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Por Andrés Bermúdez Liévano · 29 de Noviembre de 2020

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Desde hace ocho años, el occidente de Boyacá no tiene casi matas de coca, que proliferaron después de la violencia en torno a las esmeraldas en los años ochenta.

La piedra angular de ese impresionante proceso de transformación regional fue un grupo de campesinos que le apostaron masivamente al cacao. Ahora, una década después, es la nueva generación, compuesta por hijos de esos antiguos cocaleros, la que está llevando ese negocio comunitario en direcciones que sus padres ni siquiera soñaron.

Los negocios y emprendimientos que vienen inventando varios jóvenes entre los 24 y 37 años, que eran niños o adolescentes cuando sus padres arrancaron a mano la coca y la reemplazaron con cacaotales, permite acercarse a una pregunta que pocas veces se aborda al hablar de cultivos de uso ilícito: ¿qué pasa con la siguiente generación cuando no hay coca?

“Nosotros heredamos de nuestros padres una tierra de violencia. Los hijos de quienes cargamos con el proceso de sustitución hoy tienen una visión distinta y no les interesa nada la violencia”, cuenta Juan Antonio Urbano, un campesino de 54 años que fue uno de los líderes originales del proceso de sustitución de coca en su pueblo natal de Pauna. En su caso, su epifanía fue haber encontrado un día a su hijo intentando imitar la manera como procesaba la hoja de coca.

En el centro de ese viraje que dio el occidente de Boyacá estuvo la fumigación aérea con glifosato. O, más bien, la decisión de no recurrir a ella como primera opción: cuando el gobierno de Álvaro Uribe se disponía a iniciar la aspersión allí, un grupo de campesinos –que ya habían llegado por su lado a la conclusión de que el deterioro de la región con la coca había sido aún más brutal que con las esmeraldas antes- se le plantaron y le insistieron en que les apoyara con otra solución.

Dos gobiernos después, el cambio es notorio en San Pablo Borbur, Pauna y Otanche. Del pico de 593 hectáreas sembradas con coca en 2003 pasaron a solo 4 en la región el año pasado, según el censo anual de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc). Crearon una serie de asociaciones cacaoteras locales, que dieron paso a una regional y que, a su vez, fue el germen para fundar la Red Nacional de Cacaoteros.

De ese gremio de segundo piso nació Distrito Chocolate, una red de tiendas de chocolate que funcionó por tres años en el centro de Bogotá y vendía más de 20 marcas de chocolates hechos por campesinos de todo el país, muchos también ex cocaleros. Ganaron el premio Emprender Paz y también el ‘cacao de oro’ al mejor cacao del país. Y la región tiene ya 4.900 hectáreas de cacaotales.

Esos logros abrieron puertas que antes parecían cerradas, en una región donde muchos de los campesinos que jalonaron el proceso de sustitución no pudieron terminar el bachillerato o en ocasiones la primaria. Sus hijos no solo estudiaron en universidades de todo el país, sino que muchos luego regresaron a trabajar bajo la sombra de los mismos palos de cacao que sembraron sus familias.

Las soluciones que han ingeniado –y a las que siguen apostándole en medio de una pandemia y la peor recesión en dos décadas- muestran cómo, más allá de las hectáreas de coca y en momentos en que el gobierno de Iván Duque insiste en retomar la fumigación, hay indicadores más útiles para medir qué funciona en política de drogas.

Estas son las historias de cinco de esos jóvenes.

 

Haga clic en cada foto para conocer sus historias.

Este reportaje fue hecho gracias a la beca de periodismo en política de drogas de la Fundación Gabo.

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