que en 1997 participó en la legalización de tierras despojadas a sangre y fuego por los paramilitares en la región de Tulapas en el Urabá antioqueño. Molina Laverde, también conocido como "el mexicano", aceptó los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y destrucción y apropiación de bienes protegido.
Dorance Romero
Fue acusado por la Fiscalía de haberse aliado con paramilitares para comprar, entre 1996 y 1998 grandes extensiones de tierra en el suroccidente de Turbo, en Chigorodó, y en el corregimiento de Belén de Bajirá, en Mutatá, en el Urabá antioqueño. Las compras se hicieron a precios irrisorios aprovechándose de que los paramilitares amenazaron y desplazaron a los dueños de las tierras. Hoy los predios están siendo reclamadas por el consejo comunitario de La Larga Tumaradó.
Darío Laino
Ganadero y palmicultor considerado como uno de los fundadores del frente José Pablo Díaz o Grupo Atlántico de las AUC: "soy desmovilizado del Bloque Norte de las autodefensas al mando de Jorge 40 y duré le colaboré a las AUC desde el año 2000, hasta el de la desmovilización que fue el 9 de marzo de 2006”, declaró a la Fiscalía en 2007. Su alias era "ojitos azules" y empezó en las autodefensas pagando las nóminas de los combatientes que llegaban a Cesar y Magdalena. Fue uno de los estrategas y financiador de la llegada de los paramilitares a Barranquilla.
Héctor Duque
Fue el representante legal de la Promotora Palmera de Curvaradó Limitada, Palmadó S.A., una de las empresas aliadas con paramilitares para apropiarse de tierras en Chocó. En 2013 fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y ocupación de tierras de especial importancia ecológica, en particular por dos casos de desplazamiento de comunidades afro que se dieron en 1997. Según la investigación de la fiscalía tuvo nexos con Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias Pedro Ponte o Pedro Bonito, que fue jefe del extinto frente Arles Hurtado de las AUC.
Jaime Blanco
Era el dueño de la empresa Industrial de Servicios y Alimentos, que vendía comida a la minera de carbón Drummond, para sus empleados en el Cesar. Maya fue condenado por su responsabilidad en el asesinato de dos sindicalistas de la carbonera que justamente reclamaban por la mala calidad de la comida. En su proceso también declaró que, a través del contrato de alimentación, Drummond le pasaba dinero para financiar grupos paramilitares, algo que la empresa niega.
Eduardo Dávila
Empresario de Santa Marta, accionista mayoritario del equipo de fútbol Unión Magdalena. Fue condenado a 34 años de cárcel por haber mandado a matar a Carmen Vergara Díaz Granado, que manejaba las finanzas de María del Pilar Espinosa, viuda del paramilitar Jorge Gnecco Cerchar, asesinado por alias Jorge 40. En 2009, también admitió a la justicia tener vínculos con los paramilitares.

Varios reclutadores de falsos positivos

Otro de los casos (17 de 165) en el listado es el de personas vinculadas con falsos positivos sin ser paramilitares, sino reclutadores a los que el Ejército les pagaba para llevarse, en algunos casos drogados o emborrachados, a muchachos que luego aparecían como supuestos guerrilleros muertos en combate. 

La mayoría de esos 17 ya tiene condenas. Nueve delinquieron en la región Caribe (Sucre, Cesar y Córdoba). Tres operaron en los Llanos (Meta, Casanare y Arauca), dos en Tolima y el mismo número en Antioquia. De Norte de Santander se presentó un caso.

De ellos, hay algunos que ya fueron nombrados por las víctimas. Por ejemplo, Alexander Carretero Díaz, condenado a más de 44 años de cárcel por los casos de las Madres de Soacha. Ellas lo mencionaron en la audiencia en la que presentaron sus observaciones sobre lo que han dicho hasta ahora los militares. Carretero reclutó a varios de sus hijos y no era militar. 

También encontramos a dos exagentes del extinto DAS: Jaime Alexander Romero y Giovanny Calderón. El resto eran civiles a los que el Ejército les pagaba entre 40 mil y 100 mil pesos por buscar jóvenes con falsas promesas de empleo, que luego aparecieron como guerrilleros muertos en combate.

La mayoría de postulados están condenados

 

Otra conclusión interesante es que casi todos (116) los que tocaron la puerta -de los 165 sobre los que conseguimos datos- están condenados.

 

Eso refuerza la tesis de que a la JEP sólo van quienes están muy en la mala en la justicia ordinaria y que el fallo de la Corte Constitucional en 2017, que resolvió que no era obligatorio para los terceros comparecer, sí le quitó dientes a esta puerta de entrada a una justicia que busca ser de cierre en el conflicto. 

El grueso de los delitos de quienes se presentaron son homicidio y concierto para delinquir, entre estos otros. 

 

Los departamentos en los que hay más casos son Antioquia, donde más de la mitad de los casos sobre los que tenemos datos están relacionados con las AUC y las bandas criminales; Bogotá, donde el 60 por ciento de los casos son personas que no están conectadas con ningún actor del conflicto; Valle del Cauca, con una situación similar a la de la capital del país, y Cesar, donde la mitad de los casos tienen que ver con paramilitarismo.

 

 

Comentarios (1)

María José Pareja Rozo

19 de Noviembre

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¿La información de Hernán Gómez y Mario Zuluaga es igual? De pronto sea necesario revisar y ajustar alguno de los dos perfiles. Aparte de eso, está muy interesante el análisis del artículo.

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