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Por Nohora Celedón · 10 de Octubre de 2019

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Las grandes empresas no han hecho muchas donaciones a las campañas para alcaldías de las ciudades más grandes. 

Según los datos de Cuentas Claras con corte a este lunes, las 23 campañas en Bogotá, Medellín y Cali habían reportado donaciones de 59 empresas, cuando en 2015, a dos semanas de las elecciones solo los cuatro grandes candidatos de Bogotá (Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Clara López y Francisco Santos) habían informado aportes de más de 100 empresas.  

Aunque Cuentas Claras muestra una foto incompleta porque no incluye aportes debajo de la mesa, y muchas campañas tardan tanto en reportar que 6 de las 23 no han informado ingresos, 11 de 13 fuentes del mundo de la financiación electoral (asesores de campaña, candidatos y empresarios de las tres ciudades) comparten la percepción de este año hay más prevención de los empresarios para donar plata de frente.

Aunque falta ver cómo cierran las cuentas y es posible que al final de la carrera más empresarios se monten al bus, probablemente estamos ante un cambio de tendencia en el rol del sector privado en la financiación de campañas. 

 

En cuatro puntos le explicamos cómo se está viendo este cambio:

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Los datos de la caída en donaciones 

Las campañas se financian por fuentes públicas (anticipos del Consejo Nacional Electoral y reposición de votos) y privadas (créditos y donaciones).

En las elecciones regionales de 2015 los créditos bancarios fueron una de las principales fuentes de financiación, junto con los aportes empresariales. En éstas es muy pronto para decir si tendrán ese rol protagónico pero solo 5 de los 18 candidatos que han enviado información reportan préstamos bancarios, que representan entre 48 y 73 por ciento del total de sus ingresos. 

En Bogotá, Carlos Fernando Galán tiene dos préstamos por $500 millones, uno el Banco de Occidente y otro con el de de Bogotá, ambos del grupo Aval, esto representa el 53 por ciento de sus ingresos reportados. Claudia López tiene dos créditos que suman $800 millones con Davivienda, del grupo Bolívar, y otro por $1.000 millones con la cooperativa Confiar, todos ellos suman el 72 por ciento de los ingresos.

En Medellín Daniel Quintero reportó un un préstamo por $250 millones con Confiar (71 por ciento de sus ingresos) Alfredo Ramos, uno de $350 millones Banoccidente (38 por ciento) y Santiago Gómez uno de $500 millones (54 por ciento) con Bancolombia, del GEA. 

En Cali ninguno de los seis candidatos que han pasado información ha reportado créditos.

La mayoría de la plata que han reportado hasta ahora los 18 candidatos viene de donaciones de particulares y de familiares, un cambio notorio frente a la campaña pasada.

Los aportes de empresas, aunque en varios casos son significativos (tal vez el más emblemático es el de Alejandro Eder en Cali que recibe toda su financiación de empresas y aportes familiares), suelen ser menores.

En Cali, las seis campañas que han reportado ingresos a Cuentas Claras suman donaciones por $416 millones por parte de 16 empresas, destinadas a tres candidatos: Jorge Iván Ospina ha recogido $55 millones de seis empresas, un poco más de la mitad de esa plata la donó la empresa Corpus Christi, a cuya representante legal a Martha Sofía Barragán, a quien como alcalde Ospina nombró como miembro principal de la junta directiva  de Corfecali.

Eder es el que tiene más financiación del cacaos en Cali, el mayor aportante privado es el ingenio Manuelita, propiedad de su familia que le dio $130 millones, sumado a un aporte de $20 millones Garcés Eder, otra empresa familiar, suman casi la mitad de la plata reportada. 

Y Danis Rentería que recibió $49,5 millones de la constructora Jaramillo Mora. 

Este dinero es significativo para las campañas pero poco si se compara con que en 2015 y solo al ganador, Maurice Armitage, aportaron más de 40 empresas, y cuatro de ellas donaron más de $100 millones.

En Bogotá pasa algo similar: el único que no ha reportado ingresos a Cuentas Claras es Hollman Morris, y mientras los otros tres sumaron ingresos por $1,7 billones de 23 empresas, es la mitad de los $3,2 billones que habían reportado Peñalosa, Pardo y López a quince días de las elecciones de 2015.

Lo mismo en Medellín donde nueve de los doce candidatos han reportado ingresos y solo cinco han dicho que recibieron plata de empresas. Son Santiago Gómez, que recibió de 13 empresas con 102 millones de pesos; Alfredo Ramos recibió 190 millones de pesos de nueve empresas entre ellas grandes conocidos como Crystal (dueña de marcas como Punto Blanco y Gef), la fundación del Grupo Argos, Codiscos y una empresa de ambulancias que se llama Rapiambulancias. Por su parte Daniel Quintero tiene una donación de 20  millones de pesos de una empresa importadora de repuestos de motos que se llama Celeste Inversiones y Beatriz Rave recibió 6,5 de la Corporación Compromiso Verde.

En total, son $322 millones de 24 compañías, menos que los 500 millones que recibió la campaña del actual alcalde, Federico Gutiérrez, de 46 firmas.

Como ésta es solo la foto de las tres ciudades más grandes, donde hay más empresas con capacidad para aportar a las campañas, es probable que la situación se repita en el resto del país.

 
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Las tres grandes razones por las que se estaría donando menos 

“Con todas las restricciones que hay no se dona tanto como antes, se limita mucho, por eso se dona más a los partidos que a los candidatos”, nos dijo un empresario del Valle del Cauca que nos pidió no mencionar su nombre.

Se refiere a que para donar dinero legalmente, las empresas tienen que cumplir condiciones como: 

Tener un acta de junta directiva o de la asamblea que apruebe la donación,
  • Elevarla a escritura pública en una notaría si son más de 37 millones de pesos

  • Revisar que no supere el 2 por ciento del tope de gastos de la campaña, porque de lo contrario pueden terminar inhabilitados para contratar

  • Reportarlo ante el Consejo Nacional Electoral, pues si no lo hacen pueden tener cárcel de 4 a 8 años.

A esas cargas se suma que muchos han aportado recientemente a otras campañas, pues el año pasado pasado hubo elecciones a Congreso y a Presidencia, y consulta anticorrupción; y según datos de Usaid y Transparencia por Colombia, más de la tercera parte de los las campañas al Congreso se financiaron con donaciones de empresas privadas.

Por eso, aún en campañas en las que la mitad de la plata es de privados, las cifras han estado por debajo de las expectativas. “Nos ha tocado hacer revisión en el presupuesto porque creíamos que sería más, los montos por empresa también son menores”, nos contó Federico Warlemberg, gerente de la campaña de Eder.

De acuerdo con cinco empresarios de grandes compañías, ambos factores pesan, pero el obstáculo que más los está bajando del bus es el riesgo reputacional, por la percepción de que las empresas donan para luego obtener un beneficio ilegal mediante contratación.

Esta percepción no es del todo infundada. 

Por un lado, un informe de la Misión de Observación Electoral  sobre las elecciones de 2015 concluyó que 485 empresas que donaron de 4.397 millones de pesos a las campañas de ese año, firmaron 2.410 contratos públicos por 169.466 millones de pesos. De éstos el 65 por ciento se adjudicaron a dedo, algo que para la MOE es una señal de que la financiación fue retribuida con dinero público.

Por otro, como hemos contado en La Silla, muchas veces ese mecanismo no solo existe y es muy poderoso en la política local (como lo  mostramos en estas historias de Antioquia, Norte de SantanderSantander y Valle del Cauca). Sin embargo, es usual que en esos casos los aportes se hagan por debajo de la mesa, para hacer más difícil el rastreo y no impactar los topes de la campaña.

A estos casos se suma que casos de corrupción asociados a la financiación de campañas, como el de Odebrecht, también suman al riesgo para la reputación de las empresas.

“Hay un cambio de modelo. Por muchos años hubo casi una exigencia de pedirle al sector privado que ayudara a financiar campañas, hoy se ve como algo malo. El que dona termina cuestionado”, nos dijo el presidente de la Andi, Bruce MacMaster.

“Todos tienen pánico de donar por temor al estigma. Más si son contratistas, los que donan se ganan la fama de corruptos”, nos dijo un candidato a la Alcaldía de Medellín.

De hecho, la desconfianza es mutua: “a cambio de qué una empresa dona dinero a una campaña si su objetivo es tener rentabilidad, la respuesta es que esperan algo a cambio”, nos dijo Diego Romero, asesor de comunicaciones de Daniel Quintero, y aclaró que la política de la campaña es no recibir donaciones grandes del sector privado.

 
 
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Las alternativas de los que sí donan

Para curarse en salud, algunas empresas grandes que suelen aportar en cada elección, como Bancolombia, Valorem y Bavaria, tienen políticas de participación y apoyo a candidatos.

En Bancolombia nos dijeron que hacen donaciones “simbólicas” después de evaluar los candidatos que les solicitan aportes, y lo hacen a través de su Fundación, que suele hacer estudios y entrevistas antes de definir a quién aporta. En esta campaña le han donado a Carlos Fernando Galán y Claudia López en Bogotá, $50 millones a cada uno.

Algunos gremios, como la Andi, le pasan información a sus afiliados en cartillas y charlas para que sepan si van a aportar cómo deben hacerlo y cuáles son los límites y promueven que les exijan cuentas a los candidatos. 

“Como las empresas están cuidando mucho su reputación, porque se ha desprestigiado su apoyo a las campañas, estamos viendo más apoyos personales de empresarios”, nos contó Juan David Valderrama, candidato a la Alcaldía de Medellín.

En Bogotá, las cifras hasta ahora reportadas muestran aportes de cacaos como el concesionario Mario Huertas y el constructor Lorenzo Kling Mazuera, que aportaron $10 y $15 millones respectivamente a la campaña de Miguel Uribe; o el empresario hotelero Jean Claude Bessudo y el chef y dueño de restaurantes Harry Sasson, que le aportaron $5 y $10 millones respectivamente al mismo candidato.

La otra vía para financiar candidatos, más evidente desde la campaña reelección de Santos es darle la plata a partidos políticos, lo que hace difícil rastrer a quién financian las empresas. Según este informe de Transparencia por Colombia el fenómeno se replicó en las pasadas elecciones al Congreso, por lo que es probable que esté sucediendo de nuevo, quizás compensando lo que se ha reducido por los aportes directos.

 
 
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El riesgo del origen de la plata

A juzgar por la publicidad que circula de estas campañas, su costo sigue siendo alto. Por eso, el riesgo de que menos empresarios las estén financiando es que lleguen dineros por debajo de la mesa e incluso ilegales.

“He visto a muchos empresarios que no quieren participar en el tema, pero también se ve mucho dinero en las campañas. No se necesita ser Descartes para saber que esa plata tiene que salir de algún lado”, nos dijo un asesor de un candidato en Bogotá que ha estado en varias campañas.

“Todos han llegado donde mis clientes a pedirles dinero “, dice un asesor que tiene entre sus clientes varios de los grandes grupos económicos del país “necesitan plata, porque la campaña cuesta, pero piden sobre todo aportes en especie, para no superar los topes”.

La mecánica que describe este asesor es bien conocida, según las fuentes con las que hablamos. 

Por ejemplo, una campaña le pide a una empresa que done 1.000 gorras con publicidad del candidato o candidata, y reportan como aporte solo 100 o ninguna, con lo que evitan los topes impuestos por el CNE. O piden a la compañía que le paguen a un asesor que se registra como voluntario en la campaña. Eso, en esencia, fue por ejemplo lo que pasó con los aportes de Odebrecht a la campaña de Santos de 2010 con afiches

“Por eso uno ve campañas que fácilmente cuestan $15.000 millones (cálculo que hace a raíz de la publicidad que ve en la calle y los eventos que anuncian los candidatos) y reportarán al final de la jornada solo 1.000”, nos dice el asesor.

Casos como estos de donaciones por debajo de la mesa son las que ha puesto en aprietos tanto a las campañas presidencial de Juan Manuel Santos como la de Óscar Iván Zuluaga, el primero que le habría recibido 2.000 afiches a Odebrecht a través de un tercero; y el segundo, denunciado por supuestamente haber recibido una asesoría del publicista Duda Mendoca pagada por la corrupta brasilera.

 

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