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Por Paula Doria · 28 de Septiembre de 2020

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Los indígenas Embera viviendo en cambuches expuestos al sol y al agua, sus mujeres cocinando en fogatas improvisadas y sus niños jugando semidesnudos en el Parque Tercer Milenio se han vuelto parte del paisaje en Bogotá. Su situación es dramática y, sin embargo, no hay a la vista una solución porque es un problema cuyas causas tienden a empeorar.

La negociación con ellos es muy compleja, como ya lo demostraron los esfuerzos de las alcaldías de Bogotá en 2000 para acabar la toma de desplazados del edificio de la Cruz Roja en Bogotá en el 2000 y la de los desplazados en el mismo parque en 2009.

La negociación actual

El viernes fracasó un intento más de negociación entre la Alcaldía de Claudia López, la Nación y los líderes Embera para que se retiren del parque Tercer Milenio cerca de 320 personas (entre las que hay más de 40 niños, algunas mujeres embarazadas y varios adultos mayores) que durante este año han hecho siete tomas de ese espacio público para exigir una respuesta a sus problemas. 

Habían llegado la semana pasada gobernadores de los resguardos indígenas Embera para dialogar con el Distrito y con el Gobierno, pero se fueron el domingo sin que se lograra levantar el campamento. Sin embargo, la mesa de diálogo sigue en pie.  

Humberto Arce, la autoridad de los Embera Katio que viajó desde Pueblo Rico a Bogotá para negociar con el Gobierno, le dijo a La Silla Vacía que ellos pidieron que mientras el Gobierno diseña un plan de retorno con vivienda digna y proyectos productivos para ellos, el Distrito les garantice vivienda digna y alimentación. 

Sin embargo, un retorno en este momento es complejo pues la seguridad en el alto Andágueda, Chocó, y Pueblo Rico, Risaralda, de donde ellos vienen, está cada día peor.  

Allí la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan rutas de narcotráfico y territorios para la minería ilegal, está al rojo vivo. El Ejército también está allí para combatirlos a los dos. Los indígenas quedan en el centro de esta guerra.

“Había compañías ilegales que estaban explotando nuestros recursos sin permiso. Les dijimos que no podían hacer eso sin nuestra autorización. Pero entonces se presentaron hombres armados en el resguardo y nos pidieron que nos fuéramos”, cuenta Saúl Arias, un Embera de 40 años, que se desplazó por amenazas en Alto Andágueda, Chocó. 

Leidy Sintúa, una joven de 18 años que acampa en el Tercer Milenio, nos contó que llegó a Bogotá en enero, como todos, huyendo de la violencia del Resguardo de Alto Andágueda. “Cuando matan a alguien los demás también salen corriendo”, dijo refiriéndose al asesinato de Emilio Campo, uno de los integrantes de su comunidad.

Cuando empezó la pandemia, Sintúa dejó de vender artesanías y se colgó en el arriendo así que fue desalojada de su pieza en Ciudad Bolívar, y se fue al Tercer Milenio. 

Dentro de las peticiones que le hace al gobierno es que le ayuden a pagar esos meses de arriendo y que al lugar donde vaya pueda llevar sus cosas: un colchón, ollas y un televisor. Una petición que se ve bastante difícil de cumplir porque el Gobierno no tiene contemplada esa posibilidad. 

Leonival Campo y Saúl Arias, reconocidos como líderes de la comunidad Embera en el parque Tercer Milenio (pero no autoridades indígenas de su resguardo), afirman que después de tantos días en el parque, de la lluvia y el sol están dispuestos a irse a un albergue, aunque no sea por tanto tiempo. 

Pero allí también está Ansisar Cheche, líder Embera Chamí, quien se opone a marcharse del lugar a menos que tengan una vivienda digna garantizada por dos años para las 140 familias que acampan en el parque y alimentación. 

La otra opción que ofrece Cheche es les den un albergue con alimentación mientras los retornan o reubican, pero ese retorno debe incluir también vivienda digna y un proyecto productivo por familia. 

“Nos ofrecen primero una cuarentena en un centro médico. Pero no queremos ir a un lugar lleno de covid. Y luego nos dicen que nos dan un albergue por unos días más. ¿Y luego qué? Que nos solucionen al menos por dos años”, exigió. 

Un problema crónico

El Distrito ha destinado 770 millones de pesos para las 260 familias Emberas que hay en la ciudad desde que inició la pandemia. Con este dinero les han pagado albergues, subsidios de arrendamiento y les han dado mercados o raciones alimentarias. 

El Gobierno Nacional, por su parte, les ha dado 200 ayudas alimentarias. “120 han aceptado las ayudas del Distrito y, aunque no es suficiente, han podido sobrellevar la situación. Estas otras 140 no quieren, pese a que todas han recibido ayudas del gobierno”, dijo a La Silla Camilo Acero, subsecretario de Gobierno. 

La Silla pudo corroborar que hay indígenas que han vivido hasta por ocho años en los albergues del Distrito, que se pueden usar hasta por un mes.  Varios indígenas del parque Tercer Milenio nos dijeron que ya habían estado en otras tomas en ese mismo parque en años pasados. Para ese entonces lograron irse de nuevo a sus territorios, pero se devolvieron a Bogotá básicamente porque la confrontación en sus territorios no ha terminado y también porque el Gobierno Nacional de Santos y Duque les incumplió. 

“Nos prometieron vivienda digna y un proyecto productivo para volver al territorio. Nos regresamos y el gobierno nos incumple. Nos da un dinero que no alcanza para construir una vivienda digna y tampoco para los cultivos. Al hambre toca sumarle las amenazas que cuando no son del ELN son de las disidencias y si no, de otras compañías criminales”, dijo Eduardo Miranda, de 28 años, quien no quiere regresar a su resguardo.

La concejal de la Colombia Humana, Ana Teresa Bernal, quien fue consejera para las víctimas en la Alcaldía de Gustavo Petro, dice que negociar con estas comunidades es una tarea muy difícil que toma meses. 

Por las diferencias culturales (la mayoría no habla español); porque en la protesta, que es legítima, se terminan vulnerando derechos de los niños que viven en esos campamentos expuestos al hambre y a condiciones precarias de vida; y porque a medida que pasa el tiempo, van llegando más personas a esos campamentos. 

Bernal reconoce que hay una complejidad en ofrecerles albergue a estas comunidades y es que cuando ellos llegan a estos lugares que son temporales, muchos después no se quieren ir.  “Eso no es sostenible”, dice. 

Un ex funcionario que participó en los dos procesos de retorno de esta comunidad a sus territorios que hizo el gobierno de Enrique Peñalosa nos dijo que otra de las dificultades de la negociación con estas comunidades es que la oferta de todas maneras no puede ser tan atractiva.

“Es horrible decirlo, pero a las Alcaldías les queda muy difícil hacer programas que sean muy buenos para los desplazados porque eso a su vez se convierte en un incentivo para que sigan llegando más personas”, reconoce.

A estas dificultades, se ha sumado la pandemia.

Siete personas dieron positivo para covid en una jornada de pruebas que hizo la Alcaldía en el Parque hace varias semanas. El Distrito dice que los contagiados no quieren ir a los lugares de aislamiento, y que tampoco permiten que les hagan nuevas pruebas. 

Por eso, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez anunció acciones judiciales contra dos líderes de la comunidad, Ansisar Cheche y Leonival Campo, quienes, según el Distrito, se resisten a irse del parque a alguno de los albergues, exponiendo a los menores y mujeres embarazadas al contagio. 

Sebastiana Pepe, de 47 años, partera tradicional hace 30 años y también enfermera, dice que no les da temor contagiarse del coronavirus: “Los blancos se contagian porque comen mucho químico”. Agrega que tienen sus medicinas ancestrales y que desde que está en el Parque Tercer Milenio solo ha atendido a dos personas. 

Mientras tanto, sigue en pie la mesa de negociación liderada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior en la que participan líderes Embera.

En cuanto a soluciones más de fondo, todavía no se ve una salida todavía. Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Minería fueron convocados para estudiar las condiciones de la explotación minera realizada en esos territorios.  

Sin embargo, nadie se hace muchas ilusiones con que van a poder encontrar una solución pronta. 

Cuando cien desplazados se tomaron el Edificio de la Cruz Roja en el norte de Bogotá, no bastaron los cerca de 3 mil millones de pesos que invirtió en ese momento el gobierno de Pastrana en subsidios de vivienda, alimentación y otras ayudas para lograr que desalojaran el edificio. Solo lo consiguió un operativo policial en diciembre de 2002, a punta de fuerza, liderado por Antanas Mockus.

Siete años después, en mayo de 2009, llegó a Bogotá un grupo de 2 mil desplazados que se tomaron el Parque Tercer Milenio. Venían desterrados por la violencia de zonas como Chocó, Meta y Huila. 

Cumplidos cuatro meses de protesta, se instaló una mesa de negociación en la que también estaban representantes del Gobierno de Álvaro Uribe y de la Alcaldía de Samuel Moreno. 

Las peticiones son exactamente las mismas a las que hacen ahora los embera: que les garanticen una vivienda digna y alimentación mientras están la ciudad a corto plazo, pero a mediano plazo esperaban volver a sus territorios con garantías de un techo y proyectos productivos. 

Solo cinco meses después de la toma del Tercer Milenio, la Alcaldía de Moreno logró llegar a un acuerdo con los desplazados. Pero para ese momento ya había casi 2.300 personas en ese campamento.  

Finalmente, se logró llegar a un acuerdo con ellos con la promesa de viviendas en lugares como Ibagué, Villavicencio, Tumaco, Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena Medio. Les dieron subsidios a 400 personas por 1,5 millones de pesos para hacer proyectos productivos. Y a los que se quisieron quedar, les ofrecieron 400 empleos para participar en obras del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. 

La diferencia en esa toma y la del 2020 es que en ese caso 39 indígenas que acampaban en el lugar aceptaron ser aislados para evitar la propagación del AH1N1 en ese cambuche. En esta toma no lo han aceptado.

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