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Por Nohora Celedón · 21 de Septiembre de 2018

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Ayer las comisiones económicas del Congreso metieron en el proyecto de presupuesto para 2019 un artículo para que haya subsidios de luz para los estratos 1 a 3 y de gas para los estratos 1 y 2.

Esa decisión parece un logro de los senadores que hicieron más ruido, pues con el discurso del Gobierno de que recibió la olla raspada y no hay plata para financiar los gastos del próximo año, asegurar que no se disparen esas facturas de los más pobres es una buena noticia.

Sin embargo, el logro es menos grande de lo que parece porque desde hace por lo menos cuatro años se repite esa misma discusión por estas mismas fechas, con los mismos actores y los mismos resultados.

El reencauche de 2019

Estos subsidios a la luz y al gas están regulados en la ley de servicios públicos, la 142 de 1994, que dice que las familias que viven en estratos 1 y 2 reciben un subsidio en las facturas de energía eléctrica y gas de hasta 50 y 40 por ciento del valor, respectivamente; y los de estrato 3, uno de hasta 15 por ciento para luz.

Pero una ley de 2006 aumentó el tope de los subsidios para los estratos 1 y 2 a 60 y 50 por ciento respectivamente.

 

Desde ese entonces para que se mantenga el monto del subsidio hay que tomar la decisión de prorrogar esa ley, algo que se hace usualmente cada cuatro años mediante el plan de desarrollo. Este año existen por el Plan de Desarrollo de Santos 2, que rige hasta el 31 de diciembre.

Lo que hace el artículo nuevo del presupuesto es asegurar que sigan vigentes con el monto actual en 2019, lo que significa que la pelea sobre los subsidios volverá pronto.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que se necesita ajustar todo el esquema de subsidios porque hay personas que los reciben y no los necesitan.

Esta idea de replantear en general los subsidios coincide con lo que han dicho gremios del sector de energía eléctrica y gas (Naturgas, Asocodis, Acolgén, Andeg, Andesco), que este año enviaron una carta al presidente Iván Duque pidiéndole que analice eliminar el subsidio de energía eléctrica para el estrato 3 o bajar el porcentaje de subsidio para los estratos 1 y 2.

Además de que la solución es temporal, la pelea sobre el presupuesto y la falta de plata para pagarlos se ha vuelto un debate anual porque en los últimos años el Gobierno no ha incluido en su proyecto inicial de presupuesto toda la plata que se necesita para cubrir los subsidios.

Cada año eso ha llevado a la misma discusión entre Ministerio de Hacienda (que asigna la plata), el de Minas (que gestiona la plata para los subsidios ante Minhacienda), las electrificadoras y distribuidoras de gas (que administran los subsidios) y los congresistas (que aprueban el presupuesto).

Pero en esta ocasión hay un nuevo matiz, por la queja de la olla raspada y por la discusión de fondo que ha planteado Carrasquilla.

El Gobierno está revisando otras opciones como atar la entrega de subsidios al Sisbén y no a los estratos para focalizarse en quienes más lo necesitan, pero es una reforma que tardará más tiempo.

El debate será álgido porque implicaría que menos personas reciban subsidios y, si la discusión por los de la energía y el gas son señal de algo, la puja por este tema será otra prueba de fuego para el presidente Duque.

Un chicharrón que tiene un componente tanto económico como político.

Lo económico

Lo que  los usuarios con subsidio dejan de pagar sale de dos fuentes: lo que pagan de más en sus facturas los hogares de estratos 5 y 6 y el comercio, y el Presupuesto General de la Nación, que pone lo que falta.

Para 2019, el Gobierno tiene que sacar 2,38 billones de pesos para pagar esos subsidios, más 814.000 millones que le debe a las electrificadoras por el 2018, que no se metieron en el presupuesto de este año.

Ese hueco ha venido creciendo desde 2013 porque ese año el Gobierno Santos le quitó a las industrias el pago del 20 por ciento adicional en su tarifa de energía para hacerlas más competitivas y en 2014, con la caída de los ingresos petroleros del Estado, el problema se agravó.

Así las cosas, desde ese año arrancó un tire y afloje entre los ministerios de Minas y de Hacienda por la plata para los subsidios.

“Al principio el Gobierno destinaba recursos para 10 meses, y antes del final del año desembolsaba el resto. Eso es algo que las empresas podíamos manejar, pero cada vez se apropia menos dinero, y eso se está volviendo un lastre”, señaló Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, gremio de las empresas de gas.

El lastre del que se quejan las empresas es que ellas compran el gas y la energía para venderlas a un precio definido por el Estado. De ese, les entra lo que pagan todos los usuarios, algunos con sobreprecio y otros con el descuento de los subsidios.

Como les queda faltando plata, mientras la Nación les paga lo que le corresponde al presupuesto, las empresas terminan financiando los subsidios, a pesar de que no les corresponde.

Esta semana la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, se comprometió públicamente a conseguir toda la plata de los subsidios, tanto la que se debe de 2018, como la del próximo año.

El problema es que en el mismo proyecto de presupuesto le agregaron a Minas y Energía 1,9 billones de pesos, que no son solo para subsidios e igual, se quedan cortos frente a los 3,19 billones que valen, por lo que no es totalmente claro de dónde va a salir la plata.

La pelea por lograr que aparezca esa plata es lo que da pie a que, cada año, haya un juego político.

El “juego político”

Como los subsidios son una decisión política periódica del Gobierno y del Congreso, cada vez que los aprueban en un Plan de Desarrollo o ajustan el presupuesto para que haya con qué pagarlos, aparecen políticos reivindicando el triunfo.

“Los subsidios terminan como un “logro” del Congreso, por eso siempre llegan desfinanciados al trámite. Y el Congreso, en particular  “la bancada Caribe”, logra subirlos y lo cobran como un triunfo político”, nos explicó un exministro de minas a condición de no ser nombrado.

La región Caribe recibe el 40 por ciento de los subsidios, por eso son los que más se pronuncian en defensa de los subsidios.

Ese hecho reiterado se nota en las publicaciones de prensa de los últimos cinco años.

Por mencionar algunos ejemplos, en 2015, el senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales, dijo a El Universal de Cartagena: “Nos complace a todos los habitantes de la Costa Caribe el hecho de que nuestra intervención en plenaria de Cámara de Representantes haya tenido como resultado la inclusión de un aumento de los recursos destinados al FOES, el cual subsidia la tarifa de la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios de los estratos socioeconómicos 1 y 2”-

En junio del año pasado, como lo registra esta nota, en una reunión política en Barranquilla, el senador Efraín Cepeda dijo “En mi calidad de coordinador ponente del presupuesto general de la Nación, defendí y logré incluir los subsidios de energía eléctrica para estratos 1 y 2”.

Y hace apenas dos días el senador Efraín Cepeda en una entrevista con Blu Radio Barranquilla dijo que mantener los subsidios había sido un logro de la bancada Caribe.

Este juego político será inevitable si deciden hacer ajustes de fondo a los subsidios, o si el próximo año vuelven a asignar menos presupuesto del que se necesita para los subsidios de 2020, porque este es un tema que toca directamente el bolsillo de casi 15 millones de hogares que reciben estos auxilios y que votan.

 

CONTEXTO

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