Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Ana León · 19 de Mayo de 2020

13687

0

La empresaria que se ganó el que, hasta ahora, ha sido el contrato más grande dado por la Gobernación de Santander en la emergencia por el Covid suma poco más de cuatro mil millones de pesos ganados en los casi cinco meses que lleva el gobierno de Nerthink Mauricio Aguilar en procesos sospechosos y con ruido.

Esto es importante porque se trata de una contratista que viene de ser la aliada histórica del exsenador y parapolítico Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil (hoy preso, investigado por presunto concierto para delinquir, tráfico de influencias y narcotráfico), quien a su vez fue socio político por años del grupo del Gobernador: la cuestionada casa Aguilar que lidera el también parapolítico Hugo Aguilar, padre del mandatario.

De hecho, cuando el Tuerto cayó preso, hace un año, sus cuadros estuvieron acompañando la campaña de Nerthink Mauricio Aguilar.  

La contratista de la buena racha se llama Adriana Amaya y, puntualmente, se ha ganado dos contratos con empresas que están en cabeza de su esposa que suman 4.181 millones de pesos y varios ruidos: uno porque presentaron facturas supuestamente falsas y el otro porque, en modalidad de contrato directo, la Gobernación pidió cotizaciones únicamente a dos firmas, ambas propiedad de la pareja de la empresaria en cuestión. 

Además de la clara relación con Amaya, las dos empresas están relacionadas con dos de los antiguos emporios del Tuerto Gil: el extinto partido PIN, que por muchos años fue la pista de aterrizaje de los parapolíticos; y la EPS Solsalud, que Gil creó en 1995 y terminó liquidada a mediados de 2013 por manejos irregulares.

 

La vieja aliada

Adriana Amaya es conocida en Santander por ser muy cercana a Gil desde los años 90, cuando aún él no figuraba en la política nacional y estaba empezando a fundar su partido, el extinto PIN. El mismo que terminó con varios militantes condenados por aliarse con paramilitares para conseguir votos. Entre esos, el mismo Gil. 

 

En sus redes sociales, la hoy contratista se autodenominaba militante del PIN y hasta las elecciones de 2018, en las que perdieron su personería jurídica, hizo campaña junto a la exsenadora Doris Vega, esposa y heredera política del Tuerto Gil. 

Amaya empezó a trabajar con Gil a los 17 años, como miembro de su grupo político. “Trabajaba en la sede política, estuve un tiempo en el grupo de jóvenes (...) lo acompañaba a reuniones”, nos contó la misma empresaria cuando la consultamos. 

Según dos exmilitantes del extinto PIN que estaban en constante contacto con el exsenador condenado, Amaya fue durante muchos años su asistente y una de sus manos derechas, como coordinadora de temas de logística del partido. Hasta que se convirtió en empresaria, en escenarios conectados con Gil. 

Como contamos en esta historia, además de su poder en la política electoral, Gil creó una red de negocios que incluía un canal de televisión en Santander, empresas de servicios tecnológicos, cooperativas de ahorro y un emporio en el sector salud. 

En ese último incursionó Amaya. En 2012 creó una distribuidora de medicamentos llamada Pharmagenerics IPS que fue contratista de Solsalud. Según ella, esa empresa quebró precisamente por plata que le quedó debiendo la liquidada EPS. 

Amaya nos aseguró que desde 2018 rompió relaciones con Gil. 

Sin embargo, su figuración en la contratación pública de la región sigue vigente. 

 

El contrato para el Covid-19

De los 11 contratos que Nerthink Mauricio Aguilar ha ejecutado en el marco de la pandemia, el más caro, por 2.781 millones de pesos, tiene por objeto implementar una estrategia para la contención del coronavirus, pero en la práctica no es más que la compra y distribución de material de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, caretas, guantes, alcohol, etc.) para centros carcelarios, funcionarios que están atendiendo la emergencia y población vulnerable en casi todo el departamento. 

Ese contrato se lo ganó Makropharma distribuciones farmacéuticas.

Según los registros de Cámara de Comercio, Makropharma fue constituida en 2010 por Adriana Amaya como mayor accionista (70 por ciento), Henry Herrera (15 por ciento) quién solía ser el contador de Pharmagenerics y Sergio Betancur (15 por ciento) de quien no encontramos rastro. 

Los registros públicos de la empresa no están completos, así que solo pudimos determinar que desde 2016 la única accionista de Makropharma es Liliana Mateus, la esposa de Adriana Amaya. 

Como en medio de la emergencia las reglas de contratación son más laxas y los alcaldes y gobernadores pueden hacer contratación directa con la justificación de la premura, la Gobernación le pidió una cotización a Makropharma el 16 de abril pasado y a los ocho días firmaron contrato. 

Aún cuando, según la información que la misma empresa aportó, así como lo que pudimos rastrear en el sistema de compras públicas, Makropharma no es contratista asidua del Estado y tampoco había ejecutado tanto dinero. Solo le encontramos contratos por un millón, tres millones, 68 millones y hasta 130 millones pesos.

Con la Gobernación, por ejemplo, solo había ejecutado un contrato en 2017, para dotación de botiquines médicos por 68 millones de pesos. 

Además, según las renovaciones de su registro mercantil, tiene ventas anuales de entre 300 y 400 millones de pesos, y utilidades netas de menos de 30 millones de pesos. Es decir, es una empresa pequeña. 

Pero lo más llamativo del proceso es la única otra empresa a la cual la Gobernación le pidió cotización para esa contratación: Distrimacro SAS. 

Por un lado, Distrimacro, constituida en 2016, es una empresa que tiene como actividades principales hacer publicidad, comercio al por menor de materiales de papelería y escritorio, confeccionar prendas de vestir y actividades de impresión. Nada relacionado con materiales de bioseguridad. 

Y por otro, según los registros de Cámara de Comercio, la única accionista de esa empresa es Liliana Mateus. De modo que las dos empresas que la Gobernación invitó a cotizar son de la misma dueña: la esposa de Adriana Amaya. 

Le preguntamos al secretario del Interior, Camilo Arenas, los criterios para haber llamado únicamente a esas dos empresas para cotizar, pero al cierre de esta publicación no nos había respondido. 

También llamamos al representante legal de Distrimacro, Luis Alberto Monsalve, para preguntarle por qué esa empresa de publicidad cotizó en un proceso para dotación de bioseguridad y, aunque nos dijo que nos respondería las preguntas vía WhatsApp, no lo hizo. 

Más allá de eso, esta no es la primera vez en que Distrimacro y otra empresa de Liliana Mateus, coinciden en un proceso de contratación en la Gobernación.

Eso nos lleva al segundo contrato sospechoso.

 

Las impresiones de la Gobernación

 

En épocas de campaña, Adriana Amaya sonaba en Santander como la que imprimía la publicidad política del extinto PIN, a través de la agencia de publicidad Grafikar, creada en  2012 y que, al igual que Makropharma, está a nombre de su pareja Liliana Mateus. 

“Si necesitábamos algo (durante campaña electoral), volantes, gorras, manillas, cualquier cosa, íbamos a Grafikar y nos surtían de lo que fuera”, nos dijo un exmilitante de ese partido. Otro más y un político de Santander que trabajó con Gil, dijeron lo mismo. 

Cuando hablamos con Amaya nos dijo que esa empresa sí le vendía la publicidad al viejo PIN,  pero también a otros partidos. En todo caso, nos contó que para iniciar el negocio de Grafikar, le compró la maquinaria a Gráficas La Hormiga, una empresa que, según ella y otros dos exmilitantes que eran de ese partido, era del Tuerto Gil, aunque él no figuraba. 

Más allá de su fama en época electoral, Grafikar ya lleva cinco años haciendo carrera en la contratación de la Gobernación. 

 En 2015, el último año de la Administración del hermano del actual gobernador y hoy senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, Grafikar incursionó en la contratación de Santander. 

Se ganó por primera vez el contrato de impresiones y publicidad de la Gobernación por 900 millones de pesos. Lo hizo en una subasta que cerró con un único oferente, y en unión temporal precisamente con Gráficas La Hormiga. 

En 2016 y 2017, ya en la Administración de Didier Tavera, a quien Opción Ciudadana respaldó y Amaya apoyó en redes sociales, Grafikar compitió por su cuenta por el mismo contrato y en ambas oportunidades ganó. Ejecutó 1.125 millones y 1.250 millones de pesos, respectivamente. 

En 2018 Grafikar se volvió a presentar a la subasta pero no ganó. Sin embargo, en la unión temporal contra la que se enfrentó y que a la postre se quedó con el contrato, figuró con un 70 por ciento de participación Distrimacro SAS que, como contamos arriba, también es de su esposa Liliana Mateus. 

Cuando le preguntamos a Adriana Amaya por qué se habían presentado con dos empresas diferentes ese año nos dijo: “El tema de Liliana con Distrimacro tendría que revisarlo porque no lo relaciono. No tendría razón que Liliana tuviera otra empresa que le compitiera”.  

Le enviamos fotos del acta de constitución y de la composición accionaria de Distrimacro, en la que figura Liliana Mateus, y le volvimos a preguntar por qué se presentaron con dos empresas. También le pedimos que nos diera el contacto de su esposa para preguntarle directamente y no nos respondió. 

Tanto el año pasado como este, Grafikar volvió a  ganarse el contrato de impresiones de la Gobernación, por 1.400 millones de pesos cada uno. 

Sin embargo, en la subasta de este año, la primera de la Administración de Mauricio Aguilar, hubo dos particularidades. 

Por un lado, el estudio de mercados que realizó la Gobernación se hizo cotizando con tres empresas. Una llamada Graphyka Digital, creada en enero de 2019 y que, según el Secop, no ha trabajado con el Estado. Las otras dos fueron Grafikar y Distrimacro. Es decir, las dos de la esposa de la contratista de la buena racha. 

Por otro lado, La Silla supo que durante la audiencia de adjudicación uno de los proponentes descabezados mencionó una presunta falsificación de facturas por parte de Grafikar.

Revisamos los documentos de la propuesta de Grafikar y en efecto encontramos dos inconsistencias. 

La presunta falsedad

Cada año en que Grafikar se presentó para el contrato de impresiones de la Gobernación, lo hizo acreditando la propiedad de unas impresoras, a través de una serie de facturas de compra de dichos equipos. 

Sin embargo, encontramos que cinco facturas que Grafikar presentó en la subasta de 2015 (la primera que se ganaron), figuran con una fecha anterior a la resolución de facturación de la DIAN que supuestamente las autoriza.

Pero lo más llamativo es que en 2018, cuando fue Distrimacro la empresa ganadora, presentó una factura de una impresora con número de venta 00004668. Ese mismo número de factura, por la compra del mismo tipo de impresora al mismo proveedor,  lo presentó Grafikar en el contrato de este año que ganó la empresa con Aguilar pero con otra fecha.

Es decir, Distrimacro y Grafikar, dos empresas que se supone son diferentes, compraron la misma impresora al mismo proveedor, y aunque tienen fecha y el valor son distintos, el número de la factura de compra resultó siendo el mismo. 

 

Intentamos comunicarnos con Sign Solution, la empresa que al parecer hizo la venta, pero el teléfono registrado no funciona y no tiene página web. 

También le preguntamos por la denuncia a Ivonne Rondón, secretaria General de la Gobernación y quien tiene a su cargo ese contrato, y nos dijo: “Fue un comentario que hicieron en la audiencia. Adviértase que el comité evaluador no conocía ni conoció durante el proceso contractual las presuntas denuncias”. 

Y cuando le preguntamos a Adriana Amaya por esas facturas, nos dijo que al respecto solo hablaría ante las autoridades a las que les corresponda evaluar si hay falsedad en los documentos. 

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia